Nos endrogó el espurio otros 13 años

Los acuerdos del PRI con Calderón

JESUSA CERVANTES
MÉXICO, D.F., 30 de octubre (apro).-

Detrás de la negociación que gobernadores priistas --encabezados por Enrique Peña Nieto y respaldados "obligatoriamente" por los diputados federales-- hicieron con Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, para aumentar el IVA de 15 a 16%, y la posterior amenaza de los priistas de rechazarlo en el Senado, hubo acuerdos financieros y un error de cálculo de los diputados federales del Revolucionario Institucional.




Poco antes de que Calderón enviara su paquete económico a la Cámara de Diputados, Pedro Aspe, dueño de la consultora Protego, acordó con los gobiernos federal y estatales un nuevo esquema para hacer frente a la caída del fondo de las participaciones federales de este año, que mes con mes se tienen que entregar a las 32 entidades.




Este fondo de participaciones se conforma, en un 25%, con todos los impuestos que se pagan en el país, como IVA e ISR, entre otros.




Debido a que en agosto pasado los gobiernos estatales empezaron a sufrir de liquidez, lo que hacía imposible el pago de nóminas y la continuación de ciertas obras, la fórmula que encontró la Conago (Confederación Nacional de Gobernadores), junto con el gobierno federal y Pedro Aspe, fue "bursatilizar" lo que quedaba del fondo.




En ese mismo mes, el gobierno debía 65 mil millones de pesos a los estados, pero sólo había 13 mil millones de pesos en el fondo.




Y la burzatilización no consistió en meter a jugar ese dinero a la bolsa de valores, sino que el gobierno federal, en lugar de entregar a los estados la cantidad mencionada, la ofreció como aval ante ocho instituciones bancarias, que a partir de la primera semana de septiembre entregaron en crédito 45 mil millones de pesos.




La primera parte del dinero llegó a los estados justo la semana en que el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete económico en el que se contemplaba, inicialmente, un nuevo impuesto de 2%, incluyendo alimentos y medicinas.




Pese a que desde un principio el PRI se opuso a ese impuesto, la Conago, que encabeza el gobernador de Durango, el priista Ismael Hernández Deras, se pronunció a favor del nuevo gravamen, ya que 25 mil millones de pesos irían al citado fondo de participaciones.




El PRI en la Cámara de Diputados midió el costo político que tendría para ellos gravar alimentos y medicinas, debido a lo cual lo rechazaron en definitiva. En tanto, los gobernadores priistas encabezados por Enrique Peña Nieto (Estado de México) y Ulises Ruiz (Oaxaca) acordaron, junto con Hacienda, aumentar el IVA en un punto porcentual, lo cual les daría ingresos por 30 mil millones de pesos, que irían directamente a engrosar el fondo de participaciones federales para las entidades.




Las razones para que gobernadores del PRI y gobierno federal fueran juntos en la propuesta --haciendo a un lado a los diputados, ya que a éstos sólo los presionaron para que avalaran el gravamen-- se debió, justamente, al acuerdo financiero que recientemente firmaron, y al hecho de que en septiembre pasado la Federación ofreció a los mandatarios estatales una disposición inmediata de 45 mil millones de pesos para hacer frente a sus obligaciones, como el pago de nóminas y la continuidad de ciertas obras públicas.




¿Y qué tiene que ver el convenio que Pedro Aspe logró con gobiernos locales y federales? Pues casi nada. Dicho acuerdo, que dio liquidez inmediata a los gobiernos estatales, tiene un costo de 1.8% de interés mensual, mismo que deben pagar a los ocho bancos que les dieron el crédito de 45 mil millones de pesos.




El convenio tiene una duración de 13 años, tiempo durante el cual los gobernadores deberán pagar los intereses de 1.8%, pero para evitar que la tasa se dispare y con ello se incremente la deuda, el gobierno federal (que es el aval de los estados en el convenio) debe contar con la aprobación de las calificadoras internacionales, y una de las exigencias o recomendaciones de éstas ha sido que el mismo gobierno incremente los impuestos.




Si una calificadora considera a México como país riesgo, los organismos internacionales no autorizan posibles deudas, y al no tener éstas, las tasas de interés aumentan de forma inmediata.




Y así, entrelazados los gobiernos federal y estatales, fue como impulsaron juntos el aumento del IVA.