jenaro villamil
proceso
* Jaime Cárdenas y Arnaldo Córdova aseguran que la propuesta de Calderón viola la Constitución
* Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba discrepan y apoyan la iniciativa
México, D.F., 20 de mayo (apro).- El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juventino Castro y Castro, afirmó hoy que las iniciativas sobre la reforma energética propuestas por el Ejecutivo federal “forzosamente requieren consulta a la soberanía popular”.
Durante la tercera sesión del debate sobre la reforma energética, las posiciones del exministro Castro y Castro, así como las del exconsejero del Instituto Federal Electoral, Jaime Cárdenas, y del investigador Arnaldo Córdova, se confrontaron con las de los juristas Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea, del Instituto Mexicano de Derecho Procesal; y de Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho.
Durante la sesión, Castro, Cárdenas y Córdova consideraron que las propuestas de Calderón son inconstitucionales, mientras que Fix Fierro, Zaldívar Lelo y Becerra Pocoroba afirmaron que no se violan los preceptos de la carta magna y que, en todo caso, es “interpretable” el texto del artículo 27 constitucional.
El exministro de la Suprema Corte colocó en el debate el tema de la consulta popular, y afirmó que cualquier reforma “que pretenda que un área estratégica admita intervención de particulares, debe ser considerada como anticonstitucional”.
Recordó que la Constitución sí permite inversión privada en áreas prioritarias, pero no en las estratégicas, incluyendo el petróleo, según los artículos 27 y 28 constitucionales.
La soberanía popular es la dueña del subsuelo y por lo tanto debe ser consultada antes de pensar en modificar la ley, sostuvo el jurista.
Castro deslizó, incluso, la posibilidad de una rebelión social: Afirmó que “si se hubiera intentado modificar la Constitución, ciertamente pondríamos en peligro la paz social del país”. Señaló que en las cinco iniciativas enviadas por el Ejecutivo federal existe “un deliberado proceso de introducir confusión entre las áreas estratégicas y prioritarias”.
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia también calificó de “exóticos” los “bonos ciudadanos” propuestos por Calderón, ya que “una empresa estatal con tan inmensos beneficios, en vez de ordenar que se reinviertan en la empresa, expida bonos para su beneficio”.
También consideró “impertinente” la vía escogida por Calderón para sus reformas. Por ello, argumentó se debe convocar a una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes definan si se debe o no abrir la inversión privada en refinación, transporte y gasoductos.
Por su parte, el exconsejero del IFE, Jaime Cárdenas, enumeró diez razones para argumentar que la reforma energética calderonista es privatizadora; y consideró que las iniciativas violan los artículos 27, 25, 28 y 163 constitucionales, mientras que el investigador Arnaldo Córdova, quien coincidió en la inconstitucionalidad de las iniciativas, afirmó que los contratos de desempeño que se proponen son similares a los contratos de riesgo.
El doctor en Ciencias Políticas, Arnaldo Córdova, fue mucho más duro con los otros participantes en el debate, al afirmar que la explotación del petróleo incluye todo el proceso productivo, no sólo la extracción. Por tanto, las áreas que se abrirían a la inversión privada son anticonstitucionales.
“¿Qué es lo que no entienden con explotación?”, les preguntó Córdova. “Están confundiendo la explotación con el producto (el petróleo). La explotación acaba cuando se consuma el proceso de venta del producto”, afirmó.
Duro y directo, Córdova se enfrascó en una discusión con Alejandro Zaldívar, sobre los alcances de la Constitución como “pacto político” fundamental y no como norma jurídica. También trajo a colación las acusaciones de Germán Martínez, dirigente nacional del PAN, quien tachó a los opositores de ser “pontífices del petróleo”.
“No somos pontífices del petróleo. Hasta ahora me entero que el petróleo es un dios”, afirmó irónico. “Somos ciudadanos que creemos que debemos emprender una nueva etapa en la impidamos que los únicos beneficiarios sean los mismos que concentran la riqueza”, sentenció.
Córdova se llevó el cronómetro de aplausos al insistir que la figura de contratos de desempeño son privatizadores, al traer a colación el fantasma del Pemexgate, mientras se endurecía el rostro del senador Francisco Labastida, excandidato presidencial priista involucrado en ese escándalo de financiamiento electoral, y reprocharle a los senadores que hubieran invitado a Héctor Aguilar Camín “que no es especialista”. “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos”, afirmó.
Jaime Cárdenas fue el más puntual en sus críticas. Enlistó 10 razones que convierten a la reforma en privatizadora, a pesar de que se niegue desde el gobierno federal y citó 14 distintos artículos de las cinco iniciativas de Calderón que violan los preceptos constitucionales.
Además, afirmó que estas reformas abandonan las reservas que México hizo en el capítulo sexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de explotación de crudos. Arnaldo Córdova complementó esta posición leyendo la reserva de este capítulo.
Para Cárdenas, las reformas limitan las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública en materia de transparencia en Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que se concede a la paraestatal facultad para endeudarse, a pesar de que eso le corresponde definirlo al Congreso; y recordó que se propone que las adquisiciones se puedan hacer sin licitación pública.
