SME: PERRO LOZANO MANDA AGREDIR A INDEFENSOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS

SME: VIDEO DE LA AGRESIÓN DEL GOBIERNO ESPURIO A INDEFENSOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS

SME: CALDERÓN Y PERRO LOZANO AGREDEN A INDEFENSOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS

Más de 600 policías federales utilizaron gases lacrimógenos y toletes en la agresión

Violento desalojo de electricistas en Morelos deja 10 trabajadores heridos

Rubicela Morelos y Juan Carlos G. Partida
Corresponsales
Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 14
Cuernavaca, 27 de mayo.

Unos 600 policías federales desalojaron este jueves con gases lacrimógenos, toletazos y a golpes, a un centenar de integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que impedían a los uniformados sacar unidades vehiculares de la subestación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) de Teopanzolco, en Cuernavaca, Morelos. El incidente dejó como saldo al menos diez electricistas heridos.

El enfrentamiento inició alrededor de las 14:40 horas del jueves, cuando los policías federales intentaron sacar a la fuerza cinco camionetas de LFC por la parte trasera de la subestación ubicada en las avenidas Río Balsas y Chilpancingo. Los electricistas formaron una valla humana e impidieron la salida de los automotores, tras lo cual llegaron más policías federales antimotines.

Los agentes arremetieron a patadas, con sus escudos y toletes, contra los electricistas, quienes gritaron a los federales que sólo defendían lo que fue su fuente trabajo. Policías armados con lanzagranadas de gases lacrimógenos accionaron sus armas, que hicieron blanco en cabeza, cara, brazos, espalda y abdomen de los electricistas Jorge Chavarría García, Ángel Wick Bahena, Carlos Roberto Rogel, Carlos Fernando Millán Sánchez, Benito Roldán Cuevas, Roberto Mendoza Delgado, Francisco Javier Roldán Cuevas, Fernanda Tomasini Padilla, Paola Alcázar Romero y Alejandro Quiroz Vargas.

Los agentes intentaron sacar otro lote de automotores alrededor de las 18 horas, y al hacerlo, una camioneta atropelló al electricista Alberto Salazar Padilla, quien fue trasladado al Hospital General de Cuernavaca. Los inconformes rodearon a la unidad, le rompieron los cristales y lesionaron al chofer de la Comisión Federal de Electricidad Israel Vera Vallejo, a quien los electricistas entregaron a la policía municipal de Cuernavaca.


También llegaron policías federales a la subestación de la comunidad Ocotepec –también en Cuernavaca–, donde los uniformados desmantelaron de manera violenta el campamento que los electricistas instalaron desde el pasado mes de octubre, cuando LFC se extinguió por decreto presidencial. Los agentes igualmente destruyeron el campamento del SME dispuesto en Teopanzolco. Los federales resguardaron ambas subestaciones, y hasta el cierre de esta edición, los electricistas protestaban frente a los policías.

En Jalisco, activistas iniciaron una “huelga de hambre en relevos” en la Plaza de Armas de Guadalajara, para expresar su solidaridad con el ayuno de integrantes del SME en la ciudad de México.

En tanto, el SME en la ciudad de México demandó ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que integre una queja por “el violento desalojo” del campamento que tenían los trabajadores electricistas afuera de la subestación Teopanzolco de Luz y Fuerza del Centro y en el centro de distribución y comercialización de la empresa, en Cuernavaca, Morelos, desde hace siete meses.


“Según constató la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, los elementos policiacos fueron apoyados incluso por soldados del Ejército Federal de la 24 Zona Militar y de la policía estatal, que patearon y golpearon con sus armas largas a trabajadores del SME.

PRI: Ordena el IFAI abrir expediente de matanza de Presidente priista contra estudiantes

Ordena el IFAI a la PGR abrir expediente de Luis Echeverría y la matanza del 68

Daniel Lizárraga
proceso
MÉXICO, DF, 26 de mayo (apro).-

A siete años de su creación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) emitió una de sus resoluciones de mayor trascendencia, al ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la investigación por la que determinó que el expresidente Luis Echeverría era culpable de genocidio y privación ilegal de la libertad durante el movimiento estudiantil de 1968.

El exmandatario fue detenido por estos hechos, sin embargo, logró evadir las acusaciones en su contra mediante amparos y sentencias de jueces federales, quienes consideraron que la PGR no pudo acreditar el delito de genocidio, así como el de secuestro.

Con esta resolución quedarán abiertos los tomos de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, relativa a la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y, con ello, podrá valorarse por parte de especialistas en derecho en qué y cómo fue que el gobierno erró el camino cuando trató de poner tras las rejas a uno de los exmandatarios más controvertido del régimen priista.

En su primera respuesta a una solicitud de acceso a la información, la PGR calificó la investigación de “reservada”, fundamentando su negativa en las recientes reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, que impiden conocer las pesquisas aun cuando éstas ya estén concluidas.

Pero en esta ocasión la PGR no pudo sostenerse de esa enmienda.

La comisionada Sigrid Arzt Colunga revocó la reserva con el argumento de que las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad son públicas por definición una vez que estén cerradas.

En el expediente, Artz puntualizó que el Estado mexicano reconoció el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el 2005, instrumento aprobado como norma jurídica por el propio Senado de la República.

La comisionada destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado en tesis que en caso de que funcionarios públicos estén relacionados con la violación de derechos humanos, lo que impera es la publicidad de las investigaciones.

Cevallos " el secuestrado" una fichita bién hecha.

Diego y sus millonarios litigios con el poder del poder

Carlos Acosta Córdova
proceso

Diego Fernández de Cevallos, quien hizo grandes favores al priismo y acumuló un poder notable en el panismo, aprovechó su situación privilegiada para amasar una fortuna a base de litigios que, como abogado, ganó a sus correligionarios del gobierno. Los polémicos pero sustanciosos triunfos legales que ha obtenido, aun en contra del erario, le llenaron las arcas con cantidades multimillonarias...

 Aun cuando el secuestro con fines de obtener un jugoso rescate era, hasta el cierre de esta edición, sólo una sospecha en el caso de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos, nadie duda de que el polémico abogado y exlegislador panista es un apetecible bocado para la delincuencia organizada, toda vez que ha acumulado una cuantiosa riqueza a partir de sus resonantes triunfos como litigante a favor de grandes intereses económicos, aun en detrimento del erario.

Además de su cercanía con el poder político y los favores hechos a los gobiernos priistas –particularmente al de Carlos Salinas, por quien operó entre el panismo para que se aprobaran la reprivatización bancaria, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y las reformas constitucionales en materia eclesiástica, entre otras; mientras que a Ernesto Zedillo le ayudó para que el PAN avalara el rescate bancario–, es sabido que el llamado Jefe Diego usó y abusó del poder y las influencias que le daban su condición de diputado y senador para salir airoso en procesos judiciales en los que defendió a grandes consorcios y a familias acaudaladas.


Uno de los casos más sonados y escandalosos por su monto fue el de la empresa Jugos del Valle, que desde 1996 –en el gobierno de Zedillo– había solicitado una jugosa devolución de impuestos. Ninguno de los varios bufetes de abogados contratados por la empresa pudo hacer nada durante ese sexenio.

Pero apenas se le encomendó el caso al despacho de Diego –del que han sido prominentes miembros Fernando Gómez Mont, hoy secretario de Gobernación; Arturo Chávez Chávez, actual titular de la PGR, y Antonio Lozano Gracia, quien todavía es parte del despacho y fue procurador general de la República en el gobierno de Zedillo–, sólo pasaron dos meses del inicio de la administración de Vicente Fox para que el panista queretano se alzara con un sonado triunfo.

Ya desde 1999 la Suprema Corte de Justicia había resuelto que el artículo 2-A de la Ley del IVA era inconstitucional, toda vez que hacía distinciones y discriminaciones entre alimentos semejantes, es decir, otras bebidas no pagaban este impuesto. El hecho es que, a pocos meses de que el despacho de Diego Fernández de Cevallos tomó el asunto, Jugos del Valle recuperó cerca de mil 800 millones de pesos. Por devolución de IVA, supuestamente mal retenido por Hacienda, fueron mil 540 millones, más otros 260 millones por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Por ese litigio, Diego pudo llevarse entre 30% y 50% –según abogados consultados– de lo que la Secretaría de Hacienda reintegró a Jugos del Valle, en varias entregas pero a precios actualizados y con intereses sobre lo reclamado desde 1996.

Año y medio después, el hoy desaparecido político panista se anotó otro triunfo. Tomó el caso de los herederos de Gabriel Ramos Millán, quienes exigían a la Secretaría de la Reforma Agraria una indemnización por un predio de 33 hectáreas, en Santa Úrsula Coapa, que les fue expropiado en 1984.


Ya en 1997 los Ramos Millán se habían beneficiado de otra resolución judicial por un caso similar en una zona cercana. El entonces Departamento del Distrito Federal les pagó como indemnización de un predio expropiado de 25 hectáreas poco más de 11.1 millones de pesos.

Pero por el de Santa Úrsula, asumido por el despacho de Diego –en ese entonces presidente de la Mesa Directiva del Senado–, los Ramos Millán recibieron alrededor de cien veces más de dinero. El juicio ganado a la SRA implicó que los Ramos Millán obtuvieran, un año después, mil 214 millones de pesos –y Diego, su jugoso porcentaje de comisión–, cantidad que era muy superior, inclusive, al propio presupuesto de la SRA.

