#Aristégui conferencia 2

La reinstalación de Aristégui de inmediato

Demandan legisladores del PRI, PRD y PT reinstalación de Aristegui

Jesusa Cervantes
Proceso

MÉXICO, DF, 8 de febrero (apro).-

El Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados aceptó abordar en tribuna el despido de la periodista Carmen Aristegui de la empresa radiofónica MVS y enmarcarlo como parte de la “problemática nacional", y cerrar con ello el debate sobre el presunto alcoholismo del presidente Felipe Calderón.

En el arranque de la sesión, el vicecoordinador de la bancada panista, Alberto Pérez Cuevas, pidió la palabra y desde su curul solicitó que en el tema denominado “problemática nacional” “se aborde lo sucedido con una periodista y que cada quien (diputado o grupo parlamentario) comente su postura… a la bancada del PAN le interesa que esto se debata”.

Los oradores de este partido, al igual que su vicecoordinador, jamás pronunciaron el nombre de Carmen Aristegui y aunque se manifestaron a favor de la libertad de expresión, en ningún momento hicieron referencia al despido.

Incluso, a diferencia de la vocera presidencial, Alejandra Sota, que negó cualquier intervención de Los Pinos en caso Aristegui, los panistas evitaron durante el debate relacionar al gobierno federal en el tema.

En contraste, PRI, PRD y Partido del Trabajo salieron en defensa de Aristegui, al grado de que los dos últimos partidos demandaron a la empresa MVS la reinstalación de la periodista en el noticiero radiofónico.

Los primeros en intervenir fueron los panistas, siguieron los petistas y perredistas, y finalmente la priista Beatriz Paredes cerró el debate con frases demoledoras al parecer enderezadas al gobierno calderonista.

“El derecho a la crítica, en regímenes políticos en transición, es indispensable porque en los proceso de transición siempre hay riesgo de posiciones regresivas, y en esas etapas --que se caracterizan por la confusión, la diatriba y en muchos casos por las acusaciones infundadas-- la crítica es una práctica que oxigena y obliga a todos a mirar con mayor objetividad y humildad que percepciones diversas existen”, acotó Paredes Rangel.

Y cerró al sostener que “en el país necesitamos que exista la crítica, la crítica objetiva, la crítica veraz, la crítica que no confunda al poder en su propio espejo”.

“Alcohólico no, dipsómano”

Durante el debate, los panistas se limitaron a decir que su partido está a favor de “la libertad de expresión” y a sostener que ésta se practica en el país, pero nunca vincularon el tema con el despido de Aristegui.

Peor aún, evitaron llamar a la periodista por su nombre.

 “…la libertad de expresión tan existe, que aquí mismo en esta tribuna puede venir a manifestarse, aun y cuando sea únicamente para darle rienda suelta a lenguas viperinas, a actitudes incontinentes, a desplazamientos que no proponen ni construyen para venir a vomitar aquí frustraciones de los propios errores políticos del pasado”, dijo el panista Arturo García Portillo para antes aclarar que “sí, el tema es la libertad de expresión”.

Los panistas intentaron así desvincular el despido de la periodista  o como una consecuencia por haber demandado a la Presidencia una aclaración sobre el presunto alcoholismo de Calderón, y al cual se hizo referencia en una manta que el PT desplegó el jueves pasado en la tribuna de la Cámara de Diputados.

    Por el contrario, PRD, PRI y PT dejaron en claro que ambos temas formaban parte de un mismo asunto: el actuar del Ejecutivo federal y la limitación de la libertad de expresión.

Por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, autor de la “manta de la discordia”, sostuvo que Calderón Hinojosa ya no aguanta “ni que lo toquen con el pétalo de una pregunta”.

Calificó de “espeluznante y terrible” que una pregunta haya generado de parte de la Presidencia ordenar el despido de la conductora radiofónica.

    “Que se muera de hambre el pueblo no es lo importante; que se viole la libertad de expresión no es lo importante; lo importante para los panistas es que no se le diga borracho” al Ejecutivo, sostuvo para luego advertir:

“El despido es peligrosísimo, es uno de los ataques más brutales a la libertad de expresión”.

