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martes, 15 de junio de 2010

La corte de la impunidad

Fracasa postura de Zaldívar en caso ABC; proponía castigos a Molinar, Karam y Bours



Jorge Carrasco Araizaga
Proceso
MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).-

 El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.

En el primer día de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayoría de ministros rechazó la propuesta de Zaldívar para hacer una interpretación más amplia de la facultad investigadora que otorga el artículo 97 de la Constitución.

El propósito del nuevo ministro, quien se sumó al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad política y ética de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104, el 5 de junio del año pasado.

Como principales implicados, mencionó al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.

Una primera mayoría de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfiló por aceptar que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jurídicas de los implicados.



“No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad política y moral”, ya que nuestra autoridad sólo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.

"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribución, en tanto no haya ley reglamentaria” de la facultad establecida en el 97 constitucional, agregó.

Aseguró, en todo caso, que sí hubo violación grave de derechos fundamentales.

Sin embargo, hubo quienes adelantaron que sería difícil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hernández, quien fue subdirector y director jurídico del IMSS entre 1993 y 1999.

La facultad de la Corte, señaló, “no debe pensarse como un medio de encontrar culpables y de ahí castigos…, sino como un instrumento constitucional cuya finalidad es investigar y señalar violaciones graves a las garantías individuales que como tales no deben volver a repetirse”.

Consideró que “ni siquiera será posible individualizar a quienes hubieran tenido relación directa con tales sucesos, sino que podría tratarse de una conjunción de diversos elementos que dieron lugar a las mismas y en los que deberá esta Corte así señalarlo para que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, tome las medidas para que no sucedan nunca más”.

Ante la contundencia que utilizó para decir que será difícil el establecimiento de responsabilidades, aclaró que en la tragedia sí hubo violaciones graves y hay autoridades involucradas.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano, uno de los principales opositores a esa facultad constitucional asignada a la Corte, tampoco pudo evitar referirse a la existencia de responsabilidades. Sin embargo, acotó: “Todo apunta a responsabilidades imprudenciales”.

El primer día de discusión, que abarcó sesiones extraordinarias en la mañana y en la tarde, se dedicó a analizar el alcance del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución, que le da a la Corte la facultad de investigar graves violaciones a las garantías fundamentales.

Zaldívar se quedó casi solo en su intento de buscar “un nuevo parámetro” en la interpretación de esa facultad. La mayoría de ministros reivindicó las reglas que se autoimpusieron en 2007 para la investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca a mediados de 2006, durante la represión al movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Aguirre consideró “reprobable” que la Corte haga “censuras morales y (establezca) responsabilidades morales y éticas… A mí me parece fundamentalismo puro”.

La crítica la compartió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien no sólo pidió la incorporación del tercer peritaje hecho público la semana pasada, en el que se concluye que el incendio fue provocado, sino que se hizo eco de la queja de Molinar Horcasitas, en el sentido de que su punto de vista no fue incluido por Zaldívar en su dictamen.

Los únicos apoyos totales que tuvo el autor del dictamen fue el del ministro Juan Silva Meza y de la ministra Olga Sánchez Cordero, para quienes la tragedia de la guardería implica una “falta de ética de las responsabilidades públicas”, por lo que es necesario “incluir el control de los particulares que ejercen funciones de Estado”.

Silva Meza dijo que la facultad de investigación de la Corte “es una atribución por la cual es posible efectuar el control de la actuación política irregular de los servidores públicos, que redunda en una violación grave a los derechos fundamentales… ante la extrema debilidad de la rendición de cuentas y la consecuente impunidad de dichos actos”.

Según el ministro, en ejercicio de su facultad de investigación, la Corte le puede pedir al presidente de la República que separe de su cargo a los funcionarios involucrados en la grave violación a las garantías individuales, reconociendo que es facultad del Ejecutivo federal hacerlo o no. Esta última posición no fue leída por el ministro en el pleno, pero sí está en el texto que preparó para su intervención.

En ese texto, Silva Meza también destacaba: “El titular del Ejecutivo está obligado a colaborar con la Suprema Corte en la recuperación de la regularidad constitucional” a través de la procuración de justicia.

Contrario a lo que opinó la mayoría de ministros, entre ellos Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis María Aguilar, Silva Meza dijo que si bien una resolución de la Corte en este caso “no es ejecutable, sí es vinculante por ser un mecanismo de protección de derechos fundamentales”.

Lo mismo consideró el ministro José Ramón Cossío quien, sin embargo, aclaró: “Si las autoridades nos hacen más o menos caso (en los resolutivos de las investigaciones) es otro tema”. Lo importante, advirtió, es que la Corte emite “un pronunciamiento con base en elementos jurídicos y no a partir de conjeturas morales”.

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