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sábado, 6 de marzo de 2010

CARTA A UNA MARIPOSA

Desfiladero


Carta a una mariposa

Jaime Avilés
LA JORNADA

 
Carlos Montemayor estaba en todo. Nada de lo humano le era ajeno. Era experto en disciplinas tan disímbolas y complementarias como la guerra, la poesía, la música y las lenguas vivas, muertas y en vías de extinción. Poeta, novelista, periodista, ensayista, activista, traductor, cantante de ópera, lo mismo daba conferencias magistrales en los salones del Estado Mayor, para explicar a los generales las razones de ser de los movimientos guerrilleros del siglo XX, que fungía como mediador entre el EPR y la Secretaría de Gobernación, participaba en congresos literarios, grababa discos y escribía sin descanso.

Tenía 23 años en 1971 cuando ganó el premio Xavier Villaurrutia por Las llaves de Urgell. Yo acababa de cumplir 19 cuando en 1973 lo conocí en Filosofía y Letras de la UNAM, y lo miraba hacia arriba: ya era un grande. Una mañana me salí de la aburrida clase de un profesor tan orejón y calvo como antipático, que daba Siglo de Oro, para ir a tomar café al Sanborns de San Ángel, con los poetas Marco Antonio Campos, Luis Chumacero (hijo de Alí), los cuentistas Carlos Chimal y Bernardo Ruiz, y desde luego Montemayor.


Quizá porque a pesar de sus tempranos laureles, todavía era un joven norteño que se sentía intimidado por la gran ciudad, Montemayor mezclaba el lenguaje coloquial con términos untados de prosopopeya que lo hacían hablar de una manera un poco rara. Aquella vez en Sanborns, por ejemplo, me dijo: “Pásame esa cuchara, parece que está impoluta”. En 1991 me invitó a presentar su novela Guerra en el paraíso, en la casa-museo de la guerrilla mexicana, que entonces dirigía el ex combatiente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, y también escritor, Salvador Castañeda.

Guerra en el paraíso, como todas y todos sabemos, aborda la lucha encabezada en la sierra de Guerrero por Lucio Cabañas Barrientos, quien murió peleando en 1974. Para componer esa obra, Montemayor no se limitó a recabar los testimonios de los campesinos que sobrevivieron a la furia represiva, sino que investigó en los archivos de la Secretaría de la Defensa y consultó documentos, hasta entonces desconocidos, que detallaban las operaciones del Ejército a lo largo del conflicto. Allí acrecentó, sin duda, su admirable erudición en asuntos militares.

Decir que la desaparición de Montemayor deja un enorme vacío que será imposible llenar es algo muy cierto, pero hay una página de su abultada agenda de temas sociales en la que podemos contribuir a paliar su ausencia. Durante los últimos años de su vida, Carlos defendió con tesón a los defensores del histórico Cerro de San Pedro (y aquí la palabra Cerro va con mayúscula, porque no se refiere a un sustantivo sino a un nombre propio), donde en 1600 se pactó el final de la guerra chichimeca, que había estallado medio siglo antes, cuando los conquistadores españoles abrieron un camino directo entre Zacatecas y Querétaro para traer a México la plata de las minas del norte.

Al invadir el desierto de lo que ahora se llama San Luis Potosí, fueron atacados por los grupos nómadas que lo habitaban, despectivamente llamados “cara de perro” (chichimecas) por los mexicas, que jamás pudieron conquistarlos. Las caravanas de carretas y mulas cargadas de piedras pletóricas de oro, plata, plomo, tungsteno y muchos minerales más, empezaron a ser saqueadas sistemáticamente, y quienes las conducían, muertos mediante certeros flechazos. Aquellos indígenas desnudos, que se dibujaban la piel con exóticos colores, sembraron el pánico en la región y obligaron a Felipe II a enviar tropas de refuerzo. La estrategia militar –óyelo Felipe, y escúchalo Calderón– no sirvió de nada. La guerra duró cinco décadas y llegó a su fin cuando la corona española confiscó las cuentas bancarias de los chichimecas y encarceló a todos los políticos (incluso al virrey) y a los grandes empresarios que los protegían y ayudaban a lavar dinero... ¿Qué?

