Nos están fumigando

La telebasura y lo que viene

Los talk show del ocaso telegénico

Jenaro Villamil
PROCESO

MÉXICO, D.F., 25 de enero (apro).-

PRIMERA ESCENA: Emilio Azcárraga Jean, en entrevista con Joaquín López Dóriga en Canal 2, presumió que en 2011 su empresa impulsará una “Iniciativa México recargada”, en referencia quizá involuntaria a la serie de  películas Matrix.

El dueño de Televisa advirtió que irán en busca de “los héroes anónimos”, y que para este año Iniciativa México tendrá “más asociados” entre los medios de comunicación e instituciones académicas.

También anunció que regresará el programa cómico El Privilegio de Mandar, el mismo que durante 2005-2006 sirvió como pasarela para promover a los políticos-clientes del monopolio televisivo y burlarse de aquellos que no estaban en su agenda de compromisos publicitarios.

Ante preguntas cómodas, Azcárraga Jean ofreció una visión idílica del compromiso de su empresa “con México”, que constituye “una plataforma muy clara a favor del país”. No abundó sobre el estreno de su talk show estelar, Laura de América, pero insistió que Televisa trabajará más por una “televisión de valores”.

SEGUNDA ESCENA: Laura Bozzo estrenó el mismo lunes 24 la edición de su talk show. El programa es una ensalada que mezcla melodrama, gritos, regaños, supuestos casos reales, “asesoría psicológica”, pero, sobre todo, propaganda nada velada a la Fundación Televisa, a los “héroes” ciudadanos que reciben la andanada de la demagogia de esta conductora.

“Debes comprar los libros de valores de la Fundación Televisa”, le ordenó Laura a uno de sus invitados. En la edición de este martes, la peruana mezcló el tema de la violencia contra las mujeres con el de los hijos abandonados y las drogas. Se proclamó enemiga de la violencia contra las mujeres, pero presumió a gritos su violencia verbal: “¡Una mujer que abandona a sus hijos es una porquería, es basura!”.

La señora que se autohalaga como defensora de los pobres y de las mujeres no se inmuta para humillar a los invitados, para recetarles todo tipo de invectivas y de violencia verbal, para simplificar supuestos casos truculentos de la vida real, como lo hizo en Perú, durante los tiempos de Alberto Fujimori.

En la casa de enfrente, en TV Azteca, la cantante-bailarina-conductora cubana Niurka se empeña por hacer del escándalo una forma de competir con la misma baja calidad al talk show de Bozzo. Ambas parecen responder a un guión oculto: evitar cualquier politización de los temas y vampirizar las vidas ajenas.

Ambas juran que son una reedición mexicana de Ophra, la exitosa conductora de talk shows estadounidenses. Estos talk shows son ediciones de un circo predecible, impostado, con demagogia telegénica. Constituyen el ocaso de un género televisivo que se ha utilizado en exceso para engañar a las audiencias. El truco es tan obvio que ya ni siquiera divierte.

TERCERA ESCENA: En el programa conducido por Carmen Aristegui en MVS, la conductora Martha Susana, quien dirigió otros talks shows para Venevisión, asociada a Univisión, denunció este martes que por órdenes de “altos mandos” de Televisa y de TV Azteca, esta última empresa canceló el plan para que ella condujera el programa que ahora tiene la cubana Niurka.

Martha Susana no sólo habló con coraje. Denunció con detalle la trama del engaño que caracteriza a los talks shows en los programas dedicados a audiencias hispanas (en Univisión, Televisa, TV Azteca, Venevisión). Relató que ella descubrió que cuatro testimonios eran “arreglados”, es decir ficticios. En Venevisión contrataron a unos actores para que simularan un exhibicionismo emocional truculento.

La conductora, entrevistada por Aristegui, descorrió el velo de una cortina que el control duopólico de la televisión comercial pretende que se mantenga oculto en México: TV Azteca acabó doblegándose ante Televisa para no contratar a una conductora que, por lo menos, no iba a hacer un circo mezclado con propaganda ideológica y política.