    Enseguida y para no irritar más a los panistas, Fernández Noroña concedió en no llamar más “borracho” a Calderón, sino “dipsómano”, término con que el diccionario define a un “alcohólico, ebrio, bebedor o borracho”.

    Luego exigió “que se le regrese su espacio a Carmen Aristegui”.

    Los panistas acusaron a Fernández Noroña de obstaculizar el debate y recurrir a “espectáculos mediáticos” como una medida de llamar la atención, pues lo que pretende es ser candidato al Gobierno del Distrito Federal (GDF).

    Incluso, el panista García Portillo pidió la lectura de una nota publicada en el diario Reforma, en que se da cuenta de una reunión que Fernández Noroña sostuvo el sábado pasado en las oficinas del PT en la Cámara de Diputados con varios de sus seguidores para promoverse como candidato al gobierno capitalino.

    La respuesta de Fernández Noroña fue de burla, pues les dijo que al no tener argumentos para debatir sobre el caso Aristegui, los panistas pretendían dar a entender que él utilizaba las instalaciones del Poder Legislativo para promover sus intereses políticos.

Sin embargo, el petista les respondió que eso no va a poder ser, y para ello mostró un oficio de recibido de la Cámara de Diputados, en donde pide permiso para utilizar las instalaciones con fines proselitistas.

Los panistas también recurrieron al señalamiento de Alma Velásquez, la diputada suplente de Fernández Noroña, quien un par de horas antes había acudido a la sala de prensa para demandar la renuncia de su compañero de partido y revelar un supuesto incumplimiento de apoyo monetario de 800 mil pesos de parte del legislador.

Gobierno chantajea a MVS: PRD

Por su parte, el PRD a través del guerrerense Armando Ríos Piter acusó al gobierno de Felipe Calderón de someter a chantaje a MVS, al no renovarle la concesión, si la empresa no despedía a Aristegui, y por ello el sol azteca exigió la recontratación de la comunicadora.

“Da pena que MVS, que ha sido una empresa adalid en la lucha contra el duopolio televisivo, hoy esté cayendo en la trampa; en la trampa de que sea el gobierno quien con chantajes le pida que, para renovarle la concesión, acalle una voz que es importante que sea escuchada”, dijo.

 Sostuvo que hablar de cómo reconstruir una nación es hablar también de la libertad de expresión.

“La libertad de expresión es también defender que si alguien  en los medios, de los amigos periodistas, de ésos que deben ser aliados en la construcción de un México democrático y un México de libertades, pues también que ese derecho les sea, precisamente, garantizado”, destacó el PRD.

Para hablar de la solución del país, agregó, se tiene que hablar de Carmen Aristegui; puntualizó que no sólo se trata de ser solidario con la periodista, sino el dejar claro que, cuando se coarta la libertad de expresión por presiones de carácter económico, da pena.

    Tener a Carmen Aristegui en los medios, puntualizó, puede gustar o no a mucha gente, porque ella representa “ese gran México que somos” y “no podemos regresar a ese México ideologizado, autoritario, en el que sólo una voz cuenta”.

 Los medios, añadió, son parte importante en la construcción de un país democrático.

 “Hoy ser solidarios con Carmen Aristegui y exigirle, exhortar desde esta tribuna a MVS, a que la reinstale en ese cargo, es pensar que no es solamente un tema entre particulares y privados, es un tema de interés social y refleja también la construcción del país que desde esta tribuna tenemos que estar haciendo”, sostuvo.

Reflexión de Voltaire

La priista y presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, coincidió en que Aristegui forma parte del pluralismo en México y sostuvo:

“¿Por qué la circunstancia de Carmen Aristegui provocó una reacción tan amplia en comunicadores y en la opinión pública?  Independientemente de que es una comunicadora que no es obsecuente con el poder, cualquiera que sea el signo de éste, lo que proyecta, lo que evidencia la reacción de tantas y diversas voces es la convicción de que la libertad de expresión es un valor irrenunciable y, sobre todo, lo que se aprecia es el derecho a la crítica”, sostuvo.

    El pluralismo, aclaró, no es sólo un asunto electoral, sino tiene que ver con la visión del mundo “en donde se reconoce que hay distintos, diferentes, que hay otros que no tienen que ser como tú, ni profesar los mismos valores o dogmas o convicciones que tú profesas”.