Perdón, perdón, rectifico, no sé en qué estaba pensando: la guerra chichimeca terminó cuando los españoles entendieron que los indios, en realidad, saqueaban las caravanas porque tenían hambre y frío, así que en lugar de seguir construyendo fuertes en el desierto (que hoy son ciudades como Irapuato, Celaya, Matehuala, etcétera) aplicaron otra política económica, y lograron concretar la paz cuando los rebeldes recibieron alimentos y cobijas, sin saber que de tal modo se condenarían a vivir por los siglos de los siglos venideros en la miseria, la esclavitud y la más feroz de las explotaciones.


En 1600, los ganadores de la guerra fundaron la ciudad de San Luis Potosí, con sus siete barrios (incluido el de San Miguelito, que sale en los corridos de Jorge Negrete, y otros en donde fueron agrupados los indios), a escasos kilómetros (entonces leguas) del Cerro de San Pedro, al que dibujaron en su escudo de armas como emblema y seña de identidad. Pero al mismo tiempo, en ese hermoso promontorio, formado por más de 80 mil toneladas de roca, descubrieron un riquísimo yacimiento de plata que, entre otras cosas, financió el desarrollo de la deslumbrante arquitectura barroca potosina.

Cuando la plata y el oro, que siempre nace asociado a ella, se agotaron en la primera mitad del siglo XX, el otrora floreciente lugar cayó en el olvido y, como todos los enclaves mineros que en su día conocieron la abundancia, se volvió, casi, un pueblo fantasma. A principios de la década anterior, para su desgracia, el sitio fue redescubierto por la empresa canadiense New Gold-Minera San Xavier que, repartiendo dinero a manos llenas, obtuvo permiso para explorarlo y llegar a la conclusión de que, a cierta profundidad, debajo de la base del cerro, hay todavía inmensas reservas de oro.

Entonces, para adueñarse de esos filones de oro, a los depredadores canadienses no se les ocurrió nada mejor que volar el cerro con dinamita, removiendo las 80 mil toneladas de roca que le dan cuerpo (por eso conocemos ese dato exacto, ¿verdad?, no es que uno vaya por el mundo sabiendo el peso y la talla de los montes). La monstruosa idea no sólo constituye una amenaza para la flora y la fauna de la región –porque el oro que ya están sacando es lavado en tinas de lixiviación, al aire libre, que después filtran sus desechos venenosos al subsuelo–, sino también para las joyas arquitectónicas de San Luis Potosí, situadas a 30 kilómetros de distancia, porque las explosiones ponen en riesgo su integridad.

Aunque la lógica más elemental aconsejaría que para proteger la biodiversidad, el patrimonio cultural y la salud de las personas bastaría con expulsar a Minera San Xavier, el gobierno de Vicente Fox le dio el más rotundo espaldarazo, para que siguiera adelante, y la espantosa y asesina caricatura del “gobierno” actual la sigue apoyando con sumisión inquebrantable.

Además de escribir poemas, novelas, traducciones y artículos de prensa, además de cantar ópera y gozar la vida luchando en numerosos frentes a la vez, Carlos Montemayor defendió con ahínco al Frente Amplio Opositor (FAO) potosino, que combate jurídica y políticamente a Minera San Xavier, y no cejará hasta echarla de México. Si bien el vacío que deja Montemayor es irreparable, Desfiladero recoge desde hoy la estafeta que la muerte le arrebató de la mano a nuestro querido amigo, y se compromete a seguir, en su nombre, la batalla por el Cerro de San Pedro.

Esto le decía la otra noche a una mariposa de alas rojas a la que prometí escribirle esta carta, porque fue el primer animalito que vi, después de saber que ya está entre nosotros Valentina, la hija de Karina Avilés y Miguel Ángel Velázquez. ¡Bienvenida!

jamastu

viernes, 5 de marzo de 2010

LOS " ACUERDOS " DEL PRIAN EN LO OBSCURITO PARA JODER A LOS MEXICANOS AL DESCUBIERTO






El convenio se firmó el 30 de octubre; Gómez Mont y Enrique Miranda fueron testigos

Sí acordé con el PRI no hacer alianzas en el Edomex: Nava
El pacto se rompió cuando senadores del tricolor se abstuvieron de aprobar la Ley de Ingresos
AN está en libertad de plantear la posible formación de una coalición en esa entidad, sostiene


Georgina Saldierna y Ciro Pérez Silva
Periódico La Jornada
Viernes 5 de marzo de 2010, p. 3


El dirigente nacional del PAN, César Nava, tuvo que admitir que mintió, tras ser descubierto por el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. El mandatario reveló que el panista firmó un acuerdo con la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, en el que se comprometió a no efectuar alianzas electorales en aquella entidad, a cambio del respaldo priísta al paquete económico de 2010.

