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martes, 31 de agosto de 2010

¡¡ Estamos cansados !!

"¡Cansado el pueblo de México!"

Álvaro Delgado
Proceso
MÉXICO, D.F., 30 de agosto (apro).- 

Fastidiados por la defensa de Manuel Gómez Morín en la tribuna de la Cámara de Diputados, que alegaba su triunfo como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) en el segundo distrito de Chihuahua, los priistas comenzaron a abuchearlo y uno de ellos gritó: “¡Ya estamos cansados!”
--¿Está muy cansado el señor diputado? --preguntó el fundador del PAN.
--¡Sí, estoy cansado!
--¡Viera usted qué cansado está el pueblo de México!
Esta respuesta de Gómez Morín al priista, que aconteció en 1946 --siete años después de la fundación del PAN--, puede darse a Felipe Calderón, quien se dice “cansado” de la exigencia de que sean respetados los derechos humanos en la sangrienta “guerra” contra el narcotráfico, una demanda legítima que él –prepotente-- define como “cantaleta”.

“A cada rato vienen a decir que las violaciones a derechos humanos del Ejército y una serie de cantaletas que también ya empiezan a cansar, que no son ciertas, porque se respeta la dignidad de los criminales, y se les pone ante el juez y todo”, censuró Calderón en charla con Joaquín López-Dóriga, uno de los presentadores del oficialismo.

No debe pasar desapercibida esta expresión, porque denota no sólo el talante irascible de Calderón, algo bien conocido, sino la impaciencia que precede a la represión abierta, una vez que ha sido empleada la selectiva en muchos casos.

 Salvo sus incondicionales por razones de ideología o empleo, los mexicanos están cansados de la violencia y la inseguridad incontenible en todo el territorio nacional, originadas por la “guerra” que Calderón improvisó para encubrir su ilegitimidad.

Tan improvisada fue esta lanzada que sólo hasta ahora, tras cuatro años de fracaso, se sugieren algunas medidas, improvisadas también, que pretenden atacar el lavado de dinero producto del crimen.

Los mexicanos están cansados –hartos-- de impunidad, corrupción, prepotencia, mediocridad, abulia, opacidad y mentiras que identifican a un gobierno al que le restan más de dos años de pesadilla.

Los mexicanos están fastidiados de que, en cambio, se despilfarren los recursos públicos en festejos frívolos y contrarios a fomentar valores que dan cohesión a la sociedad, como el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución.

La sociedad está cansada, además, de que se confunda la rendición de cuentas con el culto a la personalidad, como lo hace ahora Calderón con motivo del cuarto informe de su infecundo gobierno, y que invada la privacidad de los mexicanos con llamadas telefónicas a cualquier hora.

¿Cuánto cuesta a los mexicanos verle a Calderón la sonrisita que luce en sus imágenes que difunde la televisión, el cine, Internet y los medios impresos? Muchos millones de pesos, aunque lo podremos saber una vez que, si cumple con la ley, envíe un informe al respecto a la Cámara de Diputados.

No hay que olvidar que, hasta mayo de este año, Calderón destinó casi 17 mil millones de pesos en difusión gubernamental, entre ella la de su propia imagen. Es decir, ha gastado aproximadamente 5 mil millones de pesos en cada uno de los tres años y medio de su gestión.

Estos 17 mil millones de pesos fueron los que Vicente Fox, fanático de la propaganda, destinó en todo su sexenio, a razón de 3 mil millones de pesos anuales en promedio, la mayoría dirigidos --como ahora Calderón— a las empresas de televisión, particularmente Televisa.

Este dispendio, del que están cansados los mexicanos, es una vileza.
Y todavía se ríe…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx

sábado, 28 de agosto de 2010

Guerra, cine hot-dogs y narcotráfico

Desfiladero

La guerra de Calderón: cine, hot-dogs y narcotráfico

Jaime Avilés
La jornada

Un boleto para entrar al cine, en el Distrito Federal o en Monterrey, cuesta 61 pesos. Un hot-dog, 40. Un chocolate, 42. Una botella de agua, 20. Para comprar la salchicha, la golosina y la bebida, faltan 100 pesos más. El chiste, bajita la mano, sale en 163 pesos. En el DF, el salario mínimo es de 57.5 pesos al día; en Monterrey, de 54.5. Ni aquí ni allá, un trabajador puede gastar íntegramente lo que gana en tres días tan sólo para ver una película (por lo general estadunidense y mala), atiborrándose de comida chatarra.

Hace dos semanas, en este periódico, el investigador y cineasta Víctor Ugalde reveló que de cada 100 mexicanos, 92 ya no van al cine porque carecen de dinero suficiente para darse tamaño lujo. La desigualdad social es rotunda, pero se siente orgullosa de sí misma y se deleita urdiendo espots, cada uno más idiota que el anterior, contra los que compran películas piratas.

Si la religión, como escribió Marx, es el opio del pueblo, el cine, añadió Cabrera Infante, es el opio de los espectadores (y el opio, abundó, el cine de los ciegos). En México, las películas piratas son el cine de los pobres. Tanto en el Distrito Federal como en Monterrey, tres películas de estreno cuestan en la calle 50 pesos. ¿Quién puede rechazar esta oferta? Nadie desde luego, y por eso el auge de la piratería ha hecho de ésta una de las más pujantes ramas de la economía informal.

En Monterrey, sin embargo, con gran visión estratégica, el narcotráfico fue ganando, calle por calle, los puntos de venta de las películas piratas. Primero, obligando a los que atendían los puestos a pagar “derecho de piso”; después, sustituyéndolos por su propia gente. Esto le proporcionó, al más poderoso de los cárteles que actúa en el área metropolitana de Monterrey, un ejército de al menos 30 mil pandilleros militarmente organizados, que a una sola orden se movilizan con perfecta coordinación.

Si en la época de Emiliano Zapata los pobres de las haciendas de Morelos de repente dejaban de ser campesinos para convertirse en guerrilleros y, a la inversa, cuando llegaba la cosecha, desaparecían como guerrilleros para volver a ser campesinos, en Monterrey sucede algo similar. Los vendedores de películas piratas (y de otras mercaderías, por supuesto), cuando reciben la señal de su jefe cogen la pistola, el tubo o la navaja que tengan a la mano y, atacando en bola, despojan de sus vehículos a choferes de automóviles y autobuses, que en seguida atraviesan y abandonan en los cruceros de las avenidas más importantes.

Cuando Felipe Calderón fue incrustado en Los Pinos, un boleto para entrar al cine, en el Distrito Federal y en Monterrey, costaba 38 pesos. En menos de cuatro años subió a 61. Pero las salas que cobraban cuatro pesos, y que eran mayoritarias en el país, empezaron a desaparecer en el sexenio de Miguel de la Madrid y se extinguieron por completo en el de Zedillo.

