Calderón y su cartita

Calderón y su carta

José Gil Olmos
Proceso
MÉXICO, D.F., 16 de junio (apro).-

Pocas veces un presidente escribe una carta pública y, a mi parecer, sólo lo hace cuando va a anunciar la toma de una decisión importante y explicar a la ciudadanía las razones y circunstancias por las cuales lo hace.

En esta ocasión, Felipe Calderón escribió una larga carta titulada “La lucha por la seguridad pública”, y pagó millones de pesos en las páginas de los principales diarios para justificar su guerra contra el crimen organizado desde el inicio de su gobierno, guerra que, por cierto, va perdiendo.

Dice el dicho que mal acaba el que empieza disculpándose, y eso es lo que Calderón hace, precisamente, en el desplegado público, en el que implícitamente reconoce que ha fallado su estrategia militar y anuncia un cambio para dar la lucha por la seguridad pública.

Como si quisiera justificar su trabajo, es decir su estrategia de guerra contra el narcotráfico, Calderón emitió esa misiva –que en algunos diarios llenó cuatro páginas completas, con un costo millonario– para ofrecer su verdad.

Sin embargo, en su escrito nunca explica las razones por las cuales metió al Ejército y la Marina en esa lucha, tampoco menciona por qué no ha ido al fondo en las investigaciones para detener a gobernadores, presidentes municipales, banqueros, legisladores y funcionarios de todos los niveles involucrados con el crimen organizado. Es una misiva que carece de honestidad y sinceridad.

Para Calderón, según el texto, es fundamental aclarar que no se combate el narcotráfico, sino el crimen organizado, y que la lucha es por la seguridad pública. Es decir, corrigió semánticamente su declaración de guerra contra el narco por la de lucha por la seguridad pública.

Pero en toda su argumentación jamás aparecen los factores sociales (marginación), económicos (miseria y pobreza), financieros (concentración de la riqueza) y políticos (corrupción) que han dado paso al crecimiento de ese grupo de poder envuelto en el narcotráfico y que ha rebasado ya al Estado.

La carta del presidente panista comenzó a circular el fin de semana anterior, días después de que se registró una de las jornadas más violentas en lo que va de su sexenio, con más de 100 muertos en enfrentamientos con policías, militares o entre los mismos cárteles en Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Guerrero y Sinaloa.

Algunas de esas muertes fueron ejecuciones que se presentaron cuando Felipe Calderón estaba fuera del país, asistiendo al mundial de futbol de Sudáfrica; otras, mientras publicaba su carta de buenas intenciones.

En ese contexto, el documento parece la rendición o la capitulación de su gobierno ante el poderío cada vez más creciente de los distintos cárteles del narcotráfico en todo el país, que lo mismo comercializan la droga que cobran impuestos, extorsionan a comerciantes y empresarios, secuestran o desaparecen a cientos de mexicanos, sin ningún reparo de la autoridad.

El desamparo en que vive la sociedad desde hace unos tres años no es cosa de percepción, como intenta justificar el gobierno de Calderón cuando responsabiliza a los medios de crear este ambiente de miedo. Es producto de la suma de errores de los diferentes gobiernos que se han dejado corromper y que no han hecho nada para proteger a la sociedad.

Hoy Calderón pretende dar un giro en la estrategia de combate al narcotráfico con un discurso distinto, anunciando que se tomará en cuenta el aspecto de salud, prevención, nuevas leyes y el fortalecimiento de la cooperación internacional. Curiosamente también anunció que intenta crear una nueva imagen del país contratando a especialistas que le ayuden a hacerlo.

La cortedad de su política nuevamente se manifiesta en esas dos acciones. Una vez más se nota su ánimo de reaccionar –de ahí viene la acepción de reaccionario– y no de pensar en cómo resolver de fondo los graves problemas que aquejan al país.

