ABC: Juicio político contra Horcasitas Karam Bours y Valls

Llega al Congreso solicitud de juicio político contra Molinar, Karam y Bours

Gloria Leticia Díaz
Proceso

MÉXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- 

En busca de la justicia negada hasta ahora por el gobierno de Felipe Calderón, padres de los bebés fallecidos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, solicitaron juicio político contra el exgobernador de esa entidad Eduardo Bours Castelo; del director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) extitular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.

La solicitud fue presentada en el Congreso de la Unión por José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y hace extensiva la petición de enjuiciar políticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls y Fernando Franco, quienes como exfuncionarios del IMSS no se exculparon de participar en el análisis del caso de violación de garantías en el que finalmente se exculpó a los funcionarios federales y al exgobernador.

De acuerdo con las demandas de juicio político, el exgobernador, así como el director y el exdirector del IMSS, violaron el artículo 109 constitucional al no actuar de forma diligente como funcionarios públicos. El resultado: de 49 menores muertos y 80 lesionados.

Por no conducirse como se debe, señala la demanda, los servidores públicos en servicios deben ser destituidos y todos deben ser puestos a disposición del Ministerio Público y ser inhabilitados por al menos 20 años.

En conferencia de prensa, Abraham Fraijo y Roberto Zavala manifestaron que continuarán su lucha en busca de justicia; y expresaron su indignación porque el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de acallar su reclamo con apoyos económicos, así como descuentos de servicios de energía eléctrica e Infonavit.

“A mí no me sirven ni madres los apoyos de Calderón si ya no tengo a mi hija, ¿de qué fregados me sirven sus apoyos si ya no tengo familia? Lo que quiero es justicia, lo único que quiero es que los funcionarios responsables estén en la cárcel”, tronó Abraham Fraijo, quien emplazó a los diputados federales a “quitarse las camisetas de sus partidos y a demostrar de qué están hechos”.

Zavala, por su parte, resaltó que desde que ocurrió la tragedia en la guardería ABC los gobiernos federal y estatal emprendieron una estrategia para dividir a los padres de familia, “marcar” a los que exigen justicia como “revoltosos, extremistas y rebeldes”.

Ambos padres de familia exigieron a los legisladores analizar con cuidado su solicitud de juicio político sin más interés que el de hacer justicia.

Zavala y Freijo recordaron que por lo menos durante 24 horas el gobierno de Bours Castelo ocultó la verdad sobre la tragedia del incendio de la guardería ABC, y que a pesar de que los niños fallecidos estaban plenamente identificados desde un principio, se les hizo dar vueltas por diferentes hospitales para no admitir, desde un principio, que habían fallecido 49 infantes.

“Cuando en los medios la Procuraduría de Justicia del estado hablaba de 12 muertes, yo ya había visto por lo menos 30 cuerpecitos sin vida tratando de identificar a mi Emilia, quien todavía llevaba puesta su ropa con su nombre completo cuando la encontré; eso significa que las autoridades de Sonora, desde el principio, supieron que mi niña estaba muerta y para no reconocerlo me hicieron dar vueltas por todos lados”, narró Abraham Freijo.

Zavala y Freijo advirtieron que acudirán a instancias internacionales en busca de justicia; por lo pronto, solicitaron a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cada instancia designe un relator especial para el caso. Además, pidieron el apoyo del Parlamento Europeo.

Sobre el decreto de apoyar de forma vitalicia a los deudos de los niños fallecidos en la tragedia, Zavala destacó que hay inconformidad entre los padres que forman parte del Movimiento Ciudadano 5 de Junio: “Porque se designó como responsable de atender a los familiares de las víctimas al IMSS, en cualquier momento podría desaparecer, lo que queremos es que el Estado Mexicano como tal asuma la responsabilidad de lo ocurrido en la guardería ABC.”

De acuerdo con la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso de la Unión, y que podrá ser retomada en el próximo periodo de sesiones, en septiembre próximo, los funcionarios públicos “tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas.

Molinar y Karam, “en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello; y (Bours Castelo) por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración como en su administración, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos.

En cuanto a los jueces Valls y Franco, los padres de familia señalan que actuaron de forma irregular al participar en el análisis del caso en la SCJN cuando ambos fueron funcionarios públicos del IMSSS y por lo menos el segundo tiene un familiar dentro del instituto.