Desde hace una década, en México la asistencia al cine pasó a ser privilegio de la clase media alta y de los de más arriba. Pero como durante el zedillato la clase media se empobreció de manera acelerada mientras la distribución de la riqueza se hacía más desigual y absurda, la piratería y la pobreza se fueron juntas a las nubes.

¿Qué defienden, pues, los exhibidores con sus ridículas campañas contra la piratería? No los intereses de los productores y distribuidores de las películas, sino los abusivos precios de la comida chatarra que venden en sus dulcerías. Dentro de un cine, por ejemplo, nos cuesta 20 pesos una botellita de agua que en la calle vale cinco, y 42 un chocolate que afuera se consigue por 10. Parafraseando a Benito Juárez, la victoria de los que luchan de dientes para afuera contra la piratería es moralmente imposible.

Pero en ninguno de los cónclaves de políticos, policías y soldados, que se efectúan cada vez que un nuevo fracaso los obliga a reunirse para fingir que el tema les preocupa, alguien ha sugerido crear circuitos de exhibición cinematográfica a precios populares y accesibles a todos los públicos, para desalentar la venta de películas piratas, esa floreciente actividad informal que hoy por hoy, en buena parte del país, controlan los cárteles del narcotráfico.


Monterrey y la franja fronteriza del noreste son una de las regiones donde se percibe con mayor claridad la supremacía del narco y la derrota política, económica y militar de lo que aún queda en pie del “gobierno” calderónico. Allí, en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, una banda de traficantes de ilegales asesinó esta semana a 72 migrantes centro y sudamericanos.

En los periódicos del sur de América, la espantosa noticia compite con la tragedia de los 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra en el norte de Chile, y con la guerra, ésta sí en serio, que Cristina Fernández ha emprendido contra los dueños de los periódicos Clarín y La Nación, voceros de la ultraderecha agroexportadora, que desde 2008 no ha cejado en su empeño de derrocarla.

Lo que no se dice en los diarios del cono sur –donde el invierno austral todavía es cosa seria– es que esos migrantes ecuatorianos, salvadoreños, hondureños y brasileños asesinados en Tamaulipas también fueron víctimas, en mil maneras, de los agentes del Instituto Nacional de Migración, que dirige Cecilia Romero, panista y yunquista de abolengo, y de los soldados de la Policía Federal, el ejército personal de Genaro García Luna, quienes sin duda los extorsionaron desde que entraron a México por Tapachula, y mientras viajaban hacinados en los vagones de carga del tren de la muerte, hacia la orilla inferior de Texas.

Según la ONU, el tráfico de indocumentados en México genera utilidades por 7 mil millones de dólares anuales. Parte de esa ganancia termina en las cuentas bancarias de los empleados al servicio de Calderón. Esto los convierte, junto con su mini jefe, en cómplices y corresponsables de la matanza de esos 72 migrantes, que ahora, desde la muerte, serán por toda América Latina embajadores de decenas de millones de mexicanos pobres que se encuentran a merced de la sanguinaria corrupción de un “gobierno” que en realidad nunca existió y nadie dirige.

De allí que, día tras día, cobre más fuerza la idea de organizar una gran protesta simbólica, al calor del bicentenario estilo Walt Disney con que planean robarnos tres mil millones de pesos más. Y no parece haber un tema, una fuente de angustia y de conflicto capaz de aglutinar al mayor número posible de inconformes, como la del caos del suministro de luz eléctrica en el centro del país. Los trabajadores del SME convocan a asambleas de usuarios, promoviendo una huelga de pagos en contra de la Comisión Federal de Electricidad. Otros insisten en quemar pública y colectivamente los recibos de esa empresa que no tiene contrato de servicio con nadie en esta región. Otros proponen no salir a las calles, ni celebrar nada el 15 de septiembre. Y otras continúan preparando el festival artístico del 26 de septiembre, dentro del penal de Puentecillas en Guanajuato, por la liberación de las mujeres presas por abortar y en solidaridad con las cuales esta columna sigue recibiendo traducciones de la denuncia de su caso a otros idiomas. (Visiten http://presasporabortar.blogspot.com).

Entre tanto, en Tlalpan, el delegado perredista Higinio Chávez impugnó el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo que condenó al gobierno capitalino a demoler una gasolinera construida con permisos chuecos en Insurgentes Sur. Lo que parecía caso cerrado se reabre como una herida que supura y huele mal, muy mal...

jamastu@gmail.com

martes, 24 de agosto de 2010

La pachanga bicentenaria

Las frivolidades del Bicentenario

Jenaro Villamil
Proceso
MÉXICO, DF, 24 de agosto (apro).-

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, se ha convertido en el conductor, animador y presentador de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana que tienen más similitud con un gran circo y una superproducción televisiva que con un evento histórico.

Para Lujambio, los festejos serán una gran pachanga. Bastante cara, por cierto, ya que tan sólo para el 2010, los costos del “monumental desfile” del 15 de septiembre y del “brillante y majestuoso” espectáculo de pirotecnia, conciertos y coreografías ascenderán a 2 mil 900 millones de pesos.

Eso sin contar con los recursos del Fideicomiso Bicentenario, un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, con 600 millones de pesos de presupuesto, manejados por Banjército, y cuya principal obra será la construcción del Parque Bicentenario, en la exrefinería 18 de Marzo, en la delegación Azcapotzalco de la Ciudad de México.

Desde el 4 de agosto, Lujambio ofreció varias conferencias de prensa para anunciar el gran despliegue de eventos del 15 y 16 de septiembre. En su calidad de coordinador ejecutivo de los Festejos del Bicentenario y del Centenario, el exconsejero electoral y excomisionado presidente del IFAI se ha transmutado en una especie de productor televisivo que confunde la conmemoración con la celebración y privilegia el espectáculo, sujeto a los criterios de la dinámica del rating.

De esta manera, para Lujambio lo más majestuoso no será repensar el futuro o el proyecto de una nación que surgió hace dos siglos, sino las cinco horas de transmisión televisiva y el despliegue de 45 pantallas entre el Zócalo capitalino y el Castillo de Chapultepec para disfrutar un espectáculo producido y dirigido por un australiano, Ric Birch.

Y no por malinchismo sino por elemental sentido común, el titular de la SEP no ha aclarado por qué se contrató a un australiano y no a un mexicano para dirigir el desfile de 27 carros alegóricos, los tres conciertos simultáneos (flamas, proyección de imágenes en La Catedral y los espectáculos El Arbol de la Vida, El Coloso y Vuela México).

Las críticas a Lujambio no han sido menores. El 18 de agosto presentó ante los medios de comunicación la melodía El futuro milenario, con letra del roquero Jaime López e interpretada por Aleks Syntek, cantautor de la fábrica de estrellas efímeras de Televisa.

No pasó ni un día de la presentación cuando Jorge Torres, jurado del concurso de composiciones para el bicentenario, afirmó: “No lo puedo creer. ¿El tema de Syntek es el que defiende el secretario Lujambio? ¿Es en serio? Pues díganle que me parece ofensivo” (Milenio Diario, 22 de agosto 2010).