" ¡ Se matan entre ellos ! "

Tiempos violentos

Jenaro Villamil
Proceso
MÉXICO, D.F., 15 de junio (apro).-

¿Qué tipo de película está viendo el gobierno de Felipe Calderón ante la reciente ola de masacres, ejecuciones y matanzas del crimen organizado? A juzgar por el desplegado-informe publicado el domingo pasado en los principales medios impresos del país, el Ejecutivo se siente protagonista de Los Intocables y, quizá, hasta se crea Brian de Palma. A juzgar por lo que ha ocurrido en el país, vivimos una preocupante edición de Tiempos violentos, el famoso filme de Quentin Tarantino, en donde no parece existir escapatoria.

El recuento de los hechos desde el viernes 11 de junio –día del inicio de la Copa Mundial Sudáfrica 2010 y el más violento del sexenio con al menos 85 ejecutados-- hasta los sucesos de esta semana, no deja espacio para las excusas del desplegado calderonista: en la capital de Chihuahua fueron “fusilados” 19 jóvenes que estaban en un internado religioso para superar adicciones; en Ciudad Madero, Tamaulipas, un comando de la muerte rafagueó y asesinó a 26 personas; en Tepic, Nayarit, fueron asesinadas 27 personas; el 14 de junio, otra matanza ocurrió en el penal de Mazatlán, Sinaloa, donde fueron ejecutados 28 reos, 17 de ellos presuntos integrantes del cártel de Los Zetas, y el mismo día un convoy de policías federales fue emboscado por presuntos narcotraficantes en Zitácuaro, Michoacán, con saldo de 12 de los 40 agentes muertos, mientras 15 más se encuentran gravemente heridos.

Frente a estos acontecimientos, el gobierno sigue insistiendo: “¡Se matan entre ellos!”, como si eso excusara al Estado de su responsabilidad por brindar seguridad, tanto en los penales como en los centros de rehabilitación. Peor aún, como si el hecho de que los sicarios realicen estos actos de venganza se cometiera contra extraterrestres y no contra jóvenes, ciudadanos mexicanos.


Un párrafo del desplegado presidencial insiste en esta tesis del Estado-Pilatos, aquel que se lava las manos y prejuzga sin investigar:

“Más que una ‘guerra del gobierno contra el narcotráfico’, la guerra más mortífera que existe es la que libran los criminales entre sí. En general, el gobierno puede detectar razonablemente indicios sobre las causas de los homicidios cometidos en 70% de los casos. Alrededor de 90% de estos casos de homicidio con algún indicio en su causa corresponde a personas muy probablemente vinculadas a organizaciones criminales, que caen durante enfrentamientos o ejecuciones entre bandas”.

El siguiente párrafo no tiene desperdicio en el guión calderonista de Los Intocables:

“En la disputa por el control de una plaza se producen homicidios especialmente violentos, como decapitaciones, torturas o ejecuciones colectivas, y se generan agravios que recrudecen aún más su nivel de violencia”.

Y si el Estado ya detectó esto, ¿por qué no ha hecho nada para evitar estas decapitaciones, torturas y ejecuciones? ¿Forma parte de la lucha por la seguridad pública gubernamental esta especie de eugenesia, de “limpieza étnica” que aplican los cárteles entre sí?

Sin embargo, el panorama al estilo Tarantino nos vuelve a remitir a una pesadilla que no desaparece con desplegados de prensa. La matanza contra policías federales en Zitácuaro es más inquietante. Tal parece que los criminales no sólo están organizados sino muy pendientes de los mensajes que emite el presidente Calderón para evidenciar el fiasco de su estrategia de “lucha por la seguridad pública”.

Esta matanza ocurrió un día después de que se difundiera el desplegado. En su parte medular, el documento plantea que se avanza hacia una nueva policía federal, más eficaz:

“Hemos multiplicado el número de sus integrantes y la estamos dotando de la tecnología más avanzada para combatir eficazmente a los criminales. Hemos puesto particular énfasis en el proceso de selección y reclutamiento del personal de la nueva policía. Para ello se han aplicado exámenes de control, de confianza y también se ha estrenado y proporcionado mejor armamento a la Policía Federal”.