La defensa legal que Diego hizo de la familia Ramos Millán –con el exorbitante pago que éstos recibieron– implicó que se enfrentara a su propio partido, particularmente con los senadores panistas. Y el resto de los partidos representados en el Congreso también se le fueron encima.

En julio de 2002 –cuando ya Diego y los Ramos Millán habían ganado el juicio a la SRA, pero todavía no se les pagaba–, el entonces diputado Felipe Calderón dijo que “el Estado no tiene dinero, y si lo tuviera, primero debe destinarse a resolver los problemas de miseria que hay en el país”.


también: “No tenemos dinero para todas las obligaciones del Estado, y el poco que hay tendrá que ser jerarquizado de acuerdo no sólo con criterios jurídicos o políticos, sino éticos”.

El perredista Alejandro Sánchez Camacho, entonces diputado local, acusó: “Legisladores como Diego Fernández de Cevallos, Fauzi Hamdan, y exfuncionarios de Acción Nacional, como Antonio Lozano Gracia, sólo utilizan su posición y la información privilegiada que ésta les permite para ganar importantes litigios contra dependencias gubernamentales, que representan pérdidas millonarias al erario”.

Fue tal el encono que suscitó Diego con ese triunfo legal contra el propio gobierno –primero de extracción panista– que senadores de su partido, encabezados por Luisa María Calderón Hinojosa, hermana del hoy presidente de la República, presentaron en agosto de 2003 una iniciativa de reforma al artículo 62 constitucional para prohibir a diputados y senadores fungir simultáneamente como legisladores y abogados litigantes activos, y para, en general, “acotar la tentación de abusar de su posición de poder para sacar ganancias personales”, según se leía en la argumentación de dicha iniciativa.

La exposición de motivos de ésta señalaba que ni diputados ni senadores podrán desempeñarse “como abogados, apoderados, representantes o asesores de particulares en negocios o asuntos judiciales, por sí o por interpósita persona”.

Y si algún legislador –decía el texto– está interesado en litigar, podrá hacerlo, pero tendrá que pedir licencia al Congreso, ya que deberá dejar sus funciones legislativas mientras dure su nueva ocupación.


El asunto no pasó a mayores. El Jefe Diego se impuso. La iniciativa no logró el consenso y se envió a la congeladora. Los priistas fueron quienes más pugnaron por que no prosperara. El argumento: A nadie se le puede prohibir el derecho constitucional de desempeñar sus actividades profesionales.

Otros clientes

Otros grandes empresarios se han beneficiado de los exitosos servicios legales de Diego Fernández de Cevallos. Es el caso de las familias Autrey Maza y Ancira Elizondo, propietarios de Altos Hornos de México. Aun cuando ésta se encuentra en suspensión de pagos desde hace 10 años –no cubre a sus acreedores una deuda cercana a los 2 mil millones de dólares–, logró, gracias a los oficios del despacho de Diego, que una de sus subsidiarias –la fórmula que emplea para seguir operando a pesar de encontrarse en suspensión de pagos– pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad, bajo un contrato de 2 mil 400 millones de dólares.

Los bancos están igualmente dentro de la gran clientela del también excandidato presidencial panista –compitió con el priista Ernesto Zedillo y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas en la elección de 1994–. En 2001 Diego logró que el entonces banco Bital, que se había fusionado al Banco del Atlántico, no pagara a Celia Reyes, michoacana de 83 años, los más de 45 mil millones de dólares que reclamaba por un depósito que había hecho en 1988, en el Atlántico, de 59 millones de viejos pesos. Dinero que nunca tocó, que se fue renovando automáticamente en plazos de 30 días y tasas de interés que a veces superaban el 100%. Ni un quinto de lo reclamado recibió la demandante.

Más recientemente, en agosto del año pasado, el despacho de Diego Fernández de Cevallos –cuando aún se encontraba en él Arturo Chávez Chávez, ahora procurador general de la República– obtuvo un amparo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), lo que implicaría la paralización de labores del puerto de Altamira, Tamaulipas, o el desembolso de más de mil 500 millones de pesos del erario.

Resulta que dos grupos de ejidatarios de la localidad iniciaron en junio de 2007 la impugnación del decreto presidencial que expropió –a principios de los años ochenta– los terrenos donde se ubica la terminal marítima. Diego y su equipo consiguieron un amparo porque en el texto del decreto no se justificó la utilidad pública del puerto para la expropiación, y no porque los ejidatarios no hayan recibido el pago por sus tierras o no se les haya dotado de nuevos predios.

Diego y sus socios ganaron en esa instancia el juicio –el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil de Tamaulipas otorgó el amparo–, pero falta la sentencia definitiva.

En su momento, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas –militante del mismo partido que Diego– aseguró que el gobierno federal no está dispuesto a que se pague dos veces por los terrenos expropiados donde se construyó el puerto industrial de Altamira, el tercero en importancia del país.

Aseguró que la dependencia tomará todas las acciones de tipo jurídico para evitar que bajo el abuso de deficiencias técnicas en este y otros casos que hay en tribunales “se pretenda obtener ganancias incorrectas”.

“No estamos dispuestos a pagar mil 500 millones de pesos ni otra cantidad por un predio que ya se pagó a los ejidatarios”, dijo Molinar.

Y esos son, apenas, algunos de los numerosos y polémicos casos ganados por Diego Fernández de Cevallos, quien hoy, desaparecido, se halla en una encrucijada. l

Paulette en el copete de Peña Nieto

Paulette en el copete de Peña Nieto

Jenaro Villamil
Proceso
MÉXICO, DF, 25 de mayo (apro).-

 No hay manera de aminorar el escándalo generado por el caso Paulette y menos el impacto en la imagen del priista Enrique Peña Nieto, el gobernador que le apuesta todo a la mediocracia y a la mediocridad. Ni la renuncia de Alberto Bazbaz, tan esperada y anunciada, después de amortiguar el resultado con un fin de semana futbolero. Mucho menos con el contraataque de Peña Nieto al PRD y al PAN que han pedido la reapertura del caso.

¿Por qué el caso se le está enredando a Peña Nieto en el copete?

1. La percepción de la corrupción generalizada en la procuración de justicia del Estado de México encuentra en el caso Paulette el ejemplo con mayor impacto mediático. Víctimas de su propia estrategia, tanto los padres que saturaron los medios electrónicos con sus llamados a encontrar a su hija, como el procurador Bazbaz que ofreció el 31 de marzo una inédita rueda de prensa en vivo y en directo, adelantando de manera inusitada una investigación no concluyente, quedaron atrapados en sus contradicciones y en el giro de 180 grados –de homicidio a accidente involuntario-- que tuvo como precedente una presión política muy clara.

¿Por qué el secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, se convirtió en el principal gestor de los intereses de la familia Gebara para exculpar al padre? ¿Por qué “metieron mano” múltiples intereses políticos y empresariales para obligar a Bazbaz a hacer el ridículo más grande en la historia de los procuradores estatales?

La respuesta está en la mayoría de las redes sociales y en varias encuestas: por la red de corrupción y de intereses que dominan en una Procuraduría tan desprestigiada como la del Estado de México. Por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué el procurador Bazbaz concluyó que la muerte de Paulette fue un accidente y no un homicidio?, 50% de los participantes opinó que era para “proteger la red de intereses entre el gobierno y los papás”; 24% opinó que “para proteger a Enrique Peña Nieto”; 24% para “proteger a los padres”, y sólo 1% consideró que “porque dijo la verdad” (ver www.jenarovillamil.wordpress.com).

Otra encuesta, levantada por la empresa Ipsos Public Affaire, preguntó a mil ciudadanos entrevistados a domicilio cómo calificaban el trabajo de Enrique Peña Nieto en relación con el caso. El 43% lo consideró “malo” y 37% como “muy malo”. La reprobación suma 80%. Sólo 13% opinó que trabajó “muy bien”. En el caso del procurador Bazbaz, 36% lo calificó de “malo” y 52% de “muy malo”. Ambos rubros suman 88%.

En esa misma encuesta, levantada entre el 7 y 10 de mayo (antes de que se conociera el polémico resultado final de las investigaciones), 75% de los encuestados opinó que el gobierno mexiquense “no quiere resolverlo”, y 12% consideró que el gobierno de Peña Nieto “no puede resolverlo”.

Es muy claro en estos y otros sondeos que ha realizado el gobierno del Estado de México, que el caso Paulette constituye el expediente más delicado y negativo para la administración peñista.

2. En el caso Paulette están involucrados los personajes más polémicos y cuestionados de la red de intereses políticos que forman parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, el caso es un retrato de la fatuidad e ineficacia con la que se maneja la administración mexiquense, encabezada por el precandidato priista más adelantado y “popular”.

Bazbaz fue designado por Peña Nieto como su tercer procurador el 12 de marzo de 2008, en sustitución de Abel Villicaña Estrada. Bazbaz no tenía experiencia política previa. Sus grandes padrinos eran el exprocurador general Eduardo Medina Mora, quien lo incorporó en 2007 a la PGR, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El despacho de Bazbaz trabajó en el traslado de Raúl Salinas de Gortari de la prisión federal del Altiplano (antes Almoloya) al penal estatal, y estuvo también involucrado en el caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.