Es predecible que el duopolio le recete un linchamiento mediático a Martha Susana para que su denuncia se oscurezca. En el mejor de los casos, la van a ignorar y censurarán en sus múltiples espacios televisivos y radiofónicos cualquier referencia a su caso.

CUARTA ESCENA: El problema es que la violencia verbal que caracteriza a los talks shows ha sido interiorizada por los voceros de ambas televisoras para criticar, amedrentar y amenazar a todos aquellos críticos o periodistas que osen cuestionar sus pactos.

Una demostración lamentable de ese macartismo se leyó en sendas cartas enviadas al periódico Reforma, el pasado lunes 24, para desmentir al columnista Miguel Ángel Granados Chapa. El periodista asumió su error al dar por buena una versión extraoficial sobre la posible compra de Iusacell –perteneciente a Grupo Salinas– por parte de Televisa. Lo hizo con valentía, de cara a sus lectores y en su programa en Radio UNAM.

Granados Chapa demostró lo que todos los informadores sabemos: que el periodismo no es una ciencia exacta, que todos podemos cometer errores.

Sin embargo, parece que el error era lo que esperaban Televisa y Grupo Salinas para aplicarle una serie de ataques al autor de Plaza Pública, la columna diaria más reconocida en el periodismo impreso.

Como si los comunicados los hubieran redactado los guionistas de Laura Bozzo y Niurka, el desmentido de Televisa regaña a Granados Chapa:

“Si el señor Granados Chapa hubiera tenido el profesionalismo de consultar a las empresas y personas citadas en su artículo, seguramente lo hubiera redactado de forma distinta”. No basta el desmentido, hay que regañar.

Pero el que se luce es el Grupo Salinas. Acusa a Granados Chapa de difamar, de mentir, de burlarse de un grupo de “destacadísimos pensadores mexicanos” que se opusieron a la reforma electoral de 2007 y de “abusar” de la libertad de expresión.

¡Este es el tono del talk show disfrazado de desmentido! Y sus voceros oficiosos, como Carlos Marín –quien seguramente nunca se ha equivocado en sus columnas y notas periodísticas– califica en Milenio Diario a Granados Chapa de “timador contumaz”. ¡Qué tal!

Ese mismo día, la Canitec –organismo que publica desplegados para beneficiar siempre los intereses de Televisa– le recetó una serie de invectivas al presidente de la Cofetel, Mony de Swaan. El pretexto fue la posible modificación del título de concesión a Telmex para que preste servicios de televisión restringida.

Canitec regaña a De Swaan –como no lo hizo en otros casos polémicos, entre ellos la licitación 21. Afirma que el presidente de Cofetel hizo declaraciones “ligeras e irresponsables”.

No queda claro si la ira de Canitec y de Televisa contra De Swaan tiene su origen sólo en el caso de Telmex o en su posición a favor de licitar una tercera y cuarta cadena de televisión, posibilidad que afectará los intereses del duopolio.

Este es el México de los “valores”, de los “héroes” y, por supuesto, del talk show decadente que ambas televisoras buscarán promover en 2011 como parte de su Iniciativa.

www.jenarovillamil.wordpress.com

La violencia ¿para qué ?

Violencia: ¿por qué y para qué?

Denise Dresser

“La práctica de la violencia, como toda acción, cambia al mundo, pero el cambio más probable es un mundo más violento.”

Hannah Arendt

MÉXICO, D.F., 24 de enero.-

 PROCESO

“Otro golpe al crimen”, anuncian los titulares de los periódicos. “Otra aprehensión de un capo importante”, declara el vocero Alejandro Poiré. “Otro decomiso de proporciones históricas”, asegura algún general del Ejército. Día tras día, la letanía de cifras y capturas y datos diseminados para constatar la victoria, evidenciar el éxito, argumentar que el Estado va recuperando los espacios que perdió. Pero para la población las declaraciones vertidas carecen de sentido. Las cifras celebradas no alteran la sensación compartida de miedo. La narrativa gubernamental no altera la percepción de inseguridad prevaleciente. Y todo ello lleva a las preguntas ineludibles: ¿La estrategia del gobierno de Felipe Calderón es causa de la violencia que va en ascenso? ¿El combate al narcotráfico ha resultado contraproducente? ¿Agitar el avispero ha llevado tan sólo a más picaduras de avispas? 