Horcasitas comparecencia embarazosa

La guerra mediatica

La guerra mediática

Javier Sicilia

Proceso

MÉXICO, D.F., 9 de agosto.-

Desde las elecciones de 2006, las campañas propagandísticas han jugado un papel muy importante para denostar al adversario y construir un imaginario tan falso como destructivo. La frase de Goebbels: “Si se repite una mentira cien veces se convierte en verdad”, que llevó a Alemania a la ruina y al mundo a una guerra atroz –una consecuencia de la falsedad–, ha arrojado a la política y a la democracia mexicana al desastre. Bajo el sueño de una vida democrática se ha desarrollado, a través de la propaganda, una lucha por el poder y sus privilegios. Se trata, no de usar los medios para proponer un camino, sino de generar terror para dominar y controlar. Desde la demonización del EZLN y su vocero, el subcomandante Marcos, hasta la denostación de López Obrador, el poder ha usado los medios para una sola cosa: no permitir que las propuestas que toman el camino de un equilibrio social adquieran legitimidad.

La lógica, a pesar de  la fuerza cada vez más expansiva y sofisticada de los medios, no es nueva. Es continuar usando la imprenta como se hizo durante el establecimiento del gobierno que emanó de la Revolución Francesa. 

En México, quien la usó primero en el sentido en que lo han hecho el PRI y el PAN contra esas figuras emblemáticas y cohesionadoras de las esperanzas de los marginados, fue Carranza con Villa. La técnica –que se remonta a Robespierre cuando construyó en el imaginario de la gente la idea de un Danton contrarrevolucionario a causa de su gusto por el lujo y la buena vida– consiste en mostrar a dichas figuras como seres vulgares que tienen intereses oscuros. Zedillo con Marcos; Fox, y ahora Calderón y el panismo, con López Obrador, tenían y tienen –parafraseo a Friedrich Katz en su biografía sobre Villa– un problema que suele plantearse a los dirigentes políticos en todos los procesos de cambio: en los diseños rápidamente cambiantes que trazan las alianzas y los conflictos en cualquier movimiento que quiere una transformación, quienes detentan el poder tienen que convencer a la población del país en su conjunto o a una buena parte de ella de que los líderes de esos movimientos son en realidad traidores y perversos. 

Se trata –cito a Katz– “de describir (a través de los medios al alcance y como lo hizo Robespierre con Danton) debilidades y rasgos negativos auténticos de sus enemigos, combinarlos con otras fallas más imaginarias y sostener que cualquier acción positiva que esos enemigos (lleven) a cabo (es) sólo una cortina de humo para sus negativas intenciones”. Villa había sido bandido y, en consecuencia, siempre lo sería. En cualquier acción suya –como lo retrató Keneth Turner, contratado por Antonio Villarreal para denostarlo– estaba el sello de su pasado: el vandalismo y el homicidio

Una práctica semejante emplearon Zedillo y el secuestrado Fernández de Cevallos contra Marcos. Quien había sido comunista, siempre lo sería. Así –como Carranza lo hizo con Villa– se señaló hasta el cansancio que el verdadero nombre de Marcos era Sebastián Guillén, para recordar que, debajo de ese héroe romántico encapuchado y defensor de los indios se ocultaba el comunista formado en las tradiciones más radicales de la izquierda universitaria, un radical que usaba a los indios para desestabilizar el país y hacer una revolución.

Contra López Obrador, Fox, el panismo y algunos intelectuales paranoicos del pasado soviético emplearon una técnica similar. Dado que ha sido un hombre de izquierda, crítico de los monopolios empresariales y defensor de las causas populares, se hizo creer que quería tomar el poder para destruir las instituciones políticas y económicas y crear un gobierno autoritario como el de Chávez en Venezuela. A él, a diferencia de Marcos o de Villa, no había que desenmascararlo para mostrar a partir de su pasado, sin matices, su presente, sino, a partir de sus declaraciones de izquierda, construirle una imagen aterradora que aludía al autoritarismo chavista: “Un peligro para México”, “un mesías tropical”, un intolerante disfrazado de gandhismo, un ambicioso montado sobre “güevones” y resentidos sociales.

Las particulares debilidades de ambos, sus rasgos negativos y sus errores políticos, más la paranoia histórica del comunismo, difundidas en periódicos, entrevistas, TV, radio e internet, no sólo crearon (como Carranza lo hizo con Villa, al grado de que muchos piensan todavía en él como un bandido montado en los ideales de la Revolución Mexicana) una imagen aterradora, monolítica y destructiva de ellos, sino un imaginario falso sobre el que hombres y mujeres que no aman la democracia, sino el poder, han reinado llevando al país a la ruina en la que se encuentra.