Su trabajo para la familia Salinas no fue suficiente para que Bazbaz demostrara eficacia. Por el contrario, su primer desafío fue el de los 24 ejecutados en la zona de La Marquesa, en septiembre de 2008. La Procuraduría mexiquense nunca aclaró en éste y en otros casos vinculados al crimen organizado las causas de la matanza.

En los dos años de Bazbaz al frente de la Procuraduría, los índices de delincuencia se dispararon: existen más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar; 90% de los 672 crímenes contra mujeres no han sido esclarecidos; 95% de los homicidios registrados en la entidad siguen sin esclarecerse. En las últimas semanas se han registrado tres casos de linchamiento o de intento de “justicia por propia mano” en igual número de municipios mexiquenses. Y se tienen sólo mil 300 policías judiciales para atender a una población que rebasa los 14 millones de habitantes.

Otros índices delictivos han crecido en la entidad. Tan sólo en 2009 los índices de secuestros crecieron 11%, y el robo a carros ha crecido en 35% entre 2008 y 2010, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Durante el 2009, sólo 1.9% de los autos robados (722 unidades) fueron recuperados por las autoridades.

3. Peña Nieto se quejó este martes por la utilización política del caso Paulette. Sin mencionarlos explícitamente, condenó al PAN y al PRD de pretender “llevar ganancia política hacia su terreno”, y luego lamentó la actitud de la oposición frente a la tragedia.

Es claro que tanto el PAN como el PRD y no pocos adversarios internos del PRI están pendientes de los resbalones del gobierno de Peña Nieto para registrarlos, magnificarlos o denunciarlos. Pero el principal responsable de este fenómeno es el propio gobernador priista. No existen figuras intermedias en su gobierno. Toda la publicidad y difusión del gobierno está orientada a la exaltación de la figura de Enrique Peña Nieto.

El uso y abuso de los medios y del infoentretenimiento para promocionarlo en todos los espacios mediáticos posibles le está jugando una mala pasada al Golden Boy.

El caso Paulette es un boomerang peligroso. Peña Nieto tuvo la oportunidad de revertir este efecto reabriendo el caso y desmantelando las increíbles conclusiones de su exprocurador. Sin embargo, ha preferido la vía de la victimización y el ataque a sus críticos.

¿Realmente Peña Nieto esperaba aplausos después de manosear la tragedia de una pequeña que resultó doble víctima de su familia y de la Procuraduría que negoció los resultados de su muerte?

Comentarios: www.jenarovillamil.wordpress.com

La familia Burrón de luto

Murió Gabriel Vargas, creador de La Familia Burrón

Durante 61 años su historieta retrató la vida de las colonias populares y criticó a la clase política

Mónica Mateos-Vega
Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. a44


Una triste noticia hizo correr ayer las de cocodrilo en la capirucha, y en especial en el callejón del Cuajo número chorrocientos chochenta y chocho: murió Gabriel Vargas Bernal, uno de los pintamonos más lumbreras, es decir, uno de los caricaturistas mexicanos más importantes del siglo XX.


El creador de la entrañable familia Burrón, un barrio y un lenguaje que retrataron la vida de las colonias populares y pobres de la ciudad de México durante 61 años, pero que, sobre todo, plasmaron una dura crítica a la clase política en el poder, falleció en su casa, acompañado de su familia, a los 95 años de edad. Sus restos serán cremados hoy a las 9 de la mañana en una agencia funeraria de las calles de Sullivan.

Nació en 1915 en Tulancingo, Hidalgo, una tierra, como él decía, “de valientes muy de a caballo, muy enamorados y muy matones”.

Debido a la muerte de su padre, a los cuatro años tuvo que abandonar el terruño para instalarse en la ciudad de México, donde su madre abrió, en la calle de Moneda, una tienda de abarrotes para dar sustento a sus 12 hijos.

Ahí forjó su gran curiosidad por los personajes que lo rodeaban y que le hicieron ganar, cuando estaba en sexto de primaria, un concurso convocado por el entonces Departamento del Distrito Federal sobre el tráfico vehicular.

Realizó a los nueve años un dibujo con más de 2 mil figuras que detallaba el bullicio de la urbe, con todo y sus tiendas, anuncios y puestos ambulantes.

Pero su mamá se opuso a esa vocación: “¡Tú no vas a ser pintamonos!”, le decía, a lo que Gabriel replicaba llorando: “Pero me gusta mucho”, recordó el dibujante en una entrevista con La Jornada en 1998.

La necesidad y el empeño fueron los factores que dieron a luz a La Familia Burrón en 1937. Los poco más de 50 personajes de la historieta y las situaciones que vivían se fueron enriqueciendo en los recorridos que el autor hizo durante años por vecindades de Tepito y Santa Julia.

El dibujante los llamó Los Burrón en alusión a esa clase trabajadora que se la pasa “como bestias todos los días; éstos son burrones, me dije”.

Los temas recurrentes de la historieta, que se publicó sin interrupción durante 61 años, vendiendo en su época de oro hasta 500 mil ejemplares semanales, siempre fueron tratados, por encima de todo, con humor, así fuera la desintegración familiar, las casas chicas, los padres borrachos, la corrupción política, la carestía, la represión o la lentitud burocrática, explica el investigador Miguel Angel Gallo en su libro Los cómics: un enfoque sociológico (Ediciones Quinto Sol).

Añade que “el lenguaje usado por el autor es riquísimo en expresiones, refranes, apodos, caló, y representa en mucho el habla popular de amplios sectores urbanos. Así, la policía recibe epítetos como tecolotes, acólitos del diablo; el pulque será tlachicotón; la pistola, matona; la bebida, infle; la cara, feis; la cabeza, la de hueso

Quiéreme.. ¡ por favor ! .

Quiéreme, por favor

Denise Dresser
Proceso
MÉXICO, D.F., 24 de mayo.-

 “Love me, please”, cantaba Yvonne Elliman en una canción que se hizo famosa durante la década de los ochenta. “Quiéreme, por favor”, es lo que Felipe Calderón hubiera querido decirle a Barack Obama durante su visita a Washington. El presidente mexicano probablemente se ha dado cuenta de que no puede librar y ganar la guerra contra el narcotráfico solo. Que necesita más apoyo, más ayuda, más dinero, más helicópteros, más cooperación en cuestiones de inteligencia. Y hasta el momento, a pesar de la retórica de la “corresponsabilidad”, el gobierno estadunidense no ha querido reconocer la seriedad de lo que ocurre dentro de la casa del vecino. Estados Unidos ha visto con buenos ojos que Calderón despliegue al Ejército, extradite capos, confisque cocaína y use todo su capital político para dar la batalla contra el narco e intentar ganarla. Pero, hoy por hoy, está muy lejos aún de cumplir con ese cometido. La violencia aumenta, la brutalidad crece, la ineficacia del Estado mexicano se vuelve cada vez más visible, y esto es algo que ambos gobiernos necesitan reconocer.

Hasta el momento, tanto Calderón como Obama han querido mantener la narrativa prevaleciente. La línea oficial –tanto en la Casa Blanca como en Los Pinos– es que la espiral de violencia es una consecuencia necesaria de la confrontación. Es un síntoma de la desesperación de los cárteles y no una muestra de su fortalecimiento. Es una señal de la descomposición de los adversarios del Estado y no evidencia de su envalentonamiento. Es cierto, como argumenta el presidente, que el 90% de las muertes violentas se debe a la confrontación entre criminales. Es cierto que Washington D.C. tiene un índice de homicidios per cápita mayor al de México. Pero las comparaciones son engañosas por la diferencia cualitativa en el tipo de violencia y en la capacidad del gobierno para responder ante ella. Y además la relativización es un pobre consuelo para los civiles que la padecen, la viven, se vuelven sus víctimas.

En México la violencia se ha vuelto más brutal y más corrosiva para la institucionalidad que en otros sitios con números de homicidios comparables. Allí están los decapitados, los entambados, los quemados, los mutilados, los torturados. La violencia va más allá de las balas; entraña un despliegue frontal de brutalidad y un desafío al Estado mismo. La violencia va más allá del número de muertos; entraña también la forma barbárica en la cual perdieron la vida. Y por ello ha despertado entre todos los mexicanos, tanto ricos como pobres, tanto urbanos como rurales, “un brinco psicológico a una situación de miedo generalizado y una percepción de vulnerabilidad aguda”, como lo argumenta Francisco González en el artículo Mexico’s Drug Wars Get Brutal, publicado en la revista Current History. Felipe Calderón arguye que va ganando todas las batallas, excepto la de la percepción ciudadana. Pero en política la percepción es realidad, y para la mayoría de los mexicanos en este momento la guerra está perdida.

Perdida porque la captura de los líderes de diversos cárteles ha sido equivalente a patear el avispero sin contar con el insecticida suficiente para exterminar a los insectos esparcidos. Perdida porque a pesar del arresto de capos prominentes y la consignación de un número creciente de armas, drogas y dinero, el mercado de la droga y quienes viven y se enriquecen de él sigue allí. Perdida porque la raíz del problema es la penetración de las agencias del Estado por parte de aquellos a quienes persigue. Perdida porque quienes se rehúsan a ser cooptados o silenciados terminan asesinados, como acaba de ocurrir con el candidato panista a una alcaldía en Tamaulipas. El mercado del narcotráfico es demasiado poderoso, demasiado lucrativo, demasiado atractivo en un país donde las condiciones sociales son precarias y las oportunidades para avanzar son casi inexistentes.


