Desfiladero
Magistrados no: delincuentes electorales
Jaime Avilés
El miércoles pasado, Octavio Mayén, vocero del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), publicó en El Correo Ilustrado siete supuestas aclaraciones” a mi reportaje sobre los ingresos de 4 millones de pesos que los magistrados electorales se embolsan al año, básicamente, por actuar como empleados al servicio de Los Pinos, de las televisoras y del senador priísta Manlio Fabio Beltrones, protector de la presidenta del tribunal, María del Carmen Alanís Figueroa. A continuación, las falacias del señor Mayén acompañadas de sus debidas repuestas.
Primera falacia: “Contrario a lo señalado en el artículo, para el ejercicio 2009 no existió incremento salarial alguno para los magistrados”. Respuesta: “De una comparación entre el manual de percepciones de 2008 y el que presentaron para 2009 se deriva que los magistrados de la sala superior del TEPJF pasaron de percibir en 2008, en promedio, 3 millones 803 mil pesos a 4 millones 116 mil pesos [en 2009]” (El Universal, nota de Carlos Avilés, 27/02/09).
Lo anterior lo corrobora la nota que el 29 de febrero de 2008 apareció en La Jornada con la firma de Jesús Aranda y Georgina Saldierna: “los magistrados electorales [recibirán un salario anual neto de] 3 millones 803 mil pesos”. Según el manual de percepciones 2009, cada magistrado ganará 4 millones 116 mil pesos este año; así, queda nítidamente demostrado que de 2008 a 2009 se subieron el sueldo más de 300 mil pesos.
Segunda falacia: “Las niñeras y cocineras que menciona el artículo corresponden a guarderías del Poder Judicial de la Federación”. Respuesta: este reportero comprobó personalmente que ni en la sede de la sala superior, sita en Carlota Armero número 5000, Culhuacán, Iztapalapa, ni en la sala regional del Distrito Federal, en Periférico Sur 1626, hay guarderías. Mis informantes reiteran que las “nanas” están al servicio de los magistrados (“algunos aunque son mayores se volvieron a casar y tienen niños pequeños”) y sus familiares (“el papá de María del Carmen Alanís está muy enfermo y necesita atención especial”) y las cocineras trabajan a domicilio cuando en las casas de las magistrados hay reuniones de trabajo o fiestas.
Tercera falacia: “... los magistrados asisten de forma permanente a laborar, pues de conformidad con el artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, durante los procesos electorales todos los días y todas las horas son hábiles”. Respuesta: pero no todos los días del año hay procesos electorales. Además, una de las razones por las que no asisten a sus oficinas en Carlota Armero es que “no les gusta Iztapalapa, debido a que hay mucha inseguridad y no hay buenos restaurantes. Por eso ocuparon tres pisos en la sala regional del DF, entre San Ángel y Barranca del Muerto, donde se sienten más a gusto”. Luego de visitar personalmente ese edificio y comprobar lo anterior, este reportero llamó en diversas ocasiones al teléfono 5322-9630 y preguntó por distintos magistrados, que o “se acaban de ir” o “ahorita no están”, en señal inequívoca de que por ahí pululan.
Cuarta falacia: “El artículo 226 prohíbe el pago de horas extras, pero establece la obligación de prever una compensación extraordinaria de acuerdo con las cargas de trabajo”. Respuesta: en ninguna parte del reportaje hablé de pago de “horas extras”. Escribí, eso sí, que los magistrados cobran por trabajar “en exceso”, como en efecto lo establece el inciso 8.3.4 del Manual 2009, en su página 16.
