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sábado, 31 de mayo de 2008

PABLO GOMEZ REGAÑA A IGNORANTE PANISTA DE GUANAJUATO

UN OSCURO GACHUPÍN AMIGO DEL URSUPADADOR ANDA VENDIENDO PEMEX EN MADRID



Condenan legisladores las actividades del español Solá en nombre de México

■ “Todo esto forma parte de un sistema de corrupción y de tráfico de influencias” señala perredista


Roberto Garduño y Andrea Becerril


Senadores y diputados de PRD, PRI, PT, Alternativa y Convergencia advirtieron que la cancillería y la embajada de México en España deben dar una explicación puntual sobre las actividades del español Antonio Solá, quien promociona inversión extranjera en la industria petrolera, pese a que el Congreso no ha aprobado las modificaciones legales que permitirían la entrada de capitales foráneos en el sector energético.

Exigieron a Felipe Calderón una explicación de por qué Solá actúa como promotor del gobierno, pero ante todo una postura oficial en torno a por qué el español maneja información privilegiada.

Calderón sigue los pasos de Vicente Fox, de ofrecer fuera del país negocios con el petróleo, aunque ello está prohibido en la Constitución, coincidieron los senadores Arturo Núñez y Pablo Gómez. Ambos resaltaron la falta de respeto al Congreso de la Unión, que en estos momentos analiza las cinco iniciativas calderonistas que proponen la apertura de Pemex al capital privado.

Plantear que “es casi segura la apertura de los energéticos” es considerar un simple trámite burocrático lo que es una decisión trascendente del Congreso y de la sociedad mexicanos, recalcó Nuñez.

Deploraron que el promotor de las inversiones españolas en la industria petrolera mexicana sea alguien como Solá, el autor de la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador durante la campaña electoral de 2006.

Además, “es condenable que utilice ese tipo de gente para promover lo que soberanamente no decide todavía el país”, agregó Nuñez, mientras Gómez dijo que es obvio que el publicista de Calderón “anda de embajador de México en España”, ya que en el gobierno federal se actúa como si la función pública fuera una actividad “de grupo, de pandilla”.

La diputada perredista Mónica Fernández consideró que “es terriblemente denigrante” para el país que un personaje oscuro, como Solá “ofrezca al mejor postor las riquezas y los intereses de México”. Todo ello, insistió, forma parte de un sistema de corrupción y de tráfico de influencias, para beneficiar a socios y amigos.

Su compañero de bancada, Alfonso Suárez del Real, dijo que Solá no tiene ética, ya que considera la Constitución mexicana “un producto de segunda” y está utilizando de manera dolosa información privilegiada, con la autorización de Calderón.

El perredista se preguntó si las acciones de Solá son indicativas de que a pesar del rechazo popular a una reforma inconstitucional como la energética, el gobierno pretende aprobarla por la fuerza.

Por su parte, José Manuel del Río Virgen, diputado por Convergencia reprochó a Calderón haber otorgado a Solá prerrogativas para promover los intereses y sectores estratégicos de México. “Nadie puede comprometer el futuro del país y mucho menos puede asegurar que habrá reforma energética”.

Para la coordinadora de Alternativa en San Lázaro, Marina Arvizu, el gobierno debe ser muy cuidadoso, pues “ya tuvimos un desastre con el caso Mouriño; no debe aventurarse la administración federal a emitir juicios que den por hecho la aprobación de la reforma energética”.

Para Silvano Garay, diputado del PT, es paradójico “que un gobierno usurpador como el de Calderón no recurra a la ley ni a las instancias oficiales para tratar de salvar del naufragio su barco. Sería ingenuo pensar que así lo haría y, por tanto, recurre a hechos y situaciones como en la que ahora se ve involucrado el publicista Solá, que están fuera de la ley. Tanta irresponsabilidad no debería sorprendernos”.

jueves, 29 de mayo de 2008

LOS CAPITALINOS DECIMOS "NO"



Ebrard anuncia el referendo energético para el 27 de julio

Para debatir el futuro de la industria más importante del país se requiere de la participación de todos los ciudadanos, afirmó el jefe de gobierno de la Ciudad de México.


México, DF. Al dejar en claro que la iniciativa de reforma al sector energético propuesta por el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, debe ser rechazada por la clara intención de "dar marcha atrás" al artículo 27 de Constitución, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, demandó la realización de una consulta popular nacional, por lo que pidió al Congreso de la Unión y a los gobiernos estatales a impulsar tal ejercicio de participación social.

Al participar en el foro "Importancia del sector energético en el desarrollo nacional y regional" del debate nacional que sobre el sector se lleva a cabo en el Senado, el mandatario capitalino reconoció que Petróleos Mexicanos requiere transformarse pero no a cambio de entregar el dominio del recurso a manos extranjeras.

Ebrard Casaubón criticó tajantemente la postura sobre defendida por el presidente Felipe Calderón al pretender cambiar dicho artículo constitucional "por la puerta de atrás". Por ello, demandó un debate nacional "de frente", al tiempo que anunció que su administración realizará el próximo 27 de julio una consulta ciudadana sobre el futuro de la paraestatal en la que puedan recopilarse la postura de todas y todos.

Al respecto, sostuvo que no hay argumento para eludir un ejercicio de esta naturaleza cuando lo que está en juego es el futuro de la principal industria de México. Pese a ello, sostuvo, la estrategia del gobierno para defender su propuesta es presentar un diagnóstico terrible de la paraestatal, pero no se reconocen las causas y sugieren como única solución la apertura a capitales extranjeros.

Por ello, dijo, antes que reformar hay que exigir cuentas sobre las últimas gestiones que ha tenido Pemex y que lo han dejado en la situación actual; es decir que expliquen por qué de ser la quinta petrolera más importante a nivel mundial ahora ocupa el lugar 14, cuál fue la razón por las que la inversión estatal se redujo a 0.57 por ciento del Producto Interno Bruto y los motivos de todo este decremento cuando en los últimos años se han tenido los precios más altos en la venta del energético.

Es preciso, agregó, que se aclare esto y no que se utilicen campañas mediáticas para convencer a los mexicanos de que es imposible revitalizar la industria. "Es verdaderamente increíble que se atrevan a hacer tal proposición, de renunciar a un destino nacional propio, es decir, que aceptemos que no tenemos capacidad para desarrollarnos", dijo el mandatario.

Transformar y mejorar la industria petrolera no requiere cambiar la naturaleza de 27 constitucional; en cambio sí es importante que se "sacuda del dominio y subordinación que tiene respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que la usa como caja para ajustar los balances del gobierno federal".

Sobre la consulta que organizará el GDF el próximo 27 de julio, Ebrard informó que de acuerdo a la ley local existen las facultades para ello, por lo que solicitará al Instituto Electoral del Distrito Federal la organización y conducción del ejercicio de participación popular.

miércoles, 28 de mayo de 2008

BUSCABAN A LOS MAS TARUGOS

Cisen, tras legisladores “claves” para negociar

Tomaba en cuenta sus relaciones y capacidad; a través de cuestionarios obtenía datos para “calificarlos”, dicen

Ricardo Gómez, Andrea Merlos y Jorge Ramos
El Universal
Miércoles 28 de mayo de 2008

La contratación de una empresa particular por parte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) para dar seguimiento a legisladores federales tuvo como objetivo identificar a diputados y senadores “claves” para negociar.

El trabajo de seguimiento a los legisladores ha tenido dos momentos. El primero ocurrió en noviembre de 2006, cuando entregó un primer perfil al equipo de transición del relevo presidencial.

La intención se basaba en conocer a aquellos legisladores con los que “sería más fácil negociar”, tomando en cuenta sus relaciones y su capacidad.

También se estableció saber “por dónde se podía llegar a cada diputado”, informaron fuentes del PAN y del gobierno federal.

El pasado lunes este diario dio a conocer que el Cisen contrató los servicios de la empresa Consultores en Diseño de Estrategias Político-Legislativas para monitorear el quehacer en la Cámara de Diputados, lo que ha generado críticas contra el gobierno.

La empresa cuenta con una decena de empleados, la mayoría de ellos jóvenes, encabezados por Laura Ballesteros.

El segundo momento del trabajo de la empresa ocurrió con la firma de un contrato con el Cisen, que depende de la Secretaría de Gobernación, que duró cinco meses —del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007, a razón de 200 mil pesos por mes, antes del IVA—, pero que tenía las mismas pretensiones.

Esto, no obstante, que Segob cuenta con una Subsecretaría de Enlace Legislativo, que consta de una unidad y dos direcciones.

Incluso, en la página de internet de la Secretaría de Gobernación existe una liga al Sistema de Información Legislativa (SIL), en la que hay un seguimiento pormenorizado, hecho por servidores públicos, de las iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo, reportes por sesión en las cámaras de Diputados y Senadores, así como su integración por partido político.

“El SIL apoya la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, promueve en la ciudadanía el interés por los asuntos legislativos y transparenta la información gubernamental”, señala.