Nava lo negó inicialmente, pero después, obligado por el tricolor, anoche reconoció que sí suscribió ese documento y además lo hizo público.

La firma del acuerdo no sólo afectó al presidente del blanquiazul. Su homóloga del PRI también salió raspada. Ex gobernadores, diputados y senadores que asistieron a la ceremonia por el 81 aniversario del Revolucionario Institucional señalaron que al signar ese convenio, la diputada no sólo se puso en evidencia, sino que su experiencia quedó en entredicho.

“Don Fernando (Gutiérrez Barrios) debe estarse revolcando en su tumba”, ironizó uno de los asistentes a la celebración priísta en el municipio de Zapopan, Jalisco, y sostuvo que no hay justificación alguna para firmar un acuerdo de esta naturaleza, “y menos aún para hacer público que nos chamaquearon”.

Murat condena pactos

De los pocos priístas que se atrevieron a responsabilizarse de sus declaraciones, el ex gobernador de Oaxaca José Murat condenó que su partido “haya firmado pactos que lastiman más la economía de distintos estratos del pueblo de México”.

La historia de mentiras y reconocimientos forzados empezó el martes pasado, cuando en entrevista televisiva Peña Nieto reveló la existencia del convenio y afirmó que éste se fraguó al calor de las negociaciones sobre el paquete económico 2010, que incluyó un aumento al IVA y otros impuestos.

Un día después, el presidente del PAN rechazó los dichos del mandatario. Negó haber suscrito un documento de esa naturaleza o que se haya comprometido a no realizar alianzas en el estado de México a cambio de que los legisladores priístas aprobaran la miscelánea fiscal.

Las declaraciones de César Nava llevaron a que su homóloga del PRI señalara la noche del miércoles que sí se suscribió el convenio y que amagara con utilizar los servicios de un grafólogo para autentificar la rúbrica del panista.

Frente al encontronazo de las dirigencias partidistas, senadores y diputados del PAN exigieron a Paredes, ayer por la mañana, que diera a conocer el documento “presuntamente firmado por Nava”. Si tiene pruebas, que las exponga, recalcó Rubén Camarillo.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Francisco Rojas Gutiérrez, demandó que el jefe nacional de los panistas explicara por qué ahora niega haber suscrito ese convenio.

En medio de los dimes y diretes, Nava Vázquez tuvo que reconocer anoche que sí suscribió el acuerdo con Paredes, en reunión efectuada el 30 de octubre pasado, a la que asistieron el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y el secretario de Gobierno del estado de México, Luis Enrique Miranda, quienes estamparon su rúbrica en el documento en calidad de testigos.

Como parte del convenio, PAN y PRI se comprometieron a abstenerse de formar coaliciones electorales en el estado de México con otros partidos cuyos principios e ideología fueran contrarios a los que sostienen en sus respectivas declaraciones de principios, explicó el dirigente panista.


Resaltó que se firmó el acuerdo teniendo como base la obligación del PRI de apoyar en sus términos, en el Senado de la República, la Ley de Ingresos previamente aprobada en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que esa cláusula no aparece en el documento que el propio Nava distribuyó anoche.

En conferencia de prensa, el presidente del PAN destacó que el PRI incumplió el acuerdo, pues en la sesión senatorial del 5 de noviembre pasado sólo ocho de los 33 senadores priístas permanecieron en el salón de plenos y todos se abstuvieron de votar en favor de la Ley de Ingresos.

Ante el “flagrante incumplimiento del PRI, el acuerdo quedó sin efecto alguno”, enfatizó.

En consecuencia, dijo, el PAN está en absoluta libertad y autonomía de plantear la discusión sobre la posible formación de una coalición en el estado de México para la elección de 2011.

–¿Por qué mintió a la opinión pública al declarar que no había firmado acuerdo alguno o pacto con el PRI, y por qué no se notificó al Comité Ejecutivo Nacional del convenio? –se le preguntó.

