" LEGISLACIÓN EMERGENTE " : LO QUE QUIERE CALDERÓN QUE APRUEBEN LOS DIPUTADOS...NI MÁS NI MENOS...

El general desesperado

Jesusa Cervantes
PROCESO
MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).-

A las 6 de la tarde del pasado 7 de abril, en el salón de usos Múltiples de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, parco y directo, se dirigió a los legisladores, a los diputados que tenía frente a él y, sin más, les pidió su apoyo para aprobar una “legislación emergente” que les permita legalizar los actos que desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa, los obligó a enfrentar enmarcados en la guerra contra el narcotráfico.

El diputado del PRI, Ardelio Vargas, excomisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y actual presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, encabezo la comitiva de priistas, panistas, petistas y legisladores del Partido Verde.

Enrique Ibarra, del Partido del Trabajo, y Pablo Escudero, del PVEM, escuchaban azorados las peticione del general Galván, del secretario de la Defensa Nacional: carta abierta para legalizar los atropellos que han cometido en su lucha contra el narcotráfico, según denuncias ciudadanas promovidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro que tuvo el general Galván con los diputados se repetiría cinco días después con los senadores de la República. Sin embargo, en esa reunión las peticiones no fueron tan claras como con los integrantes de la Cámara baja.

La petición de aquel 7 de abril ante diputados obtuvo 9 puntos centrales, los cuales forman parte de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el próximo lunes se discutirá en comisiones en el Senado de la República. Sin embargo, la traducción de su contenido, en voz del propio general, resultó más clara y cruda ante los diputados.

Las demandas fueron:

--Uno: potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.

--Dos: poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.

--Tres: Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.

--Cuatro: Intervenir las comunicaciones

--Cinco: Potestad para rastrear o hackear páginas de internet.

--Seis: Cancelar espectáculos públicos.

--Siete: Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías...

Los dos aspectos más graves que generaron escozor al diputado del PVEM, Pablo Escudero, y a Enrique Ibarra, del PT, fueron la petición del general para que quedara explicito en la Ley que el Ejercito puede declarar “zonas de excepción”, es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendió, puede ser detenido por miembros del Ejercito.

Y el más preocupante: “Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.”

En este aspecto habría que preguntarse cómo se acredita una intención.


Otro de los aspectos que habría que preguntarse es si la declaratoria de una “zona de excepción” incluye la autorización o legalización de los retenes militares y que hasta hoy se vienen practicando, en franca violación a la Constitución, ya que en ella se establece la libertad de tránsito para todos los mexicanos.

Todo lo que solicitó el general Galván no fue otra cosa que legalizar la guerra contra el narcotráfico ordenada por Calderón en 2006, sólo que no hay que olvidar que una de las premisas de toda guerra es que en la lucha los contrincantes se valen de todo, pues todo les está permitido para ganar.

La lógica del general Galván, expuesta ese día ante los diputados, “es que el Ejercito, incluyendo a la Marina, es el último reducto que tiene el Estado para su protección debido a que las policías locales están infiltradas y, que mientras se depuran se hacen necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles por un periodo de cinco a 10 años para poder acabar con el narcotráfico”.

De aceptarse todas estas demandas del general y de Felipe Calderón en la nueva ley de Seguridad Nacional los mexicanos estarán totalmente desprotegidos y a merced de las fuerzas militares que, con la ley en la mano, podrían incurrir en vejaciones; y no es difícil que esto ocurra. Si no, sólo basta echar un ojo a los cientos de denuncias que hay en la CNDH en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los derechos humanos; o recordar el caso de la anciana Ernestina Ascencio, quien fue violada por militares y cuyas lesiones le provocaron la muerte, aunque para el gobierno Federal la mujer murió por una gastritis.

Pero esto no es lo único preocupante con esta nueva Ley en caso de ser aprobada tal y como lo pidió el general Galván, durante las elecciones presidenciales del 2012 México se enfrentaría a un escenario donde la represión podría estar presente y no sólo en las mentes de los mexicanos.

Como sabemos, actualmente las acciones que realiza el Ejército en contra de la lucha contra el narcotráfico son actividades que no se le están asignadas en la Constitución y que son exclusivas de la Policía Federal.

Así pues, todas las peticiones que realizó el secretario de la Defensa a diputados y senadores es que, con la ley en la mano, el Ejército realice todas las funciones que sólo se le confieren al Ministerio Público y la Policía Federal. En pocas palabras: El poder judicial estaría siendo desplazado por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de la Marina.

Estas peticiones no hacen sino abrir más la puerta para que el gobierno de Felipe Calderón intensifique sus actos autoritarios que ha venido realizando desde que “tomó” el poder y entró por la puerta de atrás del Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2006 custodiado por elementos de la Secretaría de la Marina.

Lo único que pretende hoy Calderón con esta nueva ley que se discutirá el lunes, es recompensar y otorgarles más poder a quienes abrieron, por la fuerza, las puertas de la Cámara de Diputados para que pudiera protestar como presidente de la República y aligerar el enorme costal de dudas que le aventó la mitad de los votantes al cuestionar su legitimidad.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx