Ads 468x60px

Labels

Páginas vistas en total

martes, 30 de marzo de 2010

INDIGENAS MEXICANAS PRESAS DE CONCIENCIA

Dos presas de conciencia


Miguel Ángel Granados Chapa
PROCESO
MÉXICO, D.F., 29 de marzo.-

En el feo, por suspicaz, lenguaje judicial esta es su identificación:

“Alberta Alcántara, o Alberta Alcántara Juan dijo ser mexicana, de veintisiete años de edad en virtud de haber nacido el veintitrés de enero de mil novecientos setenta y nueve, originaria y vecina de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil, Querétaro, con domicilio conocido en el Barrio Sexto: estado civil soltera, instrucción escolar de educación primaria, sin apodo, ocupación obrera de la fábrica Caltex; dos dependientes económicos, ingresos de aproximadamente cuatrocientos quince pesos semanales; hija de Pedro Alcántara Vicente y de Amalia Juan Regino: no afecta al consumo de alcohol, tabaco y drogas o enervantes; sin señas particulares; primera vez procesada, que pertenece a un grupo indígena pero habla y entiende perfectamente el idioma castellano.

“Teresa González Cornelio dijo ser mexicana, de veintidós años de edad, en virtud de haber nacido el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro; originaria de Francisco Saschmi, estado de México, y vecina de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil, Querétaro, con domicilio conocido en el Barrio Sexto; estado civil casada, con instrucción escolar de educación primaria; ocupación, el hogar, sin ingresos, sin dependientes económicos; hija de Paula Tomasa Cornelio Cirilo; no afecta al consumo de alcohol, tabaco y drogas o enervantes: como seña particular refirió una cicatriz de quemadura en el oído derecho; por primera vez procesada, que pertenece a un grupo indígena, pero habla y entiende perfectamente el idioma castellano.”

Estas dos mujeres, de habla hñahñú, fueron detenidas desde 2006 como “penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, … y contra servidores públicos…; además la primera, por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína…

“Por la responsabilidad del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, se impone a cada una de las acusadas, Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las penas de veinte años de prisión y dos mil días de multa, equivalentes a noventa y un mil seiscientos veinte pesos…

“Se tienen por compurgadas las penas de un año de prisión impuestas a cada una de las sentenciadas… por el delito contra servidores públicos… y de diez meses de prisión impuesta a Alberta o Alberta Alcántara Juan por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína.

“Se condena a Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio al pago de la reparación del daño causado, por la cantidad de setenta mil pesos…”

Contra esa sentencia fue presentada una apelación ante el respectivo Tribunal Unitario de Circuito. Pero la semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó para sí, de oficio, la resolución del caso, y lo asignó a la ministra Olga María Sánchez Cordero. Horas antes de que se anunciara esta trascendental decisión judicial, el Senado de la República acordó instar a la Procuraduría General de la República a explicar su posición en este caso. En la misma sesión, el senador Pablo Gómez presentó una iniciativa de ley para amnistiarlas. Y el domingo siguiente, el 21 de marzo, el senador Manlio Fabio Beltrones, junto con el gobernador de Querétaro, José Calzada, hicieron a las reclusas una visita informal y conversaron con ellas, verja de por medio.

Acaso con esos mecanismos se pondrá fin al absurdo cautiverio vivido durante cuatro años por esas mujeres. Una tecera, Jacinta Francisco Marcial, detenida en las mismas circunstancias, procesadas por los mismos delitos, está en libertad desde el año pasado porque la PGR reconoció la insuficiencia de las pruebas y se desistió de acusarla en segunda instancia.

Todo comenzó –al menos formalmente, porque la defensa cree que el siguiente documento fue elaborado con posterioridad a su fecha, 26 de marzo de 2006– con la siguiente tarjeta informativa dirigida por Rolando René Robles Sánchez al agente del Ministerio Público federal en San Juan del Río, Gerardo Cruz Sevilla:


“Por medio del presente (sic) me permito informar a usted que el día de hoy, aproximadamente a las 9 horas se recibió una llamada cuya voz pertenecía a una persona del sexo femenino, quien manifestó querer realizar una denuncia de carácter anónimo por temor de verse involucrado (sic) en represalias en su persona o su familia, indicándome que en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de amelado (sic) acuden personas del estado de México a poner un tianguis de productos piratas en la plaza de dicho pueblo, entre ellas una persona del sexo femenino a la cual le apodan La Güera, de 28 años aproximadamente, quien es de complexión regular, de 1.50 m de estatura aproximadamente, medio pecosa, labios gruesos, nariz chata, cabello rizado corto y siempre está peinada con el cabello recogido; se dedica a vender productos piratas, a vender droga a las personas de la comunidad, siendo todo lo que desea manifestar.”

La realidad era muy otra. Un grupo de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación –una corporación de vida efímera, que se extendió menos de 10 años, pero en ese lapso alcanzó triste y terrible fama– visitaron por su cuenta el tianguis referido en la población mencionada. Quizá sea verdad que allí se expenden productos pirata y acaso sea también cierto que se distribuye droga. Pero no era el ánimo de impedir esos delitos o castigar a sus perpetradores lo que movía a la media docena de fornidos y armados agentes. Iban, como seguramente acostumbraban en las poblaciones apartadas, a extorsionar a los comerciantes y aun a la clientela de esos mercados populares.

Pero encontraron resistencia. Algunas personas aceptaron pagar una cantidad porque las dejaran en paz, pero el conjunto de los tianguistas –unos 200 en total– se negaron no sólo a pagar la cuota exigida, sino que demandaron la devolución de lo indebidamente pagado, cuyo tenedor se había ya retirado a San Juan del Río. Cuando se condensó la resistencia popular, los agentes quedaron impedidos de moverse, hasta que se aceptó que alguno de ellos fuera en busca del dinero malhabido y lo devolviera a sus dueños. Así ocurrió y unas horas después de iniciado el incidente los miembros de la AFI se retiraron.

Pero se fueron ofendidos. De seguro les resultó imposible de aceptar lo que había pasado y resolvieron vengarse. Les ofreció la ocasión, al día siguiente del insólito suceso, la información y las fotografías acerca del mismo publicadas en la edición regional del diario queretano Noticias: “AFI secuestrado. Más de cien tianguistas de Santiago Mexquititlán lo retuvieron seis horas”. En la foto respectiva había una muchedumbre, pero en el primer plano, visibles por el azar de la captación periodística, tres mujeres: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. De haber sido verdad que el agente federal estuvo secuestrado, el hecho había sido cometido por una pequeña multitud. Pero los agraviados policías decidieron cargar su encono contra las tres mujeres. Inventaron, según todas las apariencias, el reporte sobre la denuncia anónima y a partir de allí montaron una averiguación previa de la que se derivó un proceso plagado de irregularidades y singularmente prolongado. Se extendió entre agosto de 2006 y noviembre de 2008, cuando que la Constitución establece que un juicio de esa índole no debe durar más de un año. La causa de la demora es que fue difícil hacer comparecer a los agentes, cuyo testimonio era la única pieza de acusación para el delito torpemente construido. Nadie en su sano juicio aceptaría que media docena de gorilones había sido reducida por tres menudas mujeres, veinteañeras dos de ellas.

La tercera, doña Jacinta, fue sentenciada antes que sus compañeras, el 21 de diciembre de 2008, y Teresa y Alberta, a quienes no llamamos doñas por su juventud, son unas muchachas, aunque una de ellas sea madre de su primogénito nacido en prisión el año pasado, lo fueron el 19 de enero de 2009. Sendas sentencias en las apelaciones, a cargo ya no de una defensa ineficaz y venal, sino del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ordenaron la revocación de los fallos y la reposición del procedimiento, así de torcidos habían sido los de la primera instancia en cada caso.

En septiembre pasado, después de que los casos fueron hechos públicos y se generó una presión social insoslayable, y de que Amnistía Internacional declaró a doña Jacinta presa de conciencia, la PGR anunció que en el proceso repuesto formularía conclusiones de no acusación respecto de ella, no así en relación con sus compañeras. Era incomprensible el diverso trato, porque los hechos de que se componía la acusación eran los mismos en los tres casos. Pero por lo menos la injusticia cesó, no se borró, en uno de ellos. En noviembre, en cambio, la PGR presentó conclusiones acusatorias y el 19 de febrero el juez cuarto de distrito, a quien se le había antes enmendado la plana, insistió en condenar a Teresa y Alberta. Sólo redujo muy tenuemente la pena de prisión.

Es probable que la atención social, reforzada ahora por el interés de algunos políticos en el caso, y la atracción del caso por la Suprema Corte de Justicia generen el espacio jurídico y político adecuado para que las dos presas de conciencia en el penal queretano puedan volver a sus casas, con su familia (que es una solamente, ya que Teresa y Alberta son cuñadas, pues esta última está casada con un hermano de aquella).