–En primer lugar, este acuerdo no fue puesto en el conocimiento del CEN, precisamente porque el incumplimiento del PRI lo hizo innecesario. Estaba contemplada la posibilidad de hacerlo del conocimiento del comité nacional para su eventual aprobación; sin embargo, al quedar sin efectos, al quedar sin vigencia ni validez alguna, no fue necesario hacer esta presentación. Por otra parte, es cierto que en un primer momento no hice pública la firma de este acuerdo. Lo hice por respeto al principio de confidencialidad que rige esta clase de relación y de acuerdos políticos. Sin embargo, una vez que la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, ha violado la confidencialidad de este acuerdo, me encuentro en absoluta libertad para divulgar sus términos y entregarlo a los medios de comunicación.

César Nava aseguró que el presidente Felipe Calderón en ningún momento estuvo al tanto ni informado de la celebración del acuerdo, el cual consta de seis cláusulas. La última de ellas refiere que el convenio entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y que tendrá vigencia hasta el 31 de julio de 2011.

En otro de los apartados, los dirigentes de PRI y PAN se obligan a revisar la normatividad jurídica que regula la formación y funcionamiento de las coaliciones y, en su caso, promover las reformas correspondientes con la finalidad de evitar que dicha figura sea utilizada como instrumento de coyuntura electoral.


Una vez conocidas las declaraciones de Nava, el coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, dijo que no tenía conocimiento del pacto citado. “Que nos digan quién lo hizo, porque nosotros no lo hicimos ni conocemos en qué términos se haya podido dar, si es que es cierto. Los senadores del PRI y un servidor tenemos en alto y mucho respeto por el valor de la palabra dada”, puntualizó.








miércoles, 3 de marzo de 2010

EL TRABAJO SUCIO DE MOLINAR HORCASITAS

NEGLIGENCIA CRIMINAL EN EL CASO DE 49 BEBES QUEMADOS VIVOS

La tragedia de la guardería ABC, negligencia criminal



Jenaro Villamil
PROCESO
MÉXICO, D.F., 2 de marzo (apro).-

El mismo día que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, se burlaba de Brasil --potencia económica emergente de América Latina—en un foro madrileño, diciendo que en México “no vendemos samba, sino proyectos”, el informe de la Comisión Investigadora del Poder Judicial sobre la tragedia que provocó la muerte de 49 infantes en la guardería ABC el 5 de junio de 2009, llevó al baile las aspiraciones del exdirector del IMSS que ya promovía su traslado de la avenida Xola al Palacio Cobián, en Bucareli.

El resultado de las investigaciones no deja lugar a dudas: 17 funcionarios federales y estatales –incluidos Molinar Horcasitas y el exgobernador priista de Sonora, Eduardo Bours-- son corresponsables de una serie de deficiencias criminales que caracterizan la operación de las guarderías subrogadas del Seguro Social a particulares, no sólo en Hermosillo, sino en otras partes del país.


Otros mencionados son el director Jurídico del Seguro social, Fernando Gutiérrez Domínguez; la coordinadora de Guarderías del IMSS, Dora García Kobeh, y el director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto, Jesús Ignacio Navarro Zermeño, así como el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y sus principales funcionarios vinculados a la protección civil.


Los magistrados que investigaron todo el sistema de guarderías del Seguro Social señalaron que sólo 0.3%, es decir, 14 guarderías, de un total de 1,480 que han sido subrogadas en el país, cumplen con los requisitos elementales para garantizar la seguridad, la protección civil, el bienestar y el buen trato de miles de infantes que son literalmente “embodegados” en estos establecimientos que se han convertido en una red de jugosos negocios privados con fondos públicos.


En el caso específico de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, la investigación subraya lo que se publicó ampliamente en la prensa de todo el país: La falta de muros que dividieran la bodega de la guardería permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran entre el falso plafón y el techo de la estancia infantil, provocando la muerte por asfixia de casi medio centenar de bebés.

En los resultados de la auditoría practicada por Carlos Ronzón y Rosario Mota, se infiere que un accidente de las dimensiones trágicas de la guardería ABC se puede producir en más de 99% de los establecimientos subrogados por el IMSS en toda la República.