Lujambio desplazó el propio resultado del concurso Tema Musical 2010, convocado por la propia SEP y Conaculta, y cuyo ganador fue José Miguel Delgado Anzón. Para enmendar la plana, la directora del Fonca, Martha Cantú, afirmó que este es un tema de la sinfónica y el otro será la canción del evento entre el 15 y 16 de septiembre de este año.

A la defensiva, el titular de la SEP declaró el domingo 22 de agosto que las críticas a los festejos del Bicentenario le parecían “mezquinas”. Y afirmó que si no se celebran, sería “un desperdicio imperdonable”.
El problema no es la pachanga o el circo que se prepara para el Día del Grito. Las críticas han sido generalizadas por la frivolidad, la excesiva mediatización y la ausencia de una labor realmente educativa e histórica para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.

Las declaraciones del titular de la SEP son tan sólo el reflejo de la crisis de origen: la ausencia de un proyecto serio, incluyente y de Estado por parte de los dos últimos gobiernos panistas para encabezar los festejos de las dos gestas más importantes de la historia mexicana.

En la comisión han predominado más las ocurrencias. Por ejemplo, se presumió el Fuego Bicentenario, al estilo de la antorcha de los Juegos Olímpicos, que inició su recorrido sin pena ni gloria en septiembre de 2009.

Se incorporó como actividades del Bicentenario una serie de 150 programas titulados Discutamos México que han tenido escasa o nula repercusión en las audiencias, por su hermético formato. También se organizó la regata Copa México, en la Riviera de Nayarit.

Las “obras monumentales” son más similares a un parque de diversiones. Es el caso del Parque Bicentenario que se construirá en un predio de 500 hectáreas en lo que fue la exrefinería 18 de Marzo de Pemex. Como si fuera un Six Flags histórico, la Comisión anuncia en su página electrónica que el parque tendrá cinco grandes jardines: Natura, Viento, Tierra, Sol y Agua, con espacios para juegos y diversiones.

El “monumento emblemático” será un espectáculo de rayos láser: la Estela de Luz, formada por dos columnas paralelas de 104 metros que estarán en el Paseo de la Reforma.

La comisión patrocinó un “espectáculo multidisciplinario” titulado Orgullosamente mexicanos, que se asemeja a una feria itinerante con rayos láser, efectos especiales y proyección de pantallas en ciclorama.

La ocurrencia más polémica y reciente de la comisión fue la exhumación de los restos de 14 cadáveres, correspondientes presuntamente a héroes de la guerra de 1810-1821, que fueron trasladados del Monumento de la Independencia, donde se encuentra El Ángel, al Castillo de Chapultepec, y de ahí a Palacio Nacional.

Se organizó un desfile necrofílico el 15 de agosto a lo largo de la avenida Reforma. Fue la metáfora más clara de la momificación de la historia. El titular del INAH, Alfonso de Maria y Campos, declaró que esto simboliza “la muerte para muchos mexicanos”. Bastaba con que se difundieran las calaveras de Posadas.


lunes, 23 de agosto de 2010

Las verguenzas de un chucho

Navarrete, el servilismo



Jesusa Cervantes
Proceso
MÉXICO, DF, 20 de agosto (apro).-

Hace un par de semanas se comentaron en este espacio las maniobras realizadas por Carlos Navarrete, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, para evitar la comparecencia de Juan Molinar Horcasitas ante la Comisión Permanente.

Se habló entonces de los cuestionamientos que no sólo al interior del PRD se desataron, sino también del asombro de otra fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por la clara intención del perredista por proteger a uno de los secretarios más cuestionados del actual gobierno federal panista.

Ahora, después de lo ocurrido el pasado jueves en el Campo Marte, lugar en que se realizaron los llamados Diálogos por la Seguridad –por cierto un espacio donde quienes acudieron no son los que cuestionan, menos los que se atreven a pensar distinto al gobierno ni los que defienden principios diferentes a los del Ejecutivo federal--, la situación se aclaró un poco más.

Carlos Navarrete, el perredista de la corriente Nueva Izquierda (NI), el político de “la izquierda combativa”, el que es capaz de sostener ante sus adversarios sus diferencias de opinión, ha decidido quitarse esas caretas y militar muy cerca del poder, no de alguien quien lucha por el poder.

La presencia de Navarrete en el Campo Marte fue una muestra del grado de servilismo al que puede llegar un político ambicioso. Y para muestra su propio comunicado de prensa de tres cuartillas, en donde se dio cuenta de sus dichos.

Desde el primer párrafo, uno se pregunta si el boletín es del Partido Acción Nacional (PAN) o de algún funcionario al servicio del gobierno de Felipe Calderón.

Con el cargo por delante, “coordinador de los senadores del PRD”, Carlos Navarrete reiteró su exigencia al gobierno federal para que informe al Congreso de la Unión “si la presencia de las Fuerzas Armadas llegó para quedarse o habrá un plazo para su retiro”.

Quizá el perredista desconoce que la presencia del Ejército en las calles es ilegal, por lo tanto, el representante de otro poder (del que se encarga de hacer las leyes) no debiera preguntar si la presencia del Ejército llegó para quedarse, sino más bien exigir que los militares regresen a sus cuarteles, pues su patrullaje en poco ha reducido los niveles de violencia o la venta de drogas.

Pero el segundo párrafo es aún más vergonzante para quien se asuma como “oposición” al gobierno en turno: “Navarrete pidió al Ejecutivo que en el momento que él considere pueda informar al Congreso si las Fuerzas Armadas continuarán después del último día de noviembre de 2012”.

En primer lugar, de acuerdo a la Carta Magna, el titular del Ejecutivo federal ya no estará en el cargo el primero de diciembre de 2012, sino que habrá otro político en busca de mejorar la situación de los mexicano, a menos ¡claro! que Navarrete sepa algo que el resto de los mexicanos ignora: que la sucesión ya está pactada, que Calderón Hinojosa impondrá a su candidato, el cual le obedecerá en todo o por lo menos ya se habrá comprometido con él a continuar con un gobierno transexenal.

Aunque lo más servil del comunicado de Carlos Navarrete se desprende de la segunda línea, en donde dice “que en el momento en que él considere” informe al Congreso.

¡Ah caray! Ahora resulta que el contrapeso del Ejecutivo, en este caso el Poder Legislativo, no le exige o solicita, sino le comenta: “No se preocupe por nosotros, usted venga aquí cuando quiera a decirnos cómo va a estar todo, ¡para eso es usted el señor Presidente!” Esto es lo que se alcanza a leer entrelíneas, ¡vergonzoso, sin duda!

Y sin importar acuerdos internos de su partido, el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Guadalupe Acosta Naranjo --de la misma corriente que Navarrete, de NI-- decidió no respetar lo acordado e hizo fuerte a Navarrete en el Campo Marte.

El coordinador de los diputados, Alejandro Encinas, decidió no ir y advirtió que la determinación de Naranjo era a “título personal”. Y decidió no ir porque ese había sido el acuerdo de su bancada, pero a Naranjo no le importó y fue al foro convocado por Calderón.