En los últimos años, México padece niveles de violencia sin precedentes. Como argumenta Fernando Escalante en el artículo La muerte tiene permiso –publicado en la revista Nexos–, la tasa nacional de homicidios sube 50% en 2008, y de nuevo 50% en 2009, llegando a 19 mil 809. La tendencia ascendente se da en el segundo año del gobierno de Felipe Calderón y se vuelve imperativo entender por qué. La explicación oficial se ha vuelto un lugar común: Los homicidios provienen de cárteles peleando contra cárteles; las muertes son producto de la confrontación entre capos; la violencia es resultado de una estrategia exitosa, no de una intervención ineficaz. Se nos dice que México es un país más violento porque los criminales desesperados se están destazando entre sí: La Federación de Sinaloa contra la organización de Vicente Carrillo Fuentes; Los Zetas contra el Cártel del Golfo; Héctor Beltrán Leyva contra La Barbie; criminal contra criminal.

Y entonces, según la estrategia gubernamental, la violencia se vuelve aceptable, justificable, hasta necesaria. El número creciente de homicidios se convierte en prueba de que Felipe Calderón va ganando la guerra cuyo nombre dice desconocer. El aumento de los asesinatos se convierte en validación de una lucha a la cual le ha apostado su presidencia. Más muertos, más éxito. Más interdicciones, más disrupciones. Más capturas de capos, más luchas intestinas entre ellos. La violencia es vendida como un fenómeno coyuntural, que disminuirá cuando los narcotraficantes hayan terminado de matarse entre sí. La violencia es presentada como ingrediente indispensable de una ofensiva militar diseñada para sacudir el balance de poder dentro de los cárteles y obligarlos a pelear para mantener su propio territorio o adueñarse del mercado de sus rivales.

Pero, ¿y si la violencia no es causa de la estrategia gubernamental, sino su efecto? ¿Y si la violencia es usada no sólo por narcotraficantes, sino también por otros grupos armados que recurren a ella para defender lo que creen que es suyo ante el desmoronamiento de la autoridad? ¿Y si la “guerra contra el narcotráfico” fuera el contexto, pero no la explicación? ¿Y si la violencia no fuera muestra del poder del Estado, sino evidencia de su mala imposición? Como señala Escalante, la violencia de los últimos años está muy concentrada en algunos estados y en algunos municipios de esos estados. Allí se dan la mayoría de los decapitados y los calcinados, los acribillados y los torturados: en Nayarit y Sinaloa y Sonora y Michoacán y Guerrero y Durango y Chihuahua. Pero curiosamente la geografía de la violencia no coincide con la ruta del narcotráfico y los muertos no son sólo quienes vivían y se enriquecían con él. En esos estados, la violencia tiene una explicación distinta a la versión oficial; posee una lógica diferente a la narrativa gubernamental.

Y los números de Escalante muestran una realidad preocupante, una coincidencia alarmante. En diversos estados la tasa de homicidios se dispara a partir de la fecha del despliegue del Ejército y las fuerzas federales. El arribo de tropas no reduce la violencia. Al contrario, parece exacerbarla. El patrullaje de la Policía Federal no contiene la inseguridad. Al contrario, parece llevar a su aumento. Lo que se presenta como “éxito” está lejos de serlo en los municipios donde salir por la noche se ha vuelto peligroso, donde comer en un restaurante se ha vuelto un riesgo, donde asistir a una fiesta equivale a poner la vida en juego. Los operativos conjuntos pueden ser, literalmente, el beso de la muerte.