A pesar de los esfuerzos de Felipe Calderón, los cárteles han logrado intimidar y crecer y extorsionar y sobrevivir. Las ganancias excepcionales del negocio que controlan les provee el dinero suficiente para comprar conciencias en el sistema, ya sea la de un gobernador o un presidente municipal o un policía o un general. El presidente intenta desesperadamente recuperar la autonomía del Estado cuando éste ya ha sido infiltrado. Cuando ya el narco ha penetrado al gobierno a nivel federal, estatal y local. Cuando quienes se oponen a la colaboración acaban asesinados o silenciados. Cuando los niveles más altos de la autoridad están en la nómina del crimen organizado. El presidente declara que va ganando, al mismo tiempo que la prensa publica que Joaquín El Chapo Guzmán logra obtener reportes de inteligencia del gobierno mexicano y también acceso a documentos de la DEA. Hasta ahora, dada la intersección de violencia y corrupción en México, los cárteles llevan la delantera.

Ante este panorama, Calderón ha rechazado la posibilidad de la legalización de las drogas y también se ha opuesto a resucitar la estrategia de “vive y deja vivir”, preferida por el priismo que optó por pactar antes que confrontar a los capos. Parecería entonces que al presidente sólo le queda la opción del escalamiento. La opción de un surge; un incremento masivo de la presencia militar al estilo del que instrumentó Estados Unidos para contener la violencia en Irak. Pero para realizarlo necesitaría convencer al gobierno de Barack Obama sobre la necesidad de un “Plan México”, basado en las mismas premisas que el “Plan Colombia”. Una estrategia que buscara apoyo estadunidense para simultáneamente golpear al narcotráfico y fortalecer al Estado; descabezar a los cárteles y restablecer un sentido mínimo de seguridad en las ciudades. Quizás porque eso es lo que tiene en mente, Calderón ya empieza a comparar a México con Colombia. Sólo así – elevando el tamaño de la amenaza– podría lograr que Obama empezara a asumir la “corresponsabilidad” en serio. Sólo así podría obtener un compromiso como aquel al que aspiraba Yvonne Elliman cuando cantaba “quiéreme por favor, sólo un poco más; juntos podemos lograrlo”.

Diego Fernandez ¿ un acto de venganza ?

Diego desaparecido, un acto de venganza

Miguel Angel Granados Chapa
Proceso
México D.F. 23 de Mayo

Hasta ya avanzado el jueves 20, hora de escribir esta columna, el público carecía de información sobre el paradero y la suerte de Diego Fernández de Cevallos, desaparecido entre la noche del viernes 14 y la madrugada del sábado 15. Conforme han transcurrido los días, algunas de las conjeturas iniciales han ido perdiendo sustento y surgen otras, como la que ahora planteo aquí. Antes de hacerlo no puedo sustraerme a la tentación de recordar el secuestro padecido en diciembre de 1997 por Fernando Gutiérrez Barrios, que oficialmente jamás existió. No se denunció ante el Ministerio Público y su víctima jamás se refirió al acontecimiento.

Ese año había sido terrible para el presidente Zedillo y para el sistema político mexicano, y cuando ocurrió la desaparición del antiguo zar de la seguridad nacional aún faltaba la terrible matanza de Acteal, que ocurriría una semana después de la terminación del secuestro del exsecretario de Gobernación, el 22 de diciembre.

En las elecciones de julio el PRI había perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, hecho funesto para ese partido, que anunciaba su descomposición. El Partido de la Revolución Democrática, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, había conseguido formar la segunda bancada más numerosa en San Lázaro, después de la disminuida fracción priista y, como cereza en el pastel, había hecho triunfar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, convertido de esa guisa en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular.

Aunque por el rescate de Gutiérrez Barrios se pagaron seis millones y medio de dólares (un descuento de tres y medio respecto de los diez inicialmente pedidos por los secuestradores) no quedó claro que necesariamente fuera un secuestro mercenario. Quizá persiguió varios fines: unos concernientes a las antiguas tareas de la víctima, por años al frente de la policía política y de las acciones de seguridad nacional; otros relacionados con sus nexos con la política veracruzana y la escisión del PRI que allí se incubaba (Dante Delgado fue puesto en prisión al año siguiente por Patricio Chirinos y Miguel Ángel Yunes) o quizá se trataba de un ajuste de cuentas por los muchos daños que el exgobernador de Veracruz infligió a tanta gente. Y de paso obtener una fortuna.


Algo semejante parece estar ocurriendo con Diego. Su familia conjetura, quizá porque posee indicios que no ha hecho públicos, que se trata de un secuestro que se resuelve con dinero. Por eso llamó a los captores a comunicarse, para negociar. El EPR avisó que no es el autor de la desaparición y con eso desmontó casi por entero (porque otros grupos pudieron hacerlo) la conjetura de que una organización guerrillera estuviera presente en el caso. Y ante la CNN el presidente Calderón, que tuvo que cargar en España y en Washington el baldón de que su gobierno no puede garantizar la seguridad ni siquiera de los encumbrados más cercanos, excluyó al narcotráfico, porque sus jefes mandan mensajes por otras vías, expresión equívoca que sugirió que hay un puente de comunicación con la delincuencia organizada.

Por mi parte, al excluir que se trate de un secuestro mercenario (entre otras cosas porque era más sencillo plagiar a un miembro de la familia de Fernández de Cevallos a fin de que él pudiera encargarse del pago y no tener que dar instrucciones para hacerlo desde su cautiverio), calculé posible que lo hubiera emprendido algún grupo relacionado con la seguridad pública o la seguridad nacional, en la lógica con que operan muchas policías a lo largo de la historia (crear un problema para resolverlo y así mostrar su necesidad, su eficacia y su lealtad). La hipótesis se validaría si la localización y el rescate del eminente panista ocurriera mientras el presidente Calderón estaba en Estados Unidos, para que pudiera gloriarse del resultado (con cuya génesis no lo ligó mi formulación). Y, por supuesto, se diluyó conforme los días pasaron sin que apareciera Diego.

Necesitado de una nueva explicación, traje a mano mi reciente lectura del libro de José Reveles sobre los Beltrán Leyva, El cártel incómodo. El subtítulo de la obra es El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán. Una de las bases de sustentación del libro es dar por supuesto un acuerdo entre el gobierno federal y el cártel del Pacífico, suposición que no carece de fundamento y de exponentes. Un panista notable, el todavía diputado Manuel Clouthier Carrillo, denunció ese eventual arreglo desde el conocimiento que le proporciona su vivencia cotidiana como director del principal periódico sinaloense. Y fue también una de las líneas de argumentación del reportaje que en dos partes presentó durante la estancia de Calderón en Washington la cadena de radio pública estadunidense.

Como parte de ese presunto acuerdo, el gobierno desarticularía a la banda de los Beltrán Leyva, antaño asociados a Guzmán Loera y convertidos en sus crueles enemigos. Independientemente de una motivación así, lo cierto es que esa parte de la mafia de la delincuencia organizada sí ha resultado especialmente golpeada, y que uno de los lances finales, el de diciembre del año pasado, que concluyó con su muerte, fue una especie de ejecución de Arturo Beltrán Leyva, el jefe del clan, y la exhibición vejatoria de su cadáver, tapizado de dólares.

Los restos de la banda, a cuya cabeza habría quedado Héctor, habrían emprendido actos de violencia ya no utilitarios sino surgidos de un acusado ánimo de venganza. Habrían comenzado con el asesinato de los familiares de un oficial de la Marina muerto en la acción de Cuernavaca. Se trataría de mostrar así que aunque fuera por esa vía, indirecta e innecesaria, la Armada de México pagaría la muerte de El Barbas, como se apodaba a Arturo Beltrán Leyva.

Me pregunto entonces si en la desesperación de su acorralamiento, como coletazo de ballena herida, Héctor Beltrán Leyva resolvió alzar la mira y apuntar cerca del cogollo del Estado. Aunque no pertenece directamente al gobierno panista, Fernández de Cevallos ejerce influencia de tal magnitud sobre él que el secretario de Gobernación y el procurador general de la República han sido parte de su entorno político, profesional y personal. De alguna manera lo representan. Y al inferirle un daño, del alcance y naturaleza que resulte, se estaría el clan agónico cobrando las acciones que lo han puesto en esa situación.

Astillero...de Julio

Astillero

Diego, clave oscurecida
Omisiones y vehemencia
Panismo sometido a FC
Peña Nieto, marcado

Julio Hernández López
La jornada

Por encima de todo, de resoluciones infames sobre el caso Paulette, asambleas nacionales panistas, finales futboleras y otros mecanismos de distracción, la clave de desenlaces trascendentes sigue siendo el caso Diego.

La decisión de la familia Fernández de Cevallos, de pedir a las autoridades federales que se hagan a un lado para dar paso a las negociaciones con los secuestradores, es una posterior confirmación indirecta de la autenticidad de la fotografía y el texto que el pasado jueves por la noche llegó a algunos correos electrónicos de periodistas que se abstuvieron de instalar sin convalidación esos datos en las redes sociales hasta que el noticiero nocturno de Milenio Tv decidió colocar la imagen en sus pantallas, en un acto de imprecisión profesional que con frecuencia en esa empresa se adjudica a los flujos internéticos, más con enojo competitivo que con razones firmes.