En la última parte de su boletín, Navarrete se dedica a justificar su presencia al lado de Felipe Calderón. Dijo que es tal el problema de la seguridad en el país, que “en esta materia no valen cálculos políticos, no vale cuidar figuras, no vale especular si asistir o no asistir”, por eso es que acordó, “junto con Guadalupe Acosta Naranjo”, acudir a ese espacio.

De nuevo la sorpresa: no se trataba de especular entre acudir o no, era una resolución de la bancada perredista, tomada por la mayoría y no respetada por algunos de sus integrantes.

Si la presencia del PRD modificara la situación de seguridad, si los diálogos fueran realmente eso y no monólogos, si todos los que encabezan el aparato estatal en materia de seguridad, incluyendo al propio Calderón, escucharan, atendieran, podría ser válida la presencia de perredistas, priistas, petistas o quien fuera.

Pero no es así. Calderón lleva casi cuatro años en el poder y nunca ha escuchado las voces sectoriales que han pedido en distintos momentos la modificación de la estrategia contra el narcotráfico, que el Ejército vuelva a sus cuarteles, en resumen, nada de lo que se le ha pedido o sugerido ha sido tomado en cuenta. Peor aún, Calderón ha demostrado a lo largo de estos ya largos meses que a nadie escucha, que a nadie atiende y que seguirá por el mismo camino.

Pero al PRD de Nueva Izquierda parece no importarle eso, sino más bien estar cerca de quien detenta el poder presidencial. Bueno, ya ni el PRI, de quien se dijo desde el primer día de desgobierno de Calderón que tenía un pacto, que se había aliado y que le resolvía todo a cambio de otros favores, se sumó al besamanos que representó el Diálogo por la Seguridad.

Navarrete ya perdió todo, incluida la vergüenza, porque resulta vergonzoso que ante las carencias que hay en el país, el legislador se dedique a colocar espectaculares en los principales puntos de la Ciudad de México para anunciar su informe como “presidente del Senado”.

Para empezar, ese cargo no existe, sí el de presidente de la Mesa Directiva del Senado y, segundo, el dinero para pagar esos espectaculares bien los puede utilizar para su área de gestión, que para eso está como senador, para buscar el beneficio de la gente, no para promover su persona.

Algunos reportes sostienen que en la difusión de su informe gastó aproximadamente 400 mil pesos, y uno se pregunta, ¿a alguien le interesa saber qué fue a hacer a Marruecos o a otro país, como no sea “turismo legislativo”, pues esos viajes nunca han servido para nada?

Navarrete dijo en algún momento que nada tomaba del Senado y que con sus propios recursos, incluido su salario, es que pagaba su informe. Cierto, nadie lo esta acusando de malversar fondos, lo que algunos parecen cuestionarse es dónde está su congruencia como político.

Como si no bastaran todos esos desatinos, Navarrete ahora anuncia que quiere competir por la jefatura de Gobierno del Distrito Federal (GDF). ¿Usted cree que alguien podría votar por él? Sin embargo, a lo mejor y sí habrá quién desee tener a este tipo de político al frente de la gran ciudad de México.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx



domingo, 22 de agosto de 2010

Las cuentas sucias de Calderón y Fox

Las cuentas sucias de Fox y Calderón

Falta de transparencia, corrupción, subejercicios e ineficiencia para manejar más de un billón de pesos por excedentes petroleros –que no se sabe dónde están o en qué se gastaron– halló Arturo González de Aragón al fiscalizar, como auditor superior de la federación, las cuentas públicas del gobierno de Vicente Fox y dos años de la administración de Felipe Calderón. Ya retirado de su importante función, revela en entrevista las “cochinas” maniobras con las que el gobierno federal, a través del secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, lo presionó constantemente para que no ahondara en las ilegalidades y dejara impunes a sus personeros.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 21 de agosto (Proceso).- 

Titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2002 a 2009, el contador  Arturo González de Aragón revela en entrevista con Proceso que durante su gestión recibió presiones del Ejecutivo Federal; anónimos y amenazas de los banqueros para que modificara sus dictámenes sobre las cuentas públicas que se referían al rescate bancario, y “sugerencias” del PRI para que en el caso del Pemexgate emitiera recomendaciones laxas y que no se trataran “jamás de Francisco Labastida”.

Además, González de Aragón hubo de confrontar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que revirtió sus dictámenes sobre la ilegalidad de los casos de Fobaproa, ISOSA y los multimillonarios Contratos de Servicios Múltiples de Pemex que autorizó el entonces director jurídico de la paraestatal, César Nava, con la anuencia de Felipe Calderón como secretario de Energía. Particularmente lo sorprendió la decisión de la SCJN en el caso del Fobaproa, ya que se inclinó a favor “de los bancos y los banqueros” e impidió que el erario recuperara 100 mil millones de pesos.

A ocho meses de haber dejado la ASF y dedicado por ahora  a concluir un libro de reflexiones, González de Aragón recuerda que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Francisco Gil Díaz lo acosó con auditorías personales, a su despacho e incluso a una empresa de la que ya no formaba parte. El “finiquito” de tales auditorías lo retuvo durante meses dicho funcionario “como una espada de Damocles”.

También la Procuraduría General de la República lo investigó cuando indagaba sobre la posible desviación de recursos públicos hacia la fundación Vamos México, de Marta Sahagún, la esposa del presidente Fox.

sábado, 21 de agosto de 2010

Desfiladero




Desfiladero
 
¿Presas por abortar? El Yunque aceptó liberarlas
Jaime Avilés
La jornada
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El cardenal Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo de GuadalajaraFoto Notimex

Gracias a la dictadura económica implantada en 1982 por la olinarquía, hoy por hoy, de cada 100 mexicanos, 92 no pueden ir al cine por falta de dinero (Víctor Ugalde, La Jornada, 14/08/10). Por esto, muchos lectores han escrito para preguntar si Los hombres que no amaban a las mujeres, película sueca de reciente estreno, habla del gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y del arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval, máximos dirigentes de la ultraderecha en nuestro país.

Mientras el purpurado llama maricones a los homosexuales (o sea, bichos inferiores en la escala biológica) y, en medio de la peor crisis moral de la Iglesia católica en siglos, insulta a Marcelo Ebrard y a los indefendibles (pero esta vez políticamente correctos) ministros de la Tremenda Corte que aprobaron la adopción de niños por parejas del mismo sexo, los talibanes del Bajío, agobiados por la presión nacional e internacional, preparan, disfrazada de clemencia, la liberación de las seis jóvenes campesinas presas por abortar, bajo el cargo de homicidio.