El largo promocional a la nueva Policía Federal no corresponde con lo que está ocurriendo en las calles, en las avenidas de decenas de ciudades donde todos los mexicanos están padeciendo el fracaso de la estrategia calderonista.

Pero la autocrítica no es algo que caracterice ni caracterizará este gobierno. En su desplegado, el jefe de Los Intocables afirma, sin dar prueba alguna, que “como nunca antes estamos debilitando a las estructuras logísticas y financieras de la delincuencia. La droga que hemos decomisado alcanzaría para proveer con más de 80 dosis a cada joven mexicano entre los 15 y los 30 años. Golpeamos con firmeza y, subrayo, sin distingos, a todas las organizaciones criminales. Tan sólo en 2009 capturamos a 70 lugartenientes de todos los cárteles. Este año hubo más capturas de capos regionales que las que solían hacerse en un sexenio completo”.

¿De qué sirve presumir que se captura a 70 “lugartenientes” si no se hace nada para detener a los responsables de las matanzas de Salvárcar (Ciudad Juárez), Ciudad Madero, Reynosa, en Chichí Suárez (Yucatán), en La Marquesa (Estado de México), Monterrey, Acapulco, Tepic y de tantas y tantas ciudades castigadas por la ley de los Tiempos violentos?

En cadena nacional, el presidente vuelve a recitarle a los mexicanos la larga explicación y justificación de su fracaso de casi cuatro años. Demasiado tarde, demasiado grave, demasiada sangre derramada. La película ya la conocen los ciudadanos que padecen directamente la violencia. Y no le creen a los aspavientos de Calderón.

Comentarios: www.jenarovillamil.wordpress.com

Pobre México...País de la impunidad

Caso ABC: Corte rechaza establecer responsabilidades y avala guarderías subrogadas

Jorge Carrasco Araizaga
Proceso

México, DF; 15 de junio (apro).-

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se volvió a atar de manos. En una votación de ocho a tres, el pleno de ministros se negó a establecer responsabilidades de los funcionarios implicados en la tragedia del caso ABC que provocó la muerte de 49 niños y lesiones a 104 más.

Además, por siete votos a cuatro, avalaron el sistema de subrogación de estancias infantiles como en el que se encontraba la guardería incendiada.

Para desechar el establecimiento de responsabilidades constitucionales, los ministros tomaron como precedente el caso Oaxaca, en el que también determinaron que hubo graves violaciones a las garantías fundamentales, pero sin que establecieran consecuencias de lo sucedido.

De esa manera, los principales señalados, el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual director, Daniel Karam, y el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, quedan libres de cualquier responsabilidad política, administrativa o moral.

El pleno, sin embargo, determinó por unanimidad la “suficiencia de la investigación” realizada por la Corte, por lo que en el informe final no se incluirá el tercer peritaje difundido la semana pasada y según el cual el incendio habría sido provocado.

La votación que evitó el establecimiento de responsabilidades estuvo precedida de la visita del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien por la mañana se reunió con el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, pero que en semanas recientes ha hecho un intenso cabildeo ante todos los ministros.

El ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen, había propuesto fincar responsabilidades a 14 funcionarios federales, estatales y municipales por la violación grave de garantías individuales que representó el incendio de la guardería ABC, subrogada por el IMSS en Hermosillo, Sonora.

Su propuesta sólo fue apoyada por los ministros Juan Silva Meza y Olga Sánchez Cordero.

En contra votaron el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Luis María Aguilar Morales y Sergio Valls Hernández.

En la discusión del lunes, una mayoría de ministros perfiló ya la existencia de violación grave de garantías individuales, pero con la votación del martes dejaron en claro que no habrá responsables de las mismas; en todo caso, la Corte señalará a funcionarios “involucrados” o “relacionados” con las mismas.

