verónica espinosa
GUANAJUATO, Gto., 21 de agosto (apro).- El pasado lunes 18, el teniente Francisco Javier Martínez Espinosa tomó posesión de la dirección de Policía de León, en sustitución de Carlos Tornero, quien fue cesado por el escándalo de los videos que exhibieron el uso de prácticas violatorias de los derechos humanos, como la tortura y la aplicación de tratos crueles, en los cursos de capitación impartidos a elementos del llamado Grupo Especializado Táctico, el GET.
Por esos hechos, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (PEDH) emitió sendas recomendaciones al alcalde Vicente Guerrero Reynoso y al Secretario de Seguridad Pública municipal, Álvaro Cabeza de Vaca Apendinni, exhortándolos a disculparse públicamente, a resarcir el daño, a sancionar a los responsables y a reestructurar a fondo las corporaciones policiales.
Cabeza de Vaca Apendinni destituyó a Tornero, cuyo paso por la dirección de Policía de León estuvo marcado por el escándalo de principio a fin.
El hecho de haber dejado el mando de la policía no exime a Tornero de las responsabilidades administrativas o penales que pudieran desprenderse de la investigación que lleva a cabo, por su cuenta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la práctica de tortura y tratos crueles en los cursos de capacitación impartidos por instructores del GET leonés.
Inicialmente, el ombudsman estatal, Manuel Vidaurri Aréchiga, se opuso a que la CNDH atrajera el caso, con el argumento de que no había elementos suficientes. Sin embargo, aceptó turnarla luego de que el primer Visitador General, Raúl Plascencia Villanueva, le hizo saber que la Comisión tenía un propósito de fondo:
“Verificar en los demás estados de la república la práctica de dichas conductas (la tortura, específicamente), considerando que la misma se encuentra prohibida en el orden jurídico mexicano, constituyendo una de las más crueles expresiones de violación a los derechos humanos, y que por ello está considerada como un delito imprescriptible de lesa humanidad…”.
Entrevistado en sus oficinas de la Procuraduría estatal, Vidaurri espera que la intervención de la CNDH ayude a desterrar de las corporaciones policiacas del país la práctica de la tortura. “La tortura sigue practicándose en México, y se practica en Guanajuato", dice.
En su opinión, el repunte de la tortura en León y en otras entidades de la República Mexicana tiene su origen en la constitución de las Unidades Mixtas contra el Narcomenudeo (UMAN). Por lo menos en el caso específico de esta entidad, dice, la PEDH ha registrado un aumento en el número de denuncias por allanamiento de morada, detenciones arbitrarias, uso de vehículos sin logotipos oficiales y robos, en los que las policías municipal o estatal aparecen como presuntos responsables.
Según el ombudsman guanajuatense, otro indicador en el abuso de las policías es la estrategia de "denuncia ciudadana anónima" que, dice, “rompen el tejido social y convierten a cualquier persona en sospechoso, hasta por actos de venganza.
“En nombre del narcotráfico y la delincuencia organizada se han cometido muchas violaciones a los derechos humanos”, dice.
A punto de cumplir el segundo y último periodo al frente de la PEDH, Vidaurri Aréchiga sostiene que la creación de las UMAN, que operan en todo el corredor industrial León-Celaya-Irapuato, sólo ha traído abusos consigo.
“Hemos ido detectando que un aumento en la denuncia ciudadana a raíz de la creación de las UMAN en Celaya, Irapuato, San Miguel de Allende, no es un problema aislado”.
Cuenta que la mayoría de las quejas tienen que ver con allanamiento de morada y abuso de autoridad.
Con base en ese seguimiento, la PEDH puso el asunto sobre la mesa. En un principio, Vidaurri pudo en tela de juicio el sustento legal de la operación de esa unidad conformada por elementos de las policías municipal, estatal y federal.
“Entiendo que hay acuerdos de colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales, pero es un mazacote, en mi opinión. No veo un marco legal para permitir que un policía ministerial investigue el narcomenudeo…a menos que participe un agente federal, lo que aparentemente estaría sucediendo”.
El segundo paso fue supervisar el estado en que se encuentran las sedes de las unidades mixtas contra el narcomenudeo.
De acuerdo con el ombudsman estatal, esto fue lo que vieron los visitadores:
“Encontramos que eran casas sin ningún tipo de identificación. El procurador se molestó que ventiláramos esa situación. Adujo que exponíamos a sus agentes, cuando era al revés porque nuestro personal es joven, no van armados, viajan en vehículos con el logotipo de la PEDH. Además, le aclaramos que las visitas tenían como propósito atestiguar personalmente cómo desempeñan su trabajo”.
Vidaurri cotejó los resultados de su inspección con las denuncias ciudadanas interpuestas contra los elementos de las UMAN y encontró un patrón en la actuación de las policías: allanamiento de morada, exceso de fuerza, uso de vehículos sin identificación oficial, abuso de poder, lesiones, robo e incomunicación a los detenidos.
En la entrevista, el titular de la PEDH reprueba el uso de la denuncia anónima como herramienta preventiva. Afirma que es una estrategia que puede pervertirse.
Explica:
“Atienden a una denuncia anónima, y luego los asuntos se les caen en los juzgados. En Italia las mafias se denuncian unas a otras, reciben beneficios, y ahora se introdujo en nuestra Constitución un esquema de ese tipo. Pero en el nombre del narcotráfico y la delincuencia organizada se han cometido muchas violaciones a los derechos humanos”.
Otra prueba de que la práctica de la tortura está de regreso en León y en el país en general es, asegura, la reciente recomendación que emitió la CNDH al gobierno de Guanajuato. En dicha recomendación, dice, los acusados son policías ministeriales.
El Procurador General de Justicia estatal, Daniel Chowell Arenas, aceptó la recomendación y anunció que se turnaría el caso a Asuntos internos para que se abriera una investigación.
“Hacemos un trabajo muy esforzado para llegar al mayor nivel de convicción respecto de este fenómeno en Guanajuato, con evidencias como este patrón. En Guanajuato, se practica la tortura”.
En su más reciente informe de actividades, de abril de 2007 a marzo de 2008, el PEDH inició las investigación de 10 presuntos casos de tortura, la mitad de las que realizó en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Luego de reconocer que no en todos los casos se comprueba la comisión del delito –“no son fáciles de acreditar, por razones obvias”--, advierte que es necesario desterrar de una vez por todas esa deleznable práctica.
Y remata:
“Utilizar esta herramienta nos vuelve a una realidad que no podemos dejar de ver: una policía incapaz de enfrentar, técnica y científicamente, su responsabilidad. Tortura: nunca más. Puede ser muy mediático. Hay quienes dicen que si es para garantizar la seguridad, está bien. Claro, mientras no se cometa tortura con nuestros amigos o familiares. Pero si la autorizamos para unos, la autorizamos para todos. Y no habrá quién nos salve cuando estemos en esa situación”.
En León, por lo pronto, el alcalde echó mano de un militar para hacerse cargo de la policía. Martínez Espinosa es egresado de la Universidad y del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, quien no es un improvisado en estas lides: en el trienio 2000-2003 ya había ocupado el mismo cargo y viene de desempeñar la misma posición en la administración municipal de Zapopan, Jalisco.
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