“Quedó probada la hipótesis de que en otorgamiento de contratos, supervisión y vigilancia de las guarderías existe desorden generalizado”, subrayó la magistrada Mota en la exposición de los resultados de la auditoría. El 49% de las guarderías carece de constancias de protección civil vigentes y sólo 407 tienen visto bueno de los cuerpos de bomberos.

El panorama descrito por los investigadores del Poder Judicial presupone una constante de negligencia criminal que, por supuesto, no se limita únicamente al exdirector del Seguro Social en el gobierno calderonista. Difícilmente el propio titular del Ejecutivo federal puede librarse del duro diagnóstico que se dio a conocer el 1 de marzo. A menos que a Felipe Calderón se le vuelva a ocurrir que la tragedia fue el resultado de un “pleito entre pandillas”.

La tragedia del ABC constituye, con mucho, una de las peores ocurridas en los últimos años por los siguientes elementos:

1. Se hicieron advertencias y denuncias suficientes sobre las irregularidades del esquema de subrogación de guarderías que desde la época de Santiago Levy, al frente del Seguro Social, se convirtió en una norma para repartir jugosos negocios a “niñeros” con el rostro de nepotismo.

2. Los hechos relatados por los padres de las víctimas hablan de un esquema de hacinamiento de infantes peor que el que ocurre en maquiladoras textiles o en sitios donde la explotación y la ganancia fácil se sobreponen por encima de cualquier condición humanitaria.


3. Se trató de bebés que murieron ante un accidente perfectamente evitable, si hubieran existido las más elementales condiciones de seguridad. La PGR y los gobernadores panistas se escandalizan porque parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés, pero se hacen de la vista gorda ante los infantes que se “embodegan” en la mayoría de las guarderías del Seguro Social, otrora orgullo del Estado de bienestar mexicano.

4. Ante los resultados de la auditoría, difícilmente el pleno de la Suprema Corte de Justicia puede hacerse de la vista gorda o eximir de responsabilidades a los principales funcionarios mencionados. La sociedad mexicana, en especial la de Hermosillo, espera de los ministros no sólo una sanción jurídica, sino una modificación radical de este negocio criminal. ¿Qué medidas concretas va a adoptar el presidente de la República? No hay que olvidar que los resultados no son vinculantes, es decir, que no obligan a ninguna autoridad a actuar en contra de los responsables.

Email:jenarovi@yahoo.com.mx





QUE NO QUIERE RENUNCIAR EL PRINCIPAL CULPABLE DE LA MUERTE DE 49 BEBES

"No voy a renunciar": Molinar Horcasitas



Alejandro Gutiérrez
PROCESOMADRID, 2 de marzo (apro).-

El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México, Juan Molinar Horcasitas, habló hoy sobre los resultados de la investigación de la comisión de la Corte sobre el caso de la guardería ABC, donde perdieron la vida 49 menores de edad, y advirtió que no va a renunciar.


Y pese a su nombre aparece en la lista de los funcionarios y exfuncionarios del IMSS señalados por los magistrados de la comisión investigadora como presuntos responsables de la muerte de los infantes, el funcionario que en días pasados fue mencionado como posible relevo del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, subrayó que se siente tranquilo.


De visita en España, donde promueve un paquete de obras públicas en el rubro de la infraestructura, Molinar comentó que aún no conoce el documento preliminar que ayer difundió la SCJN, en el que lo corresponsabiliza de la muerte de 49 menores.


Ayer, la comisión investigadora del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, ocurrido el 5 de junio de 2009, concluyó que el exdirector del IMSS y hoy titular de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, así como el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, entre otros 17 funcionarios y exfuncionarios más, están implicados en el caso por violaciones graves de garantías.


El documento fue elaborado por los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, quienes concluyeron que el siniestro en el que murieron los 49 niños “fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del gobierno de Sonora y del ayuntamiento de Hermosillo”.


El extitular del IMSS señaló que una vez que estudie el documento, cooperará con toda la información y exigencias que establezca la Corte para esclarecer el caso de la guardería sonorense, pero adelantó que su actuación estuvo apegada a derecho.


Molinar Horcasitas dijo que de acuerdo con el artículo 203 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la operación de la guardería ABC está dentro del marco legal y no incumple ningún reglamento y tampoco infringe ordenamientos legales.


