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jueves, 21 de octubre de 2010

Salinas y el IFE

Salinas en el IFE

Jesús Cantú
Proceso
MÉXICO, D.F., 20 de octubre.-

Durante su mandato presidencial (1988-1994), Carlos Salinas de Gortari pretendió modernizar el autoritarismo mexicano, pero nunca transitar a la democracia o siquiera liberalizar el espacio político y/o social, aunque sí lo hizo en el ámbito económico. Y aunque creó los organismos constitucionales autónomos (Instituto Federal Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos y Banco de México) como vía para legitimarse sin redistribuir el poder, lo hizo como parte de un proceso liberalizador o democratizador.

Por otra parte, durante su sexenio 17 gobernadores interinos o sustitutos directamente designados por él, rindieron protesta en 15 entidades de la República Mexicana, con lo cual, si se toma en cuenta que en ese entonces el presidente también designaba al jefe de Gobierno del Distrito Federal, la mitad de las entidades y, seguramente casi las dos terceras partes de la población, estuvo gobernada por un delegado presidencial en algún momento de su administración, cifra sin parangón en la historia contemporánea del país.

Todo comenzó cuando, con su escaso respeto (o total desprecio) al voto ciudadano, arribó al poder mediante el fraude electoral del 6 de julio de 1988, cuando se cayó el sistema de cómputo de votos en el momento en que empezaban a llegar los resultados que otorgaban, al menos hasta esos momentos, el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas.

Hoy, parecía una broma de mal gusto que el IFE lo invitara a participar en los eventos de celebración del vigésimo aniversario de su creación, y más para hablar en el panel “La democracia del siglo XXI”.

El su libro, Organismos autónomos y democracia: El caso de México, publicado en 2007, John M. Ackerman demuestra fehacientemente que durante el periodo gubernamental de Salinas dos de los organismos constitucionales autónomos (IFE y CNDH) sirvieron precisamente para simular un compromiso, pues las prácticas del gobierno autoritario mexicano no cambiaron en lo fundamental y esos organismos fueron usados únicamente como instrumentos de legitimación. 

Ackerman explica que, desde su diseño, dichas instituciones fueron debilitadas por los reformadores del PRI, puesto que representaban un peligro potencial para la permanencia del partido en el poder. No fue sino hasta 1996, en el caso del IFE, y hasta 1999, en el de la CNDH, ya durante el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando se transformaron en “instituciones realmente fuertes y eficaces”.

En consonancia con la explicación de Salinas, en su aparición de la semana pasada, Ackerman destaca que el IFE surgió como una medida ante la crisis de legitimidad de las elecciones anteriores, pues el partido en el poder debía hacer evidente su interés en realizar “elecciones limpias”. Así, se legitimaría y, al mismo tiempo, tendría en sus manos el poder que le conferiría el establecimiento de tal institución, como era el control y la dirección del mismo, ya que la presidencia del instituto recaía en el  secretario de Gobernación y los miembros con voto estaban predominantemente “controlados por el PRI y el gobierno”. 

Durante el sexenio salinista se confirmó la teoría de connotados politólogos en el sentido de que los organismos constitucionales autónomos son una opción “utilizada exclusivamente por regímenes autoritarios para simular su compromiso con la rendición de cuentas”, pues su creación no busca realmente una redistribución del poder, sino simplemente simularla precisamente para poder mantener y ejercer ese poder abusivamente. 

Por otra parte, de los 17 interinos o sustitutos que tomaron protesta durante la gestión de Salinas, seis lo hicieron porque los mandatarios constitucionales fueron invitados a ocupar cargos en el equipo presidencial (Veracruz, Jalisco, Baja California, Zacatecas, Tlaxcala y Chiapas); uno, porque hubo una reforma de la Constitución estatal para homologar la fecha de las elecciones de gobernador con las federales (Sonora); otro, porque el entonces gobernador interino renunció para pretender convertirse en candidato del PRI a la misma gubernatura (San Luis Potosí, 1994); otro, por la explosión de una tubería de gas en Guadalajara; y uno por el alzamiento armado en Chiapas, el 1 de enero de 1994. 

Los demás fueron obligados a renunciar por conflictos postelectorales –Michoacán, 1992; San Luis Potosí, 1991, y Guanajuato, como los más emblemáticos– o porque los resultados de las elecciones no favorecieron al PRI y, aunque no hubo conflictos postelectorales, Salinas consideró que no eran útiles como ejecutivos estatales –Estado de México, Michoacán, Tabasco y Yucatán–. 

En octubre de 1992, Pascal Beltrán del Río, en un reportaje publicado en Proceso, señalaba: “…de los 41 procesos electorales de carácter estatal que se han celebrado desde julio de 1989, en 23 ha estallado la violencia o, cuando menos, se han dado fuertes muestras de inconformidad con el desarrollo y los resultados oficiales”. Ese fue el sello de un gobierno que prefirió recurrir a las concertacesiones antes que respetar la voluntad popular.

Ahora, en su reaparición, Salinas puntualizó que “no era necesario que el PRI perdiera para mostrar el avance en la democracia”; destacó que “…si la alternancia es la prueba de la democracia, más que sus instituciones, bienvenida la alternancia para el 2012”, y mostró su preocupación porque “en Baja California, Jalisco, Guanajuato y la Ciudad de México hace muchos años que no hay alternancia”. Sin embargo, olvidó señalar que en otros 10 estados jamás la ha habido: Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Fiel a su vocación, Salinas aprovechó el foro para justificar su mandato, atraer los reflectores y celebrar la alternancia, siempre que ésta beneficie al PRI. Pero no tiene la culpa Salinas, sino el IFE que lo invita y le monta el escenario.

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