El Yunque se repliega –cede lo menos para retener lo más–, en medio del remolino de hechos tragicómicos en que se hunde lo que resta del gobierno federal. En Nuevo León, otro alcalde muere asesinado. En Chihuahua, cierran la mayoría de los centros de desintoxicación de drogadictos porque las fuerzas armadas no son capaces de protegerlos para evitar que en su interior ocurran nuevas matanzas. En Tampico, Reynosa, Matamoros, Altamira y otras poblaciones de Tamaulipas, las calles pertenecen a los cárteles, no a los ciudadanos, y mucho menos a las autoridades.

A dos años de la firma del acuerdo para la seguridad, que se fijó 21 metas, Calderón no cumplió ninguna, pero mantendrá sus absurdas políticas en la materia hasta que se vaya del poder, esto es, del país. Esto es lo trágico: el autor de nuestra nueva guerra civil y causante de la muerte de 28 mil personas ya fue derrotado en todos los órdenes, pero seguirá dando palos a tontas y a locas, rompiendo todo a su alcance, como un niño desquiciado bajo los flecos de una piñata que nunca golpeará.

Lo cómico es que a 26 días de la esperadísima fiesta bicentenaria, las calles de Dolores Hidalgo –el pueblo donde Calderón recitará loas a nuestra Independencia de España, que él y Fox destruyeron otorgando contratos leoninos a los monopolios ibéricos– parecen narcofosas y la lluvia entorpece la reparación de los caminos que unen al antiguo curato con las ciudades cercanas. Si los presidentes invitados no llegan en helicóptero tendrán que viajar en vehículos con ruedas de oruga.

En el Paseo de la Reforma, Calderón no acabará a tiempo el nuevo edificio del Senado (ya no lo estrenará para el bicentenario, sino tal vez para el centenario). Tampoco inaugurará la Estela de Luz (¿en recuerdo de Luz y Fuerza del Centro?) en Chapultepec. La obra será terminada, según el secretario de Educación, en noviembre de 2011, a un costo tres veces mayor que el original.

La notoria incapacidad del grupúsculo que se robó la Presidencia en 2006 se refleja en todo lo que hace pero, sobre todo, en lo que no hace. Entre abril y junio de 2010, el felipato se guardó, porque no supo cómo gastar, 7 mil 206 millones de pesos que estaban contemplados en el presupuesto federal para cubrir necesidades específicas y concretas de seis secretarías (Educación, Agricultura, Medio Ambiente, Comunicaciones y Transportes, Economía y del Trabajo), así como del Conacyt y la PGR. Pero mientras la SEP dejó de aplicar mil 766 millones de pesos en el pasado trimestre, esta semana empezó a suprimir los turnos vespertinos de al menos 200 secundarias capitalinas, lo que afectará los ingresos de 5 mil profesores y los estudios de miles de adolescentes.

En la costa de Jalisco, bajo el manto protector del cardenal Sandoval, el góber piadoso, Etilio González Márquez, ordenó a la policía demoler hoteles y restaurantes populares en la bahía de Tenacatita, donde un consorcio español (¡viva el 15 de septiembre, coño!) construirá un palacio para turistas de cinco estrellas. Fotografías en poder de esta columna muestran a los uniformados asoleándose en la playa ante las ruinas de modestos establecimientos como Las Brisas, Rosas, Los Primos, El Chato y El Riscal, cuyos empleados y propietarios fueron desalojados con violencia, como los habitantes de La Malinche en la delegación Magdalena Contreras.

Ahora bien, el colmo de los colmos de la catástrofe calderónica (hasta el momento) ocurrió la noche del martes en el aeropuerto Benito Juárez. Un avión de Mexicana Link, con 46 pasajeros a bordo, estaba por despegar hacia Campeche cuando la lluvia, y la Comisión Federal de Electricidad, provocaron un apagón en las pistas. La nave regresó a la terminal. Más tarde, con todos sus pasajeros nuevamente sentados en la cabina, sufrió una descompostura. Y después de horas de espera, sin recibir comida ni bebida, hombres, mujeres, niños y bebés fueron sacados del aparato, por la Policía Federal Preventiva, como terroristas.

La aerolínea, otrora propiedad de la nación, fue vendida a precio de ganga por Vicente Fox a Gastón Azcárraga en 2005. A cambio, este empresario hotelero fue uno de los más entusiastas promotores de la campaña López Obrador es un peligro para México, y mientras tanto saqueó Mexicana, y no contento con ello, pidió y obtuvo un préstamo de mil millones de pesos que no destinó a sanear la firma. Por último, hace días, la declaró en quiebra. Por supuesto, Calderón no lo sancionará en modo alguno, pero pilotos, sobrecargos, personal de tierra y clientes que compraron boletos que ahora no los llevarán a ninguna parte, no serán protegidos por nadie.

En este contexto –en el que Ebrard enfrenta dignamente al tenebroso príncipe de los católicos de Jalisco, y lo hace en nombre del Estado laico y los derechos de las minorías (pero sigue atosigando a los opositores a la supervía y trata con doble cara a los vecinos de Tlalpan que lograron la clausura definitiva de una gasolinera construida ilegalmente, pues por un lado los respalda y por el otro impugna la sentencia del tribunal que ordenó la demolición de la obra)–, el gobernador de Guanajuato dijo ayer en el programa radial de Carmen Aristegui, por boca de su procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, que reducirá a ocho o 10 años máximo las sentencias de 25 a 30 años de cárcel impuestas a las seis jóvenes campesinas condenadas por abortar.

Éstas saldrán de los penales de Puentecillas y Valle de Santiago en pocos días. De tal modo, los talibanes del Bajío se quitarán de encima la presión de la ONU, el Senado y los medios nacionales y extranjeros, pero no la de millones de mujeres y hombres en todo el país que seguirán luchando contra el oscurantismo hasta que Guanajuato derogue las leyes que criminalizan el aborto, brinde educación sexual y anticonceptivos a los jóvenes en edad reproductiva y adopte la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Y como esta batalla no termina sino apenas empieza, ustedes pueden consultar en Internet la página http://presasporabortar.blogspot.com, donde ya se encuentra en español, inglés, francés, alemán e italiano un texto que resume este conflicto, y que en señal de la simpatía que han despertado los casos de Araceli, Ofelia, Liliana, Susana, Ana Rosa y Yolanda, pronto estará disponible también en ruso, coreano, polaco y holandés, pero si alguien conoce a quien pueda trasvasarlo al japonés y al portugués, o a cualquier otra lengua de la Tierra, por favor, dígale que su ayuda sería de gran utilidad .

viernes, 20 de agosto de 2010

Se despachan con la cuchara grande los diputados...claro , con nuestros impuestos

$120 millones, para cambiar tablero de votación, y 25 millones para autos



Aprueba la Cámara aumento de $690.6 millones en su gasto para el próximo año
Enrique Méndez


periódico La Jornada
Viernes 20 de agosto de 2010, p. 16


La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de gasto para el próximo año, que implica un incremento de 690.6 millones de pesos, de los cuales 120 millones se destinarán a cambiar el tablero de votación y 25 millones a la compra de 100 automóviles –250 mil por cada uno– para presidentes de comisiones; inclusive, PRI y PAN sostuvieron que con el aumento se quiere dotar a cada uno de los 500 legisladores de iPad en sus curules.