En esa página hay conexiones a congresos estatales, un reporte de instrumentos internacionales presentados en el Congreso en el periodo que va del 1 de diciembre de 2006 al 22 de mayo de 2005, y hasta numeralia de asuntos presentados e iniciativas de ley.

El trabajo que realizó la empresa para el Cisen consistió en dar seguimiento a las posturas públicas de los legisladores, sobre diversos temas, algunos de ellos relacionados con la reforma energética y respecto al Tratado de Libre Comercio.

Una vez detectadas las posiciones de algunos legisladores, Gobernación se acerca a los legisladores para explicarles la posición oficial.

Diputados federales consultados recuerdan cómo fueron abordados por la empresa privada contratada por el Cisen para obtener información.

Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia en la Cámara de Diputados, recuerda que dos mujeres jóvenes solicitaron una entrevista, argumentando la edición de un libro.

Su personal de prensa recuerda que una de ellas se llamaba Citlali. Chanona rememoró que el cuestionario pedía confirmar una serie de gustos y tendencias.

Incluso se le mostraron nombres de otros diputados para que fueran “calificados” de acuerdo con su nivel, a decir del legislador.

En otras bancadas también se pidió la participación de los legisladores para nutrir dicha base de datos; sin embargo, en algunos casos el personal de prensa identificó algo “anormal” en el cuestionario y evitó que su representado llenara la forma

DEBATE PETROLERO



POR EL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

FRANCISCO ROJAS

EDUARDO NAVARRETE

MENTIROSOS ESPURIOS

Mentiras petroleras

jenaro villamil
Proceso

México, D.F., 27 de mayo (apro).- Conforme se desarrolla el debate energético en el Senado, quedan al descubierto no sólo contradicciones, sino mentiras evidentes en torno de la política petrolera.

En los temas sobre los excedentes petroleros, del supuesto agotamiento de nuestras reservas, de las exploraciones en aguas profundas y de los alcances de la reforma energética, las mentiras son flagrantes.

Veamos cada una.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, argumentó en dos eventos diferentes la semana pasada que no se registraron excedentes petroleros en los tres primeros meses del año, a pesar que el precio del barril ha rebasado la barrera de los 110 dólares y que México exportó a un precio de 85.79 dólares, casi 40 dólares más de lo que se programó en la política de ingresos fiscales para este año, de 49 dólares el barril.

Carstens ofreció una explicación estrambótica. El robusto responsable de las finanzas públicas dijo que no hubo excedentes para repartir entre estados, municipios y en Pemex mismo, porque los ingresos se destinaron a pagar la importación de petrolíferos, en especial las gasolinas (40% de lo que México consume, se importa), entre otros gastos.

Incluso, Hacienda llegó a afirmar que lejos de existir excedentes, lo que existe es un déficit de 8 mil 400 millones de pesos.

Un día después de estas aseveraciones, el 23 de mayo Petróleos Mexicanos informó que en el primer cuatrimestre del 2008 ingresaron divisas por exportaciones de petróleo por 15 mil 404 millones de dólares, monto sin precedente, 52% mayor a lo registrado en 2008.

En otras palabras, el problema no es la falta de excedentes sino la voracidad de la Secretaría de Hacienda para consumir esos recursos en decisiones discrecionales y el uso electoral que se planea hacer con estos ingresos, disfrazándolos de combate a la pobreza y de plan emergente para prevenir una hipotética escasez de alimentos básicos.

Si no existieran recursos excedentes, ¿cómo planea el gobierno de Felipe Calderón financiar los apoyos de 2 mil millones de pesos a los productores de maíz y tortillas que anunció el domingo 25 de mayo? ¿De dónde saldrán los recursos para otorgar 120 pesos mensuales a través del Programa de Oportunidades para las familias más pobres?

La mentira sobre los excedentes quiere abonar en el diagnóstico catastrofista de que Pemex no cuenta con recursos para emprender la modernización en las áreas de refinería, transporte, ductos y exploración de aguas profundas y que debe ser la iniciativa privada la que emprenda estas labores.

La otra mentira, ampliamente difundida en los medios, es que México sólo cuenta con reservas probadas de petróleo para los próximos nueve años.

Se consignó en el diagnóstico de la Secretaría de Energía y lo reafirmó Calderón la semana pasada. Sin embargo, la propia titular de Energía, Georgina Kessel, y los informes de Petróleos Mexicanos, han afirmado que disponemos de cien mil millones de barriles de recursos y reservas que alcanzan para 61 años, al ritmo de la explotación actual.

Esta mentira está relacionada con el tema de las aguas profundas, “nuestro tesoro escondido” en el fondo del mar, como rezaron los fallidos e idílicos spots de Pemex.

La Secretaría de Energía y las iniciativas de Calderón señalan que es necesario llegar a aguas profundas porque ahí existen reservas por 54 mil millones de barriles de petróleo equivalentes. Lo que nunca han dicho que la factibilidad de esta explotación comercial es de cero por ciento. Es decir, nada garantiza que con invertir en aguas profundas se obtendrán los recursos petroleros pronosticados.

Un documento elaborado por la Fundación Colosio revela que el verdadero interés en aguas profundas no radica en los 54 mil millones de barriles posibles. Son 10 mil millones de barriles que se encuentran en el llamado “Cinturón plegado perdido”, cerca de la costa de Tamaulipas. Las petroleras estadunidense están interesadas en esta franja.

Las restricciones ecológicas impuestas en Estados Unidos no les permiten extraer el crudo en Alaska y otras zonas. La costa de Tamaulipas, fronteriza con Texas –para mayor abundamiento, estado gobernado por la elite petrolera de la familia Bush-- les concretaría esta posibilidad.

Las verdaderas reservas probadas y factibles de ser explotadas no están en aguas profundas sino en aguas someras. En el sureste se calculan 18 mil millones de barriles, y en la Cuenca de Burgos existen 3 mil millones de barriles, con una factibilidad entre 50 y 95%, según los datos de la propia Secretaría de Energía.

La última mentira es que las iniciativas de Calderón conforman una reforma energética. No es así. Constituyen una limitada y sesgada reforma petrolera. Ignoran una política integral para conseguir fuentes alternas de energía y, en lugar de disminuir, crean más burocracia, con la instauración de la Comisión del Petróleo.

Tampoco se modifican las redes de corrupción que vinculan a una elite sindical y menosprecia el apoyo a institutos, como el Mexicano del Petróleo (IMP), en donde están los mejores ingenieros en la materia.

Esta carencia de una reforma energética integral la subrayó el premio Nobel de Química, Mario Molina, durante la quinta sesión del debate en el Senado. La frase de Molina, experto en el tema del cambio climático, fue exacta: “La atmósfera se nos agotará antes que el petróleo”.

Comentarios: jenarovi@yahoo.com.mx

" EL PRESIDENTE DE EMPLEO "....UTAHHH MA...




México SA

Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mxcfv@prodigy.net.mx

■ Los compromisos de Calderón, sólo en el micrófono

Vicenlipe Foxderón brincó ayer a la palestra, tomó el micrófono y al público en general hizo saber que en el mejor de los casos, y sólo en el mejor, sus promesas (en especial aquella de “para vivir mejor”) de campaña, reiteradas ya como inquilino de Los Pinos, se cumplirían parcialmente y al final del sexenio.

Resulta que el interminable inventario de compromisos por él asumidos (“salto hacia adelante”, majestuoso crecimiento producto de la “solidez” macroeconómica, generación de empleo garantizada por el “presidente” del ídem, pago de la deuda social y tantos otros capítulos de la versión corregida y aumentada del cuento de la lechera que insistentemente ha narrado a lo largo de 18 meses de estancia en Los Pinos) sólo se ha cumplido en el micrófono (como al de las ideas cortas y la lengua larga le consta) y mediante el indiscriminado uso del aparato propagandístico, aunque ya dijo que si las cosas caminan bien, el Altísimo interviene a su favor y la madre Tonatzin ahora sí le echa la mano a los blanquiazules, en el último año de su sexenio se llegaría a satisfacer tan sólo 60 por ciento de la demanda real de empleo (800 mil puestos de trabajo, dice), se registraría un crecimiento del PIB de apenas 5 por ciento y –aquí ni cómo ayudarle– “se reduciría la pobreza extrema, la pobreza alimentaria, cuando menos en 30 por ciento”.

Sexta intentona al hilo de un “programa nacional” de suyo complicado de aterrizar, pero imposible de lograr con el mismo manual, el mismo librito, las mismas personas, creencias y privilegios, repitiendo los mismos errores y cometiendo los mismos excesos que en cada uno de los cinco intentos previos. Se trata del ahora llamado Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, una suerte de “brazo financiero” de otra quimera intitulada Plan Nacional de Desarrollo, originalmente Plan Global de Desarrollo que en 1980 armó Miguel de la Madrid, junto con Carlos Salinas de Gortari, desde la Secretaría de Programación y Presupuesto.

El resumen de las seis intentonas referidas es igual de simple que de dramático: si en los pasados cuatro sexenios y medio los gobernantes de este ofendido país hubieran cumplido sus promesas –en los hechos, no en los discursos–, en ese mismo periodo la economía mexicana habría reportado un crecimiento a tasa anual promedio cercano a 8 por ciento. Como sucedió lo que todos sabemos y padecemos, en realidad esa tasa apenas si resulta superior al 2 por ciento, con lo que económica y socialmente representa.

