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jueves, 12 de agosto de 2010

ABC: Juicio político contra Horcasitas Karam Bours y Valls

Llega al Congreso solicitud de juicio político contra Molinar, Karam y Bours

Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- 

En busca de la justicia negada hasta ahora por el gobierno de Felipe Calderón, padres de los bebés fallecidos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, solicitaron juicio político contra el exgobernador de esa entidad Eduardo Bours Castelo; del director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) extitular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.

La solicitud fue presentada en el Congreso de la Unión por José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y hace extensiva la petición de enjuiciar políticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls y Fernando Franco, quienes como exfuncionarios del IMSS no se exculparon de participar en el análisis del caso de violación de garantías en el que finalmente se exculpó a los funcionarios federales y al exgobernador.

De acuerdo con las demandas de juicio político, el exgobernador, así como el director y el exdirector del IMSS, violaron el artículo 109 constitucional al no actuar de forma diligente como funcionarios públicos. El resultado: de 49 menores muertos y 80 lesionados.

Por no conducirse como se debe, señala la demanda, los servidores públicos en servicios deben ser destituidos y todos deben ser puestos a disposición del Ministerio Público y ser inhabilitados por al menos 20 años.

En conferencia de prensa, Abraham Fraijo y Roberto Zavala manifestaron que continuarán su lucha en busca de justicia; y expresaron su indignación porque el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de acallar su reclamo con apoyos económicos, así como descuentos de servicios de energía eléctrica e Infonavit.

“A mí no me sirven ni madres los apoyos de Calderón si ya no tengo a mi hija, ¿de qué fregados me sirven sus apoyos si ya no tengo familia? Lo que quiero es justicia, lo único que quiero es que los funcionarios responsables estén en la cárcel”, tronó Abraham Fraijo, quien emplazó a los diputados federales a “quitarse las camisetas de sus partidos y a demostrar de qué están hechos”.

Zavala, por su parte, resaltó que desde que ocurrió la tragedia en la guardería ABC los gobiernos federal y estatal emprendieron una estrategia para dividir a los padres de familia, “marcar” a los que exigen justicia como “revoltosos, extremistas y rebeldes”.

Ambos padres de familia exigieron a los legisladores analizar con cuidado su solicitud de juicio político sin más interés que el de hacer justicia.

Zavala y Freijo recordaron que por lo menos durante 24 horas el gobierno de Bours Castelo ocultó la verdad sobre la tragedia del incendio de la guardería ABC, y que a pesar de que los niños fallecidos estaban plenamente identificados desde un principio, se les hizo dar vueltas por diferentes hospitales para no admitir, desde un principio, que habían fallecido 49 infantes.

“Cuando en los medios la Procuraduría de Justicia del estado hablaba de 12 muertes, yo ya había visto por lo menos 30 cuerpecitos sin vida tratando de identificar a mi Emilia, quien todavía llevaba puesta su ropa con su nombre completo cuando la encontré; eso significa que las autoridades de Sonora, desde el principio, supieron que mi niña estaba muerta y para no reconocerlo me hicieron dar vueltas por todos lados”, narró Abraham Freijo.

Zavala y Freijo advirtieron que acudirán a instancias internacionales en busca de justicia; por lo pronto, solicitaron a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cada instancia designe un relator especial para el caso. Además, pidieron el apoyo del Parlamento Europeo.

Sobre el decreto de apoyar de forma vitalicia a los deudos de los niños fallecidos en la tragedia, Zavala destacó que hay inconformidad entre los padres que forman parte del Movimiento Ciudadano 5 de Junio: “Porque se designó como responsable de atender a los familiares de las víctimas al IMSS, en cualquier momento podría desaparecer, lo que queremos es que el Estado Mexicano como tal asuma la responsabilidad de lo ocurrido en la guardería ABC.”

De acuerdo con la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso de la Unión, y que podrá ser retomada en el próximo periodo de sesiones, en septiembre próximo, los funcionarios públicos “tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas.

Molinar y Karam, “en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello; y (Bours Castelo) por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración como en su administración, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos.

En cuanto a los jueces Valls y Franco, los padres de familia señalan que actuaron de forma irregular al participar en el análisis del caso en la SCJN cuando ambos fueron funcionarios públicos del IMSSS y por lo menos el segundo tiene un familiar dentro del instituto.

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