Este argumento parece contraintuitivo, pero lleva a conjeturas interesantes. La llegada del Ejército muchas veces trae consigo el desmantelamiento de la policía municipal. Y esa policía –corrupta, infiltrada, cooptada– era la encargada de mantener el orden a través de acuerdos informales, de pactos extralegales. Su desaparición trae consigo el desmoronamiento de pactos ancestrales, de negociaciones de largo tiempo y de largo alcance. La paz corrupta desde abajo es sustituida por la imposición del orden desde arriba. Y ese orden impuesto desde el Ejecutivo federal es demasiado intermitente, demasiado insuficiente, demasiado desconocedor de la realidad local. Como señala el documento de Stratfor Global Intelligence titulado Mexican Drug Wars: Bloodiest Year to Date, el Ejército Mexicano y la Policía Federal no tienen la capacidad para estar en todos los sitios todo el tiempo. Y tampoco pueden instituir –de la noche a la mañana– el imperio de la ley en un andamiaje construido sobre la corrupción y la complicidad.

La presencia del Ejército genera vacíos que cualquier persona con un arma se apresta a llenar; la presencia de la Policía Federal genera la incertidumbre que distintos grupos armados quieren aprovechar. Ya sean comuneros o ejidatarios o rancheros o talamontes o contrabandistas o ambulantes o policías privados o guardaespaldas o sindicalistas o expolicías. El rompimiento del orden local genera la defensa de lo individual. 

El colapso del entramado institucional conlleva la protección de lo personal, pistola en mano. Allí está la clave de la violencia más allá de lo que el gobierno de Felipe Calderón quiere entender o está dispuesto a encarar. Allí está el reto para México: cómo recomponer el orden local, pero sobre los cimientos de la ley, y no a base de disparos. Porque, como decía Gandhi, nada duradero ha sido construido con violencia. Sólo un México peor.

Bozzo: Una peruana peligrosa en México

Laura Bozzo... ¡Que pase la condenada...!

Ángel Páez
Proceso

En el año 2000 Vladimiro Montesinos –jefe de los servicios de inteligencia de Perú, actualmente encarcelado por espionaje, corrupción y delincuencia organizada– entregó dinero del erario a su amiga Laura Bozzo para que el programa de televisión Laura en América apoyara la reelección del entonces presidente Alberto Fujimori. En julio de 2006 un tribunal demostró dicha manipulación política y condenó a Bozzo a cuatro años de “prisión en suspenso” por ser cómplice de peculado y responsable del delito de asociación ilícita. Ahora Televisa la presenta como una más de sus estrellas…y quizás de Calderón.

LIMA, 22 de enero (Proceso).- La candidatura presidencial de Keiko Sofía Fujimori, hija del encarcelado exmandatario peruano Alberto Fujimori, apela a figuras de la televisión y del deporte para presentar una nueva imagen, una que busca borrar los episodios de crimen y corrupción del gobierno de su padre.

La estrategia publicitaria de Keiko Sofía ha recordado a los electores peruanos el papel que desempeñó Laura Bozzo en la reelección de Fujimori en 2000, después de que la prensa descubrió que en la actual lista fujimorista de aspirantes al Congreso aparecen excolaboradores de Vladimiro Montesinos, el jefe de los servicios de inteligencia del régimen de Fujimori y amigo íntimo de Bozzo.

Entre los fujimoristas que quieren llegar al Parlamento aparece un viejo amigo de Montesinos y Bozzo: el retirado general de la policía Juan González Sandoval, El Chacal.

Durante la campaña reeleccionista de Fujimori en 2000, Montesinos puso a disposición de la presentadora de televisión a El Chacal para desacreditar en su programa, Laura en América, al principal candidato presidencial de la oposición, Alejandro Toledo. González Sandoval habló con Lucrecia Orozco, madre de una pequeña llamada Zaraí, y la convenció de presentarse en el programa de Bozzo y ahí, públicamente, exigir a Toledo que reconociera la paternidad de la menor y el pago de una pensión.

Esta operación fue financiada por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), el aparato de represión criminal que dirigió Montesinos.

El martes 28 de marzo de 2000 Laura Bozzo presentó a Lucrecia Orozco quien, en medio de un desconsolado llanto, acusó a Toledo de no reconocer a Zaraí. La presentadora sepultó con insultos al entonces candidato.