Va un rápido recuento: José López Portillo (Plan Global de Desarrollo 1980-1982) se comprometió a lograr una tasa de crecimiento del PIB de 8 por ciento anual entre 1980 y 1982, pero sólo alcanzó 5.7 (con todo, nunca superada por sus sucesores). Aparte, ya con Plan Nacional de Desarrollo, que abarca el sexenio completo, Miguel de la Madrid “garantizó” 5.5 por ciento, pero a duras penas alcanzó 0.34 por ciento; Carlos Salinas de Gortari ofreció 6 por ciento anual, pero concretó 3.9; Ernesto Zedillo aseguró que cuando menos llegaría a 5 por ciento, pero no pasó de 3.5; Vicente Fox juró y perjuró que sería 7 por ciento anual, aunque de milagro reportó 2.3 por ciento, el peor resultado desde MMH.

Ahora Foxderón aplaza su compromiso de “para vivir mejor” y lo lleva hasta el último año de estancia en Los Pinos (se supone que en 2012), muy al estilo de su predecesor, y para ello se basa en la misma “estrategia” rotundamente fallida en las cinco ocasiones previas. Se limita, pues, a seguir el caminito de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox, para llevar al país aún más cerca del precipicio.

Una diferencia de cuatro tantos entre la oferta de crecimiento económico y la tasa real en el mismo renglón debería resultar más que suficiente para que los genios asociados a la elaboración y ejecución de la política económica reconsideraran el manual y se abocaran a elaborar algo más realista y con algún sentido de proyecto de nación. Como hemos comentado en este espacio, el acceso al desarrollo se ha convertido en una ilusión para los mexicanos, y en una vergonzosa asignatura pendiente para los seis gobiernos que en los últimos 30 años se sentaron en Los Pinos a atender las urgencias, caprichos y excesos de una minoría.

Cuando en 2007 el actual inquilino de Los Pinos presentó el Plan Nacional de Desarrollo, el compromiso fue 5 por ciento anual de incremento en el PIB como promedio. En sus primeros dos años esa proporción ni de lejos se alcanzará. En 2007 el resultado ratificó la mediocridad de la economía nacional (3.2 por ciento) y en 2008 será peor (2.8 se aferran en Hacienda, pero puede ser mucho peor). Así, de 2009 a 2012 el producto interno bruto deberá incrementarse a una tasa anual no menor a 6.1 por ciento, si la pretensión es alcanzar ese 5 por ciento en el PND, algo por demás quimérico.

Todos prometieron “crecimiento alto y sostenido”, “dotar a los mexicanos de empleo y los mínimos de bienestar” (JLP), “recuperar la capacidad de crecimiento” (MMH), “acceder a un horizonte de progreso personal y familiar que no sea efímero” (CSG), “combatir el desigual desarrollo del país” (EZ) y “actuar con inteligencia y sensibilidad” (¡lo dijo Fox!), “nosotros no somos culpables, son los chinos que comen mucho, porque la inflación viene de afuera” (FCH), y a estas alturas, con seis reimpresiones del PND, cuando menos 50 por ciento de la población sobrevive en la pobreza y la miseria.

Las rebanadas del pastel

Veintiocho años atrás, advertía el Sistema Alimentario Mexicano (SAM): “son 506 empresas, estadunidenses la mayoría, las que controlan cerca de 85 por ciento del mercado mundial de granos, tendientes a encarecerse en la medida en que la asombrosa productividad de la agricultura de Estados Unidos empieza a encontrar límites en la expansión de su frontera agrícola y en el encarecimiento de sus productos...” Hoy probablemente sean menos, pero Felipe Calderón anuncia un programa para fortalecer a esas trasnacionales, robustecer la dependencia alimentaria del país e incrementar la transferencia de divisas al exterior, mientras el campo mexicano apenas si respira.



martes, 27 de mayo de 2008

ASTILLERO DE JULIO

Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Extranjería gobernante

■ El negocio de la apertura

■ Anuncios sin consenso


Vicente Fox tenía la extraña capacidad de arruinar sus propios planes por anunciarlos (e incluso festejarlos) antes de tiempo. La incontinencia verbal vicentina tomaba por sorpresa a aliados previamente llamados a conjuras de silencio y a opositores arrollados por la necesidad siquiátrica del ex gobernador guanajuatense de hacer pasar por verdades consumadas lo que apenas eran proyectos necesitados de análisis multilaterales. Con Felipe Calderón se está volviendo costumbre que sus lances más significativos (sus iniciativas de reformas y, ahora, las medidas en busca de enfrentar una crisis de alimentos) tomen desprevenidos a sus presuntos apoyadores, generen reacciones adversas inmediatas en sus opositores, a los que no se informó ni con los cuales se buscaron mínimos puntos de avenimiento y, lo peor, que con cada trazo que planta el michoacano en el lienzo nacional se reaviven las percepciones de que se está frente a gestos políticos provenientes de un grupo gobernante al que nada interesan valores como la soberanía y la defensa genuina del interés nacional y que, por el contrario, desde una precariedad intelectual y política, esos impugnados ocupantes de la conducción patria sólo piensan en la manera de hacer negocios para ellos y en la apertura de puertas a amables mercaderes extranjeros.

Hay razones plenas para la discordia nacional respecto a decisiones tan trascendentes como las anunciadas el domingo por el ocupante de la Presidencia de la República (y reafirmadas ayer en cadena televisiva nacional, para no dejar duda de que uno de los objetivos es mostrar al lic. F.C. como oportuno promotor de salvamentos electrónicos ante tsunamis por venir). Un segmento de los mexicanos suele creer a pie juntillas la propaganda oficial y se dejará llevar por la siembra de frases optimistas que bajo contrato hace el labrador Calderón. Pero otro segmento tiene claro que el grupo desnacionalizado que gobierna busca destruir lo que considera antiguallas sociales, como es la organización social productiva y el apego de los campesinos a sus tierras y costumbres, mediante la apertura a productos extranjeros que en un primer tramo pueden paliar problemas de mercado pero que en el fondo serán altamente lesivos para el campo mexicano y la otra pieza de museo (según la visión del calderonismo y sus itamitas) que es la soberanía alimentaria nacional.

En ésta, como en otras apuestas que ha hecho el felipismo, falta saber la reacción no sólo de grupos sociales cada vez más irritados (¿habrá un adelismo y juanismo alimentario?), sino incluso de organizaciones formales que desde el PRI navegan a conveniencia con la bandera del campesinado. Calderón, como antes Fox, diseña sus planes desde la intimidad y los anuncia sin consensos ni operación política adecuada. A uno le fue dosificadamente mal a lo largo de su sexenio, al segundo se le acumulan los proyectos inconclusos y los anuncios simplemente retóricos.

Astillas:

Nadie recordó la campaña publicitaria que propone llamar a los corruptos o los rateros por su nombre durante la reunión del Procurador de Beneficios Gubernamentales para su Familia, Juan Camilo Mouriño, con la directiva de la Asociación Nacional de la Publicidad. El ejemplo andante de intereses en conflicto se permitió discursear ante los muy atentos (y olvidadizos) publicistas para instarles “a realizar un esfuerzo colectivo desde cada trinchera para promover la cultura de la legalidad en México y ampliar la lucha contra la corrupción, la impunidad y cualquier forma de delincuencia”… Guadalupe Acosta Naranjo (Ganar) está dispuesto a exprimir al máximo su desfondada condición de formal presidente sustituto del PRD. Le urge dividir y confundir mediante la emisión de una presunta propuesta “oficial” del sol azteca en materia de reforma energética que serviría para negociar (oh, sí, la palabra clave del chuchismo) con AN (es decir, con Acción Nacional, aunque también son las iniciales del nayarita siempre dispuesto a un buen arreglo) y con el ala “nacionalista” del PRI (Beatriz como pared; Beltrones y Gamboa como verdad). Apenas iba tomando posesión del cargo que le validó el tribunal electoral federal (TEPJF) y ya estaba anunciando que presentaría una iniciativa petrolera, lo que fue mal considerado por Javier González Garza, coordinador de los diputados federales del sol azteca. Según eso, la iniciativa Ganar representaría la postura “integral” de los perredistas. Ahora el mismo dirigente ganancioso habla de conjuntar sus propuestas con las del PRI en busca de un “acuerdo” que se traduzca en una “contrapropuesta” de reforma… El subsecretario de gobernación, Abraham Kunio González Uyeda, libra fieras batallas no en busca de los desaparecidos del EPR ni en razón de ser comisionado de Bucareli para atender mediaciones ciudadanas en ese tema guerrillero, sino en pos de la candidatura panista a presidente municipal de Zapopan, Jalisco, impulsado por su verdadero jefe, Francisco Ramírez Acuña. La pretensión de imponer a González Uyeda ha hecho que el resto de los aspirantes a esa postulación hayan formado un frente explícito contra el empresario lechero… Lo que faltaba: Eduardo Bours, gerente general de Sonora, dice que está considerando la posibilidad de buscar la candidatura presidencial del PRI para 2012. Sería la traslación, al escenario nacional, del sabido pleito a muerte que sostienen el empresario avícola (ayudado por su madrina Elba Esther) y su paisano Beltrones. La calentura futurista está, en realidad, desatada por todos lados, al grado de que otro acelerado, Fidel Herrera, usa erario y cuanto puede para promover su presunta postulación a Los Pinos, a sabiendas de que no tiene ninguna posibilidad de llegar (es ejemplo del priísmo dinosáurico que ya no pega en las urnas más que mediante mapaches como los que le dieron a Herrera una ínfima diferencia formal sobre un panista en la pasada contienda por la gubernatura de Veracruz). Pero lo importante para él (y para Bours y otros similares) es hacer ruido para colocarse en posición de negociar algo (impunidad, entre otras cosas) cuando deje el poder actual… ¡Hasta mañana!