La petición familiar de retiro de las aparatosas medidas de supuesta ayuda y protección que los gobiernos federal y queretano han puesto en torno a los escenarios del drama de DFC indica de entrada que, al menos para consumo público, no coinciden los intereses de la parentela afectada y de las autoridades supuestamente solidarias. Un diálogo mínimo, fluido y confiado entre esas dos partes habría hecho innecesaria la elaboración de una petición por escrito que fue dada a conocer a los medios de comunicación, pero que ni siquiera fue aceptada más que de palabra, al anunciar la PGR que se retiraría de las indagaciones que previamente había atraído a su jurisdicción, pero manteniendo en las afueras del rancho queretano de la desgracia una evidente vigilancia policiaca que a cualquier delincuente que lea diarios o se asome a Internet le haría ver que se sostiene el esquema de vigilancia e intervención que los familiares de Diego pidieron fueran retirados. Si un pretexto quisieran quienes desaparecieron a DFC para actuar mortalmente contra él, bien pudieran utilizar ese incumplimiento expreso de dejar el campo libre.

La vehemencia oratoria de Calderón en la recién pasada asamblea nacional panista también agrega elementos para la suspicacia, sobre todo conforme van difundiéndose más referencias de la ríspida relación política que con largueza han mantenido el ahora ocupante de Los Pinos y el fanfarrón abogado enriquecido mediante tráfico de influencias, colocación de piezas propias en los tableros de la PGR y la Suprema Corte que luego resolverían positivamente los asuntos de enorme cuantía que les presentaba el jefe promotor de sus puestos, y el uso mercantil de las relaciones políticas entabladas con el salinismo, con el PAN como moneda de cambio. Calderón llegó a decir que con DFC habrá todavía muchas batallas por librar, lo que pareciera ser un guiño a las suposiciones de quienes creen que el secuestro es un montaje hecho para promover la candidatura presidencial de 2012. Si el queretano aparece con vida y deci- de aceptar una postulación así, las palabras de FCH tomarán la dimensión de un sombrío destape que llevó a los panistas reunidos en su asamblea nacional a corear el nombre del brioso personaje ahora esfumado. Si la suerte fuera adversa, y el final fuera luctuoso, parecería entonces que las arengas calderonistas hubieran tenido como propósito dejar a salvo la figura del orador y disipar percepciones poderosamente estremecedoras.


A pesar de esos aires tubios, y tal como sucedía en los peores tiempos del PRI-gobierno, la asamblea nacional panista recién celebrada prefirió someterse a los discursos fantasiosos y las estrategias fallidas del hombre que ocupa el poder federal que enfrentar las causas reales de la evidente postración de su partido. Muchos de ellos controlados por la fuerza avasalladora de la nómina, temerosos otros de los riesgos que corren quienes se enfrentan al colérico mandamás, los asambleístas del panismo escucharon a Felipe Calderón llamarles a despertar, a hacer a un lado divisiones y a unirse en torno a hipotéticas buenas intenciones. El PAN-gobierno quedó asi bajo control estructural pleno de la corriente de Los Pinos, que aspira a colocar en 2012 una plantilla de candidatos que le permita aspirar a sobrevivir.

A la negativa valoración política y social de hechos macabros contribuyó el procurador de gobierno del Estado de México, Enrique Peña Nieto, cuyo vocero en asuntos criminales, Alberto Bazbaz, tuvo a bien escenificar uno de los más lamentables episodios de la larga historia judicial mexicana de vergüenzas, al anunciar que la muerte de la niña Paulette Gevara fue accidental. La irritación generalizada que provocó ese dictamen insostenible amenaza con alcanzar el futuro electoral del responsable real de todo el guisado, el mencionado Peña Nieto, que acabó respaldando la conducta de su dependiente, Bazbaz, y así asoció su propia figura al desenlace tan lleno de impugnaciones populares. Aun con toda la fuerza propagandística de las televisoras nacionales a su facturado favor, de los escarceos románticos y presuntamente matrimoniales que estén en su agenda gaviotera, e incluso de cam-peonatos balompédicos alcanzados mediante increíbles fallas finales de algunos jugadores adversarios, Peña Nieto queda marcado por el caso Paulette. Si la memoria nacional no es antes abatida, el 2012 de Peña Nieto podría estar científicamente en riesgo a partir de mayo de 2010, entre el hueco de una justicia efectiva y el colchón de intereses y complicidades protegidas.

Astillas


La jefatura de la Iglesia católica romana en México se anuncia en disposición de infringir disposiciones legales correspondientes al levantamiento del censo de cada década, pues en los cuestionarios por escrito hay una incorrección (al agregarle a la denominación el término “reformada”) que podría llevar a equívocos de los encuestados y a la dismi- nución porcentual del número de miembros de ese rito que indudablemente son cada vez menos, pero ahora Norberto Rivera y cía. pretenden disimular argumentando pifias metodológicas... ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

ARISTEGUI , LA MEJOR PERIODISTA DE MÉXICO ...CONFERENCIA 1

SME: DOÑA ROSARIO VISITA LA HUELGA DE HAMBRE EN EL ZÓCALO

MÉXICO EN DESGRACIA PERMANENTE

Desfiladero

México 2010: cada día, Calderón manda menos
Jaime Avilés
La jornada

 Por motivos de trabajo, escribe un lector, amigo de esta columna desde hace años, “voy con frecuencia de Sinaloa a Jalisco. Siempre en mi cochecito. El miércoles de Semana Santa bloquearon la carretera internacional en el punto de revisión La Concha, entre Sinaloa y Nayarit. Por cinco horas unos 40 hombres fuertemente armados y encapuchados, vestidos de militares, asaltaron a todos los que sumisamente hacíamos fila, esperando turno para ser robados. El viernes santo, esos mismos delincuentes volvieron a hacer de las suyas, rafagueando al personal de revisión y dejando varios heridos.

“El miércoles 18 [de mayo], a las 12 del día, volvió a suceder en la carretera 200, en la única recta que hay en lo alto de la sierra llamada Mesillas, antes de llegar a Las Varas, Nayarit. Estuvieron dos horas asaltando a los viajeros, les quitaron valores y siete vehículos, entre camionetas y coches, dándose el lujo de escoger los más caros, pavoneándose con sus metralletas entre la gente, amedrentando.

“¿Cómo puede un comando fuertemente armado, viajando en varias camionetas, moverse libremente por las carreteras? La Policía Federal se esconde en las bajadas para tomarnos por sorpresa a los ciudadanos comunes, pero a ellos qué, ¿no ve pasar nunca a estos comandos? ¿Son paramilitares, de los que tanto se habla? ¿Los han soltado como perros rabiosos para aterrorizarnos y además les dieron carta libre para que se financien? Quienes sobrevivimos de nuestro trabajo honesto, viajando constantemente, ¿tendremos que seguir soportando estas experiencias pavorosas?”


Promesas y sangre

Al ser interpelado, el lunes en Madrid, por activistas mexicanos y europeos que le exigieron castigo para gatilleros que atacaron una caravana solidaria y mataron a una mexicana y un finlandés, el 27 de abril, cuando se dirigían al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, Calderón prometió “investigar”. Menos de 48 horas después, una organización paramilitar acribilló a Timoteo Alejandro Ramírez, líder del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y a su esposa, muy cerca de donde había ocurrido la primera matanza.

Una segunda caravana internacional de solidaridad con los habitantes de San Juan Copala, que desde enero permanecen hambrientos y aislados por los fusiles de la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), planea llevar comida y medicinas al municipio autónomo el próximo 6 de junio. Rufino Juárez Hernández, jefe de los paramilitares, envió ayer emisarios a la Secretaría de Gobernación para pedir que el Ejército se haga cargo de la vigilancia en la zona.

Más allá de la violencia estructural del hambre, provocada por el saqueo devastador de los neoliberales que se adueñaron de México, hoy se distinguen, y se desarrollan en forma complementaria, otras dos violencias: la de la guerra civil, que protagonizan los cárteles y las fuerzas armadas, y la violencia política, que corre a cargo exclusivamente de eso que todavía algunos denominan, a saber por qué, las “autoridades”.

La violencia política en contra de las comunidades indígenas no ha dejado de estar presente en Chiapas, impulsada por el gobierno racista de Sabines, y en Oaxaca, donde la dirige Ulises Ruiz, el asesino serial que patrocina tanto a la Ubisort como a otras bandas paramilitares, con las que controla a sangre y fuego distintas regiones de la entidad, y en el estado de México, donde Enrique VIII mantiene presos a los líderes de Atenco.

Hay violencia política, asimismo, en Guerrero, contra la Policía Comunitaria y los indígenas y campesinos que la respaldan en la Montaña y la Costa Chica. Y la hay también en el centro de la república, en contra de los trabajadores del SME, y en Chihuahua, en contra de los barreteros de Cananea, que ejercen su derecho constitucional a la huelga, y en San Luis Potosí, donde las guardias blancas de la canadiense Minera San Xavier mantienen bajo constante amenaza a los defensores del emblemático cerro de San Pedro, y de la flora y la fauna del desierto que lo rodea, y de las joyas arquitectónicas de la capital del estado.