Detrás de lo que se presentaba como un justo reclamo –durante su gobierno Toledo terminaría por admitir la paternidad de la niña– se ocultaba al público peruano una maniobra de Montesinos en coordinación con Laura Bozzo para destruir al candidato opositor, quien era un peligro para la reelección de Fujimori.
Extracto del reportaje que se publica en la edición 1786 de la revista Proceso, ya en circulación.

México: espeluznante realidad

La espeluznante realidad

Sara Lovera
Proceso

MÉXICO, DF, 20 de enero (apro).- 

La violencia en México se ha disparado. El investigador Fernando Escalante Monsalbo publicó en el último número de la revista Nexos un estudio basado en las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que muestra un aumento en los homicidios en el país hasta de 50%, respecto de lo que él mismo publicó un año antes, cuando sostuvo que habían disminuido sistemáticamente las muertes violentas.

Reconoce que entre 2008 y 2009, en el segundo año de gobierno de Felipe Calderón, se rompió la tendencia de manera violentísima y dice, sin acabar de reconocerlo, que ello tiene relación con la forma como se ha enfrentado al crimen organizado y ligado a la declaración de guerra. Y si no está relacionado el crecimiento de los homicidios con la guerra ¿entonces? La conclusión es sencilla, en esas cifras están escondidos el feminicidio y la violencia contra las mujeres, que entre 2009 y junio de 2010 cobraron la vida de mil 728 mujeres.

¿Por qué tomo a Escalante como referencia? Porque su estudio publicado hace más de un año causó, frente a los hechos y las cifras, un verdadero escándalo, porque sólo le creyó Héctor Aguilar Camín, que está prendido de la idea de que seguimos en la transición democrática y ahora Calderón Hinojosa no sabe qué hacer frente a las elecciones del Estado de México, el próximo 3 de julio, donde se dará la batalla más importante hacia 2012.

Lo cierto es que la noticia de la negativa del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mueres (SNPASEVM) para establecer la alerta de género en el Estado de México ha mostrado como nunca el límite de la norma legal frente a la realidad interesada en no mirar lo que está pasando en esa región del país que, por no ser la única, es una zona donde la muerte tiene permiso y todo mundo quiere ocultarlo para quedar bien con Enrique Peña Nieto, el elegido del antiguo partido de Estado.

En la tierra de Peña Nieto no pasa nada. Es como puede interpretarse a las 20 funcionarias priistas que dirigen Institutos de las Mujeres que coincidieron en que no era necesaria la declaratoria de alerta contra la violencia de género en tierra mexiquense.

Claro, se trata de funcionarias adheridas directa e indirectamente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), mujeres que han logrado, a veces como parte de un gabinete, el ansiado sitio donde se toman decisiones, ese que denodadamente muchas desean.

En el Estado de México no existe un Instituto de las Mujeres y actualmente se concentran algunas exmilitantes feministas que están asesorando el programa electoral del próximo candidato o candidata a la gubernatura.

Ahí, donde en dos años han sido documentados los asesinatos de 446 mujeres, donde existen al menos seis municipios de verdadera peligrosidad, el mismo lugar donde los índices de delincuencia se han disparado y hay más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplirse, relacionadas con ejecuciones, secuestros, homicidios, lesiones, robos con violencia y violación a mujeres. Sí, es el Estado de México donde –dijeron-- no es necesaria la declaratoria de alerta de género.

El pasado 8 de diciembre, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio solicitaron al SNPASEVM una declaratoria de alerta de violencia de género en el Estado de México, mecanismo creado a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de investigar y tomar medidas inmediatas e integrales para erradicar la violencia feminicida detectada en esa entidad.

La respuesta fue sorprendente. El 11 de enero el Sistema Nacional decidió de manera infundada, en sesión extraordinaria, negar la procedencia de dicha solicitud. Dijeron que no ¿por qué no? No se sabe quién se come a quién, porque mientras tanto también en los pasillos calderonistas se oculta cómo crecieron los feminicidios en el país y se buscan justificaciones biologistas o neurolingüísticas para explicar la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres.