Pero aun si quedan pronto en libertad, como ocurrió ya con doña Jacinta, nadie podrá resarcirlas del rudo cautiverio que han padecido a causa de errores procesales inducidos por una intención, que parece regir los procesos enteros: se trata de castigar a quienes resistieron la extorsión, a quienes protestaron por la conducta delictiva de los agentes policiales que contaron para su desagravio con la complicidad del Ministerio Público en todos sus niveles, hasta llegar a la propia Procuraduría General de la República, que en este periodo tuvo dos titulares, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, y el terco juez cuarto resuelto a penalizar una conducta que debería, en cambio, ser loable porque supone la defensa de la propia dignidad.

Ellos deberían padecer procesos por su ilegal conducta.





TEC Y SUS PUSILÁNIMES

Pusilánimes en el Tec



Álvaro Delgado
PROCESO
MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).-

 Cuando Margarita Zavala asistió al sepelio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo en las instalaciones mismas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en cuya ceremonia el rector Rafael Rangel Sostmann pidió no protestar sino ofrecer soluciones contra la violencia, comenzó a perfilarse la impunidad de este doble homicidio que cimbró sólo transitoriamente a la elite.

Y es que a la incompetencia y falta de voluntad del gobierno de Felipe Calderón para esclarecer los dos asesinatos, que se disfrazaron de duelo de la mujer de éste, se sumó la timorata y conformista conducta del máximo directivo del ITESM, exhibida en la ceremonia fúnebre y en todos los pronunciamientos que ha hecho y que en resumen clama por la resignación.

La presencia de Zavala en las instalaciones de esa institución educativa en Monterrey, el martes 23 --cuatro días después del doble asesinato de los alumnos de postgrado--, y la visita que hizo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, mediatizaron las protestas lógicas de la comunidad agraviada por la violencia, pero las proclamas de Rangel Sostmann terminaron por neutralizar cualquier talante de dignidad.

De entre las muchas entrevistas de este directivo con los medios de comunicación, tras haber informado erróneamente que no eran estudiantes los muertos en la balacera entre criminales y miembros del Ejército, la madrugada del viernes 19, cito la que tuvo con Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Monterrey, publicada en la edición que está en circulación.

Dice el directivo sobre la operación del Ejército en el combate al crimen organizado y que ha afectado a inocentes: “No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”

Se equivoca Rangel: Claro que hay responsables de las decisiones arbitrarias que toman los soldados y, por tanto, sí hay a quién reclamarle: No es solamente el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Guillermo Galván, sino el que formalmente --aunque de manera espuria-- se ostenta como presidente de la República, que constitucionalmente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Y claro que hay marco legal que regula la participación de los cuerpos castrenses y que, como lo reconoce el propio gobierno, prohíbe la utilización de éstos en las labores de policía que realiza.

El rector del ITESM afirma que el Ejército y las autoridades están actuando de manera ilegal. “Entran al combate al narcotráfico, pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad. ¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”.


Y añade: “Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.”

Pero se equivoca otra vez el directivo y miente a sabiendas: Si no ha sido capaz de asumir una conducta gallarda frente al poder político, incluyendo el gobierno priista estatal, para que efectivamente se encuentre la verdad en el doble homicidio, menos ha levantado la voz para exigir justicia en muchos otros casos, como el de los seis comuneros abatidos de Sinaloa un día después de los del Tec y de los que el gobierno de Calderón ha guardado un repugnante silencio.

--¿No va a protestar? –le preguntó Arturo.


--Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer.


--¿Y la justicia?


–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.


--¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?


--¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.

Eso sí, con la generalización que suele ser recurso de los hipócritas para señalar responsabilidades particulares, se queja de los políticos: “Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”

¿Y la comunidad estudiantil del Tec? Salvo el desahogo en que se ha convertido la página en Facebook que lleva el nombre de los dos muchachos, hay una sintonía en la falta de gallardía con su rector.

No puede esperarse, entonces, justicia ni verdad en la muerte de los amigos Jorge Antonio y Francisco Javier. Aun cuando el caso ha sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), lo más probable es que se trate de crímenes sin castigo que habrán de sumarse a tantos otros menos notorios, como los de Sinaloa, y ahora los 10 niños y jóvenes en Durango…

Apuntes

La irritación y las bravuconerías de Calderón y Gómez Mont no borran lo que es obvio: Su manifiesta incapacidad para golpear a los criminales en su patrimonio, su punto más débil…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx





sábado, 27 de marzo de 2010

AMLO: RUMBO AL 2012




                     Desfiladero

¿Es posible hacer otra revolución en México?

Jaime Avilés
LA JORNADA


Claras y muy valiosas conclusiones dejó el discurso que Andrés Manuel López Obrador pronunció el domingo pasado en la Alameda ante la multitudinaria representación viviente de don Benito Juárez, encarnado en miles de hombres y mujeres libres. La más importante de las ideas que expuso ratifica su estrategia de acumulación de fuerzas rumbo a las elecciones presidenciales de 2012, ante las cuales todo el sistema de dominación articulado por el gobierno” calderónico, los empresarios golpistas, la alta burocracia (el IFE, el Trife y la Suprema Corte) y las fuerzas intervencionistas de Estados Unidos se coludirán para imponer a otro pelele.

Sólo por este motivo, porque iría en contra de todos los intereses dictatoriales que conspiran contra el pueblo mexicano, el triunfo de López Obrador en 2012 tendría un significado profundamente revolucionario. En consecuencia, la única revolución que podemos iniciar en este simbólico 2010 es la que propone el terco político tabasqueño.

Veamos: a la fecha, el “gobierno legítimo” que se constituyó en asamblea popular en el Zócalo en septiembre de 2006, y que entró en funciones allí mismo el 20 de noviembre de ese año, cuenta en la actualidad con dos millones y medio de activistas en todo el país. Si de aquí a diciembre cada uno de estos afiliados anima a otra persona a sumarse a la lucha, al final de 2010 la cifra habrá crecido a cinco millones. Y si este esfuerzo se realiza dos veces más, una por cada semestre de 2011, a principios de 2012 la organización habrá crecido a 20 millones de militantes.

¿Es tan difícil lograrlo? ¿Es imposible que durante los próximos 18 meses cada persona que hoy cuenta ya con credencial del “gobierno legítimo” reclute a otros más? Veinte millones de militantes equivalen a una fuerza acaso un poco más grande que la del PRD, aunque inferior a la del PRI, pero también a otra “ridícula minoría” ante el poderío de las televisoras, que volverán a repetirnos día y noche, como en 2006, que López Obrador es “un peligro para México”. Con la única diferencia de que ya nadie les creerá nada.

¿Alguien descarta, no obstante, que la oligarquía golpista atacará en 2012 con armas similares a las que usó en 2006? El 6 de marzo de ese año, el abonero sinaloense Enrique Coppel, dueño de la cadena de tiendas que lleva su apellido, dirigió una carta a sus 25 mil empleados para recomendarles que votaran por Calderón, porque... “Felipe, junto con su esposa Margarita, forman (sic) una pareja estable con 3 hijos, de 8, 9 y 13 años, bien avenida (y) tienen una buena formación moral, familiar. No hay duda de su honestidad”. ¡Ajá!

Luego comparó a México con China. “¿Cómo llegó China a tener tantos pobres? ¿Siguiendo políticas similares a las que propone el PRD? ¿Cómo ha llegado China a ser el ejemplo mundial en crecimiento económico? Siguiendo las políticas que propone Felipe Calderón.” ¡Ajá! El visionario sinaloense no se equivocó. En lo concerniente a sus negocios ha tenido en estos tres años catastróficos para el país un “crecimiento económico” asombroso. Su cadena de tiendas se extendió exponencialmente y pronto abrirá sucursales en Sudamérica; su experiencia como abonero, y la infinita gratitud de Fox y Calderón, lo hicieron dueño de su propio banco. Y cuando la violencia del Ejército y del narco ensangrentaron las calles y plazas de Culiacán, él se dedicó a contemplar la “guerra” desde el fraccionamiento amurallado en donde vive como príncipe medieval.

Cualquiera supondría que ante el desastre político, económico, financiero y social en que su recomendado Calderón hundió a México, Coppel escribiría una nueva carta a sus (¿ahora 100 mil?) empleados, en este caso para pedirles perdón por haber contribuido a entronizar al más corrupto, destructor e inmoral de los gobernantes contemporáneos. Pero qué va: hace unos días publicó un desplegado en un periódico nacional para apoyar la candidatura al gobierno estatal del alcalde de Culiacán, el priísta Jesús Vizcarra Calderón, asegurando que ese hombre es el más “adecuado” para servir “el interés superior de Sinaloa”, es decir, el de Enrique Coppel, por supuesto.