viernes, 23 de mayo de 2008

HEGEMONIA O SUPERVIVENCIA..A COMPRAR ESTE INTERESANTE BET SELLER

INICIATIVA MAÑOSA Y ANTICONSTITUCIONAL...¿ESTA CLARO? ..O QUE TE EXPLIQUEN CON BOLITAS MENDIGO ENANO

GOLIZA AL ENANO


Aplica el FAP “una goliza” a Calderón: Muñoz Ledo

luciano campos garza
Proceso

* EU presiona para convertir a México en un “esquirol del petróleo”, acusa

Monterrey, N.L., 22 de mayo (apro).- El Frente Amplio Progresista (FAP) “le va dando una goliza” a Felipe Calderón en el debate sobre la reforma energética, aseguró Porfirio Muñoz Ledo, quien consideró que el presidente se encuentra bajo la presión de las autoridades de Estados Unidos, que buscan nutrir sus mermadas reservas petroleras con las de México.

“Les estamos poniendo una goliza monumental (al gobierno federal). Traen a gentes que no saben, a expertos de encargo. Ya me hablaron de México, nada menos que Sergio García Ramírez, exprocurador general de la República y expresidente del PRI, quien dijo que esto es absolutamente inconstitucional”.

El coordinador del FAP opinó que “Estados Unidos está haciendo presión sobre una pobre, ilegítima y corrupta clase dirigente mexicana para que se convierta en el esquirol del petróleo y bajen los precios.

“Se juntan el hambre con las ganas de comer, el hambre de petróleo de Estados Unidos y las ganas de comer de los Mouriño, los Bribiesca y algunos senadores y diputados que la historia señalará y que quieren meterse al ‘bisnes’”.

En conferencia de prensa previa al primer foro de Información y Debate sobre la Reforma Energética, efectuado este jueves por la tarde en Monterrey, el coordinador del FAP estuvo acompañado de los especialistas Javier Jiménez Espriú, Arturo Huerta González y Alfredo Jalife-Rahme.

Muñoz Ledo reiteró que es el gobierno estadunidense el que busca que México emprenda la reforma privatizadora para que los empresarios de ese país incursionen en el negocio del petróleo mexicano.

“En el último boletín del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, fechado hace cinco días, se dice que el gobierno norteamericano debe hacer toda la ‘presión amistosa’ para que México acepte la inversión extranjera y pueda haber flujo importante de capital y pueda subir por lo menos medio millón de barriles este año su suministro”.

Argumentó que el proceso de la reforma implica entregar a los particulares el proceso productivo de Pemex.

Se trata de “presión exterior, corrupción interna e inconstitucional. Pero el gobierno norteamericano –acotó-- no lo va a empujar (a Calderón) bastante para no tumbarlo”.

Pero no van a pasar, advirtió, porque el FAP no se los permitirá.

Por su parte, Jiménez Espriú, expresidente de la Academia de Ingeniería y subdirector comercial de Petróleos Mexicanos, cuestionó la repentina urgencia de Calderón por emprender la reforma energética, y aclaró que son falsos los reportes sobre una supuesta disminución de reservas del crudo.

Con ironía, abundó que “esta prisa por asociarse con empresas extranjeras para encontrar el tesoro en las profundidades del océano, no es más que abrir Pemex a la iniciativa privada. Todavía ayer el presidente dijo en un discurso que urge el planteamiento de la reforma, porque nos quedan 9.2 años de reservas de petróleo”.

El dato, precisó, es “una verdad a medias”, pues México tiene reservas probadas para 9.2 años al régimen de explotación actual, pero a esas cifras se deben sumar otros 10 años de reservas llamadas posibles, más otra década de reservas probables.

“La prisa para ir a las grandes profundidades no existe, y tenemos que darle el tiempo adecuado a esto para nosotros poder adquirir, comprar, negociar, desarrollar la tecnología que nos permita llegar. Ya estamos en las grandes profundidades, a más de mil metros, y sin compartir el petróleo como se pretende”, dijo.

Arturo Huerta González, catedrático de la UNAM, explicó que la prisa del gobierno federal por privatizar la explotación del petróleo se debe a problemas “en el sector externo” de la economía mexicana.

“México no tiene capacidad de exportación de productos agrícolas ni de manufactura, y menos considerando la recesión que enfrenta Estados Unidos”.

Observó que “la única ventaja comparativa que tiene es el petróleo, y parten del hecho de que Pemex no tiene la capacidad para aumentar la producción ni la capacidad de exportación, y que ahí puede entrar la inversión extranjera para potenciar a Pemex y potenciar la producción y explotación”.

Sostuvo que el gobierno federal plantea “que es un buen momento por el aumento de los precios internacionales del petróleo, pero esa alza potenciaría a Pemex para que con esos recursos ésta se desarrolle a sí misma sin necesidad del sector privado”.

En tanto Jalife-Rahme señaló que en el debate no ha sido considerada una cuestión de seguridad nacional, que es considerar el punto de vista de las Fuerzas Armadas, que deberían de expresar su opinión sobre la reforma energética.

“Me llama la atención que nadie de las Fuerzas Armadas, ni del Ejército, haya concurrido al debate. Sería conveniente escuchar cuál es el punto de vista de las Fuerzas Armadas, si están o no de acuerdo en una reforma energética”.

Señaló que aunque no se habla de privatización, 70% de los ingresos de la paraestatal se obtienen de la refinación, un área que buscan abrir en la reforma.

Calderón, alegó, se ha quedado fuera del contexto internacional, pues la tendencia mundial del petróleo es a la desprivatización. En el XI Foro Mundial de Energía en Roma, ejemplificó, se expresó que 95% de las reservas mundiales del petróleo se encuentran en manos de los Estados.

Consideró que “la derrota de Estados Unidos en Irak es nuestra gran tragedia, porque al no poder traer Estados Unidos el petróleo de allá, lo busca aquí. Nosotros somos los grandes perdedores de la guerra de Irak, de manera indirecta”.

jueves, 22 de mayo de 2008

A CONSULTA PRIMERO ..ES LO QUE QUEREMOS





■ Intentará convencer a panistas y priístas, dice el senador Carlos Navarrete

Explorará el FAP vías legislativas para que se realice una consulta sobre Pemex

■ Queremos evitar que después del debate nacional se presente una situación como la de abril

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

A partir del planteamiento que formuló el martes el ex ministro de la Suprema Corte Juventino Castro y Castro, el Frente Amplio Progresista (FAP) impulsará las modificaciones legales necesarias con el propósito de que se realice una consulta popular sobre las iniciativas de Felipe Calderón para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex).

El coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, informó que de manera formal llevará a la Junta de Coordinación Política el planteamiento de que se realice una consulta, un plebiscito o un referendo sobre la reforma de Pemex, como parte de las soluciones políticas que deben buscarse para evitar que al final del debate la situación vuelva a ser la que se dio en abril.

Aclaró que una vez terminado el debate nacional, el 22 de julio, comenzará la discusión entre legisladores, serán dos sesiones intensas, entre 23 y 31 de julio, y “en agosto veremos cuál es la condición que tiene el Congreso para proceder a dictaminar las iniciativas presentadas hasta ese momento”.

Adelantó que el PRD prepara su propia iniciativa en materia petrolera, por lo que habrá varias, junto con las de Calderón.

Resaltó que aunque el PAN se opone terminantemente a una consulta popular o un referendo, él tratará de “explorar en las vías parlamentarias la posibilidad de convencer a los legisladores panistas y priístas” de la conveniencia de optar por alguno de esos mecanismos, que permitan a los ciudadanos decidir en un tema de tal importancia, como la reforma a Pemex.

Destacó que a PAN y PRI les debe preocupar también lo que pasará en julio próximo, cuando concluya el debate petrolero, porque hay varios escenarios; entre ellos que se decida rechazar las iniciativas de Felipe Calderón o elaborar un proyecto distinto al que propone el gobierno, que aleje la pretensión de abrir Pemex a los inversionistas extranjeros.

Una tercera posibilidad, agregó, es que “no haya vencedores ni vencidos, sino que abramos legislativamente la posibilidad de convocar a un plebiscito, un referendo o la consulta popular en los términos expuestos por el ex ministro Juventino Castro”.