No hacerlo, dijo, es hablar de fascismo, de uniformidades.

“El desarrollo democrático del país demanda convicciones democráticas, desde luego, y requiere tolerancia; y Paredes cerró citando a Voltaire y refiriéndose a Aristegui:

“Voltarire, un destacado filósofo  perseguido y encarcelado por sus principios, expresó: ‘Detesto lo que escribes, pero daría mi vida para que pudieras seguir escribiéndolo’”.

¿A donde está Adriana?

Adriana Morlett, desaparecida

Sara Lovera
Proceso

MÉXICO, D.F., 3 de febrero (apro).- 

Frente a una desaparición, lo que parece invadir el alma es la angustia, la ansiedad, la zozobra, la congoja y un sentimiento de desesperanza y desesperación que crece en espiral.

Esa desaparición inexplicable, inquietante, nos coloca en un estado de desasosiego permanente. Es como si alguien hubiera quebrado toda racionalidad.

Desde el 6 de septiembre del año pasado desapareció Adriana Morlett, hace ya casi cinco meses. Ella dejó de estar, caminó a un no sitio, a un sin lugar, convertida en humo y sin señales de vida, como si se la hubiera tragado la tierra, llevada por el viento, evaporada y ausente.

Adriana, con 21 años de edad, no volvió a casa. Vivía en la ciudad de México, con su hermano, desde hacía poco menos de un año.

Ese septiembre, luego de ir a recoger un libro a la biblioteca central de la UNAM, se citó con Mauro Alberto Rodríguez Romero. Pensaba ir a casa a ver unas películas, pero después de salir de la biblioteca, filmada por las cámaras de seguridad, simplemente se eclipsó. Se sumergió en este océano de la violencia que parece ser la imagen de México. Lo extraño es que días después, el libro que pidió prestado regresó a la biblioteca, y nadie sabe cómo.

Estudiante de la Facultad de Arquitectura, Adriana se había citado con amigas y amigos para tener una velada estupenda. La esperaban a las 8 de la noche, pero no llegó. Ella fue a la biblioteca a las 7 de la noche, no tardó nada en gestionar el préstamo, y ya en la puerta de salida sonó su celular, era Mauro Alberto, hoy escondido, atrapado por quién sabe qué saberes sobre su amiga.

Por supuesto que las autoridades encargadas y responsables de investigar, de encontrarla, no han explicado nada. La desaparición de Adriana está en la impunidad y sus padres viven con ese desasosiego de la desesperación y la zozobra del no saber, del no entender.

Se han dado cuenta del significado de la palabra impunidad que asola a nuestra realidad, esa impunidad que nos cubre y nos hunde todos los días frente a la injusticia y la desgracia.

Hace menos de una semana que la diputada Teresa Incháustegui, de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados, reveló que el  Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP) documentó, en la última década, la  desaparición de  676 mujeres.

Los datos son siempre ilustrativos, pero atrás de cada una de esas 676 mujeres hay una vida, una historia, una gama de afectos, un cúmulo de experiencias y expectativas, de planes, de ilusiones.

Según la SSP, de las 676 mujeres reportadas como desaparecidas, 64.2% son mujeres de entre 10 y 24 años de edad, es decir, niñas y jóvenes.

Adriana está en la estadística, pero está en un no lugar, borrada, desvanecida en el mar de expedientes. La diputada Incháustegui, campechana y politóloga, dijo que el número de mujeres desaparecidas tendría que ser un asunto importante para la sociedad, esa masa informe que se debate en el día a día de las preocupaciones urgentes: trabajo, salario, seguridad e integridad individual.

La desaparición de mujeres en México, la de Adriana, por ejemplo, es parte de los diferentes contornos de la violencia que se convierte en un tema, pero que no se resuelve ni se enfrenta por parte del Estado y la sociedad; que se nombra, pero no se confronta.

Leyes van y vienen. Las desapariciones continúan inexplicablemente, sumidas en ese mar de amargura que desestructura familias, comunidades y país.

¿Dónde está Adriana? Seguro que es la pregunta cotidiana con la que le amanece a su madre, a su padre, a sus más queridas compañeras y amigas.