Y no lo dijo en vano. El 10 de noviembre del año pasado, en una ceremonia que encabezó el gobernador sinaloense Jesús Aguilar Padilla, Vizcarra Calderón entregó 4 mil 200 computadoras portátiles “para igual número de estudiantes de 16 universidades estatales” como parte del programa municipal Agarra tu laptop. Según la prensa local, Vizcarra explicó que si bien cada una de estas herramientas cibernéticas tenía “un costo de 8 mil 500 pesos en el mercado, los estudiantes beneficiados sólo pagarán en total 3 mil pesos, que se componen de mil pesos de enganche y los restantes 2 mil pesos en 12 abonos mensuales de 167 pesos, que deberán efectuar en cualquier sucursal Coppel”. ¡Ajá! Conque el interés superior de Sinaloa...

Este patético y deprimente ejemplo es apenas un argumento más en favor de la urgente necesidad que tiene el pueblo de organizarse para contrarrestar el poder de estos ricachones majaderos y atrabiliarios. Pero no son sólo ellos. Nada podrían si no contaran con la complicidad de los burócratas, como ha quedado en evidencia en Pemex Refinación, donde aparentemente estarían coaligados para enriquecerse ilegalmente los siguientes funcionarios que despachan en el piso 25 de la inmensa torre paraestatal: Juan Marcelo Parizot Murillo, gerente general de Ventas a Estaciones de Servicio; José Luis Rodríguez Rábago, subgerente de lo mismo para el valle de México, y Francisco Jesús Quezada, director de Franquicias.

El 29 de mayo de 2008, el restaurantero Jorge Talavera Ugalde solicitó a Pemex Refinación un permiso para instalar una gasolinera en Insurgentes Sur 4061, colonia Tlalpan Centro, código postal 14000, pero al obtener la licencia construyó la obra en Insurgentes Sur 4097, colonia Santa Úrsula Xitla, código postal 14420. Así nomás. Bajo “promesa de decir verdad”, aseguró que alrededor de su futuro negocio no había “centros de concentración masiva, escuelas, hospitales, mercados, iglesias”, ni “plantas de almacenamiento de gas LP a menos de 100 metros”.

Sin embargo, como salta a la vista, mintió al proporcionar una dirección falsa y omitir que su estación de servicio, con una capacidad de almacenamiento de 300 mil litros de combustible, está entre dos restaurantes (el suyo, Don Enrique, y la megataquería Arroyo, que cocinan con gas LP), o que colinda con un conjunto habitacional donde viven 80 familias, o que está a diez pasos del Metrobús y frente a una guardería, numerosos comercios, una capilla y un hospital siquiátrico. Pemex Refinación debió verificar esos datos y, al comprobar que eran falsos, negarle el permiso. Pero se lo concedió. ¿A cambio de qué? Eso lo deberían investigar las autoridades judiciales, pues todo sugiere que Parizot, Rodríguez Rábago y Quezada incumplieron con su responsabilidad y autorizaron la colocación de una bomba de tiempo. Total, a ellos qué. ¿Cuántos permisos irregulares han otorgado estos señores a la fecha? La obra de Tlalpan se encuentra clausurada temporalmente por el GDF, pero ya tiene franquicia para empezar a vender gasolina en cuanto Marcelo Ebrard se descuide.

¿Cómo va el país a enderezar el rumbo, ahora que tras la visita de todo el gabinete de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos, la CIA, la DEA, la FBI, el Pentágono y Hillary Clinton administran la guerra sucia de Calderón contra el pueblo y en beneficio de la oligarquía y el narcotráfico? Moraleja: hay que aceptar la propuesta estratégica de López Obrador. Iniciar la revolución mexicana de 2010 quiere decir, hoy por hoy, afiliarse al “gobierno legítimo”.

jamastu@gmail.com

jueves, 25 de marzo de 2010

ABC: INCREPAN A PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA MUERTE DE 49 BEBÉS DE HERMOSILLO, MEX.

Horcasitas ; responsable de la muerte de 49 bebés, los salvan los Panistas

El funcionario asegura que se presentará ante la SCJN para dar su versión del caso


Salvan panistas a Molinar de perredista que lo increpa por muertes en la guardería ABC


Roberto Garduño y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 25 de marzo de 2010, p. 12


El secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, salió protegido, en vilo, por los diputados panistas que integran la Comisión de Comunicaciones cuando el perredista Emilio Serrano le intentó entregar dos muñecos quemados –de 49 que había tendido sobre la entrada al sitio de la comparecencia del funcionario en el Palacio Legislativo de San Lázaro– y le gritaba: “¡renuncia si tienes dignidad, para que enfrentes al Ministerio Público!”

En el encuentro que sostuvo con legisladores federales, el funcionario reconoció que el gobierno tendió una red de 19 mil kilómetros de fibra oscura que se convierte en una tercera opción –paralela a la de Teléfonos de México (Telmex) y la de la Comisión Federal de Electricidad– para los operadores privados que sean autorizados a explotar el espectro radioeléctrico en las frecuencias de 1.7 y 1.9 megahercios.

“El Estado (refiriéndose al gobierno) tiene como papel buscar maximizar los bienes de la nación. La fibra oscura, que es de 19 mil kilómetros, se puede ampliar a 21 mil; es una nueva red que puede utilizarse y abrir la competencia.”

El secretario insistió en que el gobierno no rescatará a la empresa privada Satmex, a pesar de que la deuda de más de 400 millones de dólares resulta preocupante para el sector.

Preguntas sin respuesta

No respondió a las preguntas de la priísta Sofía Castro sobre el rumbo que habrá de tomar el proceso de registro de los teléfonos celulares, y se confrontó con el perredista Francisco Hernández Juárez al negar que existan documentos sobre la demanda contra Telmex presentada por el resto de los operadores privados para que la mayor telefónica instale las redes de comunicación y el resto las usufructúen.

En ese momento, Serrano, quien dijo representar a los padres de los niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, se introdujo en el salón de la comparecencia, se colocó detrás del secretario y extendió una cartulina blanca con la leyenda: “¡Niños víctimas de la corrupción, Molinar culpable!”


El funcionario no se inmutó, pero sus asesores y ayudantes, en conjunto con los escoltas del Estado Mayor Presidencial, se movilizaron en prevención de un desaguisado en plena comparecencia.

Serrano salió; minutos después reingresó con dos muñecos de plástico a medio quemar e intentó acercarse al sitio donde se encontraba Molinar.

Mientras avanzaba, el perredista se acercó al panista michoacano Sergio Arturo Torres, quien le pidió mostrarle las figuras de plástico; y con facilidad éste tomó una, la arrojó al piso y retó a Serrano.

El perredista recogió con dificultad el muñeco y siguió rumbo a Molinar, hasta que se cruzó en su camino el panista Camilo Ramírez Puente, quien no pertenece a la Comisión de Comunicaciones de San Lázaro, pero impidió que Serrano se acercara al secretario.

El priísta Ignacio Rubí, presidente de la comisión, fue apremiado por la panista Adriana Fuentes para que llamara al orden, y así, con la denuncia implícita por el deceso de los niños en Hermosillo, continúo la comparecencia.

Al concluir ésta, los panistas envolvieron en una táctica de protección a Molinar y lo llevaron hasta su vehículo. Adriana Fuentes se colocó al frente y le abrió paso atropellando a reporteros, fotógrafos y camarógrafos, mientras se preguntaba al funcionario si asumiría su probable responsabilidad en la tragedia.

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un citatorio, tengo 15 días para asistir y me presentaré para dar mi versión”, respondió.

El panista Juan Huerta Montero arrinconaba a Serrano y le decía: “¡ya, diputado, no seas protagónico, no seas protagónico!”

El panista Baltazar Martínez, secretario de la comisión, quitó de la camioneta blanca blindada de Molinar los dos muñequitos quemados que colocó Serrano y gritó a éste: “¡ya, ya, diputado, deja de lucrar con la tragedia de otras personas!”


HJAl haber conseguido que Molinar se marchara casi limpio, los panistas bromeaban: “¡te apuesto una comida que esta semana sí sales en Las mangas del chaleco!”

miércoles, 24 de marzo de 2010

MUERTE Y RABIA EN EL TEC...

Muerte y rabia en el Tec...



Álvaro Delgado
PROCESO
MÉXICO, DF, 22 de marzo (apro).-

En un país de profunda y crónica desigualdad, que ha excluido del desarrollo a más de la mitad de los habitantes, la élite política y financiera ha decretado también que los mexicanos no valen igual. Y así como en vida los hay de primera y de segunda, los muertos tienen análoga clasificación.

Se trata de una execrable categorización que se explica en el contexto de una sociedad que, en vastas porciones, es tan profundamente discriminatoria --y reproductora de los prejuicios de la élite--, que denomina naco a quien no sólo tiene piel morena, sino precariedad económica.