El expediente dado a conocer el pasado lunes 1 se turnó para su análisis al ministro Fernando Franco González Salas, quien elaborará un dictamen para determinar si se registraron o no violaciones graves de garantías.


El dictamen que presente el ministro Franco será llevado al pleno del máximo tribunal mexicano.









martes, 2 de marzo de 2010

MOLINAR HORCASITAS INVOLUCRADO EN LA MUERTE DE BEBÉS QUEMADOS

La comisión investigadora de la Corte señala a 16 funcionarios federales, estatales y municipales


Molinar y Bours, involucrados en violaciones en el caso ABC

Priva un “desorden generalizado” en el otorgamiento de contratos para guarderías subrogadas

La escasa supervisión y vigilancia en materia de protección civil permitió el incendio, dicen

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 2 de marzo de 2010, p. 3


La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designada para investigar el caso del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, concluyó ayer que priva un “desorden generalizado” en el otorgamiento de contratos para estancias subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en su supervisión y vigilancia en materia de protección civil, circunstancias que permitieron la conflagración que provocó la muerte de 49 niños en junio de 2009.

“Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC”, sostuvo uno de los integrantes de la citada comisión.

Al dar a conocer al pleno de ministros un resumen de su informe preliminar, elaborado después de seis meses de investigación, los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla destacaron que la auditoría jurídica practicada al sistema de guarderías subrogadas reveló que sólo 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los mil 480 contratos, únicamente 14 fueron otorgados con apego estricto a lo establecido por la normatividad del IMSS en la materia.

Tres décadas de ilegalidad

Añadieron que desde hace tres décadas el Seguro Social carece de facultades legales para otorgar este tipo de contratos. “Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el IMSS para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su consejo técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos”, expuso Mota.

Agregó que “el hecho de que actualmente estén operando 11 guarderías de patrones en el país, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.

“Esta afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que desde 1983 –año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios– hasta junio de 2009, esto es, en 26 años, había en el país alrededor de mil 480 con ese esquema, cuando en 36 años –teniendo presente que desde la Ley del Seguro Social de 1973 se previó esa posibilidad– hasta el día de hoy, sólo operan las 11 guarderías de patrones mencionadas”, puntualizó la magistrada.

Como resultado de sus indagatorias, los juzgadores también informaron que “en la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo”, pero no mencionaron los nombres de los funcionarios implicados.

El ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, durante el informe sobre la guardería de Hermosillo, SonoraFoto Marco Peláez


No obstante, minutos antes de que concluyera la sesión del pleno el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia informó que la Corte ya había publicado en su página de Internet “todo el informe preliminar” elaborado por ambos magistrados.

En ese documento la comisión consideró que sí existió violación grave de garantías individuales en este caso y señaló como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre los que destacan el ex director general del IMSS y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo.

Este informe no representa aún la postura definitiva de la SCJN, pues falta que un ministro elabore un proyecto de resolución que en su momento discutirá el pleno, a fin de que los 11 ministros resuelvan si hubo violación de garantías, quiénes serían los funcionarios responsables y cuáles los motivos de su actuación.

El informe de labores servirá al ministro Fernando Franco González Salas para que elabore el proyecto de dictamen que discutirá el pleno. Según las estadísticas dadas a conocer por los miembros de esta comisión de la Corte, 49 por ciento de las guarderías subrogadas carecen de constancia de protección civil vigente, y sólo 407 tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, lo que “revela un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación”.

Al respecto, Mota Cienfuegos indicó que si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social ejerce supervisión administrativa en más de 87 por ciento de las guarderías, su participación en la vigilancia relacionada con la protección civil es escasa, aunque sus reglas internas lo obligan a realizar esas verificaciones.

De su lado, el magistrado Ronzon dijo que, con base en diversos dictámenes periciales consultados, la comisión investigadora llegó a la conclusión de que el incendio que provocó la muerte de 49 niños y dejó lesionados a otros 65 se originó a raíz de “un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler”, en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

“A partir del accidente, las demás (guarderías) han mostrado clara tendencia a regularizar los tres aspectos: ordenamiento de contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en protección civil”, explicó Ronzon.

El dictamen final no tendrá efectos jurídicos ni generará responsabilidades concretas para los involucrados, pero sí servirá de guía a los familiares de las víctimas para que elaboren denuncias penales contra las autoridades que resulten responsables de la violación de garantías.

 

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