Zaldívar intentó el apoyo del pleno y propuso modificar su proyecto para evitar que la Corte se refiriera a responsabilidades políticas y morales y en su lugar dijera que hubo responsabilidades constitucionales. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por mayoría de sus pares.

En defensa de su dictamen, el ministro también había propuesto aclarar en qué contexto la Suprema Corte usaría los términos de autoridad moral y política de la Suprema Corte. La precisión tampoco fue aceptada.

Ante el insistente rechazo del pleno, Zaldívar decidió retirar sus dos propuestos y dejó el proyecto tal y como lo presentó el lunes, y según el cual se debían establecer responsabilidades políticas y morales de los 14 funcionarios.

La mayoría de ministros señaló que la Corte debía ajustarse a las reglas que se dieron en agosto de 2007 para pronunciarse sobre la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que dejó una veintena de muertos a mediados de 2006.

Una de esas reglas señala que en el ejercicio de su facultad investigadora, la Corte evitará establecer responsabilidades y sólo señalara si hubo autoridades involucradas.

Zaldívar intentó ir más allá de esa regla y hacer una nueva interpretación del artículo 97 de la Constitución, pero la mayoría le dijo que el tema de la ya estaba suficientemente discutido en la Corte y se había aplicado en los casos Oaxaca y Atenco.

Gudiño Pelayo resumió: “No podemos asignar responsabilidad en el sentido culpabilidad, (sólo) podemos responder (respecto) a los que tienen alguna actuación, pero no responsabilidad”, señaló.

La corte de la impunidad

Fracasa postura de Zaldívar en caso ABC; proponía castigos a Molinar, Karam y Bours

Jorge Carrasco Araizaga
Proceso
MÉXICO, DF, 14 de junio (apro).-

 El ministro Arturo Zaldívar fracasó en su intento de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableciera “responsabilidad ética y política” de los funcionarios implicados en el incendio de la guardería ABC, subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora.

En el primer día de sesiones para analizar el dictamen que implica a 14 funcionarios federales, estatales y municipales en la tragedia, la mayoría de ministros rechazó la propuesta de Zaldívar para hacer una interpretación más amplia de la facultad investigadora que otorga el artículo 97 de la Constitución.

El propósito del nuevo ministro, quien se sumó al pleno en diciembre pasado, era establecer responsabilidad política y ética de los funcionarios que tuvieron que ver en la muerte de 49 niños y lesiones a otros 104, el 5 de junio del año pasado.

Como principales implicados, mencionó al exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; el actual titular, Daniel Karam, y al exgobernador de Sonora, el priista Eduardo Bours.

Una primera mayoría de ministros, encabezada por el ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, se perfiló por aceptar que sí hubo violaciones graves a los derechos fundamentales de las víctimas, por lo que se tienen que establecer responsabilidades jurídicas de los implicados.

“No creo que seamos el ombudsman supremo con superioridad política y moral”, ya que nuestra autoridad sólo es jurisdiccional, dijo el responsable del Poder Judicial.

"Estoy de acuerdo en que actuemos con energía, pero no sin respetar los principios jurídicos que nos dimos para determinar el alcance de esta atribución, en tanto no haya ley reglamentaria” de la facultad establecida en el 97 constitucional, agregó.

Aseguró, en todo caso, que sí hubo violación grave de derechos fundamentales.

Sin embargo, hubo quienes adelantaron que sería difícil individualizarlas. Fue el caso del ministro Sergio Valls Hernández, quien fue subdirector y director jurídico del IMSS entre 1993 y 1999.

La facultad de la Corte, señaló, “no debe pensarse como un medio de encontrar culpables y de ahí castigos…, sino como un instrumento constitucional cuya finalidad es investigar y señalar violaciones graves a las garantías individuales que como tales no deben volver a repetirse”.

Consideró que “ni siquiera será posible individualizar a quienes hubieran tenido relación directa con tales sucesos, sino que podría tratarse de una conjunción de diversos elementos que dieron lugar a las mismas y en los que deberá esta Corte así señalarlo para que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, tome las medidas para que no sucedan nunca más”.