Ahora que López Obrador se ha destapado para contender de nuevo en las elecciones de 2012 esa misma técnica volverá a surgir. ¿Cómo se articulará? Es difícil saberlo. La realidad ha mostrado la falsedad de la propaganda que lo condenó en 2006. Veremos ahora, frente a la realidad que todos padecemos, si los modernos métodos de la propaganda que desde Carranza se han ido sofisticando en el país, podrán detener otra vez las formas tradicionales de la movilización de masas y de una ciudadanía humillada, cansada, arruinada y harta del discurso mediático y su guerra.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

Hay otra forma de terrorismo mas dañina que la que hace explotar bombas

IMSS: Puñalada a la jubilación

Puñalada a la jubilación

 

Una opción es reformar la Ley del IMSS; otra, recurir al amparo, sostiene

El Congreso sí puede revertir el intento de despojo: Castro y Castro

Roberto Garduño

 

Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 3

 

La jurisprudencia que dictó por contradicción de tesis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tasa las pensiones con un límite de 10 salarios mínimos, es susceptible de ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo; pero la forma más efectiva de retrotraer ese criterio consiste en que el Poder Legislativo reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El doctor Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expuso a La Jornada la condición jurídica de la decisión adoptada por la SCJN.

Quiero defender al tribunal que tanto me ha honrado, de malas interpretaciones que llegan hasta la injuria sobre los propósitos y la ética de sus ministros. Todo ello es producto de una simple manera de contemplar las funciones de nuestros más altos jueces, atribuyéndoles una indecorosa venta de votos o de conciencias.

La jurisprudencia firme de la segunda sala de la Suprema Corte no es la que se forma por reiteración (en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo), la cual establece que por cinco ejecutorias en el mismo sentido y ninguna en contra, interrumpiría automáticamente la jurisprudencia dictada en el pleno.

La que concierne a las pensiones del IMSS fue dictada por contradicción; es decir, la segunda sala conoció la denuncia de tesis dictadas por tribunales colegiados de circuito, contradictorias entre sí, y la Corte simplemente seleccionó aquella que en su concepto se acercaba más a las intenciones de los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley del IMSS.

Argumentó que las sentencias en amparo, según el artículo 107 de la Constitución, fracción II, no tienen efectos de generalidad y sólo obligan o benefician a quienes plantearon los amparos concretos. Eso no significa que la jurisprudencia de la Suprema Corte pierda importancia.

Sostuvo que la jurisprudencia firme puede ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo: la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal colegiado de circuito.

No obstante, Castro y Castro afirmó que existe otra forma de retrotraer los criterios de la Suprema Corte en el caso de las pensiones:

Simplemente que el Poder Legislativo reforme la ley que ha interpretado la Corte. No sé por qué no se ha dado la importancia que tiene este hecho tan palmario. La Suprema Corte interpreta las repercusiones de una ley concreta que se le señala en la demanda de amparo. Si se cambiara o modificara la ley se podría cambiar el criterio jurisprudencial establecido para una ley que ya hubiere sido derogada y reformada; pero sólo en esos casos.

Antes exigían aumento; ahora enfrentan la amenaza de un recorte

El artículo 41 de la Constitución dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, y el 49 señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
“Es verdaderamente una perogrullada lo que le voy a recordar: el Legislativo dicta las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial examina, en justicia, si la aplicación se ajusta o no a la ley dictada. Si el Legislativo hiciera la aplicación y la interpretación de ella, el Poder Legislativo estaría invadiendo los otros dos poderes.

“Lo que en México (y en ningún otro país en el mundo) no puede –no debe– hacerse, es declarar que una ley es injusta. La justicia en las leyes es misión exclusiva del Poder Legislativo. Al elaborar un proyecto de ley, éste debe ser benéfico y justo a él; esa es la misión exclusiva del Poder Legislativo, creado por el estado de derecho precisamente para regular al país mediante leyes útiles y justas.”

Injusticias, en el campo legislativo, no en el judicial

Al comentar el sistema de pensiones aprobado por el Congreso, el ministro Castro y Castro señaló que éste dictó dos leyes sucesivas para regular las pensiones y dejó a empleados y trabajadores que eligieran cuál sistema les convenía: el derogado o el nuevo.

“Los conminados no son abogados ni expertos en derecho. Todos optan por decidir lo que hubiere resuelto su compadre, su amigo o su sindicato. Fue una injusticia palpable. Es verdad que los interesados manifestaron una opción pero, como se dice en México, ‘a la puntada’. A otros se les aplicó la que quiso resolver (por convenirle) el gobierno para aquellos que hubieren guardado silencio o ante una falta de acción.

En el caso de las llamadas afore así ocurrió, cuando mediante otra autorización legal se entregaron los ahorros de los trabajadores a empresas privadas para propiciar el enriquecimiento de ellas. Todas estas injusticias ocurren en el campo legislativo y no en el judicial. Éste sólo cumple con la ley que le dictó aquél.

Fraude 2006 ..la pelicula