GOBIERNO DEL DESASTRE

Michoacán, un desastre nacional

PROCESO
J. Carrasco y F. Castellanos

Cuando Felipe Calderón lanzó los primeros operativos militarizados contra el narcotráfico, parecía exagerado que utilizara la palabra “guerra”. Ahora, casi tres años y miles de muertos después, vastas zonas del país se convulsionan en una verdadera guerra intestina. Y como en todo conflicto armado, la sociedad paga su tributo de sangre a los combatientes, como en Nuevo León, o ve disminuidos sus derechos, como en Ciudad Juárez, o bien se queda sin opciones políticas para fortalecer su representación democrática porque los procesos electorales y las estructuras de gobierno están infiltradas por el narco, tal como sucede en Tamaulipas y en Michoacán. Precisamente en esta entidad, donde Calderón “llevó el barco hacia la tormenta”, como dice su correligionario Manuel Espino, varios ayuntamientos han sido descabezados por el gobierno federal debido a los presuntos nexos de sus funcionarios con el narco, o bien éste los ha expulsado por la fuerza.

TANCÍTARO, MICH.- En tres años de la llamada guerra del gobierno de Felipe Calderón contra el narcotráfico, este pueblo enclavado en la meseta purépecha pasó del orgullo al terror.
El pasado viernes 4 de diciembre, el poder formal sucumbió ante el poder fáctico cuando las autoridades del ayuntamiento –encabezadas por el alcalde perredista José Trinidad Meza Sánchez– abandonaron sus cargos y junto con los policías municipales huyeron del pueblo, amenazados por la delincuencia organizada.
Durante una semana hubo vacío de poder. El cabildo dejó de operar, el Ejército resguardó la sede del ayuntamiento, la Policía Estatal Preventiva vigiló la cabecera municipal y la población se quedó en la incertidumbre.
Aunque el Congreso del estado encontró una salida institucional al designar, el viernes 11, un concejo con seis lugareños que se encargarán de la administración, el municipio se quedará sin presidente, síndico y regidores hasta que se renueve el poder, en 2011.
Restablecida la autoridad en este municipio, reconocido por su producción aguacatera y maderera, sus habitantes saben que siguen a merced de la delincuencia organizada. Las extorsiones y las desapariciones se suceden desde hace tiempo en la comunidad. “El terror no se ve, pero se siente; y en esta realidad la autoridad municipal es lo de menos”, dice un profesor.
Sin precedentes en el país, la renuncia del cuerpo edilicio en Tancítaro fue la más reciente expresión del fracaso del gobierno federal en su estrategia contra el narcotráfico, inaugurada por el propio Calderón en Apatzingán en enero de 2007, cuando acudió a la 43 Zona Militar vestido con una holgada casaca castrense y un kepí bordado con las cinco estrellas de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
En la carta que entregaron al Congreso para formalizar su dimisión, los exfuncionarios municipales no dejaron dudas: no hay condiciones para ejercer como autoridades locales “a pesar de la presencia que tienen las fuerzas federales, estatales y municipales de seguridad pública, así como elementos del ejército mexicano (sic) dentro del Municipio”.
Por primera vez un gobierno local reconoce oficialmente los resultados adversos del Operativo Conjunto Michoacán, centrado en el despliegue de fuerzas ordenado por Calderón en su estado el 11 de diciembre de 2006, a la semana de haber asumido el poder.
Desde entonces, la entidad se ha convertido en escenario de acontecimientos que no se conocían en el país: atentados terroristas, humillaciones a las fuerzas federales, detenciones de alcaldes y violencia exacerbada que cada vez afecta más a la población civil y que ha dejado miles de personas ejecutadas, heridas, secuestradas o amenazadas.
El más grave de esos hechos hasta ahora es el atentado terrorista contra la población civil en la capital del estado, en plena celebración del Grito de Independencia. El 15 de septiembre de 2008, presuntos miembros de la organización paramilitar conocida como Los Zetas arrojaron dos granadas contra la multitud reunida en la plaza Melchor Ocampo, en el centro histórico de Morelia. El ataque dejó nueve muertos y 137 heridos.
La población civil también ha quedado en medio de refriegas. Tan sólo la semana pasada, dos personas murieron en Morelia al quedar en el fuego cruzado, cuando un comando armado atacó con granadas y armas de alto poder dos hoteles donde están instalados agrupamientos de la Policía Federal (PF). Ante ello, el gobierno de Leonel Godoy busca que los policías federales salgan de las zonas urbanas del estado y se instalen en hoteles ubicados sobre las carreteras.
Más aún, el secretario de Gobierno, Fidel Calderón Torreblanca, dice en entrevista que la autoridad federal “debe revisar su estrategia para encontrar mecanismos más eficaces y eficientes que no alarmen tanto a la sociedad”.
Este es un extracto del reportaje principal que se publica en la edición 1728 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de diciembre.