Ante la contundencia que utilizó para decir que será difícil el establecimiento de responsabilidades, aclaró que en la tragedia sí hubo violaciones graves y hay autoridades involucradas.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano, uno de los principales opositores a esa facultad constitucional asignada a la Corte, tampoco pudo evitar referirse a la existencia de responsabilidades. Sin embargo, acotó: “Todo apunta a responsabilidades imprudenciales”.

El primer día de discusión, que abarcó sesiones extraordinarias en la mañana y en la tarde, se dedicó a analizar el alcance del párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución, que le da a la Corte la facultad de investigar graves violaciones a las garantías fundamentales.

Zaldívar se quedó casi solo en su intento de buscar “un nuevo parámetro” en la interpretación de esa facultad. La mayoría de ministros reivindicó las reglas que se autoimpusieron en 2007 para la investigación de los hechos ocurridos en Oaxaca a mediados de 2006, durante la represión al movimiento encabezado por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

Aguirre consideró “reprobable” que la Corte haga “censuras morales y (establezca) responsabilidades morales y éticas… A mí me parece fundamentalismo puro”.

La crítica la compartió el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, quien no sólo pidió la incorporación del tercer peritaje hecho público la semana pasada, en el que se concluye que el incendio fue provocado, sino que se hizo eco de la queja de Molinar Horcasitas, en el sentido de que su punto de vista no fue incluido por Zaldívar en su dictamen.

Los únicos apoyos totales que tuvo el autor del dictamen fue el del ministro Juan Silva Meza y de la ministra Olga Sánchez Cordero, para quienes la tragedia de la guardería implica una “falta de ética de las responsabilidades públicas”, por lo que es necesario “incluir el control de los particulares que ejercen funciones de Estado”.

Silva Meza dijo que la facultad de investigación de la Corte “es una atribución por la cual es posible efectuar el control de la actuación política irregular de los servidores públicos, que redunda en una violación grave a los derechos fundamentales… ante la extrema debilidad de la rendición de cuentas y la consecuente impunidad de dichos actos”.

Según el ministro, en ejercicio de su facultad de investigación, la Corte le puede pedir al presidente de la República que separe de su cargo a los funcionarios involucrados en la grave violación a las garantías individuales, reconociendo que es facultad del Ejecutivo federal hacerlo o no. Esta última posición no fue leída por el ministro en el pleno, pero sí está en el texto que preparó para su intervención.

En ese texto, Silva Meza también destacaba: “El titular del Ejecutivo está obligado a colaborar con la Suprema Corte en la recuperación de la regularidad constitucional” a través de la procuración de justicia.

Contrario a lo que opinó la mayoría de ministros, entre ellos Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis María Aguilar, Silva Meza dijo que si bien una resolución de la Corte en este caso “no es ejecutable, sí es vinculante por ser un mecanismo de protección de derechos fundamentales”.

Lo mismo consideró el ministro José Ramón Cossío quien, sin embargo, aclaró: “Si las autoridades nos hacen más o menos caso (en los resolutivos de las investigaciones) es otro tema”. Lo importante, advirtió, es que la Corte emite “un pronunciamiento con base en elementos jurídicos y no a partir de conjeturas morales”.

Rutina trágica

Astillero

 

Rutina trágica

Opciones inviables

Organizar, luchar

Julio Hernández López

La jornada

Es lo mismo. Ayer y hoy. Cambian las cifras, los nombres y las circunstancias, pero la esencia es la misma: el país sumido en un baño de sangre que no parece tener fin, mientras la clase política continúa representando sus falsos y cada vez más vomitivos rituales de legalidad y legitimación. El asombro se desgasta diariamente hasta convertirse en tic de reacción mínima que va añadiendo a su fórmula original los ingredientes del cinismo, la desesperanza y el hastío. Tantos muertos hoy, los de cada día masacrados con crueldad mayor o con más novedad en los métodos siniestros. Enfrentamientos, ejecuciones, sicarios, policías, soldados, narcotraficantes, en una danza de engaños y simulaciones que en el fondo es la pelea descarnada por la redefinición de los poderes verdaderos en un país llegado al extremo final de su viabilidad institucional.

