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jueves, 1 de abril de 2010

DE LOS AMIGOS DE TWEETER ..SUB-POETA

CARTA POR EL DERECHO A LA ALIMENTACÌON

Estimados Compañeros y Compañeras :

Se circula una carta para adhesión sobre Derecho Constitucional a la Alimentación dirigida a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales y a los representantes de grupos parlamentarios.

Requerimos juntar el mayor número posible de firmas EN UNA SEMANA.

Además de que cada grupo o individuo la mande a las redes en las queparticipan (redes o asociaciones firmarán como tales, además de las firmas de sus participantes, o integrantes), a los miembros de nuestros gremios o a personalidades e intelectuales, a gente clave que a su vez contacte a muchos más, así lograremos juntar muchas firmas y amplificar el mensaje, pidiéndoles el apoyo. TODAS lasconfirmaciones de apoyo serán concentradas por Enrique en el correo:


prensanec@gmail.com

El plazo para recabar firmas es el próximo lunes 5 de abril a las 20:00 horas, Favor de enviar las firmas al siguiente correo electrónico.


prensanec@gmail.com


*Se adjunta la carta:


Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable

¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!Ç

¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!

A las Diputadas y los Diputados Federales

A los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados


LXI Legislatura

A la opinión pública

Las organizaciones de la sociedad civil y las ciudadanas y ciudadanos
abajo firmantes nos dirigimos a ustedes para urgir la aprobación
inaplazable por el pleno de la Cámara de Diputados de la Minuta del
Senado de la República mediante la cual se reforma el artículo 4º de
nuestra Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho
humano a la alimentación.

Dicha Minuta, enviada por el Senado a la Cámara de Diputados desde el
año de 2005, adiciona el siguiente párrafo al artículo 4º y un segundo
a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución, para quedar como


sigue:


“Artículo 4º .- …

El Estado tiene la obligación de garantizar eficientemente el acceso
de toda persona a una alimentación suficiente y de calidad, que le
permita satisfacer sus necesidades nutricionales que aseguren su
desarrollo físico y mental.

Artículo 27.- …
XX. …
Las políticas para el desarrollo rural integral, a que se refiere el
párrafo anterior, tendrán como finalidad que el Estado garantice el
abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley
establezca.”

La demanda de la sociedad civil por elevar a rango constitucional uno
de los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no
padecer hambre y malnutrición, ha sido una larga e incansable lucha
que, desde 1992 a la fecha, han llevado a cabo una amplia y plural
gama de organizaciones campesinas, pro-derechos humanos, sindicales,
urbanas, magisteriales, religiosas, de académicos e investigadores, de
profesionistas de la nutrición así como de innumerables intelectuales,
científicos, artistas y ciudadanos y ciudadanas de a pie.

 Nuestro país quiere transitar hacia un Estado democrático, cuyo
desarrollo sea social y medioambientalmente sustentable, justo e
incluyente que le permita, por ello, enfrentar eficientemente la
crisis alimentaria por la que atraviesa, no puede seguir soslayando el
cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales
derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
así como los contraídos en la Cumbre Mundial de la Alimentación y la
Cumbre del Milenio. Al respecto de estos últimos, nuestro país se
comprometió a reducir a la mitad el hambre y la desnutrición de sus
ciudadanos para el año 2015. La inaceptable realidad en México es que
el hambre se está incrementando en 50% respecto al año base, mientras
que en la mayor parte de América Latina y el Caribe (ALC), ésta se
reduce al igual que la malnutrición, con los ejemplos notables de
Brasil y Cuba.

Al respecto del artículo 11 del PIDESC, en el cual se establece la
obligación de los Estados a reconocer el derecho a la alimentación, el
Comité de las Naciones Unidas para los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales ha emitido la Observación General 12 sobre el derecho a una
alimentación adecuada en la que establece lo siguiente:

“El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está
inseparablemente vinculado a la dignidad de la persona humana y es
indispensable para el disfrute de otros derechos consagrados en la
Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la
justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas,
ambientales y sociales adecuadas, en los planos nacional e
internacional, orientadas a la erradicación de la pobreza y al
disfrute de todos los derechos humanos para todos.” (PIDESC; 1999;


E/C.12/1999/5).