Por eso se entiende la indiferencia y hasta la repulsión de la élite económica y política ante el hambre y la muerte de millones de mexicanos, incluidos los que padecen las arbitrariedades y la pérdida de vidas a manos de bandas criminales que controlan vastas comarcas del país, pero también por parte de policías y soldados que operan con total impunidad.

Apenas el sábado 20, los comuneros Lorenzo Arballo Sánchez, Martín Arballo García, Marco Moreno Rodríguez, Audencio Mendoza Montes, Jesús Guadalupe Patrón Sánchez y Benigno Sarabia Medina fueron asesinados por el fuego cruzado de dos bandas de narcotraficantes que se enfrentaron en la autopista Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.

Los campesinos pertenecían a la comunidad de El Placer, sindicatura de La Noria, Mazatlán, regresaban con sus familiares después de haberse manifestado en Culiacán contra la construcción de la presa Picachos y fueron abatidos a balazos cuando viajaban en una camioneta que quedó destrozada por granadas de fragmentación y balas.

Tres días después, hasta la noche del lunes 22, ni siquiera el gobernador Jesús Aguilar Padilla había mostrado sensibilidad ante el brutal crimen contra los comuneros. Tampoco el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se trasladó a Sinaloa para expresar sus condolencias. Menos Felipe Calderón y su mujer, Margarita Zavala, emitieron un comunicado conjunto para unirse “a la pena que embarga a los familiares y amigos” de esos seis mexicanos.

Las organizaciones civiles como México Unido contra la Delincuencia, México SOS del empresario Alejandro Martí, Iluminemos México y los organismos patronales agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ignoraron por completo la muerte de esos seis mexicanos, como lo hicieron también con los 15 jóvenes asesinados en Ciudad Juárez, a los que Calderón, en su infinita prepotencia, tildó de “pandilleros”.

Con tal conducta de la élite política y económica puede colegirse que estos crímenes y otros muchos corresponden a mexicanos de segunda sobre los que no vale la pena ocuparse, porque de todas maneras están condenados a muerte.

Lo mismo parece ocurrir con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara Abraham Guerra González y Ángel Guerra González, asesinados a balazos en Michoacán; o con Sandra de la Garza, ingeniera asesinada el viernes en Monterrey durante un tiroteo entre una banda de secuestradores y elementos del Ejército.

Pero, en contraste, el asesinato de dos estadunidenses y un mexicano vinculados al consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el sábado 13, así como el homicidio de Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), han comenzado a activar la indignación de la élite.

El asesinato de los estadunidenses cimbró a la clase política por la irritación que concitó en Estados Unidos, mientras que el doble homicidio de los jóvenes del ITESM hizo que Calderón y su mujer expresaran, el domingo, su pesar y Gómez Mont viajó este lunes a Monterrey para tratar de evitar más costos políticos.

Mientras tanto las organizaciones civiles de la élite –que sólo reaccionan cuando el crimen toca a uno de los suyos o se producen homicidios de alto impacto-- celebran reuniones para valorar de qué manera expresar su indignación ante el doble homicidio sin exigir lo que es ya un clamor nacional: El cambio de estrategia gubernamental para evitar que más inocentes sigan cayendo bajo el fuego.

A la par, miembros de la comunidad del ITESM se han movilizado para, legítimamente, conocer la verdad y exigir justicia, en un clamor que trasciende Monterrey y aun las sucursales de esa institución educativa en todo el país, como lo ilustran las indignadas expresiones en la página en Facebook de Francisco Arredondo y Jorge Antonio Mercado.

Con 2 mil 504 miembros en sólo dos días, en la página se expresa la rabia a partir de las muchas preguntas que surgen sobre la muerte de los dos jóvenes en el Tec, que se presume fueron torturados y desaparecidas las evidencias, como los videos de la propia institución educativa:

“¿Por qué el Ejército no pudo identificar que eran estudiantes una vez caídos Javier y Jorge por las balas? Forzosamente los muchachos tenían identificación. ¿Por qué uno de los estudiantes presenta golpes en el rostro (no confirmado si ambos)? Si fueron abatidos por el Ejército con disparos cometidos por error, ¿entonces por qué después los golpearon? ¿Era para buscar información o para que dijeran que eran sicarios? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué no hay todavía una versión oficial de la Sedena sobre los hechos del viernes 19? ¿Por qué el Ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar?

¿Por qué el Ejército dispara a personas no armadas que buscaban huir del enfrentamiento? ¿Por qué y quién le colocó las armas a los estudiantes ya fallecidos? ¿Encubrir un asesinato? ¿Era para que la prensa manejara la versión de presuntos sicarios? ¿Por qué el rector del Tec de Monterrey no canceló clases y actividades el viernes para investigar los hechos?... Exigimos saber la verdad...

Exigimos que el procurador Alejandro Garza y Garza dé su versión de los hechos. Exigimos que la Sedena brinde información sobre sus acciones durante el enfrentamiento. Exigimos que la prensa realice su labor periodística como debe ser y no estar bajo la tutela del gobierno o el narco, y declarar que los alumnos eran “sicarios” por solo ver armas al lado de los cuerpos y no confirmar su identidad. Una disculpa del Ejército, el rector y la prensa no nos regresarán a Javier y Jorge, pero necesitamos saber la verdad…

El pueblo mexicano necesita la verdad de lo que realmente pasó con Javier y Jorge para establecer lineamientos en las acciones tomadas en esta ‘guerra’ que nadie quiere y que lamentablemente está costando la vida de gente inocente...

Apuntes

En este contexto de sangre y de cadáveres que pueblan el territorio nacional, que en unas semanas sumarán los 20 mil asesinatos desde que Calderón inició su “guerra” para encubrir el fraude electoral de 2006, emergen las sospechas de que existe anuencia oficial para las ejecuciones extrajudiciales. Así lo hace presumir la ejecución de un narcomenudista detenido en Santa Catarina, Nuevo León, después de que estuvo en poder de elementos de la Secretaría de Marina y de la policía municipal… Y en medio del país ensangrentado, emerge la repelente figura de Javier Lozano Alarcón para tratar de imponer una ley laboral al gusto, justamente, de la élite que tiene al país en una profunda y crónica desigualdad…

Comentarios: delgado@proceso.com.mx













" FUEGO CRUZADO "...SÍ COMO NO .

La tesis del "fuego cruzado"



Jenaro Villamil
PROCESOMÉXICO D.F., 23 de marzo (apro).-

Cuando culminen las reuniones entre el Grupo de Alto Nivel del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, y sus homólogos mexicanos, es muy probable que el discurso oficial calderonista y de gobernadores afines siga pidiendo disculpas por el “fuego cruzado” que ha matado a cientos de civiles en los últimos años de narcoguerra sin que ninguno de los responsables de estas ejecuciones haya sido sancionado. Un nuevo expediente de impunidad se abre con esta nueva tesis, temeraria e indignante.


Primero fue justificar el homicidio de una anciana indígena en Zongolica, Veracruz, por “hemorragia intestinal”; después Calderón tuvo el pésimo reflejo de justificar la matanza en Salvárcar, Ciudad Juárez, diciendo que era un “pleito entre pandillas” y así le ha ido con los familiares de 15 adolescentes acribillados; ahora, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y los replicantes del gobierno de Nuevo León, insisten en decir que el asesinato de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y de Jorge Antonio Mercado Alonso, ambos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Tec, fue el resultado de que para su desgracia “estuvieron en la línea de fuego”.


La tesis del “fuego cruzado” no puede ocultar las decenas de contradicciones que se articulan en torno a los sucesos del viernes 19 de marzo, en el corazón de una de las zonas exclusivas de Monterrey. El primer comunicado de la Secretaría de Gobernación –que cada vez hace el papel de oficialía de partes de los malos operativos militares- no tiene desperdicio.


Señala que el tiroteo fue el resultado de una “denuncia ciudadana” que se recibió en el cuartel general de la 7ª. Zona militar, alertando que en el bar Valentona se encontraban individuos armados.


De inmediato el personal militar se trasladó a dicho lugar”, refiere el boletín. No le informaron ni a la procuraduría estatal ni a la general de la República que seguramente sólo existen para recoger cuerpos y ocultar pruebas. Cuando se dirigían a la Valentona, “una camioneta se emparejó y, al realizar una maniobra peligrosa, fue seguida por la unidad militar”. Nunca se aclara qué entienden por “maniobra peligrosa”.


“Momentos después –continúa la narración-, ya sobre la avenida Eugenio Garza Sada, la camioneta comenzó a abrir fuego” y “los efectivos militares repelieron la agresión en las inmediaciones del Tec de Monterrey”. “Simultáneamente a esos hechos arribaron más camionetas con agresores que comenzaron a atacar desde diversos puntos con granadas y armas de fuego al personal militar. Esta situación propició que los efectivos militares buscaran nuevos lugares de protección y desde donde contraatacar a los agresores, en tanto llegaran refuerzos al lugar de los hechos… Una vez controlada la situación arribó al lugar del enfrentamiento el AMPFC (Agente del Ministerio Público Federal), persona de peritos en balística, y del Servicio Médico Forense para recabar evidencias, levantar los cuerpos y dar fe de los hechos” (subrayados propios).