Triste panorama ante el cual pareciera no haber alternativa ni propuesta de cambio. ¿Qué hacer frente a las estadísticas del día, el recuento de los asesinados en un penal de Mazatlán, los federales ejecutados en Zitácuaro, Toluca o Chihuahua, las especulaciones criminales respecto de la caída de una avioneta de campaña del candidato priísta a gobernador de Quintana Roo, los alegatos tecnicistas en la Suprema Corte para ver si procede la justicia llana o los acomodos técnicos en el caso de la guardería ABC, las evidencias de que el narcotráfico decidirá los comicios del mes venidero? (Vaya concurso diario de peores noticias: ayer, por ejemplo, punteaba el tema de los ministros de la Corte metidos en berenjenales teóricos para precisar a fin de cuentas, conforme al sentido de la mayoría de esos jurisperitos, que no pueden o no quieren sumarse a los señalamientos personalizados de culpas que había presentado Arturo Zaldivar. Pero ésa, como la más reprobable noticia nuestra de cada día, es rebasada y enviada al cajón de los olvidos por la aparición de nuevas aberraciones: carrusel diario de agravios sociales escandalosos para propiciar mareos y cansancio).

Ni para dónde voltear. Los panistas y quienes apoyan a Calderón han de tener claro que Felipe aguarda la hora de la guillotina electoral, rebosante de enojos y reproches, cansado de su propio equipo ineficaz de trabajo, rodeado y presionado por los militares que han multiplicado su poder como nunca antes en administraciones civiles, temeroso ya de un final de sexenio que sería de cuchillos largos para él, que ya no puede dar golpes de timón ni dar pasos en firme hacia atrás: la guerra contra el narco tiene un responsable ante la historia, pero también ante los jefes de cárteles que han debido librar batallas indeseadas, innecesarias, provocadas por un político que sin sombra de duda tiene a México en condiciones infinitamente más desastrosas de aquellas en que se hizo del mando nacional, tres trágicos años atrás.

Pero tampoco hay opción verdadera en los flancos "opositores". El PRI, que ha logrado convertir en sustancia básica del poder nacional a sus gobernadores, y que avanza implacable hacia la conquista de más posiciones estatales, a fin de cuentas ofrece lo mismo que el PAN, pero "operado" con más oficio, con menos fisuras y torpezas. Parte de ese oficio político consiste en detectar los riesgos de caída de construcciones sociales y políticas y la aplicación a apuntalar, remozar y maquillar. Peña Nieto, que es decir Salinas de Gortari, busca realizar el menor número posible de cambios estructurales, mientras el beltronismo trata de defenderse de la delantera que mediante protagonismo facturado lleva el gobernador del estado de México, a través de la emisión de ciertos bonos de presunto reformismo práctico, pagadero al triunfo de la eventual victoria del precandidato sonorense, una especie de canasta básica de cambios en lo institucional para conservar viabilidad que sostenga los privilegios actuales por la vía de sostener a su vez al régimen injusto, pero bien atendido en sus servicios de alineación y balanceo.

En ese esquema simplista, la única opción de cambio verdadero debería estar en la izquierda. Pero en México no hay realmente una fuerza organizada que pueda ser adscrita a ese casillero. No, desde luego, el PRD ni Convergencia. Y el Partido del Trabajo es un nudo de intereses grupales que se niega a ceder sus espacios importantes a su apuesta individual apellidada López Obrador. Tampoco es hoy una opción real de cambio político el movimiento de resistencia popular acaudillado por el mismo tabasqueño resistente, menos si lo que rige hoy es la confusión y si no se plantea un proyecto de trabajo político que sea fresco, novedoso, concreto, realizable, tolerante, incluyente y no necesariamente amarrado a lo electoral. Mucho han cambiado las cosas desde que Calderón se hizo de la Presidencia de la República bajo el lema de piratería que justifica los resultados "haigan sido como haigan sido". Hoy se necesita un replanteamiento cuidadoso, no demagógico ni repetitivo, no centrado en la personalidad dirigente, sino en la masa actuante, no enfocado en el aplauso al líder ni en la aprobación entusiastamente automática de lo que se plantee en tribunas sólo por una suerte de adhesión acrítica a los micrófonos principales.