Lo más grave, dicen los pronunciamientos que han menudeado ante la inexplicable decisión, es que se anuló la posibilidad de sentar un precedente para operar un mecanismo de ley encaminado a proteger a las mexicanas de la violencia feminicida, y todos los estudios niegan los diagnósticos que colocan al Estado de México como una entidad en la que la discriminación femenina y la falta de valoración de las mujeres ha provocado que el feminicidio crezca y mutile miles de vidas y deje huérfanos a miles de niños y niñas, mientras el gobierno actual no ha resuelto la impunidad que lo rodea.

Las mujeres organizadas por ahora protestan y denuncian: la determinación tomada fue contraria a los estándares internacionales de protección a una vida libre de violencia, fortalece el patrón de impunidad y de discriminación y hace ver que en México puede haber leyes, pero mientras no haya cambio de conciencias y verdaderos compromisos, no podemos consentir a las autoridades, como se les justifica y consiente cuando únicamente cumplen con su deber, si es el caso.

¿Qué se buscaba con la alerta? Se buscaba iniciar una investigación, apresar a los delincuentes, tomar medidas precautorias en los lugares peligrosos y salvar vidas. No sólo intentar detener la violencia contra las mujeres y sus asesinatos, sino hacer operar la seguridad, tan llevada y traída en los vacíos discursos.

Se trataba de revisar los 546 asesinatos, tener acceso a los expedientes, pedir rendición de cuentas, como cuando se solicitó en Chihuahua desde 1993. Se desoyó esa solicitud y el resultado fue fatal, la impericia y el desprecio son inenarrables.

Las frases, incluso tecnocráticas: “Modificar el patrón de impunidad”, tampoco fueron oídas. Lo cierto es que ahora esta decisión pone en evidencia el límite de las mujeres que consiguen esos puestos, quienes han preferido proteger a su probable candidato que ejercer lo que muchas funcionarias de los Institutos de las Mujeres pregonan. Ellas no sólo encubren y manipulan, sino que forman parte de la simulación generalizada.

Es verdad que no tienen herramientas ni dinero, tienen limitación en sus intervenciones, e incluso algunas argumentan: “Somos tan pocas” y “no nos hacen caso”. Bueno, entonces, como diría en su célebre frase el empresario Alejandro Martí: “Si no pueden, que renuncien”.

Lo espeluznante es lo que pasa y lo que sabemos. De todas las víctimas la autoridad dice que en 99 casos no están identificadas. Recuerdo entonces a los y las funcionarias de Chihuahua por el feminicidio de Ciudad Juárez y las mil y un clasificaciones, si son o no feminicidios, si eran por razones de género, si en realidad son asesinos en serie, y mientras tanto continúa esta barbarie.

Es grave que ante las grandes deficiencias del sistema de justicia, uno de los pocos mecanismos de protección ideal con los que cuentan las mujeres y la sociedad civil estén en manos de los intereses políticos y de autoridades que se encuentran en el poder. Este será uno de los arietes en la discusión política electoral, sin duda. Hace falta mayor presión.

En estos días habrá solidaridad con las mexicanas en muchas partes del mundo, se insiste en nuevos mecanismos legales, como la modificación de la Ley General de Acceso de las Mujeres una Vida Libre de Violencia para que se incluya la participación ciudadana y académica en el Sistema Nacional con el objeto de que se garantice un mecanismo imparcial y efectivo.

También se pide la modificación del Reglamento de la Ley para eliminar los requisitos que van más allá de los establecidos por la Ley General y se exige que los Institutos de las Mujeres estén dirigidos por mujeres comprometidas con los derechos de las propias mujeres y no con los intereses políticos.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha documentado la gravedad del problema en el Estado de México; los diagnósticos que la Secretaría de Gobernación tiene engavetados y despreciados pudieran ser el comienzo de una solución global, siempre y cuando se pidan cuentas. Es curioso cómo se manipula la información en las televisoras que se benefician de estos ocultamientos y cómo se desvía la atención de los problemas de fondo. Mientras tanto, veremos este año, en tierra mexiquense, la danza de los discursos y un constante enfrentamiento.

Comentarios: saralovera@yahoo.com.mx

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