Explicó que en los artículos 46, 47, 48 y 49 de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Pemex se establecen los contratos de desempeño, los cuales están prohibidos en el artículo 27 constitucional; además, no se cumplen los principios de “máxima publicidad” en materia de transparencia y se permite que se pueda acudir a tribunales extranjeros, violando el principio de área estratégica y soberana.
La crítica más dura de Jaime Cárdenas fue contra la iniciativa de reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 porque “se propone reducir el concepto de área estratégica”, vaciando de contenidos el artículo 28 constitucional, pues propone, en el artículo 12, que en materia de permisos y contratos, las relaciones entre Pemex e inversionistas puedan regularse por el derecho privado, entre otros puntos.
“Se trata de cinco iniciativas completamente anticonstitucionales”, concluyó Jaime Cárdenas. “Son iniciativas concebidas desde una visión empresarial y neoliberal”, abundó.
A favor de las iniciativas
Alejandro Zaldívar Lelo de Larrea afirmó, por su parte, que “las iniciativas son constitucionales, pero perfectibles. Hay buenos argumentos, pero sería deseable enriquecerlas, para reducir los márgenes de anticonstitucionalidad, explicó.
Sobre el debate de la ley reglamentaria del artículo 27, el académico afirmó que no se debe perder de vista que dicho artículo hace una referencia específica a la ley reglamentaria. “Entonces tenemos que determinar cuál es el margen de acción de la ley reglamentaria. Hay dos limitaciones: concesiones y contratos.
“¿A qué tipo de contratos se refiere? Tendríamos que ser consecuentes y llevar hasta las últimas consecuencias su interpretación. Pemex no podría tener ningún contrato, ni siquiera para comprar lápices”, abundó Zaldívar.
Por su parte, Mario Becerra Pocoroba, de la Escuela Libre de Derecho, insistió en que debe darse una “interpretación flexible” a las prohibiciones del artículo 27 constitucional y que la determinación sobre las áreas estratégicas del país, le corresponde al Legislativo.
“El sector privado sí puede intervenir en las áreas industriales, siempre y cuando no sea propietario del petróleo ni realice actos jurídicos que le lleven a obtener renta petrolera”.
Para el responsable del postgrado de la Escuela Libre de Derecho, institución de donde egresó el presidente Felipe Calderón, es jurídicamente viable abrir la inversión en transporte, almacenamiento y distribución, así como en refinería. Las iniciativas otorgan “mayor certeza jurídica” y tienen “pleno sustento constitucional”, siempre y cuando el Estado sea el único que pueda obtener la renta petrolera que se derive de los mismos.
En contradicción con Arnaldo Córdova, Becerra Pocoroba consideró que los contratos de desempeño, establecidos en el artículo 46 de la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Pemex, no son contratos de riesgo.
Por su parte, Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que todo texto constitucional es “interpretable”, por tanto, “quienes argumentan que son flagrantemente inconstitucionales no sólo dan a entender que sólo hay una interpretación única de la Constitución, sino que de manera consciente o inconsciente concluyen el debate antes de que inicie”.
Hizo una larga exposición para advertir que el término “explotación” de los hidrocarburos no excluye la participación de los privados, siempre y cuando la nación mantenga el control sobre el petróleo, que los particulares no obtengan un beneficio directo, sino a través de regulación.
El debate
En la primera sesión de respuestas y réplicas entre los participantes del debate jurídico, el tercero de los que organiza el Senado, Arturo Zaldívar le rebatió a Jaime Cárdenas la lista de violaciones que argumentó en su exposición y le indicó a Córdova que si bien la Constitución es un pacto político, también es un pacto jurídico que debe ser respetado.
Jaime Cárdenas debatió con Héctor Fix Fierro el término de “explotación” del petróleo. La explotación, afirmó, “tiene que conducirnos necesariamente a equivalente a la industria petrolera en todas sus fases”, no sólo limitado a la extracción. En este punto coincidió con Córdova.
También argumentó que es inadmisible colocar a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional como un texto definidor de la Constitución, e insistió en que los contratos llamados “de desempeño o de aprovechamiento”, contenidos en la iniciativa de Calderón, constituyen contratos de riesgo, prohibidos en la Constitución.
Sobre el tema de la interpretación constitucional, Juventino Castro y Castro reconoció que a la Constitución no se le puede dar sólo una lectura textual, sino también conocer sus intenciones.
“Para qué la Constitución estableció áreas prioritarias y áreas estratégicas? Las áreas prioritarias son las que hacen el desarrollo nacional. Las áreas estratégicas, como el petróleo, son un término militar. La intención de reservarlas para el Estado como exclusivas y de ejercicio directo es el bien de México”, expuso Castro y Castro.
Arnaldo Córdova, en franca oposición a Héctor Fix, calificó de “aberrante” decir que a la Constitución hay que interpretarla a partir de una ley secundaria.
Por su parte, Fix Fierro reconoció que mantiene diferencias con Cárdenas, Zaldívar y Arnaldo Córdova sobre los alcances de la interpretación de las normas constitucionales y criticó que consideran anticonstitucionales las reformas calderonistas por una “lectura literal” de la Constitución.
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