El documento votado señala que no se considera aumento para las dietas de los diputados ni a los salarios de los mandos medios y superiores, pero el capítulo 1000 –de servicios personales– contempla un ajuste de 221.5 millones de pesos, 9.55 por ciento más.

Ese presupuesto rompe con el acuerdo de austeridad que la propia Cámara asumió para su gasto de este año, cuando se propuso ahorrar 400 millones de pesos. Para 2010 se autorizó 4 mil 753 millones 516 mil pesos, pero para el próximo año quiere ejercer 5 mil 444 millones 124 mil, 14.53 por ciento más, cuando la inflación se calcula en 4.08 por ciento.

Así, sólo en los dos primeros años de la 61 Legislatura el costo total de la Cámara será de 10 mil 197 millones 640 mil pesos.

A pesar del voto en contra del vicecoordinador del PT, Enrique Ibarra Pedroza, sus homólogos de PRI y PAN, Jorge Carlos Ramírez Marín y Alberto Becerra Pocoroba, respectivamente, y los coordinadores de Convergencia, Pedro Jiménez León, y del PVEM, Juan José Guerra Abud, votaron el incremento. El coordinador del PRD, Alejandro Encinas, se abstuvo.


“Es increíble que en un país en crisis, la Cámara, que aprueba el presupuesto del Ejecutivo, se despache con la cuchara grande. ¿Con qué cara vamos a pedir a las dependencias del Ejecutivo, a los estados y a los entes autónomos que se aprieten el cinturón y se ciñan a un gasto racional?”, cuestionó Ibarra Pedroza en entrevista.

El documento, presentado por el presidente del Comité de Administración, Heliodoro Díaz (PRI), incluye un listado de “necesidades prioritarias”, como la compra de los autos, el cambio del sistema electrónico de votación y la ampliación de la red inalámbrica de Internet para asegurar las conexiones de los 500 diputados dentro del salón.


El proyecto denominado Sistema parlamentario de asistencia, votación y audio digital (SPAAVA) costará –sólo en la parte de informática– 85 millones de pesos, y la obra civil 35 millones, además del valor de las licencias y servicios respectivos.


La Cámara argumenta que el tablero de votación “fue instalado desde 1998 y ha rebasado su vida útil, estipulada de 10 años. Conforme el tiempo transcurre –señala–, se expone a mayor frecuencia de fallas técnicas en sus componentes y, eventualmente, al posible colapso de todo el sistema”.

Como parte de las “prioridades” definidas en San Lázaro está la compra de 100 automóviles nuevos, para entregarlos a presidentes de comisiones, pero especialmente a los de las 39 comisiones especiales creadas en esta legislatura, cuya operación costará 206 millones de pesos en tres años.

jueves, 12 de agosto de 2010

Sigue la venta de comida chatarra en las escuelas de México

Córdova, Lujambio y Ferrari ceden ante trasnacionales: Comerciantes de Centros de Abasto

La redacción
Proceso
MÉXICO, D.F., 12 de agosto (apro).-

El presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto (Conacca), Alfredo Neme Martínez, criticó la decisión de las secretarías de Salud (SS) y Educación (SEP) de dar marcha atrás a la prohibición de vender “comida chatarra” en escuelas primarias y secundarias.

Con esa medida, dijo, lo que el gobierno federal hace es “proteger” a la industria de alimentos y bebidas, en detrimento de la salud de 37.2 millones de estudiantes de educación básica.

El combate a la obesidad en la niñez, añadió, “es de seguridad nacional”, sin embargo –insistió– los secretarios de Salud, Educación Pública y Economía, José Ángel Córdova, Alonso Lujambio y Bruno Ferrari, respectivamente, ignoraron la recomendación de la Cámara de Diputados para erradicar la venta de “comida chatarra” en los planteles escolares de México.

De acuerdo con el presidente de la Conacca, queda claro que los secretarios de Estado “cedieron a las presiones de las trasnacionales (Coca Cola, Pepsico, Sabritas, Bimbo, Nestle, entre otras), productoras de refrescos y frituras, que registran ventas de 40 mil millones de pesos anuales sólo en escuelas primarias y secundarias, e ignoraron la propuesta de los comerciantes mayoristas para ofrecer frutas y hortalizas en fresco para comercializar” en los colegios.

El dirigente de más de 90 mil comerciantes mayoristas del país tachó de “reprobable” la actitud de los funcionarios, pues pese a que conocen el perjuicio que causa el consumo de bebidas endulzadas y frituras en la población infantil, “no consideraron que la obesidad en México es un problema de salud pública”, tomando en cuenta que la SEP ha reportado que 30% de la población infantil sufre sobrepeso y obesidad.

Según las cifras de esa dependencia, explicó, uno de cada 10 niños es obeso al llegar a los 10 años de edad, y tiene más probabilidades de presentar enfermedades.

Para Neme Martínez, es criticable que el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, haya aceptado que en las escuelas del país continúe la venta de bebidas azucaradas y frituras, así como el uso de edulcorantes, cuando estos aditivos artificiales son los más denunciados y controvertidos por sus riesgos en la salud de los infantes.

Entre los 20 mil aditivos que la industria ha introducido en los alimentos, los edulcorantes artificiales son los más denunciados ante la Food and Drug Administration (FDA), por la controversia científica generada ante sus posibles efectos en la salud humana, agregó.

En contraparte, la venta de frutas y hortalizas en fresco, añadió, consiste en la producción, empacado y comercialización de las mismas para consumo en escuelas primarias públicas y privadas, al amparo de un concepto comercial de promoción de alimentos sanos y nutritivos, con una red propia de distribución.

El dirigente de la Conacca detalló que el proyecto, que ya se ha planteado a las autoridades federales, consiste en mezclas refrigeradas, con un ingrediente adicional (chile en polvo, salsas o jugos) en empaque plástico reciclable y un contenido neto de 150 gramos.

Y agregó que con la decisión del gobierno de aceptar la venta de “comida chatarra”, el gabinete presidencial “pierde la congruencia entre lo que se dice y lo que hace en temas de seguridad nacional”.

ABC: Juicio político contra Horcasitas Karam Bours y Valls

Llega al Congreso solicitud de juicio político contra Molinar, Karam y Bours

Gloria Leticia Díaz
Proceso
MÉXICO, D.F., 11 de agosto (apro).- 

En busca de la justicia negada hasta ahora por el gobierno de Felipe Calderón, padres de los bebés fallecidos en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, solicitaron juicio político contra el exgobernador de esa entidad Eduardo Bours Castelo; del director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Karam, y el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) extitular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas.

La solicitud fue presentada en el Congreso de la Unión por José Francisco García Quintana, integrante del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, y hace extensiva la petición de enjuiciar políticamente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Sergio Valls y Fernando Franco, quienes como exfuncionarios del IMSS no se exculparon de participar en el análisis del caso de violación de garantías en el que finalmente se exculpó a los funcionarios federales y al exgobernador.

