CONGRUENCIA

RESISTENCIA PARLAMENTARIA DEL FRENTE AMPLIO PROGRESISTA

BOLETIN DE PRENSA *

Frente Amplio Progresista toma la tribuna en la Cámara de DiputadosAnte el ingreso de las iniciativas de reforma para privatizar PEMEX -a través de la cual se pretende menoscabar el principio supremo de la Rectoría del Estado en materia energética a través de su apertura al capital privado, fundamentalmente extranjero- por mandato ciudadano, expresado a través de la Convención Nacional Democrática, diputados integrantes del Frente Amplio Progresista iniciamos en la Sede del Congreso Mexicano acciones de Resistencia Civil Pacífica para impedir que se vulneren los derechos de la Nación. Quienes asumimos estas acciones tenemos presente que la defensa de los intereses de la Nación, es el primero de los deberes del gobierno, tal como lo afirmó el Presidente Juárez en 1867 en su discurso Por el Triunfo de la República, al reconocer que la victoria en contra de las potencias extranjeras se logró merced al esfuerzo de “los buenos hijos de México”, aquellos que combatieron solos, “sin auxilio de nadie” y supo también el Benemérito, definir el primer deber de un gobierno legítimo al afirmar que a pesar de los terribles momentos históricos que le tocó vivir, la República Juarista cumplió con “el primero de sus deberes, no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el interior, que pudiera perjudicar en nada la independencia y Soberanía de la República, la integridad de su territorio o el respeto debido a la Constitución y a las leyes.” Con esta regla de oro, Juárez estableció el principio rector del Estado mexicano; la primera obligación del buen gobierno y la condición sine qua non para construir y consolidar a la República, como una entidad soberana e independiente. Amparados en este principio y sustentados en al amarga experiencia del entreguismo porfirista, los Constituyentes de 1917 recuperaron el espíritu de la República Juarista, plasmándolo en nuestra Carta Magna, fundamentalmente en el artículo 27 constitucional. Así, la expropiación petrolera es el resultado de un acto sustantivo del ejercicio pleno de nuestra Soberanía y por ello coincidimos cabalmente con el General Lázaro Cárdenas cuando afirmó que el “Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la Patria”. Nos queda claro que en una verdadera democracia, nadie está legitimado para tomar decisiones que mermen el pacto fundacional de un Estado, y en este contexto, y para el pueblo resulta obvio que el pacto social mexicano, asumido en nuestra Constitución y en la Ley de Expropiación de 1938, contempla, como pilar fundamental, el principio referido a la explotación del petróleo como facultad exclusiva de la Nación. Corresponde pues a la Nación, es decir al pueblo de México, el dominio directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, y este dominio es inalienable e imprescriptible, y de conformidad al mandato del artículo 28 constitucional se trata de un área estratégica a cargo exclusivo del Estado, y en concordancia con el artículo 25, corresponde al Estado (mexicano) la rectoría del desarrollo nacional que fortalezca la soberanía de la Nación. Así, el Gobierno Federal debe, por mandato constitucional, mantener siempre la propiedad y el control de los organismos de las áreas estratégicas que el pueblo de México, a través de su Constitución, depositó a su administración y cuidado. Para quienes defendemos la Rectoría del Estado en materia energética, es evidente que nuestro marco jurídico en ningún caso autoriza vulnera al patrimonio nacional, ni mucho menos contempla entregarlo a intereses ajenos a la Nación. Es pues concluyente que constitucionalmente la industria petrolera y los recursos naturales energéticos mismos, son propiedad del pueblo de México y por tanto no son propiedad de ningún gobierno, ni pueden serlo de algún grupo empresarial, político o sindical y mucho menos se pueden negociar con empresas extranjeras. Modificar cualquier ley - como ya lo anuncia la administración federal, el PAN y algunos sectores del PRI con el beneplácito de las grandes transnacionales petroleras- en sentido de permitir que la empresa privada, nacional o extranjera, participe de manera tal que en la firma de cualquier tipo de convenios significa vulnerar el espíritu de nuestra Constitución y es traicionar el principio garante de Soberanía defendido por los liberales del siglo XIX y consumado por el General Cárdenas el 18 de marzo de 1938. En defensa de estos principios -y por mandato del pueblo- hoy nos toca impedir, dentro del esquema de la Resistencia Civil Pacífica, que estas pretensiones de modificación a nuestras leyes en menoscabo del patrimonio energético, y por ende de nuestra Soberanía, no se consumen. Por eso, y en consonancia al movimiento popular en defensa del petróleo que se organiza a lo largo y ancho del país, permaneceremos en este recinto para impedir que esta traición a los designios soberanos de nuestro pueblo se lleve a cabo. Que quede claro que los mexicanos mantenemos los principios soberanos enarbolados por los Presidentes Juárez y Cárdenas, y acompañamos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, en su indeclinable convicción de que la Patria ¡no se vende!, la Patria ¡se defiende! ¡Viva la República Juarista!¡Viva la Expropiación Petrolera!¡Viva la Resistencia Civil Pacífica!RESPONSABLE: Dip. José Alfonso Suárez del Real