Quinta falacia: “El autor señala una supuesta investigación al magistrado Flavio Galván. Esta información es falsa, toda vez que en la contraloría interna no existe indagatoria alguna sobre el asunto referido. Además, no es facultad de los magistrados hacer contratos de bienes o servicios”. Respuesta: “el 30 de abril y el 7 de julio de 2007, el magistrado Salvador Nava Gomar denunció ante el entonces presidente del TEPJF, Flavio Galván, que Norma Inés Aguilar, su propia coordinadora de asesoras, y el esposo de ésta, Octavio López Guzmán, pretendían beneficiarse de la compra de un inmueble que albergaría la sala regional del tribunal en el Distrito Federal”, escribió el reportero Marco Lara Klahr, en el portal electrónico de la revista Transparencia y corrupción, el 22 de octubre de 2008.
“El escándalo público produjo el cese de Norma Inés Aguilar y posteriormente habría provocado la renuncia de Flavio Galván a la presidencia, que sobrevino en agosto (...). Lo sucedió la actual presidenta, María del Carmen Alanís”, amiga íntima de Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón. En la negociación que se dio en aquel momento, para no destituir y procesar penalmente a Galván, se dio carpetazo a todas sus marrullerías, entre éstas la factura por la adquisición de 500 mil litros de agua Electropura. Si la contraloría interna del tribunal no investigó a Galván por el fraude en grado de tentativa para la compra de un edificio, menos lo hará por gastos que, aunque escandalosos, no dejan de ser “menores”.
Sexta falacia: “Contrario a lo que se publica en la nota, el magistrado Luna Ramos estuvo en Francia sólo para hacer escala hacia su misión de trabajo (...) en Bélgica”. Respuesta: en el reportaje escribí: Luna Ramos “se fue a París, pero en su oficina dejó instrucciones de que si preguntaban por él dijéramos que estaba en Guadalajara”. El licenciado Mayén en ningún momento desmiente mi información, y el que no desmiente, miente.
Séptima falacia: “Es falso que el tribunal pague boletos de avión para hijos, cónyuges o acompañantes de los magistrados”. Respuesta: en el citado trabajo de Marco Lara Klahr para Transparencia y corrupción se documentan gastos por boletos de avión a Guadalajara, Veracruz y Monterrey, por 18 mil 721 pesos, en favor del ex magistrado José Orozco Enríquez y su esposa; por 34 mil 363 pesos en favor del ex magistrado Fernando Ojesto Martínez Porcayo y su esposa, rumbo a las mismas ciudades; por 50 mil 565 pesos en favor del ex magistrado Leonel González Castillo, su esposa y su hijo; y por 33 mil 752 pesos en favor de la ex magistrada Alfonsina Navarro Hidalgo y una acompañante. Estos datos, pertenecientes al pasado, fueron obtenidos por Lara Klahr tras insistentes peticiones. Sin duda, los gastos de viaje de los magistrados actuales y sus familiares se darán a conocer en un futuro lejano, cuando ya no los perjudiquen.
Como salta a la vista, el vocero del TEPJF no logró desvirtuar en absoluto el sentido profundo del reportaje. Éste demostró que los magistrados electorales obtienen ingresos inmorales y sin embargo no están blindados contra las tentaciones; la mayoría de las sentencias que emitieron en torno al proceso electoral de 2009, con excepción de dos, las aprobaron por unanimidad, esto es, por consigna de arriba.
La forma en que atropellaron la ley durante la elección interna del PRD, y los casos de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, el PVEM, los abusos de Televisa y Tv Azteca y ahora en el litigio por la gubernatura sonorense los descalifican como juristas, como servidores públicos y como “máximas” autoridades en materia electoral. El pueblo debe movilizarse para impedir que sean los árbitros de la elección presidencial de 2012, porque si no salen del TEPJF antes de esa fecha podemos vaticinar desde ahora que ese proceso terminará en fraude y tendrá consecuencias catastróficas para el país.
Pero entre tantas contrariedades, una muy buena noticia es la llegada de nuestra compañera periodista Rosa Icela Rodríguez, funcionaria pública amorosa y ejemplar, a la dirección del Instituto para la Atención a los Adultos Mayores, del Gobierno del Distrito Federal. Sus viejitos, muy pronto en verdad, van a saber lo que es canela fina...
jamastu@gmail.com
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