Es evidente que las autoridades federales incumplen su responsabilidad, no dan señas de eficacia, porque las desapariciones, esas que a nadie le importan, más que a las familias, como las organizadas en Coahuila o las tan antiguas buscadoras de hijos e hijas del grupo Eureka de la senadora Rosario Ibarra, no tienen respuesta.

Hace algunos días, la agrupación feminista Pan y Rosas lanzó un pronunciamiento sobre  la desaparición de Adriana Morlett Espinoza y ha gritado fuerte: ¡La queremos de regreso!

El amigo de Adriana, explican las mujeres de Pan y Rosas, identificado como Mauro Alberto Rodríguez Romero e  inscrito en la Facultad de Psicología de la UNAM, no explica si se encontró con ella, y lo grave es que  no se tienen más datos, porque el estudiante, ante el temor a pasar de testigo a indiciado, primero evadió dar cualquier explicación, y cuando finalmente se decidió a dar información, se mostró renuente, argumentando que no quiere ser un “chivo expiatorio”.

Dio dos versiones de los hechos: en una aseguró que al salir de la biblioteca, Adriana lo quiso acompañar hasta su casa “por tener una atención” con él, y que en cuanto llegaron él sólo dejó su mochila y la acompañó a tomar un taxi. Después dijo que fueron a su casa, porque Adriana quería ver un sofá que le iba a comprar y que posteriormente la acompañó a tomar el taxi.  

Lo  único cierto, cinco meses después, es que la investigación está estancada, ya que Mauro Alberto acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para interponer una queja contra las autoridades de la Fiscalía Antisecuestros, pues, según él, ha sufrido actos de intimidación y lo han interrogado sin estar plenamente identificados como personal de la fiscalía o sin las órdenes judiciales correspondientes. ¿Y las autoridades lo dejaron libre?

El padre y la madre de Adriana, que vivían en Guerrero, dejaron casa y empleo y dedican todo su tiempo, como parias, a buscar a su hija desde hace meses.

Ellos, como muchos ciudadanos y ciudadanas, hacen por vía libre sus investigaciones, frente al casi nulo avance de las pesquisas que deben realizar las autoridades.

Se ha podido precisar que  Mauro Alberto prepara un recurso psicológico que anule sus probables  declaraciones. Es decir que ¿no ha declarado? ¿Por qué pretende preparar este recurso psicológico de perder la memoria? Los padres de Adriana cuentan eso, que la familia de Mauro Alberto se los ha dicho. ¿Dónde está la autoridad? Pan y Rosas no se explica: el mar burocrático o la falta de todo, ¿no se sabe? Esto es, ¿se ha oscurecido el contexto, las autoridades están muy ocupadas, no funcionan las oficinas judiciales o qué pasa?

El caso de Adriana  muestra el desprecio que sobre la vida de las mujeres  tienen las autoridades  y aparece como única verdad la  impunidad. Las militantes de Pan y Rosas sostienen que esta es una forma de violencia contra las mujeres, ya que los responsables de investigar la desaparición sólo dicen: “No tenemos nada".

Lo irracional es que  el marco legal que nos rige establece que tras una desaparición, la búsqueda no se inicia hasta 72 horas después, cuando la experiencia –como sucede en Ciudad Juárez– muestra que las primeras horas, después de la desaparición de una persona, son cruciales. Lo asombroso es la  pasividad, a pesar de pruebas, como el que “alguien” regresó a la biblioteca el libro que Adriana sacó, sin haberlo reportado, o ante llamadas como la que recibió la mamá de Adriana, de que la tenían privada de su libertad para  prostituirla, llamada que se realizó desde un teléfono público de la delegación Gustavo A. Madero, pero que los policías “no pudieron localizar”.

Hoy las mujeres organizadas gritan: ¡Devuelvan a Adriana!

saralovera@yahoo.com.mx

Salvárcar

 Salvárcar

José Gil Olmos
Proceso

MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).-

Felipe Calderón dijo hace un año que los 15 jóvenes ejecutados en la colonia Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde celebraban el cumpleaños de uno de sus amigos, eran pandilleros, con lo que dio a entender que por eso habían sido asesinados. Luego de una insulsa disculpa, lanzó su propuesta de recuperar esa ciudad fronteriza, emulando el plan con el que se recuperó Medellín (Colombia) del crimen organizado.