Navarrete aclaró que en el caso de la última opción se requiere que el FAP logre consensos con otras fuerzas políticas en el Congreso, con miras a aprobar una ley reglamentaria del artículo 26 constitucional, en la que se detalle cómo se llevará a cabo la consulta popular.

Difirió con quienes consideran que los ciudadanos no podrían discernir acerca de ese tema. “Quienes piensan que los mexicanos no comprenden el tema del petróleo y que no deberíamos darles la oportunidad de opinar, se equivocan”, recalcó. Afirmó que “con un sí o un no los chilenos expulsaron a Pinochet del gobierno, e igualmente con un sí o un no los uruguayos frenaron la privatización de la seguridad social”.

Otro debate entre juristas

Este jueves se llevará a cabo el cuarto foro de análisis con el tema Análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética, con la participación de ocho juristas: Sergio García Ramírez, Luis Javier Garrido, Raúl Carrancá y Rivas, Sergio López Ayllón, José Elías Romero Apis, José Roldán Xopa y el ex senador panista Fauzi Hamdan, quien entró en la lista de invitados de último momento en lugar de Germán Fernández Aguirre.

Para la próxima semana ya están listos los panelistas. El martes asistirán el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Francisco Barnés de Castro; el premio Nobel de Química, Mario Molina, y el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza.

El jueves participarán en el debate petrolero cinco gobernadores y el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Por el PRI acudirán los mandatarios de Veracruz y Tamaulipas, Fidel Herrera y Eugenio Hernández. Por el PAN acudirán los de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva.

miércoles, 21 de mayo de 2008

MAS LES VALE CONSULTAR AL PUEBLO

LA FABRICA DE PESADILLAS PUSQUE..

México SA

Carlos Fernández-Vega

La jornada

cfvmx@yahoo.com.mxcfv@prodigy.net.mx

Ojo morado para la fábrica de sueños en su carrera por evadir el fisco


La fábrica de sueños amaneció con un ojo morado, algo pocas veces visto en su ya larga cuan fructífera carrera de evadir y eludir al fisco de forma “legal”. Esta ocasión falló, y Televisa estrellose contra la pared en su afán por obtener un amparo más de la justicia federal para no pagar impuestos en el ámbito local.

Resulta que el consorcio mediático (concretamente Televisa Juegos y su filial Apuestas Internacionales, que opera los 130 permisos –25 años de vigencia, renovables– para centros de apuestas remotas y sorteos de números generosamente obsequiados por Santiago Creel cuando despachaba en Bucareli y quería ser el “candidato de las manos limpias”), ofendiose por y revelose ante la terquedad fiscal del gobierno del Distrito Federal, el cual insiste en cobrarle impuestos por las mencionadas actividades.

La impertinencia gubernamental desató la ira de Emilio Azcárraga Jean y demás barones Forbes que lo acompañan en el consejo de administración de Televisa, por lo que su filial Apuestas Internacionales promovió un amparo para evitar cualquier posibilidad de que las huestes de Marcelo le cobraran los impuestos derivados de su nuevo cuan jugoso negocio.

La fábrica de sueños dio por hecho que procedería el nuevo amparo, tal y como sucedió al principio de la historia, en mayo de 2005 cuando, otorgados los permisos, algún iluso se inconformó hasta llegar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, instancia que meses después declaró legales los citados permisos, impasse que no detuvo a Televisa para que de inmediato pusiera a caminar su negocio de apuestas y sorteos.

Pues bien, ayer esa misma instancia (la SCJN) resolvió que el amparo promovido por Televisa (Televisa Juegos/Apuestas Internacionales) no tiene sustento jurídico, de tal suerte que le dio la razón al impertinente Gobierno del Distrito Federal, el cual sí está legalmente autorizado para cobrar impuestos a las empresas dedicadas al juego y a los sorteos (léase la fábrica de sueños). Y no sólo el Distrito Federal, sino los 31 estados de la República.

A Televisa nada mal le ha ido en su nuevo negocio de apuestas y sorteos. Oficialmente reportado desde 2006, las ventas de su filial Apuestas Internacionales han crecido como la espuma: 58 millones de pesos en esa fecha (con sólo cinco establecimientos en funcionamiento), para que un año después, 2007, el monto se incrementara a 626 millones, es decir, un avance cercano a mil por ciento. Por esos 684 millones de pesos en ventas bianuales, el consorcio mediático, según sus propias cifras, pagó alrededor de 10 millones de pesos (1.4 por ciento) por los “aprovechamientos” que debe cubrir a la Secretaría de Gobernación, o lo que es lo mismo, 14 centavos por cada 10 pesos de ingreso. Un doble negocio, sin duda, a costillas del erario.

En el primer trimestre de 2008, revela el informe oficial que Televisa entregó a la Bolsa Mexicana de Valores, los ingresos por su negocio de apuestas y sorteos sumaron 273 millones de pesos (ya con 16 establecimientos en operación, 11 de ellos fuera del Distrito Federal), de tal suerte que al cierre del año ese monto podría llegar a cerca de mil 100 millones de pesos, 76 por ciento más que en 2007, y mil 800 por ciento mayor al de 2006.

Para Televisa, pues, el de los juegos y los sorteos no es un mal negocio. Por el contrario, como se documenta, sus ingresos crecen geométricamente, pero se niega a cubrir los impuestos que le corresponden, acostumbrada a pagar lo menos de lo menos, o de plano a no pagar. Por ejemplo, con utilidades crecientes el consorcio mediático mantiene “impuestos diferidos” –causados pero no enterados al fisco– por mil 100 millones de pesos, de acuerdo con el reporte al primer trimestre de 2008.

Pero la parte suculenta del negocio fiscal se resume en lo que Televisa anuncia en su informe trimestral, que a la letra dice: “el impuesto sobre la renta disminuyó 90.4 millones de pesos, o 16 por ciento, a 476.2 millones en el primer trimestre de 2008, en comparación con 566.6 millones en el primer trimestre de 2007. Esta reducción se debe a una base gravable menor”.

En el mismo documento se apunta que tanto las ventas netas (9 mil 538 millones) como las utilidades (mil 53 millones) crecieron (16.4 y 47.7 por ciento, respectivamente), pero “la base gravable” se redujo, o lo que es lo mismo pagaron menos impuestos por mayores ganancias.

Por lo que toca a los ingresos por “otros negocios” –supuestamente desligados del relativo a la televisión– aumentaron 60.4 por ciento, para sumar 790 millones de pesos. De estos, 35 por ciento corresponde a juegos y sorteos, mientras el porcentaje restante se reparte en distribución de películas de largometraje, radio y futbol. En el primer trimestre de 2008 Televisa invirtió 9 millones de dólares en su área de juegos y sorteos, es decir, el 11 por ciento del total de sus inversiones en este segmento.

Nada mal se ven los números de la fábrica de sueños, pero eso de pagar impuestos provoca urticaria entre los barones. Aún así, se quedan con su ojo morado y un negro en el arroz en su largo historial de beneficios fiscales, así sea en el Distrito Federal. De todas maneras no hay que emocionarse, porque, como se documenta, si la SCJN obliga a Televisa a cumplir fiscalmente en la capital de la República, otros gobiernos (el federal en primer lugar, sin olvidar a los gober preciosos, piadosos y conexos) la resarcirán con creces.

Las rebanadas del pastel

Nueva tanda temática en el debate petrolero en el Senado de la República. Ahora el tema central, de gran relevancia, sin duda, es el “análisis constitucional de las iniciativas de reforma energética”. Ayer fue la primera ronda; el jueves próximo la segunda. Y el “marcador” parcial: tres ponentes dejaron claro que la intentona privatizadora del inquilino de Los Pinos viola la Constitución; dos que no lo hace, y uno más que si, pero no, o si se prefiere, no, pero sí (dijo algo así que es “constitucional, pero perfectible”). Lo único cierto es lo verdaderamente complicado que se les hace a los privatizadores justificar dicha acción en “términos constitucionales”.

ASTILLERO DE JULIO




Astillero

Julio Hernández López
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

■ Sinaloa, estado de excepción

■ Control de huracanes

■ Paternidad y elecciones


En Sinaloa se ha puesto en marcha un plan piloto de control militar que en los hechos significa la virtual declaratoria de un ilegal estado de excepción. Rotos los acuerdos de productiva coexistencia entre bandas de narcotraficantes y entre éstas y autoridades de los tres niveles, la entidad productora del mayor número de jefes del mercadeo de drogas se ha visto sumida en aguas de violencia como nunca había sucedido.

A la dimensión de esa crisis ha respondido con mano militar la administración civil encabezada por Felipe Calderón, pero llevando a las fuerzas armadas a la toma de medidas que rebasan las facultades propias de esos cuerpos castrenses y lesionan derechos y libertades civiles. Aparte del bélico combate a los muy bien pertrechados grupos del narco, los mandos verde olivo han decidido, por dar un ejemplo menor, pero significativo, irrumpir sin autorizaciones judiciales en moteles y establecimientos comerciales (sobre todo bares y discotecas) para ejercer funciones de supervisión de la normatividad municipal y estatal relacionada con esos giros mercantiles. Además, como está sucediendo en muchos otros lugares del país, los militares han tomado abiertamente el mando de las corporaciones policiales sabidamente infiltradas por los grupos mafiosos, haciendo en todo a un lado a un gobernador desdibujado y huidizo, Jesús Aguilar Padilla, y a las instituciones de la entidad que de un golpe han quedado relegadas.