La sangre seguirá goteando, las cabezas rodando, los inocentes cayendo y el terror extendiéndose por calles y carreteras, pueblos y ciudades, y la clase política seguirá peleando sus cuotas del gran botín nacional sin más contrapeso que el lamento popular, la crítica ácida y la maldición bien puesta, mientras los ciudadanos sigan viendo el infortunio nacional como cosa ajena, como desgracia en el espacio del vecino cercano o distante, mientras no construyan o encuentren los cauces adecuados para dar batallas verdaderas, mientras no se decidan a luchar, en las calles, las plazas y los espacios "institucionales" para crear factores verdaderos de cambio.

Y, mientras Slim, Gates, la infanta Cristina, Felipe y Margarita se toman la foto filantrópica, ¡hasta mañana, a un mes de la desaparición de Diego Fernández de Cevallos!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

Atrapados ¿sin salida?

Juan Molinar ¿ ex secretario ?

Juan Molinar ¿exsecretario?

Miguel Ángel Granados Chapa
Proceso
MÉXICO, D.F., 14 de junio.-

El informe preliminar entregado a fines de febrero a la Suprema Corte por los magistrados Rosario Mota y Carlos Ronzón no le mereció respeto ni probablemente infundió temor a Juan Molinar Horcasitas. Lo descalificó con aspereza, como respuesta al señalamiento que en ese documento constaba en su contra, como uno de los eventuales responsables de violar garantías individuales en los sucesos que condujeron al incendio de la guardería ABC de Hermosillo y a la muerte de 49 niños y a una vida impregnada de dolor permanente a 75 personitas más.

Tampoco en su entorno pareció importar esa mención, y siguió considerándose al secretario de Comunicaciones y Transportes como uno de los integrantes de la caballada –flaca o robusta, para estos efectos no importa ahora– con la que Acción Nacional contendería en el derby de 2012. Junto con tres o cuatro de sus compañeros de gabinete, Molinar Horcasitas figuraba como presidenciable desde que el año pasado transitó de la dirección del IMSS a la SCT.

Hoy, en cambio, en vísperas de que la Suprema Corte de Justicia discuta el proyecto de dictamen del ministro Arturo Zaldívar donde es formaliza aquella imputación, la posición de Molinar Horcasitas parece más endeble que nunca. En los círculos más altos del poder se habla en voz baja, pero audible, que sus días están contados. Y hasta se anuncia que lo sustituirá Javier Lozano Alarcón, que cumpliría de ese modo un anhelo postergado durante más de tres años, pero por cuya realización ha venido trabajando.

El ahora secretario del Trabajo iba a serlo de Comunicaciones y Transportes, pero Televisa se habría opuesto, por el talante que Lozano le mostró en sus desempeños previos en el ramo, cuando era priista y cercano al presidente Zedillo, que lo hizo subsecretario de ese ramo y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Hoy, sin embargo, Calderón y Lozano están a partir un piñón con la familia Azcárraga y en compensación a los impulsos recibidos para que ingrese al ámbito de las telecomunicaciones y de la fibra oscura, se levantaría el veto sobre el secretario-pianista, que en la coyuntura laboral más reciente, la recuperación de Cananea por el Grupo México, actuó como un fiel gerente de ese consorcio.


