La detención, nuevo ataque de Uribe a focos críticos del país sudamericano, denuncian
Condenan académicos la expulsión del sociólogo colombiano Beltrán Villegas
Blanche Petrich
LA JORNADA
La detención del sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas, entregado el viernes por el gobierno mexicano a la Dirección de Instrucción Criminal de la Policía (Dijin) en Bogotá, por su presunta relación con el fallecido líder de las FARC Raúl Reyes, constituye “un nuevo ataque del régimen de Álvaro Uribe a los pocos focos críticos en ese país y revela la complicidad de las autoridades mexicanas con las corporaciones que persiguen a ciudadanos colombianos de oposición”, denunciaron catedráticos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Beltrán Villegas, investigador de posdoctorado, había sido invitado por el Centro de Estudios Latinoamericanos a ampliar su estancia académica en México. Militó en su juventud en la Unión Patriótica, formación de izquierda legal que fue prácticamente exterminada en su país en los años 80. “Hoy es objeto de persecución y estigmatización, junto con otros intelectuales, con el pretexto de la lucha antiterrorista”, agregaron.
Expusieron que, así como en los primeros años de la estrategia de “seguridad democrática” Uribe dirigió sus acciones represivas contra el medio sindical independiente y las comunidades campesinas, provocando el asesinato de centenares de millares y el desplazamiento de millones, hoy se dirige contra los intelectuales críticos.
Beltrán estudió en México su licenciatura y maestría en sociología (en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la UNAM, de 1993 a 1997). De regreso en su país, fue profesor en universidades públicas en Cauca, Antioquia y Bogotá. A la fecha forma parte de la planta docente de la Universidad Nacional (colombiana). Es autor de numerosos estudios sobre el conflicto armado desde una perspectiva de izquierda “en un contexto donde priva la autocensura en el medio académico”, según sus compañeros de cátedra, tanto mexicanos como colombianos, quienes, por razones de seguridad, prefieren que sus identidades se mantengan en reserva.
El investigador estudió el periodo de la sucesión presidencial de Lázaro Cárdenas en 1934. Iba a continuar con esta línea de trabajo en torno a la oposición de derecha al proyecto cardenista en el México de los años 30 y 40.
Tenía planes para viajar a Bogotá este mes para una visita familiar, pero lo postergó por la contingencia sanitaria y porque quería regularizar su situación migratoria. El Instituto Nacional de Migración no le había entregado aún su visa FM-3 definitiva. La visa provisional, con la que había entrado en calidad de académico visitante, había expirado. Ni él ni su familia tenían información de que en Colombia existiera un expediente en su contra.
El viernes 22 acudió a las oficinas del INM en respuesta a un citatorio en el que se le pedía que se presentara a ratificar su trámite, acompañado por un abogado de la UNAM, Jorge Becerril. Al llegar al instituto, fue ingresado en una oficina, adonde no se permitió el ingreso de su representante legal. Casi inmediatamente, fue sacado del INM y obligado a abordar una Van dorada sin placas ni insignias.
Poco más de una hora después ya estaba a bordo de un avión, rumbo a Colombia, en calidad de expulsado sin proceso legal. En el aeropuerto de la capital colombiana fue detenido. A esa hora los portales de Internet de los diarios de esa nación habían divulgado la supuesta “ficha criminal” del universitario, a quien le atribuyen la identidad clandestina de Jaime Cienfuegos, quien supuestamente recibía órdenes de Raúl Reyes para escribir materiales ideológicos y artículos para la agencia de noticias de las FARC, Anncol. Se informó, falsamente, que había sido detenido desde el jueves por la noche.
Las evidencias en contra fueron “encontradas” por la policía en los discos duros de las computadoras de Reyes, confiscadas durante el bombardeo en la localidad ecuatoriana de Sucumbíos, donde murieron, además de Reyes, 25 personas, entre ellas cuatro universitarios mexicanos. Estos discos contienen referencias de cerca de 500 personas citadas en escritos del número dos de las FARC. El gobierno de Uribe ya ha procedido contra varios, entre otros la estudiante Patricia Obando, ex alumna de Beltrán, y William Javier Díaz, profesor de marxismo de la Universidad Distrital, contra quien incluso se publicó un fotomontaje presentándolo con uniforme de la guerrilla. Al revelarse la manipulación, el académico fue liberado. Esta oleada de procesos ocurre en el contexto de la búsqueda de Uribe de su tercera releción a la presidencia y en la víspera de la participación, en Medellín, del presidente Felipe Calderón en el congreso internacional de víctimas del terrorismo.
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