Digno de un guión de Juan Orol este primer relato de los acontecimientos atizó el fuego de la indignación. Nunca se mencionaron los nombres de los estudiantes ni de otras víctimas.


Cuando se informó el sábado que entre los cuerpos levantados se encontraban dos jóvenes estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey comenzó un siniestro juego para escurrir el bulto y que ninguna autoridad se hiciera responsable de “la confusión” que llevó a catalogarlos como sicarios que, quizá por tal motivo, merecían morir acribillados. La confusión provocó que el propio rector del Tec, Rafael Rangel Sostman, anticipara en un comunicado del viernes que ninguna de las víctimas de la balacera pertenecía a esa casa de estudios. Después tuvo que desdecirse adjudicándole la responsabilidad de su error a la información proporcionada por el procurador estatal Alejandro Garza.


El gobernador Rodrigo Medina, del PRI, acusó en una entrevista televisiva a la PGR de haber sido la responsable de haber confundido a los estudiantes con delincuentes. “Cuando hay un operativo, a las autoridades locales no nos dejan entrar al área.


La información que proporcionamos al Tecnológico fue la información que nos dio la autoridad”, soltó Medina en una entrevista en Primero Noticias, como si él no fuera la autoridad. Tan lo es que el 21 de marzo en una medida desesperada cesó a 81 efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado por presuntos vínculos con el crimen organizado, sin arraigar a ninguno.


El mismo día que Medina acusaba a la PGR su procurador, Alejandro Garza, deslindó a la PGR de haber informado que los 2 estudiantes del Tec eran sicarios. Para el lunes 22 de marzo otro escándalo de “fuego cruzado” ya había trascendido las primeras planas de la prensa regiomontana y nacional: un atentado fallido en contra de Luis Eduardo Murrieta Maya, titular de la policía municipal de Santa Catarina derivó en el asesinato de un escolta y de un peatón, además de que resultó herida una pareja de sexagenarios que esperaba el transporte público.


El enredo descomunal en el que han caído los defensores de la tesis del “fuego cruzado” es exhibido con una serie de preguntas incómodas en un sitio de Facebook que demanda justicia para los dos estudiantes asesinados el 19 de marzo. Estos son los cuestionamientos:


“¿Por qué el procurador Alejandro Garza y Garza aseguró que no eran estudiantes? ¿En qué se basó para dar tal versión? ¿Dónde están las identificaciones de Jorge y Javier? ¿Por qué el ejército decomisó los videos de las cámaras de seguridad del Tec? ¿Qué buscan ocultar? ¿Por qué los estudiantes presentan golpes en el rostro si fueron abatidos por el ejército por error, por qué después los golpearon buscando que dijeran que eran sicarios? ¿Por qué primero disparan y después averiguan?”.


Estas mismas preguntas proliferarán en un sinnúmero de casos que se están acumulando en Ciudad Juárez, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. En esta última entidad, dos estudiantes de la Universidad de Guadalajara fueron asesinados a balazos afuera de un local de cerveza en el municipio de Marcos Castellanos. Los hechos ocurrieron el lunes a la 1:30 horas. Y ahora tratan de decirnos que son lamentables víctimas del “fuego cruzado”, como la mayoría de los mexicanos que impávidos presenciamos la pesadilla calderoniana y su narcoguerra.


Email: jenarovi@yahoo.com.mx













ACUERDOS SECRETOS...LOS GRINGOS TOMAN EL CONTROL

Astillero



Acuerdos secretos
EU toma mando
“Guerra” sigue
Tec: ¡A estudiar!

Julio Hernández López
LA JORNADA

Estados Unidos acepta su responsabilidad compartida”, que consistirá en seguir aplicando medidas unilaterales en México para que en este traspatio continúen la sangre y el miedo social, mientras en los jardines imperiales prosigue el plácido consumo de los enervantes nomás en suelo tercermundista combatidos.

Estados Unidos se compromete a entregar más dólares al atorado vecino pobre para que éste se llene de equipo, tecnología, asesores y agentes provenientes del país de las barras y las estrellas, todo lo cual formará parte de una reactivación financiera de la llamada Iniciativa Mérida que en realidad será un aceptado caballo de Troya para el control de un México que ha llegado a ser ingobernable (aunque no todos los dólares serán en efectivo, sino parcialmente en especie, para beneficiar a los productores gringos con compras con dinero “donado” y para evitar los sabidos actos de corrupción local que ese botín provocaría de entregarse directamente).

México se compromete a firmar los términos de cuanto acuerdo le sea presentado por la parte dominante y a poner patrullas, policías, soldados y marinos cada vez que la interventora oficial, señora Clinton, necesite venir personalmente a verificar el cumplimiento de lo convenido. Igualmente, la residencia de paso llamada Los Pinos estará disponible para que al final de esas visitas ejecutivas algún funcionario extranjero pase a informar al ocupante de la citada residencia que los trabajos concluyeron satisfactoriamente (para los intereses de Estados Unidos).

México también se compromete a entender invariablemente que la frase “debemos estar juntos para hacer frente a esta amenaza” del narcotráfico significa que las decisiones y acciones locales serán siempre sometidas al criterio y resolución de los comisionados estadunidenses, sean éstos o no el embajador especialista en estados fallidos, de apellido Pascual. Para evitar controversias que pudiesen concitar la intervención de peritos traductores, la parte mexicana también acepta que la alocución “no se trata de reuniones, de discusiones, nuestros presidentes quieren resultados”, habrá de ser siempre entendida como un reconocimiento plenipotenciario de que el presidente Obama quiere resultados (en apoyo de este punto se deja constancia de que los mexicanos no cuentan, en realidad, con figura institucional que hiciera necesario dirimir a qué presidente se pudiera referir la antedicha frase).

Firman el contrato de anexión silenciosa, como testigos de honor, Fernando Gómez Mont, ya especializado en estos menesteres, y la canciller Patricia cuya función EsPenosa. Aún no se sabe si de este asunto Felipe ya sabe o lo seguirá negando, como en el caso de las alianzas partidistas que corresponden al ámbito interno de este protectorado sureño. De inmediato la parte estadunidense tomará control del manejo operativo de las fronteras mexicanas en términos migratorios (aduanas, aeropuertos, etc.) y políticos y policiacos en municipios y ciudades donde el desbordamiento oportunamente provocado haga necesaria la intervención de las fuerzas troyanas, incorporando así los conceptos estadunidenses de seguridad nacional y migración al menú que deberán servir los meseros hispanoparlantes.


P.D. Los aspectos verdaderamente importantes de esta reunión binacional de impartición de instrucciones estadunidenses no son ni serán del dominio público. De lo que sí se podrá decir a los medios de comunicación se deja constancia en copias por duplicado que preventivamente quedarán en poder de la parte estadunidense que incluso podría no firmar nada. Para garantizar el cumplimiento de todo lo acordado se mantendrá vigente la llamada “guerra contra el narcotráfico”, que aportará a la administración mexicana intervenida la posibilidad de mantenerse en el poder por la fuerza de las armas. La desestabilización será constante y el control de la sociedad se fortalecerá mediante miedo y desesperanza. Dado en la extensión de la ciudad de Washington, que para efectos prácticos será llamada México, septiembre de 1847.