Nuevas manifestaciones de violencia política están apareciendo en Monterrey, donde los ecologistas que se oponen a la construcción de un estadio de futbol en la reserva forestal de La Pastora han recibido amenazas de muerte. El terreno fue “obsequiado” por el gobernador Rodrigo García a la embotelladora y distribuidora de cerveza y refrescos Femsa, porque a ésta, en realidad, lo que le interesa no son los espectáculos deportivos, sino los grandes mantos de agua dulce que hay allí en el subsuelo.

Arrinconado por la onda expansiva de la guerra civil que desató unilateralmente y de la manera más irresponsable, Calderón, o mejor dicho, su esperpéntica y sanguinaria caricatura de “gobierno”, pierde día tras día el control territorial de nuevas regiones del país. Cada día “manda”, por decirlo de alguna manera, en menos ciudades, a menos gente y con menos fuerza pública: ésta disminuye a medida que se pasa al bando de los contrarios. Por eso fue Calderón a Madrid y a Washington, a que le aplaudieran, a repartir condecoraciones y a pronunciar discursos insulsos.

El domingo, en Cantabria, el “socialista” Rodríguez Zapatero le expresó el más “decidido apoyo” a sus “políticas de privatización” en beneficio “de las empresas españolas que son líderes en el mundo”. La nota la publicó La Jornada en su edición on line, pero no fue registrada por ningún periódico del reino de Juan Carlos I.

En Madrid, militantes de izquierda opositores tanto al gobierno del PSOE como a la ultraderecha franquista, le explicaron a esta columna que entre Zapatero y Aznar y Rajoy y Calderón y Salinas “no hay diferencias: todos son neoliberales”. Poderosos consorcios como Iberdrola, Repsol, BBVA, Santander, Meliá, etcétera, que en México se despachan con la cuchara grande, añadieron, “en España hacen lo mismo y sólo benefician a sus accionistas, mientras miles de trabajadores están en el desempleo, desde que liquidaron los astilleros y los altos hornos de Asturias, para inflar la burbuja de la especulación”, que ya reventó y traerá consigo una crisis económica y social mayúscula. Pobre pueblo de España, pobre pueblo de México, pobres pueblos los del mundo todo.

Mientras tanto, desde la Secretaría de Seguridad Pública federal, que mal administra Genaro García Luna –pues según la Cámara de Diputados el año pasado dejó de ejercer 60 por ciento de su presupuesto “en ciertas áreas”–, un grupo de empleados denuncia, en carta al buzón de esta columna, que Verónica Peñuñuri, jefa de comunicación social, tiene un método infalible para obligar a sus subalternos a hacer exactamente lo que ella quiere. “Si alguien la desobedece, nos amenaza con mandarnos a trabajar a Ciudad Juárez.

Varios compañeros renunciaron para no tener que irse para allá”, confiesan.
En el México de las tres violencias, el caso Fernández de Cevallos huele a tragedia, no a farsa. Su desenlace, el que sea, no traerá nada bueno.

jamastu@gmail.com

ABC: CARTA A UN SORDO

 Caso ABC: Carta a Calderón

José Gil Olmos
PROCESO
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).-

El 5 de junio de 2009, por negligencia e indolencia del gobierno de Eduardo Bours, se incendió la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, ocasionando la muerte a 49 niños y heridas a otros 75.


A un año del siniestro, 39 padres de los niños muertos y de algunos que resultaron lesionados siguen protestando porque, aseguran, no ha habido justicia y los culpables de la tragedia están libres.


Muchas versiones, incluida la opinión del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, acusan al exgobernador Bours de ser responsable por negligencia. Pero también se señala la responsabilidad de los dueños de la guardería, entre ellos una pariente de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón.


A pesar de que las investigaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyeron en la responsabilidad de autoridades federales, estatales y municipales, la aplicación de la justicia aún esta pendiente para los culpables de esta tragedia, quienes se han amparado en la impunidad que da el tráfico de influencias.


Más allá de lo que se pueda decir o escribir, es mejor leer la carta de un padre de familia que perdió a su pequeño en ese incendio que nunca debió haber ocurrido. Esta es la misiva –se reproduce textual-- que este padre de familia le envió al presidente de la República, Felipe Calderón, el pasado 30 de abril y cuya respuesta aún espera.


Sr. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de México


Ante la imposibilidad de tener un acercamiento personal con usted me dirijo por el presente medio para manifestarle lo siguiente:


Mi nombre es JULIO CESAR MARQUEZ ORTIZ, mexicano de nacimiento, con domicilio en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Probablemente mi nombre no le diga nada a usted, quizás porque no soy un cantante extranjero o futbolista exitoso, mucho menos propietario de algún aeropuerto en Puerto Peñasco, Sonora.


En la remota posibilidad de si haya leído o escuchado mi nombre en algún medio, no ha sido por los motivos anteriores. No, desgraciadamente ha sido porque llevo casi 11 meses, concretamente a partir del 5 de Junio de 2009 exigiendo públicamente JUSTICIA.


Mi hijo JULIO CESAR MARQUEZ BAEZ, de 2 años 9 meses, falleció víctima del CRIMEN en su contra y de 48 niños y niñas más, el día 5 de Junio de 2009 en la Guardería ABC de esta ciudad. ¿Le suena algo? Estoy seguro que si. No le debe ser ajeno lo que escribo, ya que una de los principales responsables es la Sra. Marcia Matilde Altagracia Gómez del campo Tonella, quien es familiar de su esposa, la Sra. Margarita Zavala.


Han sido 11 meses ya de no llorar por mi hijo y los demás padres por los suyos. No lo hemos hecho porque nos han quitado ese derecho, obligándonos a salir a las calles a clamar por Justicia. ¿Se puede usted imaginar siquiera todo este tiempo sin mi amado hijo, tratando a la vez de consolar a mi esposa y a mis otros 2 hijos por la ausencia eterna?


¿Le comento algo? Mi esposa duerme todas las noches abrazando una colchita que aún mantiene el aroma de mi hijo al cual cobijó hasta el último día de su vida y mi hijita de 5 años le pide a su hermanito que venga a ella en sus sueños. No tiene usted idea de lo que le hablo.


Han sido ya 11 meses de luchar contracorriente buscando justicia, de luchar contra las instituciones que se supone son las encargadas de garantizar los derechos de igualdad en la impartición de justicia. 11 meses de buscar un encuentro con usted, de revertir su indiferencia.


Este último año ha sido indudablemente el más difícil de mi vida. Creí haberlo vivido todo y no me dolía nada como la muerte absurda de mi hijo Yeyé. Eso creía, pero hoy 30 de Abril, fecha especial para la infancia del País, he sentido morir una vez más algo dentro de mí: la fe.


Este día se reunió usted de forma muy sigilosa con un grupo muy reducido de madres de familia afectadas por el incendio de la Guardería ABC. Lo hizo así, pensando que con la foto y el comunicado de prensa que se originara de ese encuentro, quedaría en la opinión pública la seguridad de que está interesado en lo que ocurre en torno a nuestro caso. Indigna darse cuenta el concepto tan grande de idiotez que tiene usted de los Mexicanos. Está usted muy equivocado.


Hoy he visto con dolor, con tristeza y con rabia, cómo se encargó usted, con la burla que ha hecho objeto a nuestro sufrimiento, de simular que le interesa la niñez de México. La poca fe que podía sentir hacia su investidura, ha muerto. Estoy seguro de que en mí se ejemplifica el sentir de millones de Mexicanos que han vivido una y otra vez en carne propia los errores de su gobierno. Mi sentir se magnifica al recordar que yo fuí uno de los millones de personas que lo pusieron donde está, al tomar la decisión de votar por usted, cayendo en la propaganda de que el peligro para México estaba en otro lado, sin imaginar que esa publicidad se haría realidad en usted. Hoy siento la culpa moral de que si yo voté por usted, y usted y su gobierno son unos de los responsables de la muerte de nuestros niños, entonces yo soy quien también ocasionó la muerte de mi hijo.


Casi siempre hay oportunidad de enmendar los errores, por eso le digo a usted Sr. Felipe Calderón Hinojosa, que ante la pérdida de fe y de respeto hacia su persona por sus acciones tan lamentables, a partir de hoy, USTED YA NO ES MI PRESIDENTE y por ello jamás lo volveré a nombrar así. Quizás no le importe lo que pueda sentir uno solo de los Mexicanos que dice usted gobernar, pero la decepción que ocasiona usted a un Padre de familia agraviado por su Gobierno debería hacerlo reflexionar para tratar de terminar su mandato de forma digna. Dese cuenta que hay millones de personas en este país que se sienten agraviados, aunque usted y su publicidad oficial digan otra cosa.


Yo no sé si esta carta me pueda ocasionar alguna consecuencia en contra, pero estoy dispuesto a afrontarla. Si el sistema que usted dirige terminó con la vida de mi hijo y con mi fe hacia ese sistema, ¿qué más puede pasar?


Por último, le digo que aunque en lo personal a mi no me interesa ya verlo, exijo como Padre de familia que se presente usted aquí en Hermosillo a la mayor brevedad posible y enfrente a todas las familias agraviadas que solicitan verlo para expresarle su sentir. Sólo así, iniciará usted el camino hacia la reivindicación Presidencial.