De acuerdo con las demandas de juicio político, el exgobernador, así como el director y el exdirector del IMSS, violaron el artículo 109 constitucional al no actuar de forma diligente como funcionarios públicos. El resultado: de 49 menores muertos y 80 lesionados.

Por no conducirse como se debe, señala la demanda, los servidores públicos en servicios deben ser destituidos y todos deben ser puestos a disposición del Ministerio Público y ser inhabilitados por al menos 20 años.

En conferencia de prensa, Abraham Fraijo y Roberto Zavala manifestaron que continuarán su lucha en busca de justicia; y expresaron su indignación porque el gobierno de Felipe Calderón ha tratado de acallar su reclamo con apoyos económicos, así como descuentos de servicios de energía eléctrica e Infonavit.

“A mí no me sirven ni madres los apoyos de Calderón si ya no tengo a mi hija, ¿de qué fregados me sirven sus apoyos si ya no tengo familia? Lo que quiero es justicia, lo único que quiero es que los funcionarios responsables estén en la cárcel”, tronó Abraham Fraijo, quien emplazó a los diputados federales a “quitarse las camisetas de sus partidos y a demostrar de qué están hechos”.

Zavala, por su parte, resaltó que desde que ocurrió la tragedia en la guardería ABC los gobiernos federal y estatal emprendieron una estrategia para dividir a los padres de familia, “marcar” a los que exigen justicia como “revoltosos, extremistas y rebeldes”.

Ambos padres de familia exigieron a los legisladores analizar con cuidado su solicitud de juicio político sin más interés que el de hacer justicia.

Zavala y Freijo recordaron que por lo menos durante 24 horas el gobierno de Bours Castelo ocultó la verdad sobre la tragedia del incendio de la guardería ABC, y que a pesar de que los niños fallecidos estaban plenamente identificados desde un principio, se les hizo dar vueltas por diferentes hospitales para no admitir, desde un principio, que habían fallecido 49 infantes.

“Cuando en los medios la Procuraduría de Justicia del estado hablaba de 12 muertes, yo ya había visto por lo menos 30 cuerpecitos sin vida tratando de identificar a mi Emilia, quien todavía llevaba puesta su ropa con su nombre completo cuando la encontré; eso significa que las autoridades de Sonora, desde el principio, supieron que mi niña estaba muerta y para no reconocerlo me hicieron dar vueltas por todos lados”, narró Abraham Freijo.

Zavala y Freijo advirtieron que acudirán a instancias internacionales en busca de justicia; por lo pronto, solicitaron a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cada instancia designe un relator especial para el caso. Además, pidieron el apoyo del Parlamento Europeo.

Sobre el decreto de apoyar de forma vitalicia a los deudos de los niños fallecidos en la tragedia, Zavala destacó que hay inconformidad entre los padres que forman parte del Movimiento Ciudadano 5 de Junio: “Porque se designó como responsable de atender a los familiares de las víctimas al IMSS, en cualquier momento podría desaparecer, lo que queremos es que el Estado Mexicano como tal asuma la responsabilidad de lo ocurrido en la guardería ABC.”

De acuerdo con la solicitud presentada en la Oficialía de Partes del Congreso de la Unión, y que podrá ser retomada en el próximo periodo de sesiones, en septiembre próximo, los funcionarios públicos “tienen graves responsabilidades políticas, administrativas, jurídicas y éticas.

Molinar y Karam, “en la ejecución del esquema de subrogación de guarderías particulares, a pesar de no tener facultades legales para ello; y (Bours Castelo) por haber obstruido la acción de la justicia, tanto en su procuración como en su administración, con el objeto de proteger indebidamente a los responsables de los delitos.

En cuanto a los jueces Valls y Franco, los padres de familia señalan que actuaron de forma irregular al participar en el análisis del caso en la SCJN cuando ambos fueron funcionarios públicos del IMSSS y por lo menos el segundo tiene un familiar dentro del instituto.

lunes, 9 de agosto de 2010

La guerra mediatica

La guerra mediática

Javier Sicilia
Proceso
MÉXICO, D.F., 9 de agosto.-

Desde las elecciones de 2006, las campañas propagandísticas han jugado un papel muy importante para denostar al adversario y construir un imaginario tan falso como destructivo. La frase de Goebbels: “Si se repite una mentira cien veces se convierte en verdad”, que llevó a Alemania a la ruina y al mundo a una guerra atroz –una consecuencia de la falsedad–, ha arrojado a la política y a la democracia mexicana al desastre. Bajo el sueño de una vida democrática se ha desarrollado, a través de la propaganda, una lucha por el poder y sus privilegios. Se trata, no de usar los medios para proponer un camino, sino de generar terror para dominar y controlar. Desde la demonización del EZLN y su vocero, el subcomandante Marcos, hasta la denostación de López Obrador, el poder ha usado los medios para una sola cosa: no permitir que las propuestas que toman el camino de un equilibrio social adquieran legitimidad.

La lógica, a pesar de  la fuerza cada vez más expansiva y sofisticada de los medios, no es nueva. Es continuar usando la imprenta como se hizo durante el establecimiento del gobierno que emanó de la Revolución Francesa. 

En México, quien la usó primero en el sentido en que lo han hecho el PRI y el PAN contra esas figuras emblemáticas y cohesionadoras de las esperanzas de los marginados, fue Carranza con Villa. La técnica –que se remonta a Robespierre cuando construyó en el imaginario de la gente la idea de un Danton contrarrevolucionario a causa de su gusto por el lujo y la buena vida– consiste en mostrar a dichas figuras como seres vulgares que tienen intereses oscuros. Zedillo con Marcos; Fox, y ahora Calderón y el panismo, con López Obrador, tenían y tienen –parafraseo a Friedrich Katz en su biografía sobre Villa– un problema que suele plantearse a los dirigentes políticos en todos los procesos de cambio: en los diseños rápidamente cambiantes que trazan las alianzas y los conflictos en cualquier movimiento que quiere una transformación, quienes detentan el poder tienen que convencer a la población del país en su conjunto o a una buena parte de ella de que los líderes de esos movimientos son en realidad traidores y perversos. 

Se trata –cito a Katz– “de describir (a través de los medios al alcance y como lo hizo Robespierre con Danton) debilidades y rasgos negativos auténticos de sus enemigos, combinarlos con otras fallas más imaginarias y sostener que cualquier acción positiva que esos enemigos (lleven) a cabo (es) sólo una cortina de humo para sus negativas intenciones”. Villa había sido bandido y, en consecuencia, siempre lo sería. En cualquier acción suya –como lo retrató Keneth Turner, contratado por Antonio Villarreal para denostarlo– estaba el sello de su pasado: el vandalismo y el homicidio

Una práctica semejante emplearon Zedillo y el secuestrado Fernández de Cevallos contra Marcos. Quien había sido comunista, siempre lo sería. Así –como Carranza lo hizo con Villa– se señaló hasta el cansancio que el verdadero nombre de Marcos era Sebastián Guillén, para recordar que, debajo de ese héroe romántico encapuchado y defensor de los indios se ocultaba el comunista formado en las tradiciones más radicales de la izquierda universitaria, un radical que usaba a los indios para desestabilizar el país y hacer una revolución.

