Molinar y Bours, involucrados en violaciones en el caso ABC
Priva un “desorden generalizado” en el otorgamiento de contratos para guarderías subrogadas
La escasa supervisión y vigilancia en materia de protección civil permitió el incendio, dicen
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 2 de marzo de 2010, p. 3
La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designada para investigar el caso del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, concluyó ayer que priva un “desorden generalizado” en el otorgamiento de contratos para estancias subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en su supervisión y vigilancia en materia de protección civil, circunstancias que permitieron la conflagración que provocó la muerte de 49 niños en junio de 2009.
“Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC”, sostuvo uno de los integrantes de la citada comisión.
Al dar a conocer al pleno de ministros un resumen de su informe preliminar, elaborado después de seis meses de investigación, los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla destacaron que la auditoría jurídica practicada al sistema de guarderías subrogadas reveló que sólo 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los mil 480 contratos, únicamente 14 fueron otorgados con apego estricto a lo establecido por la normatividad del IMSS en la materia.
Tres décadas de ilegalidad
Añadieron que desde hace tres décadas el Seguro Social carece de facultades legales para otorgar este tipo de contratos. “Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el IMSS para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su consejo técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”, expuso Mota.
Agregó que “el hecho de que actualmente estén operando 11 guarderías de patrones en el país, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.
“Esta afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que desde 1983 –año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios– hasta junio de 2009, esto es, en 26 años, había en el país alrededor de mil 480 con ese esquema, cuando en 36 años –teniendo presente que desde la Ley del Seguro Social de 1973 se previó esa posibilidad– hasta el día de hoy, sólo operan las 11 guarderías de patrones mencionadas”, puntualizó la magistrada.
Como resultado de sus indagatorias, los juzgadores también informaron que “en la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo”, pero no mencionaron los nombres de los funcionarios implicados.
El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, durante el informe sobre la guardería de Hermosillo, SonoraFoto Marco Peláez
No obstante, minutos antes de que concluyera la sesión del pleno el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia informó que la Corte ya había publicado en su página de Internet “todo el informe preliminar” elaborado por ambos magistrados.
En ese documento la comisión consideró que sí existió violación grave de garantías individuales en este caso y señaló como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre los que destacan el ex director general del IMSS y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo.
Este informe no representa aún la postura definitiva de la SCJN, pues falta que un ministro elabore un proyecto de resolución que en su momento discutirá el pleno, a fin de que los 11 ministros resuelvan si hubo violación de garantías, quiénes serían los funcionarios responsables y cuáles los motivos de su actuación.
El informe de labores servirá al ministro Fernando Franco González Salas para que elabore el proyecto de dictamen que discutirá el pleno. Según las estadísticas dadas a conocer por los miembros de esta comisión de la Corte, 49 por ciento de las guarderías subrogadas carecen de constancia de protección civil vigente, y sólo 407 tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, lo que “revela un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación”.
Al respecto, Mota Cienfuegos indicó que si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social ejerce supervisión administrativa en más de 87 por ciento de las guarderías, su participación en la vigilancia relacionada con la protección civil es escasa, aunque sus reglas internas lo obligan a realizar esas verificaciones.
De su lado, el magistrado Ronzon dijo que, con base en diversos dictámenes periciales consultados, la comisión investigadora llegó a la conclusión de que el incendio que provocó la muerte de 49 niños y dejó lesionados a otros 65 se originó a raíz de “un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler”, en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
“A partir del accidente, las demás (guarderías) han mostrado clara tendencia a regularizar los tres aspectos: ordenamiento de contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en protección civil”, explicó Ronzon.
El dictamen final no tendrá efectos jurídicos ni generará responsabilidades concretas para los involucrados, pero sí servirá de guía a los familiares de las víctimas para que elaboren denuncias penales contra las autoridades que resulten responsables de la violación de garantías.
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