El abatimiento del marco jurídico y la comisión cotidiana de actos abusivos (detenciones, cateos y agresiones a civiles) no pueden ni deben ser vistos de reojo por los poderes federa- les legislativo y judicial ni por la sociedad en pleno: abrir el paso hoy, por circunstancias sinaloenses, a una forma de gobierno militar de facto, significa abrir el camino mañana a la instauración, o la confirmación, de un cogobierno nacional en el que la parte civil sólo sirva de parapeto de la militar.

Mientras avanza la militarización en el país, la cúpula panista se alista para enfrentar huracanes. Felipe Calderón dijo ayer, por ejemplo, ante el gobernador veracruzano Fidel Herrera, que se ha puesto en marcha “un programa exhaustivo” para reducir los riesgos derivados de esos fenómenos naturales. Germán Martínez, el secretario de asuntos partidistas del gobierno de Los Pinos, por su parte, ha respingado ante la posibilidad de que los opositores a la privatización petrolera insistan en la necesidad de organizar un referendo para que la decisión sobre ese tema sea tomada por mayorías sociales y no sólo por un puñado de legisladores federales que ni siquiera se sienten obligados a guiarse por los resultados de los tales debates senatoriales. Felipe, Germán y otros panistas de poder saben que la faramalla institucional del Senado servirá de poco cuando quieran imponer su decisión original de convertir la riqueza petrolera nacional en patrimonio de particulares y, por ello, precavidos, instalan a nivel nacional “programas exhaustivos” de control social mediante las armas.

Astillas

Edith González Fuentes y Santiago Creel Miranda merecerían que los asuntos de su vida privada quedaran en ese ámbito y no fueran tocados por lo político (Edith no sólo ha destacado como actriz, cantante y bailarina, además publica semanalmente en El Universal una columna informada e inteligente denominada El ombligo de Venus, con interesantes tonos de análisis político y social). Pero, para infortunio de ellos, tiene carácter de polémica pública el contexto en el que se ha producido la tardanza del panista en reconocer una paternidad bastante difundida pero nunca antes aceptada. Dado que durante casi cuatro años eludió la confirmación de que Constanza González Fuentes debía llevar su apellido, y ese periodo coincidió con sus más intensas aspiraciones políticas, es razonable preguntarse qué tanto el silencio previo tuvo como propósito mantenerse en sintonía falsa con la moral dominante en el panismo que vería mal esa progenitura fuera de matrimonio y no le haría candidato presidencial o, siéndolo, le convertiría en un contendiente vulnerable. Divorciado en 2005 de Beatriz Garza, con quien tuvo tres hijos, el actual senador blanquiazul, de 56 años de edad, apareció a finales de 2007 en la boda de Miguel Ángel Yunes, hijo del director del ISSSTE, como novio de Paulina Velasco, de 28 años de edad, que ha ocupado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un cargo en el rubro de relaciones públicas… Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia informan que “el miércoles de la semana pasada nos dimos cuenta que nuestras cuentas del SAR y del Fovissste depositadas en Banamex habían sido traslada- das sin nuestro consentimiento a otro banco. Actualmente la mayoría de los académicos esperamos la resolución de dos amparos que interpusimos para que no se nos aplique la nueva Ley del ISSSTE, la cual consideramos lesiva para nuestros derechos laborales y humanos además de ser anticons- titucional y, aunque aún no hay fallo definitivo, tenemos una suspensión provisional, por lo que trasladar, tomar o lo que sea que hayan hecho con nuestras cuentas, es violatorio además de la resolución del juez. La cuestión es que en Banamex no nos dijeron a dónde las habían llevado, pero nos dieron un teléfono de Pensionissste; hablamos pero nadie contestó. Como consideramos ilegal el traslado llamamos a la Consar donde, además de ponerse muy nerviosos, no nos dijeron dónde estaba nuestro dinero del retiro y nuestro fondo de vivienda. Estamos por definir los procedimientos legales a seguir; por lo pronto queremos hacer del conocimiento público este atraco a nuestros fondos de retiro y vivienda”… Alguien que conoce muy bien a Polimnia Romana Sierra Bárcena plantea la siguiente aclaración: “nunca perteneció a ningún cuerpo de seguridad; ella colaboró con AMLO, cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, como asistente personal de él en el área de logística. Lo acompañó en las giras durante la campaña y sigue con él en el recorrido por toda la República. Es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México”… Y, mientras Bucareli atiende el expediente EPR, ¡hasta mañana!

REFERENDUM...LO QUE NO QUIEREN PANISTAS

Propone Juventino Castro consulta popular para la reforma energética

jenaro villamil
proceso

* Jaime Cárdenas y Arnaldo Córdova aseguran que la propuesta de Calderón viola la Constitución

* Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba discrepan y apoyan la iniciativa


México, D.F., 20 de mayo (apro).- El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, afirmó hoy que las iniciativas sobre la reforma energética propuestas por el Ejecutivo federal “forzosamente requieren consulta a la soberanía popular”.

Durante la tercera sesión del debate sobre la reforma energética, las posiciones del exministro Castro y Castro, así como las del exconsejero del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas, y del investigador Arnaldo Córdova, se confrontaron con las de los juristas Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal; y de Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho.

Durante la sesión, Castro, Cárdenas y Córdova consideraron que las propuestas de Calderón son inconstitucionales, mientras que Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba afirmaron que no se violan los preceptos de la carta magna y que, en todo caso, es “interpretable” el texto del artículo 27 constitucional.

El exministro de la Suprema Corte colocó en el debate el tema de la consulta popular, y afirmó que cualquier reforma “que pretenda que un área estratégica admita intervención de particulares, debe ser considerada como anticonstitucional”.

Recordó que la Constitución sí permite inversión privada en áreas prioritarias, pero no en las estratégicas, incluyendo el petróleo, según los artículos 27 y 28 constitucionales.

La soberanía popular es la dueña del subsuelo y por lo tanto debe ser consultada antes de pensar en modificar la ley, sostuvo el jurista.

Castro deslizó, incluso, la posibilidad de una rebelión social: Afirmó que “si se hubiera intentado modificar la Constitución, ciertamente pondríamos en peligro la paz social del país”. Señaló que en las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal existe “un deliberado proceso de introducir confusión entre las áreas estratégicas y prioritarias”.

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia también calificó de “exóticos” los “bonos ciudadanos” propuestos por Calderón, ya que “una empresa estatal con tan inmensos beneficios, en vez de ordenar que se reinviertan en la empresa, expida bonos para su beneficio”.

También consideró “impertinente” la vía escogida por Calderón para sus reformas. Por ello, argumentó se debe convocar a una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes definan si se debe o no abrir la inversión privada en refinación, transporte y gasoductos.

Por su parte, el exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas, enumeró diez razones para argumentar que la reforma energética calderonista es privatizadora; y consideró que las iniciativas violan los artículos 27, 25, 28 y 163 constitucionales, mientras que el investigador Arnaldo Córdova, quien coincidió en la inconstitucionalidad de las iniciativas, afirmó que los contratos de desempeño que se proponen son similares a los contratos de riesgo.

El doctor en Ciencias Políticas, Arnaldo Córdova, fue mucho más duro con los otros participantes en el debate, al afirmar que la explotación del petróleo incluye todo el proceso productivo, no sólo la extracción. Por tanto, las áreas que se abrirían a la inversión privada son anticonstitucionales.

“¿Qué es lo que no entienden con explotación?”, les preguntó Córdova. “Están confundiendo la explotación con el producto (el petróleo). La explotación acaba cuando se consuma el proceso de venta del producto”, afirmó.

Duro y directo, Córdova se enfrascó en una discusión con Alejandro Zaldívar, sobre los alcances de la Constitución como “pacto político” fundamental y no como norma jurídica. También trajo a colación las acusaciones de Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, quien tachó a los opositores de ser “pontífices del petróleo”.

“No somos pontífices del petróleo. Hasta ahora me entero que el petróleo es un dios”, afirmó irónico. “Somos ciudadanos que creemos que debemos emprender una nueva etapa en la impidamos que los únicos beneficiarios sean los mismos que concentran la riqueza”, sentenció.

Córdova se llevó el cronómetro de aplausos al insistir que la figura de contratos de desempeño son privatizadores, al traer a colación el fantasma del Pemexgate, mientras se endurecía el rostro del senador Francisco Labastida, excandidato presidencial priista involucrado en ese escándalo de financiamiento electoral, y reprocharle a los senadores que hubieran invitado a Héctor Aguilar Camín “que no es especialista”. “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos”, afirmó.