Fiel al fracaso, en ambas cosas erró el panista, dado que la disculpa no bastó. A un año del asesinato de los 15 jóvenes, el caso no ha sido resuelto, y el plan Todos somos Juárez se convirtió en un negocio para los empresarios de la construcción.

En el mencionado programa, que según su área de política pública contiene 160 compromisos, el gobierno federal invirtió más de 3 mil 300 millones de pesos, pero no logró activar la economía de la ciudad, tampoco restaurar el tejido social y mucho menos detuvo la ola de violencia, como se observó poco después de la matanza en Salvárcar.

El 12 de marzo de 2010, un grupo armado llegó al velorio de un joven, en la colonia Parajes del Sur, y disparó contra los asistentes. En el ataque murieron ocho personas de entre 16 y 28 años de edad.

El 3 de junio, cuatro jóvenes fueron asesinados y dos resultaron heridos en unas canchas de básquetbol, en el área deportiva de la Unidad Habitacional Emiliano Zapata.

El 22 de octubre, un comando irrumpió en una fiesta en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, y disparó. Ahí Murieron 14 personas, cuatro de ellas menores de edad; además, dos niños (de siete y 11 años de edad) fueron lesionados en el ataque.

El 23 de enero de este año, a escasos días de la visita de Margarita Zavala de Calderón, otros siete jóvenes fueron asesinados por un grupo armado mientras jugaban futbol en una cancha construida con fondos del programa de rescate a Ciudad Juárez.

Según el secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, las ejecuciones cometidas en Ciudad Juárez a partir del último bimestre de 2010 han disminuido 46%, ya qye de noviembre a diciembre, dijo, se registraron 333 en total, mientras que de septiembre a octubre del año pasado se contabilizaron 552 homicidios, de acuerdo con la base de datos de Consejo de Seguridad Nacional.

Sin embargo, habría que recordar que sólo en Ciudad Juárez, el año anterior hubo 2 mil 738 ejecuciones, de las 15 mil que se registraron en todo el país.

Todavía el pasado 20 de enero, justo cuando se cumplía un año de la muerte de los 15 jóvenes de Salvárcar, fue asesinada de seis balazos Karina Ivette Ibarra Soria. De los seis impactos que recibió la joven de 16 años por parte de policías federales, uno de ellos perforó su cuello. Otra jovencita que la acompañaba, cuyo nombre se reservó por razones de seguridad, resultó herida.

 Si la violencia no ha parado en Juárez, el plan de Calderón para rehacer esta ciudad tampoco ha logrado sus objetivos mínimos. Por ejemplo, el primer compromiso de los 160 que integran el plan Todos Somos Juárez, proponía que para diciembre del año pasado se ajustarían los sistemas de emergencia para reducir el tiempo de respuesta a menos de siete minutos. No obstante, la organización Ciudadanos por una Mejor Administración Pública confirmó que el tiempo de respuesta de los cuerpos de seguridad es de 25 minutos y en un buen número de llamadas el auxilio nunca llega.

En cuanto al combate al lavado de dinero para desarticular redes de financiamiento del crimen organizado, las autoridades federales ofrecieron una recompensa a quien denuncie a delincuentes involucrados, con la idea de incautar 25% de los recursos ilícitos. Sin embargo, a la fecha no se ha dado a conocer una sola detención o la entrega de tales recompensas.

De los vehículos robados, ni se diga. De acuerdo con la Asociación de Agentes Aduanales de Juárez, apenas se logró la legalización de aproximadamente 15 mil automóviles, de un total de 80 mil que sin placas circulan de manera ilegal en la ciudad.

En cuanto al programa Escuelas Seguras, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia corroboró que en muchos de los planteles con letreros que tienen esa certificación, el personal docente no tenía el conocimiento ni la logística requerida para su aplicación, y algunos ni siquiera sabían que eran parte del proyecto.