Contra López Obrador, Fox, el panismo y algunos intelectuales paranoicos del pasado soviético emplearon una técnica similar. Dado que ha sido un hombre de izquierda, crítico de los monopolios empresariales y defensor de las causas populares, se hizo creer que quería tomar el poder para destruir las instituciones políticas y económicas y crear un gobierno autoritario como el de Chávez en Venezuela. A él, a diferencia de Marcos o de Villa, no había que desenmascararlo para mostrar a partir de su pasado, sin matices, su presente, sino, a partir de sus declaraciones de izquierda, construirle una imagen aterradora que aludía al autoritarismo chavista: “Un peligro para México”, “un mesías tropical”, un intolerante disfrazado de gandhismo, un ambicioso montado sobre “güevones” y resentidos sociales.

Las particulares debilidades de ambos, sus rasgos negativos y sus errores políticos, más la paranoia histórica del comunismo, difundidas en periódicos, entrevistas, TV, radio e internet, no sólo crearon (como Carranza lo hizo con Villa, al grado de que muchos piensan todavía en él como un bandido montado en los ideales de la Revolución Mexicana) una imagen aterradora, monolítica y destructiva de ellos, sino un imaginario falso sobre el que hombres y mujeres que no aman la democracia, sino el poder, han reinado llevando al país a la ruina en la que se encuentra.

Ahora que López Obrador se ha destapado para contender de nuevo en las elecciones de 2012 esa misma técnica volverá a surgir. ¿Cómo se articulará? Es difícil saberlo. La realidad ha mostrado la falsedad de la propaganda que lo condenó en 2006. Veremos ahora, frente a la realidad que todos padecemos, si los modernos métodos de la propaganda que desde Carranza se han ido sofisticando en el país, podrán detener otra vez las formas tradicionales de la movilización de masas y de una ciudadanía humillada, cansada, arruinada y harta del discurso mediático y su guerra.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar todos los presos de la APPO y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

miércoles, 4 de agosto de 2010

IMSS: Puñalada a la jubilación

Puñalada a la jubilación
 
Una opción es reformar la Ley del IMSS; otra, recurir al amparo, sostiene
El Congreso sí puede revertir el intento de despojo: Castro y Castro
Roberto Garduño
 
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de agosto de 2010, p. 3
 
La jurisprudencia que dictó por contradicción de tesis la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tasa las pensiones con un límite de 10 salarios mínimos, es susceptible de ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo; pero la forma más efectiva de retrotraer ese criterio consiste en que el Poder Legislativo reforme la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El doctor Juventino Castro y Castro, ministro en retiro y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, expuso a La Jornada la condición jurídica de la decisión adoptada por la SCJN.
Quiero defender al tribunal que tanto me ha honrado, de malas interpretaciones que llegan hasta la injuria sobre los propósitos y la ética de sus ministros. Todo ello es producto de una simple manera de contemplar las funciones de nuestros más altos jueces, atribuyéndoles una indecorosa venta de votos o de conciencias.

La jurisprudencia firme de la segunda sala de la Suprema Corte no es la que se forma por reiteración (en los términos del artículo 192 de la Ley de Amparo), la cual establece que por cinco ejecutorias en el mismo sentido y ninguna en contra, interrumpiría automáticamente la jurisprudencia dictada en el pleno.
La que concierne a las pensiones del IMSS fue dictada por contradicción; es decir, la segunda sala conoció la denuncia de tesis dictadas por tribunales colegiados de circuito, contradictorias entre sí, y la Corte simplemente seleccionó aquella que en su concepto se acercaba más a las intenciones de los legisladores que aprobaron las reformas a la Ley del IMSS.

Argumentó que las sentencias en amparo, según el artículo 107 de la Constitución, fracción II, no tienen efectos de generalidad y sólo obligan o benefician a quienes plantearon los amparos concretos. Eso no significa que la jurisprudencia de la Suprema Corte pierda importancia.

Sostuvo que la jurisprudencia firme puede ser modificada siguiendo los pasos que señala el artículo 194 de la Ley de Amparo: la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por ocho ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un tribunal colegiado de circuito.

No obstante, Castro y Castro afirmó que existe otra forma de retrotraer los criterios de la Suprema Corte en el caso de las pensiones:
Simplemente que el Poder Legislativo reforme la ley que ha interpretado la Corte. No sé por qué no se ha dado la importancia que tiene este hecho tan palmario. La Suprema Corte interpreta las repercusiones de una ley concreta que se le señala en la demanda de amparo. Si se cambiara o modificara la ley se podría cambiar el criterio jurisprudencial establecido para una ley que ya hubiere sido derogada y reformada; pero sólo en esos casos.
Antes exigían aumento; ahora enfrentan la amenaza de un recorte

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El artículo 41 de la Constitución dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, y el 49 señala que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
“Es verdaderamente una perogrullada lo que le voy a recordar: el Legislativo dicta las leyes, el Ejecutivo las aplica y el Judicial examina, en justicia, si la aplicación se ajusta o no a la ley dictada. Si el Legislativo hiciera la aplicación y la interpretación de ella, el Poder Legislativo estaría invadiendo los otros dos poderes.

“Lo que en México (y en ningún otro país en el mundo) no puede –no debe– hacerse, es declarar que una ley es injusta. La justicia en las leyes es misión exclusiva del Poder Legislativo. Al elaborar un proyecto de ley, éste debe ser benéfico y justo a él; esa es la misión exclusiva del Poder Legislativo, creado por el estado de derecho precisamente para regular al país mediante leyes útiles y justas.”

Injusticias, en el campo legislativo, no en el judicial
Al comentar el sistema de pensiones aprobado por el Congreso, el ministro Castro y Castro señaló que éste dictó dos leyes sucesivas para regular las pensiones y dejó a empleados y trabajadores que eligieran cuál sistema les convenía: el derogado o el nuevo.

“Los conminados no son abogados ni expertos en derecho. Todos optan por decidir lo que hubiere resuelto su compadre, su amigo o su sindicato. Fue una injusticia palpable. Es verdad que los interesados manifestaron una opción pero, como se dice en México, ‘a la puntada’. A otros se les aplicó la que quiso resolver (por convenirle) el gobierno para aquellos que hubieren guardado silencio o ante una falta de acción.

En el caso de las llamadas afore así ocurrió, cuando mediante otra autorización legal se entregaron los ahorros de los trabajadores a empresas privadas para propiciar el enriquecimiento de ellas. Todas estas injusticias ocurren en el campo legislativo y no en el judicial. Éste sólo cumple con la ley que le dictó aquél.

 

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UN GATO

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