ATENTAMENTE
JULIO CESAR MARQUEZ ORTIZ
PADRE DE FAMILIA DE JULIO CESAR MARQUEZ BAEZ,
FALLECIDO COMO CONSECUENCIA DEL INCENDIO EN LA GUARDERIA ABC

SME ; LA HUELGA DE HAMBRE EN MANOS DE LA SUPREMA " CORTA" DE JUSTICIA

Pide AMLO a la Corte fallar a favor del SME

Rosalía Vergara
PROCESO
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).-

El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el recurso de controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En la plancha del Zócalo capitalino, durante un acto de apoyo a los trabajadores del SME que se pusieron en huelga de hambre, López Obrador pidió a los ministros del máximo tribunal “restablecer el Estado de Derecho, reivindicar a la justicia, desmentirnos a quienes sostenemos que todos los poderes de México están confiscados y que el poder de los poderes es la mafia que domina en el país”.

El exjefe de Gobierno del Distrito Federal consideró urgente resolver desde la SCJN el problema de los electricistas. “Los magistrados pueden tomar una decisión que los dignifique y haga sentir a los mexicanos que hay un faro de legalidad en el país”, dijo.

“Tienen que resolver pronto, este es un asunto urgente, entre otras cosas por la situación de quienes están en huelga de hambre, mujeres y hombres que ya no tienen por qué seguir sufriendo”, puntualizó el llamado “presidente legítimo”.

Y añadió que el movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza es solidario con la lucha de los trabajadores del SME, quienes recurrieron a la huelga de hambre para protestar por la extinción de LFC.

“Desde que supimos de este golpe a la empresa pública y al sindicato –el 23 de octubre de 2009— nos manifestamos, nos expresamos en contra de ese atropello”, dijo.

A siete meses de esta acción, agregó, ya se sabe que se trató de una decisión para entregarle 22 mil kilómetros de fibra óptica a las empresas Televisa y Telefónica Movistar, cuyo director es el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

“Sabemos bien lo que hay detrás de esta infamia. Tomaron esta decisión porque quieren seguir haciendo negocio. Es una camarilla funesta que no se detiene ante nada, parecen no tener llenadero”, insistió.

López Obrador detalló que la instalación de esa fibra óptica le costó a los mexicanos 30 mil millones de pesos, en virtud de que se hizo con presupuesto público, pero ahora se licitó a favor de esas empresas (Televisa y Telefónica Movistar) por 850 millones de pesos, para que usen el servicio por 20 años.

De acuerdo con el tabasqueño, cuando encabezó el GDF ni un solo empresario se quejó del servicio de LFC y nunca se reportó una falla en el servicio de luz.

“Nunca un empresario o un inversionista presentó una queja por falta de servicio de energía eléctrica. Nadie fue a decirme que no podía invertir en la ciudad porque no se garantizaba el abasto de energía eléctrica”, señaló.

En ese sentido, desestimó los supuestos sabotajes en el centro del país a instalaciones eléctricas, presuntamente cometidos por electricistas.

Antes, el secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua, habló de la improbabilidad de que manos humanas realicen los sabotajes referidos en días pasados por el gobierno federal. Si alguna persona se atreviera a disparar adentro de los pozos donde hay líneas de transmisión eléctricas, dijo, habría una explosión, y si otras quisieran cortar los cables, se electrocutarían de inmediato por el alto voltaje de las mismas líneas.

Una mujer electricista aprovechó la visita de López Obrador al campamento para leer un comunicado, y anunció que 13 mujeres más se sumaban a la huelga de hambre que mantienen 81 trabajadores del SME.

“Hemos decidido no levantarnos de esta huelga de hambre hasta que la SCJN dé una respuesta favorable al SME y se nos respete nuestro derecho al trabajo”, dijo la mujer al concluir la lectura del texto.

CEVALLOS EL MISTERIOSO

Caso Diego, ni narco, ni secuestro: Calderón

J. Jesús Esquivel
PROCESOWASHINGTON, 19 de mayo (apro).-

El presidente Felipe Calderón rechazó calificar de “secuestro” la desaparición de su correligionario partidista, Diego Fernández de Cevallos, y descartó que detrás del caso esté algún mensaje de los cárteles de la droga a su gobierno.

“No –es un mensaje--, los criminales me envían mensajes por otro lado”, atajó de manera enfática Calderón, cuando el periodista estadunidense, Wolf Blitzer, conductor del programa The Situation Room, de la cadena de televisión CNN, le preguntó si la desaparición del político panista era una advertencia del crimen organizado a su gobierno.

“No hay evidencias de que esta situación (la desaparición de Fernández de Cevallos) esté relacionada con el crimen organizado ni que éste sea un caso de secuestro”, subrayó Calderón en la entrevista que se transmitió unas horas después de concluida su reunión con el presidente Barack Obama, como parte de su visita de Estado a Estados Unidos.

Calderón le enfatizó a Blitzer que Fernández de Cevallos es su amigo, pero que de acuerdo con la investigación que se realiza en México, no existen evidencias que confirmen el caso de un secuestro.

Tampoco, añadió, ha habido comunicaciones con presuntos captores que exijan una recompensa por la liberación del excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN).

La desaparición de Fernández de Cevallos, ocurrida el fin de semana pasado en su rancho de Querétaro, fue caracterizada por Calderón como “un misterio”, al tiempo que anotó que para él es más importante preservar la confianza en la privacidad de la investigación que se realiza en torno al caso.

“Vamos a encontrar a Diego, y claro que estamos utilizando todos los recursos que están a nuestra disposición para localizarlo”, anotó el Ejecutivo mexicano.

Luego Calderón rechazó el que su gobierno esté perdiendo la lucha contra el narcotráfico, pese a que la estrategia militarizada que impuso desde hace poco más de tres años haya dejado un saldo de casi 23 mil muertos.

“El 90% de las víctimas son criminales”, acusó Calderón, para luego reiterar que el narcotráfico va perdiendo y no ganando la contienda, aunque lamento que 2% de los homicidios relacionados con el trasiego de drogas, en lo que va de su sexenio, “sean civiles inocentes”.

Cuestionado por Blitzer sobre si le preocupa su seguridad personal, Calderón no contestó directamente a la pregunta, y simplemente dijo que la labor de presidente de México conlleva un riesgo:

“Pero déjeme ser honesto con usted, más allá del riesgo, de las amenazas, el ser presidente –de México-- es el honor más alto que pueda tener un mexicano”, matizó Calderón al conductor del programa de la CNN.

CEVALLOS Y "LOS MEDIOS"

Diego y los medios, El Jefe es el mensaje

Jenaro Villamil
PROCESO
MÉXICO, D.F., 18 de mayo (apro).-

 El sábado 15 de mayo, a las 14:16 horas, unas cuantas líneas escritas por Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN, incendió la pradera informativa y determinó lo que ya se ha convertido en un enredo de altas dimensiones y que amenaza, como ningún otro caso, la “imagen” del gobierno de Felipe Calderón y la relación ambigua con los medios oficiosos, en especial con Televisa.

“Hay mucho rumor sobre la desaparición del Jefe Diego, me dicen que está muerto y el cuerpo en el campo militar de Querétaro. Muy lamentable!”, esas fueron las palabras de Espino que se difundieron en la red social de Twitter.

Una hora antes, un portal informativo de Querétaro dio la primera versión sobre la desaparición del excandidato presidencial de 1994. A las 13:44 horas, la versión on line del periódico Reforma difundió un reporte insistiendo en la “desaparición” de Fernández de Cevallos, pero induciendo la versión hacia el secuestro. La nota advirtió que “fuentes de la delegación de la PGR en Querétaro” confirmaron que Diego “fue privado de su libertad” y que su camioneta fue hallada en el municipio de Pedro Escobedo.

A partir de ese momento, el enredo creció en los medios porque estaban tres versiones en juego: ejecución, desaparición o secuestro. Ninguna autoridad asumió la versión oficial en las primeras horas claves del suceso.

La Procuraduría General de la República emitió tres comunicados que no aclaraban nada. Simplemente todo el aparato oficial de Los Pinos se orientó a desmentir la versión difundida por Manuel Espino en Twitter y relanzada a todas las redes sociales y versiones online de los periódicos. El propio Espino se desdijo y lamentó su compulsión twittera, pero el daño ya estaba hecho.

Si se quería aminorar el impacto de una situación dudosa, el gobierno federal consintió –y quizá ordenó– que de manera extraordinaria se difundiera un segmento de “Ultimas Noticias”, el sábado a las 22 horas, en el canal 2 de Televisa, el de mayor audiencia en toda la pantalla de televisión abierta. El reporte sólo tuvo un tema: Diego Fernández de Cevallos.


La información confirmaba la desaparición física del dirigente panista, mostró imágenes del rancho La Cabaña, desplegó los tres boletines de la PGR y desmintió, sin citar la fuente, las versiones que habían proliferado sobre su posible ejecución y que su cuerpo se encontrara en el campo militar de Querétaro.

La transmisión especial informativa despertó los focos rojos en todos los ámbitos políticos e informativos. ¿Por qué la desaparición de Fernández de Cevallos mereció un tratamiento extraordinario, aun cuando ningún vocero oficial asumía una versión clara de los sucesos?