Astillas

El rector general del sistema Tec, Rafael Rangel Sostmann, prefirió ver a largo plazo en el asunto de los dos jóvenes de su comunidad asesinados en circunstancias que deberían poner bajo la inmediatez de la lupa crítica el comportamiento de las fuerzas institucionales de presunto combate al negocio de las drogas y la necesidad de cumplir con averiguaciones, procesamientos y castigo inequívocos a quienes acribillaron a estudiantes que a no haber sido por su pertenencia a ese relevante instituto habrían quedado como simples bajas atribuibles al chivo expiatorio masivo denominado “sicarios” o “narcotraficantes” (esa condición especial quedó de manifiesto en una pifia de Calderón al decir que “sus muertes son dolorosas por tratarse de alumnos ejemplares, entregados al estudio y con trayectorias intachables”, como si solamente cumpliendo con esas condiciones se mereciera una discutible valoración positiva del jefe de las fuerzas sospechosas de esas muertes)... Con el preparado ingrediente de exculpación gubernamental que significó la presencia de la esposa de Calderón, portadora del peculiar mensaje de condolencia selectiva, el rector del Tec exhortó a sus dirigidos a perseverar en el estudio, a prepararse y participar en el diseño de propuestas de solución a los problemas nacionales, todo lo cual es absolutamente plausible, pero se quedó en esas buenas intenciones genéricas, ayudando así al gobierno federal beligerante a atemperar críticas y a disolver protestas... Rangel Sostmann llegó al extremo de citar el caso de Eugenio Garza Sada, asesinado durante la presidencia de Luis Echeverría, como si pudieran equipararse los movimientos guerrilleros de aquella época, uno de ellos responsabilizado del intento de secuestro y el asesinato del citado empresario, y la violencia de Estado desatada en el marco de una “guerra” contra el narcotráfico. Metidos ya en remembranzas históricas, la conducta del rector del Tec hizo evocar la grandeza del rector de la UNAM en 1968, Javier Barros Sierra... ¡Hasta mañana!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx

viernes, 19 de marzo de 2010

MÉXICO : ABUSIVA AGRESIÓN DE POLICIAS FEDERALES CONTRA INDEFENSOS TRABAJADORES DE CFE EN LUCHA

PERRO LOZANO Y EL PAN QUIEREN REMATAR AL MORIBUNDO SINDICALISMO MEXICANO

Reforma laboral panista, atentado contra el sindicalismo independiente: FAT



Rosalía Vergara
PROCESO
MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).-

 El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) advirtió hoy que aceptar la iniciativa de reforma laboral presentada por los diputados “empresariales” del Partido Acción Nacional (PAN) presagia la “muerte del sindicalismo independiente”.


Por esa razón hizo un llamado a la movilización sindical en contra de esa iniciativa “que presentan los diputados empresariales, que proponen una reforma para cambiar las reglas a favor del patrón, cuyo único fin es enterrar cualquier posibilidad de sindicalismo independiente”.


En un boletín, manifiesta que ese proyecto vulnera la Constitución y los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


“Viola específicamente el derecho a la libertad de asociación y contratación colectiva, al proponer requisitos imposibles e insalvables, propiciando que ésta sea como imposición del patrón”, resalta.


Destaca que con esto se consolida el régimen corporativo y se reducen las garantías laborales de los trabajadores.


Además, indica que promueve los despidos masivos sin derecho a la indemnización por años trabajados, mediante la legalización de los contratos temporales, “ampliando con ello la imposibilidad del empleo. La consecuencia será más precariedad laboral”.


Explica que esta propuesta provocará la supresión, entre otros, de los sindicatos democráticos del sector aéreo, como ASSA y ASPA, y del sector educativo.


Considera que la “perspectiva de género” de la iniciativa es “pura simulación”, pues no trata a fondo temas como la desigualdad laboral, violencia o discriminación de las mujeres en los empleos.


“Nos parecería inexplicable que cualquier asociación sindical pudiera avalar este suicidio del sindicalismo autónomo”, advierte el FAT.


LOZANO YÁ DE PLANO DESQUICIADO VA AHORA CONTRA TODOS LOS TRABAJADORES MEXICANOS

Sin que estuviera incluida en el orden del día, presenta iniciativa; “no pasará”: PRI


Presenta AN reforma a la Ley Federal del Trabajo que limita el derecho de huelga
Enrique Méndez y Roberto Garduño


Periódico La Jornada
Viernes 19 de marzo de 2010, p. 8


Sin haberse incluido en el orden del día de la Cámara de Diputados, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que pretende dar mayores beneficios a los patrones, limitar el ejercicio del derecho de huelga, legalizar la práctica de la subcontratación (outsourcing) para no generar derechos laborales e imponer los denominados periodos de prueba.

El proyecto fue presentado por Gerardo de los Cobos, quien fue asesor de Vicente Fox en el gobierno de Guanajuato y en la campaña de Felipe Calderón. Miembro de El Yunque, sus jefes en esa organización de ultraderecha panista son Ramón Muñoz, Elías Villegas –financiador de Fox– y Eduardo Sojo.

De los Cobos dio a conocer un proyecto que reduce obligaciones a los patrones, a quienes permite no informar al trabajador de la rescisión de la relación laboral, sino hacerlo directamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.

También considera que la elección de los líderes sindicales sea por el voto secreto y directo de los afiliados, y suprimir la obligación del descuento de cuotas, medidas rechazadas de inmediato por los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dirigentes de organizaciones afiliadas al Congreso del Trabajo, quienes advirtieron que el proyecto –atribuido al secretario del sector, Javier Lozano– “no pasará”.

“No sabemos si es una copia pirata, pero como es una iniciativa de un tema muy importante, tendrá que ser sujeta a una revisión extraordinariamente escrupulosa, porque en el PRI vamos a defender los derechos de los trabajadores”, aseguró el coordinador de la bancada del tricolor, Francisco Rojas Gutiérrez.


Los priístas criticaron el “subterfugio” que utilizó el blanquiazul para presentar la iniciativa. Sin que formara parte de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política, el PAN en la mesa directiva introdujo el texto, que no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria.


Mientras De los Cobos leía un resumen del proyecto, el priísta César Augusto Santiago Ramírez preguntó al encargado de servicios parlamentarios, Emilio Suárez Licona, por qué no se publicó la iniciativa, como es obligatorio, ante lo cual el funcionario corrió a buscar un anexo recién salido de la imprenta.


“Se trata de una marrullería del secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien por la mañana anuncia la presentación del proyecto, y aquí le da entrada en lo oscurito Javier Salazar, otro ex secretario del Trabajo enemigo de los sindicatos. Si se trata de una iniciativa honesta, ¿por qué actúan a econdidas?”, cuestionó Santiago Ramírez.

Con el presunto fin de generar más empleos, el proyecto panista propone el modelo de contratación individual, limitar a seis meses el pago de salarios caídos.

En caso de despido, plantea eximir al patrón de la obligación de reinstalar a un trabajador con antigüedad menor a tres años


Propone suprimir el escalafón ciego “a efecto de privilegiar la productividad” e incluir la “multihabilidad obligatoria”.

También, “para fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral”, incluir el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga; más requisitos para la tramitación de las demandas de titularidad del contracto colectivo de trabajo, así como nuevos requisitos para emplazar a huelga.

Plantea declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos para el emplazamiento previstos en sus propios estatutos, y negar el trámite para el paro de labores por incumplimiento al contrato cuando no se precisen las violaciones y su forma de reparación.


De los Cobos propuso suprimir la figura de “puesto de trabajo”, con el argumento de que se basa “en un modelo de producción de la década de los 30” del siglo pasado, y bajo la cual un asalariado sólo está obligado a cumplir la tarea para la cual fue contratado, “lo cual atenta contra la productividad”, dijo.

jueves, 18 de marzo de 2010

PÉSIMA EDUCACIÓN EN MÉXICO POR CULPA DE LA DUPLA CALDERÓN GORDILLO

Exclusión que ofende



Axel Didriksson
PROCESO

Al concluir en febrero último su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos, realizó una evaluación acerca del sistema educativo en México y cuyos resultados plasmó en su reporte general 27/02.

El contenido del documento desató la ira del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio y de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trajadores de la Educación (SNTE). El enojo del funcionario llegó a tal extremo que envió –¿o quedó sólo en la intención?– una carta diplomática a la ONU en la cual se queja de que en su informe el relator no incluyó el punto de vista de la SEP ni del sindicato que, para el caso, son lo mismo.

Causa extrañeza que el enviado del organismo internacional no haya podido congeniar ni debatir con las autoridades que controlan el sistema educativo del país, a pesar de que estuvo aquí más de 10 días. La verdadera razón del desencuentro se debió a que, por su vocación autoritaria, los jerarcas de la SEP y del sindicato no consultan los aspectos fundamentales de la educación con los sectores interesados; sólo imponen su voluntad.


Durante su estancia, el relator visitó escuelas y localidades del sur y del norte del país y se reunió con funcionarios federales, locales, y con representantes de asociaciones, institutos, universidades, estudiantes e investigadores. Para realizar su estudio tuvo a la mano documentos e información de primera mano acerca de la realidad educativa que se padece.

En el reporte que tanta molestia causó, Muñoz Villalobos plasmó sus hallazgos. En primer lugar, señaló que amplios sectores no pueden ejercer el derecho a la educación consagrado en la Carta Magna. Determinó que esta exclusión es enorme; que está creciendo, lejos de disminuir y que esta situación refuerza la precaria existencia de millones de personas. Se trata, precisó, de un círculo vicioso generado por el propio sistema educativo que no cuenta con políticas de gobierno debidamente orientadas.

También constató que existe una educación de baja calidad para los más pobres, así como un proceso de desescolarización aun en contra de los que tienen la oportunidad de ejercer ese derecho, por vivir –ya sea en el campo o en la ciudad– en unidades territoriales de muy alta marginación.