Molinar se iría no por voluntad propia, sino despedido por Calderón, quien por insensible que sea no puede pasar por alto el señalamiento de la Corte a uno de sus colaboradores por incumplimiento de sus deberes constitucionales, según la ambiciosa y certera interpretación del ministro Zaldívar. Aceptar que en su gabinete actúa un secretario señalado (no inculpado porque no se trata de derecho penal, sino de ética) porque sus irresponsabilidades condujeron al terrible desenlace del 5 de junio, sería incurrir en el cinismo. Y es probable que Calderón no quiera que se le descalifique también por eso.


Molinar ha hecho una carrera breve en el servicio público. Se orientó desde el principio a tareas académicas, pero el roce de esas labores con la organización electoral, uno de sus temas de investigación, lo condujo a cambiar de orientación profesional. Nació en Chihuahua en 1955 y veinte años después era un brillante alumno en la naciente Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional. Fue elegido consejero técnico de la carrera de ciencia política, paso inicial a un desempeño siempre sobresaliente. Se posgraduó en El Colegio de México, a donde volvería después como profesor, tarea que realizó también en otras instituciones de enseñanza superior. Se hizo notar por su libro El tiempo de la legitimidad electoral. Autoritarismo y democracia en México, publicado en 1991.

Tres años después comenzó a salir de la vida académica. En 1994 era preciso acumular señales que dieran confianza al electorado, susceptible de retirarse de las urnas a causa del temor que infundía la violencia política, la de corte insurgente como la del zapatismo armado, o la puramente criminal como la que arrebató la vida a Colosio y Ruiz Massieu. Fue transformada con ese propósito la estructura del Instituto Federal Electoral con la elección de seis consejeros ciudadanos por la Cámara de Diputados. En esa tendencia Molinar Horcasitas fue nombrado director de Partidos Políticos, punta de lanza ciudadana en la red de intereses que regulaban la vida de esas organizaciones.


Se quedó en el IFE. Fue elegido en 1996 consejero electoral, en el primer Consejo General de ese instituto como órgano constitucional autónomo. Se hizo notoria su aproximación al PAN, aunque nadie diría nunca que sesgó su actuación por esa cercanía. Pero cuando Santiago Creel fue nombrado secretario de Gobernación por el presidente Fox, evidenció esa inclinación del consejero Molinar al hacerlo subsecretario de Desarrollo Político. Más tarde rompería con Creel pero el impulso de éste le permitió todavía entrar en la Cámara de Diputados, donde gozó de la confianza de Francisco Barrio y sobre todo de Germán Martínez, que coordinaron la fracción panista en una etapa en que la alianza del PAN con la profesora Elba Esther Gordillo permitió el desarrollo de la fracción elbiazul.

Brotó entonces la veta autoritaria de Molinar Horcasitas, que en lances parlamentarios diversos pasó de la cólera a la exhibición de sus tendencias políticas profundas. Con ese talante sobresalió en el grupo que se acercó a Felipe Calderón durante la contienda interna para la candidatura presidencial. Muy próximo a Calderón durante el proceso constitucional, lo estuvo en mayor medida en los tensos días de la calificación electoral y en la integración del equipo de transición.

Es probable que él mismo, como su entorno, quedara insatisfecho con su nombramiento como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no forma parte del gabinete legal, el de la primera línea. Pero tenía allí una batalla que librar, la de restringir el gasto de la institución, para lo cual, entre otros arbitrios, multiplicó los contratos de subrogación para guarderías, evidentemente más baratos que las que el IMSS debía operar directamente, porque no consumaban la idea de servicio sino la de negocio que minimiza costos para maximizar ganancias.

En marzo del año pasado Luis Téllez quedó al descubierto y tuvo que salir de la SCT. Ciertamente no fue arrojado a las tinieblas exteriores, donde es el llanto y el crujir de dientes, sino que el complejo político empresarial que nos gobierna le halló pronto acomodo al frente de la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo pronto, su infortunio fue la fortuna de Molinar Horcasitas, que de ser verdad lo que dice la intriga palaciega apenas cumplirá quince meses en su cargo. Y se alejará, por supuesto, de toda pretensión presidencial.