Desde ese momento, el Jefe Diego se convirtió en el mensaje. Queriendo minimizar el impacto sobre su gobierno, la administración de Calderón acabó sobredimensionando las versiones sobre la desaparición o secuestro del excandidato presidencial y, lo peor, se enredó a tal grado que el caso ensombreció la visita del primer mandatario a España.

Sin que la PGR lo hubiera confirmado, Felipe Calderón afirmó en Santander que la desaparición de Diego se trataba de un “secuestro” y, por si fuera poco, teorizó sobre los riesgos de “colombianización” en México.

El propio presidente español José Luis Rodríguez Zapatero siguió la línea de argumentación de su homólogo mexicano y afirmó:

“Sé que es un amigo y un hombre de gran importancia, de gran relevancia política en México. Deseamos su pronta liberación. Condenamos la criminalidad, condenamos los secuestros y estamos siempre muy cerca de México y de su presidente en esa lucha ejemplar que está llevando a cabo”.

Con estas palabras, la desaparición de Fernández de Cevallos se convirtió en un asunto de Estado. El futuro del Jefe Diego transformó desde ese momento el futuro inmediato del gobierno de Calderón. El mensaje indirecto es muy claro para la percepción pública: el político vivo más poderoso del PAN determinará el propio éxito o fracaso del aparato gubernamental que ve la amenaza de la “colombianización”.

Por eso el caso del Jefe Diego ha ocupado las primeras planas de todos los medios impresos desde el domingo 16 de mayo y, por eso, los medios electrónicos y cibernéticos han reflejado una ansiedad informativa que oscila entre la conmoción, las especulaciones y no pocas muestras de crítica hacia la figura pública de Fernández de Cevallos.

Desde la noche del lunes 17 de mayo, el gobierno federal pretende aminorar la bola de nieve del Jefe Diego. Y Televisa fue el primer medio de comunicación que anunció una extraña autocensura argumentando el “respeto a la familia” y el “respeto a su vida”.

El comunicado que leyó en su emisión nocturna Joaquín López Dóriga y oficializó Televisa en su portal www.esmas.com tiene un segundo párrafo que alienta más las especulaciones:

“Es una decisión de anteponer la vida de Fernández de Cevallos en el ejercicio periodístico. No ha sido una decisión fácil, pero es una decisión firme”.

Este comunicado vuelve a poner el tema de la muerte del excandidato presidencial como el asunto más preocupante. Y Televisa justifica su doble condición como ministerio de Información oficial y, al mismo tiempo, como medio informativo con la última frase: “no ha sido una decisión fácil, pero es una decisión firme”.

Ciro Gómez Leyva, director de Milenio TV, cuyo noticiario se ha convertido en clave para la difusión de la agenda informativa del gobierno federal, sugiere en su columna La Historia en Breve, publicada este martes 18 en Milenio Diario, que la orden de no volver a tratar el tema provino de las autoridades y no de los familiares.

“Dudo, sin embargo, que el gobierno federal y el de Querétaro resistan 48 horas más la presión de quienes pedimos notas, notas. Lo dudo, a pesar de que tienen un argumento irrebatible: la delicadeza del caso impone el silencio”, escribe Gómez Leyva en su artículo titulado “Tragarse la Información del Jefe Diego”.

Por supuesto, el silencio no se impone por decreto. Aun cuando algunos medios masivos decidan reorientar la información con el caso Paulette (el gobernador Enrique Peña Nieto ya anunció, como si se tratara de una función de circo, que, ahora sí, su procurador Bazbaz va a dar el desenlace del reality judicial) y justificar la autocensura por “respeto a la familia” de Fernández de Cevallos, lo cierto es que el Jefe Diego se ha convertido en el mensaje, el síntoma y el termómetro principal de una atmósfera de descomposición política muy preocupante.

Blog: www.jenarovillamil.wordpress.com

SME: HUELGA DE HAMBRE EN EL ZOCALO

UNA FICHITA " EL CEBOLLAS " PRESUNTO SECUESTRADO

Diego, sembrador de odios

Álvaro Delgado
PROCESO
MÉXICO, D.F., 17 de mayo (apro).-

Diego Fernández de Cevallos agradeció siempre a Luis H. Álvarez haberlo rehabilitado como miembro del Partido Acción Nacional (PAN), al cabo de una década de alejamiento, para hacer mancuerna con él en la legitimación de Carlos Salinas y ascender a la cumbre de la política y los negocios.

Presidente del PAN durante el salinato, Álvarez deja ver su culpa al respecto en su libro de memorias Medio siglo. Andanzas de un político a favor de la democracia y pone bajo sospecha a Fernández de Cevallos, en un pasaje que sigue a la revelación de que Salinas lo quiso cooptar con dinero.

“Oiga, don Luis, usted me reinventó. Si no es por usted, yo no hubiera regresado al PAN”. Y entonces le dije: “Pues no sé si la patria algún día me lo vaya a reclamar”. Se me quedó viendo y luego se rió.

Álvarez, miembro de la alta burocracia desde el 2000, no explica por qué muestra ese arrepentimiento sobre Fernández de Cevallos, pero lo responsabiliza de ser el promotor principal de la quema de las boletas de la elección de 1988, que denomina “un detalle menor pero simbólico”.

Cuenta: Diego fue quien me planteó la iniciativa bajo el argumento de que ya de nada servían, dado que habían estado a disposición de cuanta persona las quiso consultar. Accedí a su solicitud; sin embargo, hoy me arrepiento de ello porque esas boletas merecieron nuestra gran crítica tres años antes.

En realidad ese “detalle menor pero simbólico”, como denomina Álvarez a la quema de los documentos de la elección de 1988, significó no sólo la convalidación del fraude y la legitimación de Salinas, sino la instauración del cogobierno PRI-PAN que con Felipe Calderón cumple casi un cuarto de siglo.

En ese sentido, Fernández de Cevallos, alias El Jefe, no es sólo clave en el proceso de transición política de México, sino que encarna él mismo las características del sistema político en que ha degenerado esa transición: Corrupción, ilegalidad, influyentismo, impunidad…

La biografía de Fernández de Cevallos, que embelesa a un sector de la derecha y a quienes se benefician del modelo que personifica, está colmada de truculencias, ilegalidades, abusos, mentiras, todo sin castigo, que lo han hecho dueño de una inmensa fortuna.

El vasto operativo multigubernamental que se activó para su búsqueda representa el tamaño de su poder, pero también su vulnerabilidad, particularmente cuando tres de sus personeros están a cargo de instituciones anticrimen: Fernando Gómez Mont, en la secretaría de Gobernación; Arturo Chávez, en la Procuraduría General de la República, y Juan Miguel Alcántara Soria, en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y es que el sistema vigente opera casi bajo la lógica de la mafia, integrado por una gruesa nata de políticos coludidos con intereses económicos y criminales que se han colocado por encima de la sociedad.

Las pruebas más recientes de esta degeneración política las ofrece el propio partido en que milita Fernández de Cevallos, el PAN, con motivo de las elecciones en Yucatán, donde el gobierno estatal priista “operó una sofisticada elección de Estado”, particularmente en Mérida.

El PAN acusa “derroche del PRI en sus campañas”; “hostigamiento y seguimiento” de su candidata, Beatriz Zavala, y su equipo de campaña”; “uso ilegal de las instituciones y la fuerza pública por parte de la gobernadora para proteger sistemáticamente a quienes destruían nuestra propaganda electoral, agrediendo incluso a legisladores, fabricando expedientes falsos y ejerciendo la tortura de gente inocente para involucrar a panistas”.

Más aún, el PAN condena la parcialidad del órgano electoral “y, en particular, la pública complicidad de su presidente, Fernando Bolio Vales, con la estrategia mediática y operativa del PRI”, entre otras acciones para adulterar la voluntad popular.

Pero esto se replica, con diferentes intensidades, en los otros 14 estados donde están en curso procesos electorales. Hay entidades donde la contienda es entre “mapaches” y “tejones”, cuyos ganadores serán los que neutralicen las ilegalidades de sus contrapartes.

¿Quién puede frenar las acciones ilegales de los gobernadores y, en general, de cualquier autoridad a favor de un partido político? Más aún, ¿qué autoridades podrán inhibir las conductas de los criminales en las elecciones?

El asesinato del candidato del PAN en Valle Hermoso, Tamaulipas, Mario Guajardo, las amenazas a otros contendientes en ese y otros estados, pero sobre todo la postulación de criminales a cargos de elección y la violencia que no cesa, pese a las proclamas gubernamentales, demuestran que el Estado ya no es funcional para neutralizar estas conductas auspiciadas por la impunidad.

Por eso, justamente, Fernández de Cevallos está desaparecido desde la noche del viernes 14 y por eso este acontecimiento da en la línea de flotación del gobierno de Calderón, con independencia de quienes sean los autores del crimen.

Las propias líneas de investigación de las autoridades demuestran que el móvil puede ser político, pasional, de dinero y de narcotráfico, con el que también hizo negocios. En todos esos ámbitos, a los largo de un cuarto de siglo, Fernández de Cevallos sembró muchos odios.

Llama la atención que Calderón, que ha mostrado un semblante desencajado desde que supo de la desaparición, y le envíe a Fernández de Cevallos un mensaje para decirle que sus hijos muestran “una enorme entereza y una gran valentía”.

Es un lenguaje funerario...


Comentario: delgado@proceso.com.mx