Jaime Cárdenas fue el más puntual en sus críticas. Enlistó 10 razones que convierten a la reforma en privatizadora, a pesar de que se niegue desde el gobierno federal y citó 14 distintos artículos de las cinco iniciativas de Calderón que violan los preceptos constitucionales.

Además, afirmó que estas reformas abandonan las reservas que México hizo en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de explotación de crudos. Arnaldo Córdova complementó esta posición leyendo la reserva de este capítulo.

Para Cárdenas, las reformas limitan las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en materia de transparencia en Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que se concede a la paraestatal facultad para endeudarse, a pesar de que eso le corresponde definirlo al Congreso; y recordó que se propone que las adquisiciones se puedan hacer sin licitación pública.

Explicó que en los artículos 46, 47, 48 y 49 de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Pemex se establecen los contratos de desempeño, los cuales están prohibidos en el artículo 27 constitucional; además, no se cumplen los principios de “máxima publicidad” en materia de transparencia y se permite que se pueda acudir a tribunales extranjeros, violando el principio de área estratégica y soberana.

La crítica más dura de Jaime Cárdenas fue contra la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 porque “se propone reducir el concepto de área estratégica”, vaciando de contenidos el artículo 28 constitucional, pues propone, en el artículo 12, que en materia de permisos y contratos, las relaciones entre Pemex e inversionistas puedan regularse por el derecho privado, entre otros puntos.

“Se trata de cinco iniciativas completamente anticonstitucionales”, concluyó Jaime Cárdenas. “Son iniciativas concebidas desde una visión empresarial y neoliberal”, abundó.

A favor de las iniciativas

Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea afirmó, por su parte, que “las iniciativas son constitucionales, pero perfectibles. Hay buenos argumentos, pero sería deseable enriquecerlas, para reducir los márgenes de anticonstitucionalidad, explicó.

Sobre el debate de la ley reglamentaria del artículo 27, el académico afirmó que no se debe perder de vista que dicho artículo hace una referencia específica a la ley reglamentaria. “Entonces tenemos que determinar cuál es el margen de acción de la ley reglamentaria. Hay dos limitaciones: concesiones y contratos.

“¿A qué tipo de contratos se refiere? Tendríamos que ser consecuentes y llevar hasta las últimas consecuencias su interpretación. Pemex no podría tener ningún contrato, ni siquiera para comprar lápices”, abundó Zaldívar.

Por su parte, Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho, insistió en que debe darse una “interpretación flexible” a las prohibiciones del artículo 27 constitucional y que la determinación sobre las áreas estratégicas del país, le corresponde al Legislativo.

“El sector privado sí puede intervenir en las áreas industriales, siempre y cuando no sea propietario del petróleo ni realice actos jurídicos que le lleven a obtener renta petrolera”.

Para el responsable del postgrado de la Escuela Libre de Derecho, institución de donde egresó el presidente Felipe Calderón, es jurídicamente viable abrir la inversión en transporte, almacenamiento y distribución, así como en refinería. Las iniciativas otorgan “mayor certeza jurídica” y tienen “pleno sustento constitucional”, siempre y cuando el Estado sea el único que pueda obtener la renta petrolera que se derive de los mismos.

En contradicción con Arnaldo Córdova, Becerra Pocoroba consideró que los contratos de desempeño, establecidos en el artículo 46 de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Pemex, no son contratos de riesgo.

Por su parte, Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que todo texto constitucional es “interpretable”, por tanto, “quienes argumentan que son flagrantemente inconstitucionales no sólo dan a entender que sólo hay una interpretación única de la Constitución, sino que de manera consciente o inconsciente concluyen el debate antes de que inicie”.

Hizo una larga exposición para advertir que el término “explotación” de los hidrocarburos no excluye la participación de los privados, siempre y cuando la nación mantenga el control sobre el petróleo, que los particulares no obtengan un beneficio directo, sino a través de regulación.

El debate

En la primera sesión de respuestas y réplicas entre los participantes del debate jurídico, el tercero de los que organiza el Senado, Arturo Zaldívar le rebatió a Jaime Cárdenas la lista de violaciones que argumentó en su exposición y le indicó a Córdova que si bien la Constitución es un pacto político, también es un pacto jurídico que debe ser respetado.

Jaime Cárdenas debatió con Héctor Fix Fierro el término de “explotación” del petróleo. La explotación, afirmó, “tiene que conducirnos necesariamente a equivalente a la industria petrolera en todas sus fases”, no sólo limitado a la extracción. En este punto coincidió con Córdova.

También argumentó que es inadmisible colocar a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional como un texto definidor de la Constitución, e insistió en que los contratos llamados “de desempeño o de aprovechamiento”, contenidos en la iniciativa de Calderón, constituyen contratos de riesgo, prohibidos en la Constitución.

Sobre el tema de la interpretación constitucional, Juventino Castro y Castro reconoció que a la Constitución no se le puede dar sólo una lectura textual, sino también conocer sus intenciones.

“Para qué la Constitución estableció áreas prioritarias y áreas estratégicas? Las áreas prioritarias son las que hacen el desarrollo nacional. Las áreas estratégicas, como el petróleo, son un término militar. La intención de reservarlas para el Estado como exclusivas y de ejercicio directo es el bien de México”, expuso Castro y Castro.

Arnaldo Córdova, en franca oposición a Héctor Fix, calificó de “aberrante” decir que a la Constitución hay que interpretarla a partir de una ley secundaria.

Por su parte, Fix Fierro reconoció que mantiene diferencias con Cárdenas, Zaldívar y Arnaldo Córdova sobre los alcances de la interpretación de las normas constitucionales y criticó que consideran anticonstitucionales las reformas calderonistas por una “lectura literal” de la Constitución.

DEBATE

El debate petrolero

jenaro villamil
Proceso

México, D.F., 20 de mayo (apro).- Las tres complejas y ricas sesiones de debate en el Senado sobre la reforma petrolera han tenido dos puntos de disenso claros: las iniciativas de Calderón son privatizadoras y si violan la Constitución.

Es claro que existen dos bloques sin matices en este sentido. El único consenso creciente: la necesidad de una “segunda expropiación” de Pemex frente a la Secretaría de Hacienda resulta ser inútil por ahora, ya que el gobierno federal no acompañó sus iniciativas de una profunda reforma fiscal para liberar a la paraestatal de la extracción de recursos que ha hecho Hacienda, como apuntó David Ibarra Muñoz desde el primer día del debate.

Sobre la anticonstitucionalidad de las iniciativas presentadas por Calderón, este martes el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juventino Castro y Castro no sólo afirmó que van en contra de los artículos 27 y 28 de la Constitución (éste último clave porque advierte que las áreas estratégicas, como el petróleo, deben estar en manos de la nación), sino que también es viable y necesaria una consulta popular para definir el futuro de una reforma de este calado.

A la argumentación del veterano ministro le siguió Jaime Cárdenas, exconsejero del IFE, quien detalló una lista de por lo menos ocho artículos constitucionales que son violentados en las cinco iniciativas enviadas por Calderón. Afirmó que éstas son “claramente privatizadoras”.



Arnaldo Córdova explicó que la figura nueva de “contratos de aprovechamiento” o de “beneficio” son contratos de riesgo prohibidos por la Constitución porque significan un usufructo de la explotación petrolera.



La contraparte en este debate, Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Mario Alberto Becerra y, en menor medida, Arturo Zaldívar, afirmaron que no hay violación alguna a la Constitución y que pueden existir distintas interpretaciones a la prohibición tajante del artículo 27 constitucional.



Sin embargo, no han tenido argumentos contundentes para convencer por qué si la industria petrolera es definida como un área estratégica por la Constitución –distinta al área prioritaria, susceptible de ser privatizada o concesionada-- el sector de refinación, transporte, ductos y almacenamiento debe tener inversión de terceros o privados, nacionales o extranjeros.



Tampoco se ha aclarado por qué si México reservó todo su sector energético en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio, negociado en la era de Carlos Salinas de Gortari, ahora se pretende abrir este sector, algo que ni el “Innombrable” pudo realizar, aunque ganas no le faltaran.



Estos puntos son fundamentales para el futuro del debate. De la definición de si continuamos o no considerando al petróleo como un área estratégica, depende considerar si llegó o no el momento de privatizar parte de la industria petrolera o simplemente crear una confusión jurídica, política y económica que beneficiará sólo a quienes ven a nuestro petróleo como parte de sus reservas (léase Estados Unidos).



La semana pasada, el ingeniero Javier Jiménez Espriú se llevó la tarde con una exposición notable, en la que afirmó que el problema principal de las iniciativas de Calderón es que son intentos de simulación y de engaño. Pretenden negar lo que explícitamente proponen: abrir áreas claves del proceso de la industria petrolera.



Los defensores de la reforma calderonista no han sido muy afortunados porque no abundan ni resuelven el tema estratégico fundamental: bajo qué consideraciones jurídicas, históricas y económicas es necesario cambiar el candado expresado en el artículo 27 constitucional.



Aquí entraron en colisión las visiones históricas de Lorenzo Meyer, quien hizo una explicación clara y documentada sobre el valor del petróleo y el nacionalismo mexicano, y la de Héctor Aguilar Camín, quien se fue por la vía de la metáfora fácil al decir que el petróleo forma parte de nuestra “mitología nacionalista” y debemos cambiarla.