En el tema de desarrollo económico, el compromiso era generar empleo, principalmente para los jóvenes, mediante programas de capacitación, y dar apoyo para que crearan sus propios negocios. De los mil jóvenes que se planeaba ayudar, en octubre apenas iban 400. Y más: no se tomó en cuenta que 64% de los jóvenes juarenses no trabaja ni estudia

Así podríamos seguir enumerando los compromisos hechos por Calderón para restituir el tejido social de Ciudad Juárez, con canchas deportivas que no han servido para nada; servicios médicos insuficientes, porque el personal ha huido frente a la inseguridad; huérfanos abandonados, o viudas en la total indefensión.

Nuevamente los cálculos de presidente panista vuelven a ser erróneos, porque se la ha olvidado un aspecto fundamental: tomar en cuenta a la sociedad.

Enfrentamientos en Egipto

Guaruras de Calderón , golpean a activistas

Militares golpean a activistas que protestaron por visita de Calderón a la tumba de Tatic

Isaín Mandujano
Proceso

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 1 de febrero (apro).-

Elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) golpearon a dos activistas chiapanecos que protestaron durante la visita que esta tarde realizó el presidente Felipe Calderón a la tumba del obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, quien falleció el pasado lunes 24 de enero.

    Por si fuera poco, los militares también agredieron a un ciudadano argentino que se atrevió a intervenir para que cesara la golpiza contra los activistas Concepción Avendaño Villafuerte y su pareja Rusbel Lara González.
    Alrededor de las 17:15 horas, protegido por un aparatoso dispositivo de seguridad, Calderón visitó la tumba de tatic Samuel Ruiz en la catedral de San Cristóbal, donde colocó una ofrenda floral. Al término del acto, activistas seguidores del obispo emérito, le pidieron al presidente “rezar por los 30 mil muertos que van durante su administración”.

Calderón visitó el estado para filmar promocionales de las riquezas naturales del país y abrió un espacio en su agenda para visitar la catedral de San Cristóbal de Las Casas. Sin embargo, el ostentoso dispositivo de seguridad molestó a los habitantes del lugar y a unas 40 personas que se encontraban en el recinto.

Calderón Hinojosa, acompañado de su esposa Margarita Zavala, así como por el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero y la esposa de éste, Isabel Aguilera, arribó la catedral de San Cristóbal, que encabezó Samuel Ruiz durante 40 años y donde ahora reposan sus restos.

Los mandatarios fueron recibidos por el obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Felipe Arizmendi Esquivel, y el párroco de la catedral Eugenio Figueroa, así como por José Ruiz García, el único hermano del obispo emérito que aún vive.

Calderón y Sabines llevaron dos ofrendas florales que dejaron frente la tumba de Tatic. Una decía “C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos” y la otra, “C. Juan Sabines Guerrero”.

En el interior de la catedral sólo estaban unos 40 feligreses que esperaban la misa de las seis de la tarde por el novenario de Tatic, así como algunos periodistas, a quienes se les impidió tomar fotografías.
En las afueras de la catedral Concepción Avendaño Villafuerte gritó a Calderón “pídele a Tatic que rece por los 30 mil muertos que van en tu régimen!”.

Inmediatamente, elementos del Estado Mayor Preidencial levantaron a Avendaño Villafuerte y comenzaron a golpearla. Ella se refugió en su pareja, Rusbel Lara Gonzalez, quien también fue golpeado y llevado a una zona lejana.

En entrevista, la activista dijo que se sintió ofendida por las visitas de ambos personajes políticos.

En el forcejeó un turista argentino grito que dejaran en paz a Avendaño Villafuerte; y advirtió que si no dejaban de agredirla, la agresión sería conocida por la comunidad internacional. Eso bastó para que los militares también golpearán violentamente al argentino, a quien estrellaron contra una pared y después de los llevaron. Hasta esta noche se desconoce su paradero.

Avendaño recordó que para Samuel Ruiz no hubo vayas ni guardaespaldas que se interpusieron entre él y su feligresía, y reprochó que desde su funeral ha sido evidente cómo pretenden robarle a sus seguidores el acceso a la tumba del obispo.

La activista acudió esta tarde a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) para interponer una denuncia penal por lesiones y abuso de autoridad en contra de los elementos del Estado Mayor Presidencial.