Con los datos disponibles, el relator confirmó que existen 7 millones de personas analfabetas y casi de un millón y medio de niños y niñas sin acceso a la escolaridad. Asimismo, descubrió que unos 34 millones de mexicanos mayores de 15 años se ubican en condición de rezago educativo, y que en su totalidad son personas que tienen como condición la marginalidad. Se trata, sobre todo, de niñas, mujeres, indígenas, migrantes o jornaleros o, simplemente, pobres.


En un documento remitido al relator de la ONU, el maestro Manuel Ulloa documentó los niveles de exclusión prevalecientes en México. De acuerdo con este análisis, 2 millones 277 mil personas cuyas edades van de cinco a 14 años no pueden ejercer su derecho a la educación. De esta manera, precisa la investigación, se ha incrementado de manera alarmante el número de excluidos de este derecho, respecto de lo que ocurría en 1995. Esta población, se precisa, no sólo es parte de los excluidos, sino también de los marginados que genera el propio sistema educativo.

En el informe presentado por el relator se consignan datos que deberían de ser motivo de un debate nacional para analizar a fondo lo que ocurre en la educación nacional. No se trata sólo del incremento desproporcionado del ausentismo y deserción en las escuelas, sino del hecho de que incluso quienes permanecen en éstas reciben una educación de pésima calidad que no forma con solidez, ni crea aprendizajes para toda la vida; tampoco proporciona cultura ni ciudadanía.


De poco o nada sirve tener establecimientos escolares repletos durante 10 o 12 años; es decir, desde preescolar a la secundaria, para después mandar a toda esa población a una condición de analfabetismo funcional.

Entre los aspectos que el relator destacó en su informe, de seguro fueron tres los que calaron más hondo en las cúpulas de la SEP y del SNTE:

En primer lugar, cuestionó la aplicación generalizada de las pruebas estándares a profesores y a estudiantes –PISA, ENLACE, EXCALE o las que se simulan para el otorgamiento de plazas al magisterio– porque no atiende la diversidad de los contextos de aplicación, y porque está “proyectando injustamente una mala imagen de los maestros y maestras, haciendo creer que los problemas de la eficiencia escolar les son achacables exclusivamente a ellos, y no a un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de las políticas públicas”.

En segundo término, Muñoz Villalobos puso en duda la viabilidad de la denominada “Alianza por la Calidad de la Educación”, membrete con el que se pretende suplir la falta de una verdadera política de Estado en la educación, porque, “la misma no es resultado de una discusión abierta ni de un proceso de participación social amplio… tampoco responde a la diversidad ni a la necesidad de que las oportunidades educativas sirvan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.


La puntilla penetró hasta el fondo cuando en su tercer señalamiento el relator constató, simple y sencillamente, que la “simbiosis atípica” entre el SNTE y la SEP, no sólo conculca, desdibuja, corrompe y manipula las responsabilidades públicas en la educación, sino que “revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, y agrega una gran complejidad al panorama educativo”.


Este diagnóstico lo conocemos los mexicanos desde hace mucho tiempo y se ha documentado ampliamente. En esta ocasión un enviado de las Naciones Unidas difunde al exterior esta podredumbre, lo cual provocó un sacudimiento entre quienes siguen empecinados, en aras de sus propios intereses, en hacer de la educación una ruina, sin importarles que de esta manera se cancelan todas las posibilidades para nuestro desarrollo.









ASTILLERO DE JULIO...



ASTILLERO
 No eran para menos el gesto y la mirada de Felipe Calderón que La Jornada reprodujo en su primera plana de ayer. El comisario diplomático, Carlos Pascual, le había detallado el martes en un hangar de Ciudad Juárez, durante una hora, los términos de la inminente visita de una virtual fuerza conjunta de intervención cuando menos política, que el próximo martes demostrará que en México sí existe gobierno, aunque sea extranjero. Parapetados tras la de por sí evidente treta de entrometimiento denominada Iniciativa Mérida, estarán aquí los titulares de las secretarías gringas de Estado, Defensa y Seguridad Interna, acompañados de una impresionante plantilla de directores y asesores de inteligencia y seguridad nacional estadunidense. La visita forma parte de una agenda de trabajos conjuntos, es cierto, pero en el entorno de los asesinatos de tres personas relacionadas con el consulado gringo en Ciudad Juárez darán la apariencia política de una invasión de facultades, de un jalón de orejas al gerente local que entrega pésimos resultados, de un echarle montón al damnificado para ver si con ayuda externa medio compone las cosas.


El arribo del ejército político de intervención toma a Felipe entrampado y en un pasmo evidente. El tocado secretario de gobernación convocó ayer a una anticlimática conferencia de prensa para defender con demagogia y rollo burocrático la posición desastrosa del calderonismo, pretendiendo responder a la estocada profunda que había dado Janet Napolitano al señalar que el envío calderonista del Ejército a Ciudad Juárez no había servido de nada. Palabras huecas mientras en Los Pinos se daba una despedida/bienvenida sugerente a un diputado federal que deja San Lázaro para ir a Bucareli como subsecretario, en una jugada que demuestra la debilidad de Gómez Mont y la preparación de líneas de su relevo que no puede esperar mucho. En la ciudad fronteriza, mientras tanto, eran presentados otros presuntos responsables de la matanza de estudiantes semanas atrás. Y la políticamente pálida y pequeña secretaria de relaciones exteriores se aprestaba a constituirse en porosa muralla de defensa nacional frente a los tanques de guerra política en camino. Felipe ya no puede más, pero se aferra a lo inasible. México sufre y se desangra, mientras el precarista de Los Pinos ya ni siquiera oculta su desasosiego y derrota.

Astillas

Dado que la procuraduría capitalina cree que aún no se cumplen las condiciones para tomar declaración formal al futbolista Salvador Cabañas, bien podría valerse de adelantos técnicos. Por ejemplo, hacer que el hospitalizado responda preguntas al estilo telegráfico pero usando golpes de pelota de ping pong sobre la mesa del agente del Ministerio Público, o habilitar como adjunto a un reportero de Televisa para que así pueda ser respondido el interrogatorio judicial. Se está viendo lento el licenciado Mancera, titular de la procuraduría capitalina del juego de la pelotita... Suavecito, el secretario de compras de vacunas contra la A/H1N1 está dando por terminada la etapa crítica de ese asuntillo que entre otras cosas provocó una parálisis económica nacional que agravó el impacto de la crisis global, una imagen turística de deterioro que persiste, una altísima erogación de recursos públicos para adquirir medicamentos que siguen en bodegas y la mayoría de la gente no acepta aplicarse y una experimentación perversa de las formas de control social mediante el miedo. Según eso, en abril próximo se podría levantar la alerta sanitaria... También calladito, sin hacer ruido, el ex gobernador potosino Marcelo de los Santos ha tomado control de la Casa de Moneda, donde lo han nombrado director general. El calderonismo blinda así (a la vez que forra) al panista que en San Luis Potosí está bajo investigación del Congreso por las cuentas públicas infladas que presentó y por el endeudamiento socialmente criminal que contrató (en sus últimas semanas obtuvo mil 500 millones de pesos de los cuales a la fecha el sucesor, priísta, Fernando Toranzo, dice que no sabe en qué fueron gastados). De los Santos celebró contratos altamente dañinos para el estado y totalmente benéficos para ciertas firmas particulares. Ahora lo ponen (nuevamente) donde hay: en la productora del circulante nacional... En Twitter (donde este tecleador deambula bajo el alias de @julioastillero) apareció el recuadro distintivo de un usuario con una bolsa de papel de estraza, como las usadas en las tiendas para que los clientes lleven sus mercancías, puesta en la cabeza y apenas un par de aberturas para los ojos (como hacen los aficionados deportivos cuando su equipo juega muy mal) y este texto: Hola, mi nombre es Arne aus den Ruthen, fui jefe delegacional y diputado en Miguel Hidalgo DF y hoy me cubro el rostro porque #medapenaelPAN. Den Ruthen desgranó así una serie de quejas y denuncias sobre lo que sucede hoy en su partido. Otro panista, de apellido distinguido en el ámbito blanquiazul, Abel Vicencio, también se colocó la bolsa de mandado en la fotografía y expresó sus propias críticas. Los textos pueden verse en @arnemx y @AbelVicencio... Ahora que el anuncio de boda entre PANtylú y PANava ha vuelto a darle vuelo a las conexiones entre política y farándula, es de recordarse que la actriz de telenovelas Angélica Rivera bien podría ser llamada La dueña, en lugar de la Gaviota, pues tal era el nombre de la producción de Florinda Meza, en 1995, en que la ahora novia de Nieto era el personaje principal, llamada Regina Villarreal. En esa historia, Regina es plantada por el galán al pie del altar. Apodada La víbora, Regina se va a vivir a Los cascables y luego conoce a su nuevo amor, José María Cortés, el dueño de Los Encinos (notita chapoyesca reforzada con datos de Wikipedia)... Y, mientras universitarios libaneses ubican en su verdadero contexto los éxitos de acumulación de capital de Carlos Slim, ¡hasta mañana, en esta columna con la vista puesta en lo que pasa en el estado de México y Torreón, puntos crecientemente rojos dentro del sangriento panorama nacional!

Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx • http://www.twitter.com/julioastillero




miércoles, 17 de marzo de 2010

SME: BEBES RESCATADOS POR ATAQUE CON GAS LACRIMÓGENO POR PARTE DE POLICÍA FEDERAL MEXICANA

SME: LA AGRESIÓN A TRABAJADORES DEL SME EN BOLIVAR

NARCOGUERRA NUEVA FASE

La nueva fase de la narcoguerra



Jenaro Villamil
PROCESO
MEXICO, D.F., 16 de marzo (apro).-

 La tercera visita en menos de dos meses de Felipe Calderón a Ciudad Juárez, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, junto con los indicios de nuevas masacres en esta ciudad fronteriza y el nuevo protagonismo del FBI y de otras seis corporaciones norteamericanas en la guerra contra el narcotráfico que se libra en las ciudades fronterizas, nos habla del inicio de una nueva fase en esta guerra mal planteada, sin estrategia y con indicios de descomposición muy graves.

Algunos elementos de esta nueva fase están presentes en los dos principales focos de atención de los medios internacionales y, especialmente, norteamericanos: Ciudad Juárez y Reynosa. Estos son:

1.- Las redes sociales como alternativa a la autocensura.- Un despacho de Reuters, la agencia británica de noticias internacionales, relataba el fin de semana que el cártel del Golfo soborna a periodistas de Reynosa y otras ciudades de la frontera con 500 dólares al mes y servicios de prostitución y botellas de licor para silenciar a sus compañeros de profesión. Muchos de estos “narcoperiodistas” no ocultan su filiación al cártel y se pasean en vehículos todoterreno, acompañados de hombres armados, frecuentemente para evitar que se divulguen noticias sobre asesinatos.


“Estos sucesos –anota la agencia-- apenas han tenido cobertura mediática, a pesar de que han muerto en torno a 100 personas. Esta práctica, además, ha quedado evidenciada por la gran repercusión mediática que han tenido hechos similares en otras zonas del país”.

Reuters destaca que desde 2006, cuando Felipe Calderón llegó al poder, han muerto casi 19 mil personas a causa de la violencia asociada al narcotráfico. “La diferencia es que en esta ocasión el cártel del Golfo parece capaz de silenciar por completo la cobertura mediática de la violencia en su zona de influencia”.

Frente a esta situación, es explicable que los residentes de Reynosa y de sus alrededores hayan recurrido a redes sociales como Facebook, Twiter y Youtube, donde suben videos tomados con sus teléfonos celulares y notifican actividades sospechosas en un intento por informar del brote de violencia, destaca el reportaje de Reuter.

Algo muy similar está ocurriendo en Ciudad Juárez. Las redes sociales se han convertido en la contraparte de una especie de insurgencia ciudadana, que no cree en las versiones oficiales, desconfía de los medios y decide autoinformarse, aunque en la mayoría de los casos las situaciones no sean corroboradas.

Estamos entrando a la fase de la ciberinformación ciudadana que exhibe el fracaso de la percepción oficial inducida sobre una guerra que no sólo no se está ganando, sino que tiene múltiples frentes abiertos.

2.- El nuevo protagonismo norteamericano.-Los homicidios de dos ciudadanos norteamericanos y un mexicano, dos de ellos vinculados al consulado estadunidense en Ciudad Juárez no fue ni el peor suceso ni el más escabroso de este fin de semana, pero sí marca un punto de quiebre, debido a la actitud asumida por el gobierno de Barak Obama frente a la violencia en la frontera.

En la noche del jueves 11 de marzo un comando armado volvió a protagonizar una masacre en la que murieron seis personas, jóvenes entre 16 y 28 años, a 40 días de la masacre de 15 jóvenes asesinados en Villas Salvárcar. El suceso fue en la colonia Parajes del Sur, en un municipio aledaño a Juárez. También en Sinaloa, en el ejido de Bachoco, municipio de Navolato, se registró otra masacre, que cobró la vida a cuatro jóvenes.

Pero no son estas las masacres que se han generalizado las que le preocupan al gobierno mexicano ni al de Estados Unidos. Las autoridades del FBI y una “fuerza especial” integrada por siete corporaciones gubernamentales del país vecino, iniciarán su investigación propia en Ciudad Juárez para saber exactamente qué sucedió con los ciudadanos norteamericanos asesinados.

Este nuevo protagonismo será abierto, frontal, y aunque el lenguaje diplomático hable de colaboración y de que tanto México como Estados Unidos enfrentan un “desafío común”, lo cierto es que la ola de violencia ya se trasnacionalizó. Quizá era el momento esperado por Washington para entrar abiertamente a indagar, lo cual refleja ya una desconfianza extrema en las versiones victoriosas que el gobierno calderonista intenta difundir a través de spots.

3.- El ejército a la retaguardia.-Sin aceptarlo ni asumirlo claramente, el subtexto del mensaje del gobierno de Felipe Calderón es que el despliegue de tropas del Ejército mexicano en Ciudad Juárez, en Reynosa y en otras partes del país, donde la guerra de cárteles ha inundado la cotidianidad de sus habitantes, ha sido un fracaso.

No se anunciará el retiro, pero ya opera un repliegue de dimensiones poco claras. ¿Serán las agencias norteamericanas las que tomarán el lugar de una tropa maltrecha, mal preparada y que acumuló en estos tres años expedientes de violaciones a los derechos humanos?

¿Estamos ante el inicio de una policía trasnacional contra el narcotráfico?

Email:jenarovi@yahoo.com.mx





LA VALIENTE PFP GASEA A BEBES DE UNA GUARDERÍA EN LA CÁPITAL

Un bebé de 2 meses está internado; desalojan a 181 de una guardería


Afecta a 500 niños gas lacrimógeno lanzado por la PF a los trabajadores

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 12


La orden para los 2 mil 100 elementos de la Policía Federal que custodiaron ayer las más de 200 instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) en cinco entidades fue “repeler cualquier intento de intromisión a los inmuebles, mediante acciones de disuasión con gases lacrimógenos”, revelaron funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Esa orden habría sido la justificación policiaca para lanzar gases lacrimógenos contra decenas de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que pacíficamente pretendían colgar dos banderas rojinegras en la paredes exteriores del almacén de cables subterráneos en la colonia Obrera, en la ciudad de México. Eso provocó el desalojo de casi 500 menores que estaban en una estancia infantil y una escuela primaria. Todos fueron revisados por médicos y cinco requirieron hospitalización. La SSP federal no dijo nada al respecto.

Ante la realización del paro cívico nacional convocado por el gremio de LFC, la SSP federal reforzó los grupos de vigilancia en cada instalación y su personal estuvo dotado de lanzagranadas de gas lacrimógeno y equipo antimotines en los estados de Hidalgo, Puebla, México y Morelos, así como en el Distrito Federal.

Aunque la policía capitalina desplegó 10 mil 100 agentes, sus elementos no tuvieron ninguna fricción ni enfrentamientos con los trabajadores.

Poco después del mediodía, justo enfrente del número 158 de la calle Simón Bolívar, decenas de integrantes del SME se toparon con la valla de policías federales que resguardaba las instalaciones, y para evitar que colocaran dos banderas rojinegras en las instalaciones de LFC, los agentes les lanzaron seis granadas de gas lacrimógeno, el cual entró a casas y escuelas de las inmediaciones. Los electricistas se replegaron hacia una cancha de futbol, pero, al igual que los habitantes de la zona, fueron afectados por la sustancia.


El tóxico provocó que las educadoras de la Guardería Integra desalojaran a 181 menores; en brazos o caminando en fila, llevaron a los niños a un estacionamiento cercano, de donde poco después fueron trasladados a una iglesia para que recibieran atención médica.

Los profesores del turno matutino de la escuela primaria Simón Bolívar enviaron a su casa a 282 alumnos debido a que los salones se llenaron de gas. Cinco menores fueron los más afectados. El más grave es el bebé Alexis Emiliano Hernández Saldaña, de dos meses, quien dormía en el departamento que se localiza justo enfrente de las instalaciones de LFC. Cuando su padre fue a verlo “ya tenía espuma en la boca”.


Lo delicado del caso provocó que el niño tuviera que pasar por cinco nosocomios; sigue internado en el Hospital Pediátrico de Coyocacán por toxicidad en los pulmones. La atención ha corrido a cargo de las autoridades del Distrito Federal, informó Alfonso Hernández, padre del menor.

Con información de Mirna Servín

 

Sample text

Sample Text

div

UN GATO

UN GATO

Sample Text

 
Blogger Templates