Más desafortunado aún fue el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, quien sólo alcanzó a definir como “pontífices del petróleo” a los opositores a las reformas calderonistas, pero no le agregó una idea sugestiva o convincente a las iniciativas. No sólo eso. Abandonó la plaza en la apertura de los debates.



Si ese gesto de Germán Martínez definirá la actitud del gobierno de Calderón, entonces el debate será ganado por los opositores, a menos de que alguien pueda argumentar sensatamente y no con desplantes de autosuficiencia tecnocrática –como los de Carlos Elizondo Mayer Serra-- que las restricciones y alcances de la Constitución en materia de petróleo siguen siendo vigentes para una nación dependiente como México.

jenarovi@yahoo.com.mx

martes, 20 de mayo de 2008

OBVIO

Se opone el PAN a un referéndum sobre la reforma energética

de la redacción
Proceso

* Para el partido es suficiente con que el Congreso decida, advierte Germán Martínez

México, D.F., 19 de mayo (apro).- El líder nacional panista, Germán Martínez, se opuso a la propuesta perredista de llevar a referéndum la reforma energética en los estados de la República.

Martínez Cázares dijo que para el PAN la “verdadera consulta” está en el debate que actualmente se lleva a cabo en el Senado.

Advirtió que para su partido es suficiente con que el Congreso decida sobre la reforma petrolera, “para eso elegimos a los representante”.

Sostuvo que la decisión del Congreso en la materia será legítima para tomar decisiones en materia de petróleo.

Cabe destacar que la bancada del PRD en la Cámara de Diputados envió esta tarde cartas a los gobernadores para solicitarles organizar un referéndum, consulta en que la ciudadanía manifestaría su opinión sobre la reforma de Pemex.

PINOCHO

Calderón: Mentiras oficiales


alvaro delgado
Proceso

México, D.F., 19 de mayo (apro).- La corrupción y la pobreza son las enfermedades nacionales más graves de México, pero están acompañadas por la simulación, la mentira y la impunidad, que degradan sobre todo si, como es el caso, son alentadas desde el poder público.

No hace mucho, a final de su sexenio y en el marco del proceso electoral sucesorio, Vicente Fox proclamaba la eficacia de su gobierno en todos los ámbitos, entre ellos la generación de empleos y el combate al narcotráfico.

Para amplios sectores de la sociedad, los que jamás creyeron la demagogia del ranchero ladino y ladrón, eran mentiras que pronto encontraron confirmación nada menos que en sus propios compañeros de partido: Fue Felipe Calderón, y la facción que lo impuso en el gobierno, los que exhibieron que el desempleo y el crimen organizado florecieron con Fox, a quien sin embargo se ha solapado por un pacto de mafia.

Como cuando se impuso Carlos Salinas en el gobierno, también mediante el fraude electoral que pretende hacer olvidar con su más reciente mamotreto, con Fox los capos del narcotráfico se solazaron en el negocio, tal como lo presagió desde el inicio del sexenio la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el capo transexenal que, en el mejor de los casos, será capturado cuando deje de ser funcional y su exhibición o muerte sirva sólo para espectáculo con réditos de popularidad y cuando –claro-- ya esté afianzado su sucesor con toda la protección desde el poder.

Por eso, histriónica y demagógicamente, Calderón repudia en sus discursos la “cobardía” de sus antecesores, proclama los “ya basta” a la delincuencia y llama a pactos de unidad nacional --de suyo imposibles por su nula autoridad moral y política--, porque sabe que desde ahora está condenado a la derrota y quiere hacer de ella una victoria, ante su ineptitud para afrontar el otro grave problema nacional: El empleo, su principal oferta de campaña.

Y es en este renglón que Calderón entrega, en año y medio de gestión, tan malas cuentas como su antecesor: Resulta que las cifras de las que se ha ufanado son, simplemente, falsas, puras mentiras.

Se trata, además, de un engaño que comparte con Fox y el priista Ernesto Zedillo, que todos los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) idolatran no sólo por haberles cedido el poder, sino por los “10 años de estabilidad” que ofrecieron en la campaña de 2006.

La información al respecto la dio a conocer el diario Reforma y sus réplicas de Mural de Guadalajara, Jalisco, y El Norte, de Monterrey, Nuevo León, en sus ediciones correspondientes al miércoles 14 de mayo: Resulta que, durante 11 años, el gobierno federal difundió cifras de empleo que eran inexistentes.

Por ejemplo, detalló Reforma, los números oficiales mostraban que, entre 2005 y 2007, se habían creado 2.21 millones de empleos formales. Pero, en realidad, en ese lapso sólo fueron 1.55 millones las nuevas plazas, según la corrección. Es decir, se registraron 660 mil empleos inexistentes.

La información, dada a conocer en vísperas del Día del Maestro (que, dicho sea de paso, ratificó la alianza que Calderón y el PAN mantienen con Elba Esther Gordillo no en favor de la educación --esa es una tontería--, sino para las elecciones de 2009), establece que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció que hay errores en la metodología para medir el empleo.

En 2006, por ejemplo, Fox dijo que ese año se generaron 903 mil empleos y que seguramente, al concluir ese lapso, se superarían el millón, pero no fueron ni una ni otra cifra, sino apenas 616 mil.

Con Calderón el engaño es el mismo: El 14 de febrero de este año, en su visita a Estados Unidos, aseguró que, en 2007, se crearon en México alrededor de 800 mil nuevos empleos. Pero el nuevo dato oficial para ese periodo es de 529 mil nuevos empleos.

La razón, según el IMSS, es que se trata de errores metodológicos. El principal de ellos es que muchos trabajadores reportados como nuevos no lo eran, pues simplemente migraron del empleo eventual al permanente.

Así de grave es la manipulación de cifras y no es, desde luego, una acción fortuita, sino claramente deliberada para fortalecer percepciones falsas, en este caso sobre el empleo, uno de los principales problemas del país y que Calderón ofreció combatir, ahora vemos que sólo con maquillaje.

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) aporta, también, otro dato escalofriante: En los tres meses de este año desaparecieron 685 mil empleos en los sectores formales e informales.

Calderón ofreció, también, otros asuntos que ya puede afirmarse que son mentiras, mentiras oficiales: en el ámbito de los impuestos, sino que bajarían y, además, que las fórmulas para que los ciudadanos lo hicieran serían sencillas. Inclusive, hacía el chiste de que la complejidad para presentar la declaración hacía que, hasta el secretario de Hacienda, tenía necesidad de contratar a un contador.

La realidad: No solo aumentaron impuestos, sino que aparecieron nuevos, como los aplicados a gasolinas y el IETU, que además introdujo complejidades que vuelven loco a quienes somos causantes cautivos.

Pero hay más datos sobre las mentiras de Calderón, que se encargan de ocultar muy bien los jilgueros y amanuenses oficiales en el grueso de los medios de comunicación --que han resultado más panistas que el PAN--, como la protección que presta a los sátrapas priistas Mario Marín y Ulises Ruiz, así como el panista Emilio González Márquez.

En 30 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados envió un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, conforme a sus atribuciones, emitiera un dictamen sobre si González Márquez violó la Constitución y la ley al comprometer un donativo de 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires Cristeros, al margen inclusive de la insolencia con la que se dirige a sus críticos.

Pero, en vez de abocarse a lo que establece el artículo 130 constitucional y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe a las autoridades mostrar preferencia por alguna religión en particular, la encargada de esa responsabilidad, Ana Teresa Aranda, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, extendió licencia de impunidad a su cofrade de Jalisco.

Justo el día del maestro, el jueves 15, Aranda --vecina de nacimiento de González Márquez: ella es de León y él de Lagos de Moreno, distantes apenas 37 kilómetros-- declaró, tramposamente, que en la “macrolimosna” de 90 millones de pesos a la Iglesia católica no se usaron fondos federales. Y ya.

Pero lo que la Cámara de Diputado planteó no fue si Emilio dispuso de los 90 millones de pesos de recursos federales, que obviamente eso no le corresponde a la Secretaría de Gobernación, sino si vulneró el principio de laicidad, como es evidente y, como también lo es, se encubre.

Y luego dicen que Calderón está peleado con el Yunque, de cuya organización ultraderechista Aranda y Emilio son dos de sus ejemplares. En realidad, Calderón y El Yunque son lo mismo.

Apuntes

A propósito de Emilio González: La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco enviará a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el expediente de las más de 6 mil quejas contra él y que, si actúa conforme a la ley José Luis Soberanes, derivará en una recomendación. Por supuesto, vale anticipar que a Emilio también le valdrá “madres”, como a los gobernadores de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, que las recibieron por atentar contra la libertad de expresión en sus respetivos estados… Germán Martínez, el confeso empleado de Calderón en el PAN, ya va agarrando color en el cargo: Lo suyo no es el debate, sino el pleito de arrabal, junto con los gandallitas Javier Lozano Alarcón y José Luis Luege. ¿Ideas? ¡Qué tontería!

 

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UN GATO

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