La falta de atención a una de las demandas más sentidas del pueblo
mexicano –elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación-,
y con ello, el incumplimiento de los instrumentos internacionales de
derechos humanos, ha propiciado que nuestro país se encuentre en un
lamentable e inaceptable estado de hambre, malnutrición, inseguridad y
vulnerabilidad alimentarias que afecta a la mayoría de la población,
violando flagrantemente el Estado de Derecho y comprometiendo
gravemente el futuro de nuestro país, la seguridad nacional y nuestra
soberanía.

Hoy en pleno siglo XXI y en el año del Bicentenario de la
Independencia y del Centenario de la Revolución, más del 20% de la
población padece hambre y desnutrición y más del 50% de los mexicanos
se encuentra en el nivel de pobreza. Por si fuera poco, el modelo
agroalimentario y nutricional hegemónico ha impuesto a nuestro país
una epidemia de obesidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición (2006), padecen sobrepeso y obesidad el 72% de las mujeres
y 67% de los hombres; 34% de los adolescentes y 26% de los niños y
niñas de 5 a 11 años. Al mismo tiempo, crecen la dependencia
alimentaria del país, el abandono del campo, la degradación de suelos
y el agotamiento de acuíferos, el poder de los monopolios
agroalimentarios, la carestía de los alimentos y, con ello, crecen la
inseguridad y vulnerabilidad alimentarias de nuestro país expresadas
en la crisis de la tortilla del 2008 y las consecuencias negativas que
han conllevado las crisis mundiales de alimentos y la económica de
2008-2010. Todo esto se da a la par de la abdicación en la práctica de
las obligaciones del Estado en lo tocante a los derechos humanos de
los mexicanos y mexicanas; consecuencia de la adopción a raja tabla y
acrítica del modelo de libre mercado.

La alimentación es un derecho humano fundamental, no es una mercancía.
Es una obligación del Estado garantizar su cumplimiento a partir de un
mandato constitucional y una política de Estado de largo plazo, con la
participación corresponsable de los poderes de la República, los tres
niveles de gobierno y la sociedad. El mercado no puede ni podrá jamás
garantizar el derecho a la alimentación. Menos lo podrá hacer el ya
histórico asistencialismo clientelar de los programas gubernamentales
o la filantropía privada.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas (CEPAL), en 2009, por la recesión económica
aumentaron en 9 millones de personas en condiciones de pobreza en ALC,
de los cuales el 40% correspondió a México; es decir, tenemos 3.6
millones de pobres más.

Si hoy nuestro país vive una crisis alimentaria sin precedentes, la
situación puede tornarse aún más dramática en virtud de las amenazas
del entorno mundial, a saber: a) el cambio climático global y su
impacto en la producción y disponibilidad de alimentos; b) agotamiento
de los hidrocarburos y la volatilidad de los precios del petróleo; c)
el uso creciente de alimentos y de tierras para la producción de
biocombustibles; d) el agotamiento de la disponibilidad del agua para
la agricultura y su disputa por usos alternativos; e) la inversión sin
regulación de fondos especulativos en las bolsas de granos; f) la
inestabilidad económica y financiera global, incluyendo una alta
volatilidad en los tipos de cambio; g) el poder creciente de las
megacorporaciones agroalimentarias en el comercio y las políticas
agrícolas internacionales y nacionales; h) la creciente preeminencia
de la agricultura empresarial y/o de gran escala –ya sea de
exportación o de básicos-- en detrimento de las agriculturas de
pequeña escala y/o familiar, y, con ello la agudización de la desigual
distribución de recursos públicos, la polarización entre productores y
regiones, el privilegio de la urbanización frente al “descuido” del
sector rural; i) el uso geopolítico del poder alimentario; e, i) el
deterioro de los hábitos alimentarios y la dieta tradicional por el
impacto de la comercialización y de la publicidad de la industria
procesadora de alimentos.

Sin alimentos no hay vida, no hay salud, no hay educación, no hay
libertad, no hay posibilidad de trabajar, no hay posibilidad de criar
y formar a los hijos e hijas, no hay ciudadanía, no hay democracia, no
hay futuro, no hay país. El derecho a la alimentación es integral e
inherente a otros derechos.

Hoy es la oportunidad. No la dejemos ir. En medio de la desesperanza,
abriguemos una esperanza y luchemos por ella todos y todas, sin
excepción, en la pluralidad y en la corresponsabilidad.
Derecho Constitucional a la Alimentación: una decisión inaplazable.
¡El hambre, la malnutrición y la inseguridad alimentaria no esperan!
¡Por la soberanía alimentaria, por un México sin hambre, ni desnutrición!

“Todo necio confunde valor y precio”, frase, Antonio Machado

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